Luis Antonio Manrique Acuña

Expediente 572/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
572/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
02/09/2021

Partes del expediente

  • Luis Antonio Manrique Acuña

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dos de septiembre de dos mil veintiuno, el Secretario da cuenta al Juez con la promoción registrada con el número de folio 10246, correspondiente al juicio de amparo 572/2021-VI. Conste. El Secretario. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dos de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el escrito de cuenta firmado por el quejoso -------, mediante el cual autoriza a -----------, para recoger los documentos exhibidos en el presente sumario constitucional por la referida parte. Atento a lo anterior, se tiene por autorizada a la persona que señala para el efecto que precisa, esto es, para recoger los documentos que la parte quejosa exhibió en el presente asunto, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia de los mismos; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos. Asimismo, se precisa que para poder acudir la parte quejosa a recoger las documentales, conforme a los artículos 3 y 4 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, por el cual remite la promoción registrada con el folio 10339, por los motivos que expone. En consecuencia, vista la promoción de mérito, firmada por el quejoso ---------, por el cual solicita la devolución de los documentos que adjuntó a su demanda de amparo, con fundamento en el citado artículo 21 del acuerdo general, se dejan a su disposición los documentos que solicita, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia certificada de los mismos; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibido que de no solicitarlos en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. Asimismo, se precisa que para poder acudir la parte quejosa a recoger las documentales, conforme a los artículos 3 y 4 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda amparo promovida por ---------------, por su propio derecho, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículo 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres año de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Por tanto, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo, y a criterio de este Juzgado el presente asunto no es de suma relevancia, pues carece de valor jurídico o histórico para su conservación. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    *Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecisiete de junio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ---------------, por su propio derecho, contra actos del Registrador de la Oficina Registral de Jilotepec del Instituto de la Función Registral del Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 572/2021-VI. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Precisado lo anterior, del análisis integral del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa reclama en el presente asunto: La emisión del Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes del folio real electrónico 0020655, de veintidós de abril de dos mil veintiuno. Precisado lo anterior, este Juzgado Federal advierte de manera notoria y manifiesta que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 5o. Son partes en el juicio de amparo: ... II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ..." Al respecto es conveniente destacar que la fracción I, del artículo 1° de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos y omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado de mexicano sea parte. Por su parte, el artículo 5°, en su fracción II, de la citada ley, señala que la autoridad responsable es la que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esos términos, las notas características del acto de autoridad son que éste se emite de forma unilateral y obligatoria, el cual crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas o materiales que inciden en la esfera del goberando. Es decir el acto que emiten u omiten los entes públicos, no sólo debe tener las cualidades específicas señaladas de unilateralidad y obligatoriedad, sino que para ser considerado como acto de autoridad, también deben trascender o impactar en la esfera jurídica del gobernado, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas o fácticas. En esos términos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que por autoridad responsable debe considerarse a aquellos entes que, (i) con fundamento en una norma legal, (ii) emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, (iii) sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Bajo tales circunstancias, debe mencionarse que no todo acto que provenga de autoridad, es susceptible de ser reclamado en este medio extraordinario de defensa, sino sólo aquel acto positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación (creación, modificación o extinción) de situaciones jurídicas concretas (acto estricto sensu) e impuesto a las personas de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Siendo estos elementos los que determinan que el juicio de amparo sea procedente en contra de los actos que se atribuyen a las autoridades, razón por la cual es conveniente explicarlos: Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, página 1089, Materia Común, Novena Época, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De lo anotado deriva que el juez de amparo debe analizar cada caso en concreto para poder dilucidar si los funcionarios, organismos públicos o los particulares, señalados como responsables, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales puedan crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Sentado lo anterior, debe decirse que --------, por su propio derecho, acude a esta instancia de control de constitucionalidad a combatir un Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes, emitido por el Registrador de la Oficina Registral de Jilotepec del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en el cual aparece inscrita una hipoteca sobre el inmueble materia del certificado. Al respecto se debe sostener que ese acto, la emisión del certificado de libertad o existencia de gravámenes, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque éste no crea, modifica ni extingue situaciones jurídicas. Dicha actuación no constituye un acto imperativo, unilateral y/o coercitivo que por sí afecte al causante, pues la emisión de un certificado de exitencia o inexistencia de gravámenes, conforme al artículo 80 de la Ley Registral Para el Estado de México, se limita a hacer constar los asientos vigentes y los avisos definitivos que no se hayan convertido en inscripción, de un folio específico, al cual se le acompaña una copia de los antecedentes registrales del folio correspondiente, por lo que éstos no son actos por medio de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular, determinada e imperativa. Por lo tanto, la emisión de un certificado de declaración de gravámenes, es un acto en el que la autoridad registral hace constar los asientos vigentes y los avisos que obren en el folio, sin embargo, este no implica la inscripción o la cancelación de actos dentro de esos folios; por lo tanto, contrario a lo que parece referir el quejoso en su demanda, dicho certificado no implica ni constituir ni mantener indebidamente gravado su inmueble, sino que a través de éste la autoridad simplemente informa lo que se encuentra asentado en los antecedentes registrales del folio; razón por la cual no impone disposiciones normativas ni modifica alguna situación jurídica de manera unilateral ni afecta la esfera legal de las partes, pues en todo caso podría ser la inscripción o cancelación de registros en los folios reales, los actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas y los que, en su caso, podría causar perjuicio a los gobernados. Por lo tanto, contrario a los requisitos de los actos de autoridad, la emisión de un certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, no es susceptible de crear, modifica o extinguir situaciones jurídicas, ni por ende de afectar la esfera jurídica de los gobernados. En todo caso previo a acudir al juicio de amparo, el quejoso debió solicitar la cancelación del registro de la hipoteca, impugnar la negativa de darla de baja, o, en caso de que la información asentada en el certificado fuera errónea, atender a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Registral ya referida, que establece que cuando las certificaciones no concuerden con los asientos a que se refieren, se estará al texto de éstos, quedando a salvo la acción del perjudicado por aquéllas, para exigir la responsabilidad correspondiente conforme a lo dispuesto en los ordenamientos aplicables. Y si bien es cierto que esta situación podría ser examinada al emitir sentencia definitiva, el criterio antes expuesto no variaría, pues la actualización de la causal referida es notoria y manifiesta desde este momento, por lo que ninguna prueba o argumento ofrecido durante la tramitación del presente juicio, puede llegar a variar el sentido de esta determinación. Bajo esa óptica, debe decirse que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del dispositivo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General; y 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en tanto que el acto que pretende reclamar el quejoso en el presente sumario constitucional, no es un acto de autoridad, por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ------------, por su propio derecho, por las razones antes expuestas. DOMICILIO, EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y AUTORIZADOS De conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, la vía electrónica, por así haberlo solicitado expresamente en el escrito que se atiende, notificaciones que deberán efectuarse al usuario "-------". Ahora bien, toda vez que se proporciona el nombre de usuario, a saber: "-------"; para ingresar al sistema de consulta del expediente electrónico, en términos de lo dispuesto por el artículo 3°, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, relativo al presente sumario; por tanto, instrúyase a la Analista Jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) para que realice las gestiones necesarias. Asimismo, se tiene al promovente proporcionando el correo electrónico despachojuridico_tr@yahoo.com, y los números telefónicos 5545230801 y 5543814193; para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; sin que esto implique que tales medios se tengan para oír y recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así. Ahora bien, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo a Federico Arana Monroy y José Luis Rueda González, toda vez que tienen su respectiva cédula profesional que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en Derecho, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por lo que hace a los diversos autorizados, por el momento únicamente se les tiene autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, hasta en tanto acrediten tener sus respectivas patentes registradas en el aludido sistema. Ahora bien, por lo que hace a la persona que señala en términos restringidos, se le tiene por autorizada para dichos efectos, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, por así haberlo solicitado. INFORMACIÓN GENÉRICA Se hace del conocimiento del promoverte el número telefónico del Secretario encargado del asunto Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, a saber 5553870500, extensión 1392, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. De igual forma se le informa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Además, se les hace saber que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese vía electrónica al promovente.

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