Luis Antonio Martínez Flores y Otros.

Expediente 986/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
986/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Luis Antonio Martínez Flores y Otros.
  • Juan Luis Avila Alvarado

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los numerales 98 de la legislación reglamentaria, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho acuerdo. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el diverso 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, que en autos no constan documentos originales y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo.

  2. Principal

    Ciudad de México, a diez de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Luis Antonio Martínez Flores y Juan Luis Avila Alvarado, contra el acto reclamado del "JUEZ PENAL DE CONTROL DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR CONDUCTO DE UNIDAD DE GESTIÓN NÚMERO DOS, EN EL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ORIENTE", fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 986/2019. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que los justiciables reclaman "La violación al debido proceso por una defensa inadecuada.", que de acuerdo con los antecedentes relatados bajo protesta de decir verdad, se hace consistir esencialmente en que ".había existido ciertas irregularidades que en su momento no se hicieron valer ni fueron incorporados datos de prueba para crear convencimiento en el juzgador y en la representación social para desvirtuar el hecho como fue planteado en una teoría del caso y en su momento pudiera existir una reclasificación del delito una vez aportados nuevos elementos convictivos". En virtud de lo expuesto, este juzgado estima que se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales en su orden establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Por su parte, el dispositivo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes. (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes. (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido.". Conforme al sentido de este último precepto, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la ley de la materia, en tratándose de actos emitidos en el juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio de los derechos públicos subjetivos, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en el juicio de ejecución reparable respecto de los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses del agraviado, actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. De modo que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente y tales actos se pueden alegar como una violación al procedimiento en la audiencia intermedia, que es la etapa en que el juez de control se pronuncia en definitiva sobre las posibles violaciones a los derechos fundamentales de los imputados que se hubiesen cometido en etapas previas al juicio oral. En ese orden de ideas, resulta evidente que el acto reclamado mencionado, no deja a los justiciables sin defensa ni constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos formales o intraprocesales, toda vez que no se afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, el acto que se impugna no es de aquellos que prevé la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que no les causa un agravio de imposible reparación, ya que la resolución que llegue a dictarse en la etapa intermedia, puede ser favorable a sus intereses. De ahí que no existe la conculcación actual y directa de un derecho sustantivo, sino de carácter formal o intraprocesal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LVI, agosto de 1992, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Así como el diverso criterio jurisprudencial emitido por la Tercera Sala del Máximo Tribunal del país, publicado a foja 291 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". En tales circunstancias, al actualizarse de manera manifiesta la causal de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por los motivos expuestos. Se tiene como autorizadas en los términos que se precisan a las personas mencionadas. Asimismo, como se solicita, todas las notificaciones deberán realizarse por lista de acuerdos que se publica en este juzgado, en virtud que se señaló para tal efecto los estrados, no así el correo electrónico que menciona, pues dicho supuesto no está previsto en la Ley de Amparo.

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