Luis Antonio Palomino Dagdug
Expediente 685/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 685/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/05/2018
Partes del expediente
- Luis Antonio Palomino Dagdug
Actuaciones
- Principal
VISTOS EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS DE LOS QUE SE ADVIERTE QUE NO SE INTERPUSO RECURSO EN CONTRA DEL AUTO EN EL CUAL SE TUVO POR DESECHADA LA DEMANDA DE AMPARO, POR LO QUE SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO... SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO, SE ESTABLECE QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL... ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, POR LO QUE SE FIJA FECHA PROBABLE PARA SU DESTRUCCIÓN...SE ESTABLECE FECHA PARA LA TRANSFERENCIA A LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TOLUCA...
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista, la demanda de amparo que promueve ***, de propio derecho, contra actos de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 8°, 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 685/2018-E. Ahora, del análisis de la demanda de derechos fundamentales se obtiene que la parte quejosa reclama esencialmente la omisión de notificarle personalmente todas las actuaciones dictadas en el expediente 3881/16-01-02-1, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; acto contra el cual procede medio ordinario de defensa, por lo que se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como adelante se expondrá. En efecto, el citado numeral textualmente dice: "Artículo 61.- El amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas [.]." Así, de la transcripción anterior debe precisarse que el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, agotar los recursos ordinarios de defensa que se encuentren previstos en la ley que rige el procedimiento judicial al que se encuentra sujeto, los cuales pueden tener el efecto de producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se traducen en el tercero extraño a juicio y los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, además de aquéllos que afecten la libertad personal. Ahora, en el presente asunto, la parte quejosa se duele de la omisión de las autoridades que señala como responsables de notificar personalmente todas las actuaciones, así como los actos, efectos y consecuencias derivadas, en el expediente 3881/16-01-02-1, promovido por el propio quejoso Luis Antonio Palomino Dagdug; por lo que al ser parte en el juicio de origen (promovente), tiene a su alcance como medio ordinario de defensa para combatir esa omisión de notificaciones personales, la interposición del incidente de nulidad respectivo. Se afirma lo anterior, toda vez que el artículo 33 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aplicable al caso en concreto, establece lo siguiente: "Artículo 33.- Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en esta Ley serán nulas. En este caso el perjudicado podrá pedir que se declare la nulidad dentro de los cinco días siguientes a aquél en que conoció el hecho, ofreciendo las pruebas pertinentes en el mismo escrito en que se promueva la nulidad. Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se desecharán de plano. Si se admite la promoción, se dará vista a las demás partes por el término de cinco días para que expongan lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho plazo, se dictará resolución. Si se declara la nulidad, la Sala ordenará reponer la notificación anulada y las actuaciones posteriores. Asimismo, se impondrá una multa al actuario, equivalente a diez veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, sin que exceda del 30% de su sueldo mensual. El actuario podrá ser destituido de su cargo, sin responsabilidad para el Estado en caso de reincidencia." [Énfasis añadido]. En efecto, el medio de impugnación aludido -incidente de nulidad de notificaciones-, constituye un medio de defensa que las partes tienen a su alcance para lograr la modificación, revocación o nulificación del acto combatido, pues como se indicó, el quejoso no es persona extraña al juicio natural, toda vez que en los antecedentes del acto reclamado se señala que es el actor en el juicio de origen, además el acto que impugna no es de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como tampoco lo es de aquellos que afecten su libertad personal. En esa virtud, al existir un medio por el cual la parte quejosa puede recurrir la omisión que por esta vía constitucional pretende combatir, éste debió agotarse previamente a la interposición del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia 1a./J.44/2012, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, libro X, julio de 2012, tomo 1, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Criterio aplicable, virtud de que no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que continúa su observancia, conforme a su artículo sexto transitorio. Así como, la tesis IV.2o.C.3 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 3141, libro 2, enero de 2014, tomo IV, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "c", de la vigente Ley de Amparo, el principio de definitividad únicamente sufre excepción en los casos siguientes: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento". Todo ello referido a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por consiguiente, si el quejoso, al reprochar una resolución que encuadre en ese tipo, pretende acogerse al argumento de que se encuentra reclamando una violación directa a la Constitución Federal (distinta del derecho de audiencia por falta de emplazamiento o porque sea ilegal éste y ya se encuentre concluido el juicio), hipótesis protegida por el artículo 107, fracción VI, del ordenamiento en consulta (al considerarse terceros extraños por equiparación), lo procedente será desechar la demanda de amparo, pues no deben confundirse las salvedades que se hacen a ese principio en la fracción XX del primer numeral invocado, porque ésta se refiere a actos que provienen de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y entre los cuales sí cabe como excepción al referido principio, la violación directa a la Constitución." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en comento, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Luis Antonio Palomino Dagdug, contra actos de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad. Domicilio y autorizados Téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Edgar Alan Farías Castro, y señalando para oír y recibir notificaciones, los estrados de este juzgado. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Finalmente, en atención al Acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, que prevé que los órganos jurisdiccionales están obligados a que los expedientes electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto...DETERMINACIÓN QUE, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO...
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