Luis Antonio López Gómez
Expediente 497/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 497/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juez de Barandilla en turno, adscrito a la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez
- Luis Antonio López Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
se declara que dicha resolución que sobresee, ha causado EJECUTORIA para todos los efectos legales. Ahora bien, toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las nueve horas con diez minutos del día cuatro de septiembre de dos mil quince, hora y fecha señaladas en el juicio de amparo 497/2015-III, estando en audiencia pública el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, licenciado Gabriel Pacheco Reveles, asistido de la Secretaria que autoriza y da fe de sus actos, licenciada Gabriela Olivia Elizondo Cardoza, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a declarar abierta la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes, ni representante legítimo de éstas. Seguidamente, la Secretaria hace constar la existencia de los respectivos informes justificados de las autoridades señaladas como responsables. Acto seguido, se abre la etapa de pruebas, en la que la Secretaria da cuenta con las documentales que allegaron a su respectivo informe las autoridades responsables, asimismo, hace constar que ninguna de las demás partes ofreció medio de convicción alguno. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas las pruebas referidas, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, las que serán tomadas en cuenta al momento de emitir la sentencia que en derecho proceda. Al no existir alguna otra prueba que desahogar se cierra esta etapa. Acto continuo, se abre la etapa de alegatos, en la que la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional, no presentó pedimento. El Juez acuerda: se tiene hecha la certificación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar y precluido el derecho de las partes para alegar lo que a su interés legal conviniere, dándose así por terminado este periodo. Al no haber diligencias pendientes que desahogar, ni promociones por acordar se levanta la presente acta, firmando los que en ella intervinieron, para constancia legal y se procede a pronunciar la siguiente sentencia. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 497/2015-III; y, R E S U L T A N D O I. Por comparecencia levantada el dieciséis de julio de dos mil quince, por el Secretario de Guardia de este órgano jurisdiccional, Alejandro Zepeda Ramírez, solicitó a favor del quejoso Luis Antonio López Gómez, el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del Juez de Barandilla en turno de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez de la Estación de Policía Universidad, residentes en esta ciudad, los que hizo consistir en los siguientes: ".Reclamo la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento judicial realizada en su contra, a quien tienen incomunicado en la referida Barandilla del Distrito Universidad, en esta localidad, aproximadamente a partir de las cuatro horas con cuarenta y cinco minutos de este mismo día, en la Estación de Policía Universidad, pues no me permiten hablar con él." Los anteriores actos, los estimo vulneradores de sus garantías consagradas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como antecedentes de los mismos relató bajo protesta de decir verdad, los que consideró pertinentes. II. Mediante proveído dictado el dieciséis de julio de dos mil quince, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 497/2015-III, decretó la suspensión de plano del acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal; pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; requirió al quejoso Luis Antonio López Gómez, para que ratificara la demanda promovida a su favor; dio la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; previa ratificación de la demanda por parte del quejoso, por auto de seis de agosto del año en curso, fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El suscrito Juez de Distrito, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en virtud de que el acto que se reclama emana de una autoridad con residencia dentro del ámbito territorial en el cual ejerce jurisdicción. Lo anterior en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en observancia al criterio establecido en la Jurisprudencia P./J.40/2000, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y de las demás constancias que obran en el expediente, los actos reclamados en el presente juicio de garantías son los siguientes: a) La privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento judicial realizada en contra del quejoso Luis Antonio López Gómez, así como la orden de incomunicación de que fue objeto por parte de las autoridades responsables, y; b) La ejecución de los anteriores actos. En tales condiciones, esos serán los actos que constituyan la materia de análisis de este juicio. Apoya lo considerado, por no contravenir lo dispuesto en la ley de la materia, la Tesis P.VI/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juez de Barandilla en turno y Director de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, residentes en esta ciudad, al rendir su respectivo informe sobre la suspensión de plano decretada por este Juzgado Federal respecto del acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal, negaron que el quejoso Luis Antonio López Gómez, fuera objeto de incomunicación o de algún otro acto de los señalados como prohibidos por el precepto constitucional aludido, de igual manera negaron los actos reclamados por el quejoso, consistente en la privación ilegal de su libertad y su ejecución. Informes, que dado su carácter de públicos por haber sido emitidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Ahora bien, la obligación que impone el artículo 117 de la ley de la materia, en el sentido de que las autoridades responsables al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia en el juicio y acompañar en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean necesarias para apoyar dichos informes, en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, más no cuando esas autoridades negaron categóricamente los actos que se les imputan, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estos últimos, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza de los actos de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que son ilegales. Apoya la anterior consideración, la Tesis: VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903, del Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." En el caso, el que impetra el amparo no ofreció prueba alguna para desvirtuar esas negativas de las responsables. Por tanto, lo que procede es tener por inexistentes dichos actos, y en consecuencia sobreseer en el presente juicio respecto de dichas autoridades, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, que al efecto establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:.- IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Tiene aplicación al caso, acorde a lo señalado en el artículo sexto transitorio de la ley de la materia en vigor, la Jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Primera parte, página 236, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juez de Barandilla en turno y Director de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, residentes en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron como cierto el acto privativo de la libertad personal del aquí quejoso, en razón de que el quejoso a las cuatro horas con cuarenta y cinco minutos, del día dieciséis de julio de dos mil quince, fue presentado ante el Juez de Barandilla en turno de la estación Universidad por la agente de la Dirección de Tránsito Municipal Sandra Dalila Granados Ramírez, con número de empleado 22235, por haber sorprendido al quejoso cuando conducía un vehículo de motor y que dicha conducta la desplegaba en estado de ebriedad. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Afirmación, que se corrobora con las documentales que remitieron respectivamente las autoridades responsables en apoyo a su informe, consistentes en copia certificada del parte informativo de dieciséis de julio de dos mil quince, con número de folio DSPM-3701-00015201/2015, certificado médico número de folio 165581 de dieciséis de julio de dos mil quince y solicitud de devolución de pertenencias, de las que derivan dichos actos; que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, cuentan con pleno valor probatorio, por tratarse de certificaciones de documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya la anterior consideración, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de Improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto del acto del que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la Jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese sentido, quien resuelve considera, que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Ello es así, pues conforme al texto legal preinserto, el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa la Jurisprudencia número 2ª. /J.59/99 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho del Tomo IX, de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Luego, al haber reclamado el quejoso Luis Antonio López Gómez, en esta vía constitucional, la privación de su libertad personal el día dieciséis de julio del presente año, sin que lo hubieran consignado ante la autoridad jurisdiccional competente. Sin embargo, las autoridades responsables Juez de Barandilla en turno y Director de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, residentes en esta ciudad, remitieron las constancias relativas con las que se acreditan, que el referido quejoso fue detenido en estado etílico, por parte de la agente de la Dirección de Tránsito Municipal Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes lo presentaron ante el Juez de Barandilla en turno de la estación Universidad, a las cuatro horas con cuarenta y cinco minutos del día dieciséis de julio del año en curso, y que ese mismo día a las trece horas con quince minutos fue puesto en libertad.; documentales a las cuales se les concede valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; de donde se estima que con éstos actos han cesado los efectos de la detención reclamada, en virtud de que ha dejado de existir, reponiendo al quejoso en el mismo estado en que se encontraba antes de que se decretara, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. Así pues, en virtud de que la sola emisión de las determinaciones en que se decreta la libertad, restituye al quejoso en el goce de sus garantías violadas, lo que imposibilita el examen constitucional de la privación de su libertad personal de que fue objeto, precisamente porque ese acto ya no invade su esfera jurídica; de ahí que, con tal evento se surta la causa de improcedencia antes señalada, que da lugar a decretar en este juicio el sobreseimiento acorde a lo establecido en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y motivado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Por consiguiente, acorde a lo señalado en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese por lista a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y en términos de lo dispuesto por la fracción II, inciso a) del numeral antes citado, por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Gabriel Pacheco Reveles, asistido de la Secretaria que autoriza y da fe de sus actos licenciada Gabriela Olivia Elizondo Cardoza. Doy fe.
- Principal
téngaseles dando cumplimiento al requerimiento efectuado el cinco de agosto del año en curso, y al efecto remitiendo las constancias que les fueron requeridas. En atención a lo anterior intégrense para que surtan sus efectos legales procedentes, con su contenido y anexos, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho legal convenga y relaciónese en la Audiencia Constitucional.
- Principal
se difiere la audiencia constitucional señalada para celebrarse el día de hoy, y al efecto se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo la misma, a la cual se cita a las partes, por si es su deseo comparecer.
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