Luis Antonio López López

Expediente 1628/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 26 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1628/2018
Año
2018
Actuaciones
26
Última actuación
11/02/2019

Partes del expediente

  • Luis Antonio López López
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
  • LUIS ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ y Otros.
  • GINA SERRANO RAMÍREZ y Otros.
  • Gina Serrano Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    **Tepic, Nayarit, once de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante proveído de diecinueve de diciembre de la pasada anualidad (fojas 147 a 149), se requirió a la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que reintegrara a la parte quejosa la cantidad de $319.77 (trescientos diecinueve pesos con setenta y siete centavos 77/100 moneda nacional). Luego, por oficios y anexos recibidos por este Juzgado Federal la autoridad responsable informó que la parte quejosa no compareció a sus instalaciones a efecto de recoger el cheque por la cantidad antes indica, para estar en aptitud de dar cumplimiento al fallo protector concedido en autos (fojas 158, 159, 163 a 165). En relación a lo anterior, por acuerdo de treinta de enero de dos mil diecinueve (foja 166), se dio vista a la parte quejosa para que compareciera ante las oficinas de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que esa autoridad le hiciera entrega del cheque número 01071, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a esta el treinta y uno de enero del presente año, surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del seis al ocho de febrero del presente año, toda vez que los días cuatro y cinco de febrero del presente año, fueron inhábiles como se advierte en la certificación de cuenta, sin que realizaran manifestaciones al respecto, como se aprecia de la certificación que antecede; por lo anterior, se hace efectivo el citado apercibimiento y, en consecuencia este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "**En ese contexto, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el cinco de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 74 a 90), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: **No pasa inadvertido que el quejoso erogó en favor de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit la cantidad de $18,269.24 (dieciocho mil doscientos sesenta y nueve pesos con veinticuatro centavos 24/100 moneda nacional); sin embargo, en dicho monto se incluye lo relativo al pago del derecho de registro de poderes de cualquier clase por el monto de $595.00 (quinientos noventa y cinco pesos); no obstante, la porción normativa que lo prevé no fue acto reclamado en la presente instancia constitucional, por lo que es inconcuso que la concesión de amparo referida no puede hacerse extensiva respecto de dicho monto. En ese contexto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establecen los últimos párrafos de las fracciones I y XVIII del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I y XVlll de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley, para que vigilara que fuera desincorporada de la esfera jurídica del promovente del amparo, en el presente y ni en el futuro, tales numerales legales; y, B) Devolverle a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima, con motivo de la inscripción de cada uno de los actos jurídicos del instrumento público número veinticuatro mil cuarenta; la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficios y anexo presentados por el ente responsable el veintiséis de octubre del año en curso (fojas 125 y 126), informó a este Juzgado Federal la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, de los cuales se advierte que efectuó la devolución al quejoso por medio de transferencia electrónica el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, la cantidad de $17,059.74 (diecisiete mil cincuenta y nueve pesos con setenta y cuatro centavos 74/100, moneda nacional); sin embargo, dicha suma evidentemente resulta ser incorrecta, toda vez que no está debidamente actualizada. Se dice lo anterior, dado que al monto de $17,674.24 (diecisiete mil seiscientos setenta y cuatro presos con veinticuatro centavos 24/100, moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió, que resultan ser dos; por tanto, nos da como resultado la cantidad de $17,114.24 (diecisiete mil ciento catorce pesos con veinticuatro centavos 24/100, moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dieciséis de julio del dos mil dieciocho, se efectuó la devolución mediante transferencia electrónica al quejoso, el veinticuatro de octubre del mismo año, por la cual la autoridad responsable pretende devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de junio de dos mil dieciocho a septiembre del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio del presente año entre el índice del mes de septiembre del dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil dieciocho fue 100.917 y para el mes de junio del presente año 99.376; en ese contexto, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.101550. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $17,379.51 (diecisiete mil trecientos setenta y nueve con cincuenta y un centavos 51/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $265.27 (doscientos sesenta y cinco pesos con veintisiete centavos 27/100, moneda nacional). Por tanto, se advierte que la ejecutoria en análisis no se encontró cumplida en sus términos, pues la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $17,379.51 (diecisiete mil trescientos setenta y nueve pesos con cincuenta y un centavos 51/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $17,059.74 (diecisiete mil cincuenta y nueve pesos con setenta y cuatro centavos 74/100, moneda nacional), es decir hubo un déficit de $319.77 (trescientos diecinueve pesos con setenta y siete centavos 77/100 moneda nacional). En virtud a lo anterior, la parte solicitante del amparo no dio cumplimiento al requerimiento de treinta de enero de dos mil diecinueve, en el cual debía acudir ante la autoridad responsable a solicitar su devolución; sin que ello resulte un impedimento para no tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues la autoridad oficiante al haberle hecho del conocimiento al quejoso que se encuentra a su disposición la precitada cantidad, sólo bastará que el peticionario de amparo acuda a hacer efectivo el cobro aludido, para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado. Es aplicable, la tesis III.3º.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ***Por lo anterior, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo, motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, por un lado se sobreseyó y, por otro se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. **

  2. Principal

    Tepic, Nayarit, treinta de enero de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual refiere que el quejoso ****, no se ha presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización de la cantidad condenada en la sentencia amparadora, no obstante de encontrarse debidamente notificado para ello, como lo acredita con los anexos que acompaña, motivo por el cual solicita se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo por falta de interés del agraviado; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el libelo y anexos de cuenta para los efectos legales correspondientes. En ese tenor, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, dése vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta, así como requiérasele, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante las oficinas de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que le hagan entrega del cheque emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada el cinco de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 74 a 90), dentro de los autos del juicio biinstancial en que se actúa; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata. Bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos se pronunciará en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "**."

  3. Principal

    Tepic, Nayarit, veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta signado por la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual manifiesta en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que se encuentra a disposición de la parte quejosa el cheque número 1071, expedido por la Institución Bancaria Santander, razón por el cual solicita que este juzgado federal haga del conocimiento lo anterior a la citada parte procesal, toda vez que no tiene señalado domicilio en esta ciudad; sin embargo, de autos se advierte que en el escrito de demanda, la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Manila número 47, interior 3, del fraccionamiento Ciudad del Valle, en esta ciudad (foja 2); por tanto, como el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado a la disidente; en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable ejecutora Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, deberá restituir la cantidad erogada con motivo de los preceptos declarados inconstitucionales; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a) Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b) Poner a su disposición el numerario a entregar y c) Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. Por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de referencia, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento total al fallo protector concedido en autos y acredite haber realizado la entrega del cheque a que se hace alusión en el comunicado de cuenta, o en su caso, las constancias con las que compruebe que notificó lo anterior a la parte quejosa, ajustándose estrictamente a los efectos de la sentencia concesoria. En la inteligencia que continúa subsistente el apercibimiento decretado en auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 147 a 149).

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta suscrito por la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad, a través del cual por la razón que expone en el libelo de cuenta, solicita le sea concedida una prórroga para dar cumplimiento al fallo protector dictado en los presentes autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se le concede al ente responsable de referencia lo peticionado en el párrafo anterior, a efecto de que dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, acate la sentencia de amparo concedida en los términos indicados, lapso que se estima suficiente para que dé cumplimiento al fallo protector En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 147 a 149). Notifíquese.

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