Luis Antonio Macias Gómez

Expediente 631/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
631/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
01/09/2021

Partes del expediente

  • Luis Antonio Macias Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible.

  2. Principal

    Vista la demanda promovida por Luis Antonio Macías Gómez, se acuerda: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno que corresponde con el número de orden 631/2021-I, que le corresponde. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Este juzgador estima que de la lectura del libelo constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo. La porción normativa en mencionada en último término prevé la procedencia del juicio de derechos fundamentales en la vía indirecta contra las resoluciones en las que se determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Una primera aproximación a dicha disposición invita a pensar que cualquier determinación de autoridad en la que se resuelva el tema relacionado con la competencia para conocer de determinado asunto, puede ser combatida a través del juicio de amparo. Sin embargo, la debida intelección de la norma en trato lleva a concluir que para la procedencia del juicio de amparo contra una determinación definitoria de una cuestión competencial, es necesario que la misma sea definitiva, lo que implica que, cuando se reclama en el procedimiento constitucional una resolución relacionada con una cuestión de competencia que no sea definitiva, es decir, que no defina sin posibilidad de modificación ante las autoridades ordinarias, el agente estatal que conocerá del asunto, por estar dicha circunstancia supeditada a la aceptación de la competencia por parte de la autoridad que se consideró competente, o bien, a la resolución de un eventual conflicto competencial, como sucede en el presente caso, el referido juicio de amparo resultará improcedente. La conclusión que precede se obtiene, en principio, de una interpretación de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, acorde con el sistema general normativo de procedencia del juicio de amparo, pues es una constante en dicho Cuerpo Normativo que los actos materia de impugnación a través del medio de control constitucional que regula, en cualquiera de sus vías, deben ser definitivos. En efecto, sobre la base de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de esas reglas fundamentales se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio únicamente procede contra actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir a dicho juicio se deben agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. En un sentido general, la definitividad comprende los casos en los que la potestad común ya ha emitido la determinación final respecto del punto jurídico de que se trate, bien porque se hayan agotado los medios de defensa en su contra, porque ya no proceda ninguno, o porque se trate de la resolución culminatoria del procedimiento respectivo; solo así se podrá estimar que el acto reclamado es definitivo para los efectos del juicio de amparo. Esta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto en forma inmediata (aunque después de impugnarlos a través de los recursos o medios de defensa ordinarios), se reserva la procedencia de la acción constitucional únicamente en contra de la resolución final del procedimiento de que se trate o de aquella en la que en forma definitiva se resuelva sobre un punto jurídico controvertido. Esa característica de definitividad está presente en los supuestos de procedencia del juicio de amparo. Así, se tiene que el primer párrafo de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo establece que el juicio en la vía directa procede contra sentencias definitivas o laudos o resoluciones que pongan fin al juicio; y que el segundo acápite de la misma fracción dispone que por ese tipo de sentencias definitivas o laudos se entienden las que decidan el juicio en lo principal; y que por resoluciones que ponen fin al juicio se entienden las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. Ese mismo principio está implícito, en general, respecto de diversos actos impugnables en el juicio de amparo indirecto, así, por ejemplo, procede ese juicio respecto de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva, en la inteligencia de que entonces podrán hacerse valer violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiera quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución (fracción III, inciso a, del artículo 107 de la Ley de Amparo). Otro ejemplo es el caso de los actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido, en tal supuesto, si se trata de actos de ejecución de sentencia, el amparo solo puede promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que pueden reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución (fracción IV del artículo 107 del mismo ordenamiento legal). Lo anterior evidencia la lógica prevalente en el sistema normativo regulador del juicio de amparo, que como juicio de excepción, privilegia que la solución jurídica del asunto encuentre respuesta primaria y completa ante la potestad común, así que la intervención del juez de amparo solo se requerirá cuando el asunto tenga cierto grado de depuración jurídica y ya no pueda ser analizado por dicha potestad, es decir, hasta que sea definitivo. Solo por excepción el amparo indirecto procede desde luego, bajo ciertas condiciones específicas, a saber: cuando se reclamen normas generales autoaplicativas o con motivo de su primer acto de aplicación (fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo); cuando se reclamen actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que tengan una ejecución de imposible reparación (fracción III, inciso b, ídem); y cuando se tilden de inconstitucionales actos dentro de juicio que sean de ejecución irreparable o afecten a personas extrañas al juicio (fracciones V y VI, ídem). En este contexto, si uno de los principios rectores de procedencia del juicio de amparo respecto de actos dentro del procedimiento es la definitividad del acto reclamado, característica que adquiere cuando ya se agotaron los medios ordinarios de defensa, cuando no procede impugnación alguna en su contra, cuando se trate de la resolución culminatoria del procedimiento respectivo o cuando se esté frente a la resolución definitoria de una cuestión controvertida; y la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, que regula el supuesto en estudio (actos que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto), no contiene el criterio de procedencia excepcional del amparo relativo a la irreparabilidad del acto o inconstitucionalidad de leyes destacados, por lo que debe convenirse que corresponde a los actos genéricos; puede concluirse entonces que la definitividad del acto que determina inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, es lo que da la pauta para considerar procedente el juicio de amparo. No es obstáculo para arribar a la conclusión alcanzada, la circunstancia de que la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, carezca de mención expresa en el sentido de que la resolución de incompetencia deba ser definitiva, para considerar actualizado el supuesto de procedencia del juicio de amparo que ahí se contiene, pues basta considerar el sistema de procedencia destacado con antelación, para considerar válidamente que el principio de definitividad debe permear en tal hipótesis. Lo anterior se corrobora con la interpretación gramatical de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, según la cual, el juicio de amparo procede "contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto", pues ese método interpretativo permite establecer que la procedencia del juicio de amparo indirecto, bajo ese supuesto legal, se actualiza si en forma definitiva se ha decidido acerca de la inhibitoria, declinatoria o respecto del conocimiento de un asunto por parte de alguna autoridad, ya que las principales acepciones de los vocablos "determinar" y "determinación" son "fijar los términos de algo", "distinguir", "discernir", "fijar algo para algún efecto", "hacer tomar o tomar una resolución", o bien "resolución de la duda", "decisión para obrar en uno u otro sentido", "discernimiento o distinción", lo que excluye otorgarle un significado en el que cualquier resolución provisional o adicional, como es el planteamiento de un conflicto de "competencia" en razón de fuero o jurisdicción, también relacionada con ese tema, pueda activar un medio de defensa extraordinario o instancia constitucional, como es el juicio de amparo. Por tanto, con base en un criterio gramatical debe considerarse que el supuesto al que se refiere la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, solo permite la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que decidan, en forma definitiva o sin el carácter de provisional, acerca de la inhibitoria o declinatoria de la competencia o el conocimiento de un asunto. Así las cosas, la declaración unilateral de incompetencia por declinatoria o inhibitoria, no puede considerarse como un acto definitivo, porque involucra un pronunciamiento, incierto en cuanto a su sentido, que en su momento necesariamente deberá emitir la autoridad considerada competente. En consecuencia, será la aceptación de la competencia el hecho jurídico que consolidará el pronunciamiento respectivo, es decir, hasta ese momento es que la resolución respecto de la competencia será definitiva para los efectos de la procedencia genérica del juicio de amparo, pues hasta entonces se podrá asumir que el asunto será conocido y, en su caso, resuelto por determinada autoridad. Ello es así, en virtud de que si no se acepta la competencia, y el asunto regresa a la autoridad que previno, la cual insiste en su incompetencia, se entablará un conflicto competencial cuya solución es diversa al juicio de amparo. En abono a lo anterior, es importante señalar que la cuestión de competencia puede ser declinatoria o inhibitoria. La declinatoria se propone ante el juez o tribunal a quien se considera incompetente o puede realizarse de oficio por la misma autoridad, pidiéndole que se separe del conocimiento del asunto y que remita los autos al tenido por competente; mientras que la inhibitoria se presenta ante el juez o tribunal que se consideran competentes, pero que no están conociendo el caso, con petición formal de que dirija oficio al que se estime no serlo, para que se inhiba y remita los autos. En general, puede hablarse de "declinatoria" cuando una autoridad pretende el turno del juicio a otro juzgado o tribunal por razones de competencia; sin embargo, debe indicarse que el acuerdo inicial en el que el órgano jurisdiccional decide no conocer de un asunto y enviarlo a quien considera debe conocer, no integra por sí solo la figura de la declinatoria, sino que es tan solo la parte con la que inicia la misma, decisión que además no es definitiva ni obliga a la autoridad a la que se le remiten los autos a conocer forzosamente de la demanda del justiciable, pues todavía se requiere la aceptación de la competencia por esta última, para estar en posibilidad de concluir que la cuestión competencial relativa se ha agotado. Es aplicable a lo que precede, la siguiente jurisprudencia: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En el presente caso la parte quejosa reclama el auto dictado el diez de julio de dos mil veinte, por la Junta Laboral responsable, a través del cual, se declaró incompetente para conocer y resolver el juicio y ordenó su remisión a la Junta Especial número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato, Capital. En este orden de ideas, es claro que el acto reclamado en este juicio no encuadra en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto prevista en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que no es definitivo, en la medida en que no puede considerarse como aquel que resuelve la cuestión competencial mencionada. Lo anterior, en razón de que la resolución que en definitiva resuelva la cuestión de incompetencia por declinatoria suscitada en el juicio, para efectos de la procedencia del juicio de derechos fundamentales, será aquella en la que la Junta Laboral a favor de la cual se declinó, la acepte, o bien, en caso de que la rechace, la determinación que resuelva el conflicto competencial correspondiente. De esta forma, al actualizarse la causal de improcedencia en análisis; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Luis Antonio Macías Gómez. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Alaska número 514, de la colonia Bellavista de esta ciudad. AUTORIZADAS. Se tiene como autorizada en términos amplios a los que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Lidia María de los Ángeles Castellanos Orozco, pues demuestra estar facultada para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada, ya que tiene registrada la cédula profesional, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se tiene como autorizada en términos restringidos a los que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Erika Margarita Guevara Loera, pues no demuestra estar facultada para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada, ya que no tiene registrada la cédula profesional, en el referido sistema. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO MEDIANTE DEL USO DE SU FIREL O e.firma (ANTES FIEL). Se requiere a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En su caso, podrán solicitar la autorización para el acceso al expediente electrónico, señalar el nombre su usuario y podrán autorizar de igual forma que las notificaciones subsecuentes se realicen de forma electrónica. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: Medio de Contacto Horario Procedimiento Celular 4775538393 Correo Electrónico 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. 8:30 a 14:30 hrs. de Lunes a Viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, autorizado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior no es aplicable tratándose de recursos -queja, revisión o inconformidad -, incidentes, ampliaciones de demanda, requerimientos de demandas aclaradas o promociones de término, los cuales deben presentarse en escrito o bien a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 23 del mismo Acuerdo General 21/2020, la notificación que se ordene de manera personal, deberá desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. COPIAS. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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