Luis Antonio Huerta Romero
Expediente 649/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 649/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis Antonio Huerta Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que en su caso la parte quejosa, o el representante social interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veinticuatro de agosto último, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que lo hubiesen hecho dentro de tal temporalidad. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión respecto a la autoridad responsable, toda vez que no les produce agravio alguno, dado el sentido de la sentencia, ya que es a la parte quejosa a la única que perjudica. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 83, noviembre de 1994, materia común, visible en la página 84, de texto y rubro siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente". En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su numeral 2°, se declara que la misma causa ejecutoria. Ahora bien, tomando en consideración que no existe actuación alguna por cumplimentar, aunado a que, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del cuadernillo en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), concuerdan con las que obran en el expediente físico; por tanto, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado. Asimismo, se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, y 21, incisos a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como en los supuestos previstos en el capítulo ocho, apartado 8.1.2, número 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se decretó el sobreseimiento del juicio respecto de los actos reclamados, aunado a que al prudente arbitrio del suscrito no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta signado por la Presidente de la Junta Especial Dos de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con el cual rinde su informe justificado, lo que hace en términos de lo dispuesto por el numeral 117 de la ley de la materia; por lo que, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por presentadas las documentales que remite la citada autoridad, sin perjuicio de admitirlas y desahogarlas en la audiencia constitucional y ser consideradas al dictar la resolución que en derecho corresponda. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que hasta esta fecha no se ha recibido el informe justificado de la autoridad responsable Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por encontrarse en su periodo vacacional. En tales condiciones, no se está en aptitud de llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para hoy y a fin de no dejar en estado de indefensión a la referida autoridad se difiere dicha actuación y se fijan las diez horas del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, para su verificativo. Es aplicable la Tesis aislada XX.2º.17K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que se localiza en la página 1571, tomo XXII, julio de dos mil cinco, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "VIOLACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO DE AMPARO. LA CONSTITUYE LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE NO DIFERIR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SI EN LA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO POR ENCONTRARSE DE VACACIONES. Del artículo 149 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de cinco días hábiles, los cuales se contarán a partir del momento en que queden legalmente notificadas, lapso que podrá ampliarse hasta por otros cinco si el caso lo amerita. Ahora bien, si durante el transcurso del término a que se refiere el precepto antes citado inicia el periodo vacacional de la autoridad responsable, es evidente que aquél se interrumpe, ya que de lo contrario el informe no se exhibirá con la anticipación requerida por la ley de la materia, esto es, ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que generaría su diferimiento para no afectar la defensa de la parte quejosa, al impedírsele que se imponga de su contenido y, en su caso, se encuentre en posibilidad de aportar las pruebas que estime pertinentes con la finalidad de desvirtuarlo. De donde se sigue que si la autoridad responsable a quien se ha solicitado el informe se encuentra gozando de vacaciones y no obstante ello el a quo celebra la audiencia a que refiere el artículo 155 de la Ley de Amparo, y ante la omisión presume como cierto el acto reclamado y además arroja la carga de la prueba de los hechos que determinan su inconstitucionalidad a la parte quejosa, por no ser el acto de que se duele en sí mismo violatorio de garantías, ello constituye una trasgresión a las normas que rigen el procedimiento de amparo en términos de la fracción IV del artículo 91 de la citada ley." Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE 29 DE JUNIO DE CONFORMIDAD CONLO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, fracción IV, 35, 37, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Luis Antonio Huerta Romero por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 649/2022-II; sin necesidad de tramitar incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicita. Se señalan las diez horas con cinco minutos del veinticinco de julio de dos mil veintidós, para que tenga lugar la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia del juicio, debiendo acompañar, en su caso, copias certificadas legibles de las constancias que sean necesarias para apoyar su informe, apercibida que de no hacerlo se le impondrá multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos moneda nacional), conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del diez de enero de dos mil veintidós, en términos de lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y además, se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia. De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, entregándole copia simple del escrito de demanda. Del contenido integral de la demanda y lo manifestado por el quejoso, se advierte que no existe la participación de persona alguna en el acto reclamado que pueda tener el carácter de tercero interesado, sin perjuicio de que una vez que obre en los autos el informe de ley solicitado a la autoridad responsable, se esté en aptitud de determinar si en la especie se actualiza alguna de las hipótesis que prevé el artículo 5, fracción III, de la ley de la materia, esto es, si le resulta dicho carácter a persona alguna. Con fundamento en los artículos 64, párrafo primero, 238 y 251 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos reclamados, lo comuniquen de inmediato, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos moneda nacional), conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del uno de febrero del año en cita, en términos de lo previsto en los artículos 237, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Con apoyo en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8º, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a las partes, que tienen derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la resolución que se dicte en el presente asunto, no obstante comuníquese también que en la versión pública de la sentencia que se emita, se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Asimismo, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista únicamente mediante la publicación en internet, la cual se puede consultar en la liga siguiente https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, con excepción de las notificaciones que a juicio de este órgano jurisdiccional se requieran hacer personalmente dada su trascendental naturaleza, en términos del en términos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo privilegiarse en todo momento las referidas en el párrafo que antecede, y en su caso el actuario deberá realizarlos acatando los lineamientos sanitaras existentes respecto al virus COVID-19, siguiendo las medidas de sana distancia y cubre bocas. En adición a lo anterior y atendiendo a las medidas preventivas que se deben implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2, con el fin de preservar la salud de todas las partes debido a la pandemia que aqueja al país, con el fin de dar seguridad jurídica a las partes, se autoriza que el presente auto se remita vía electrónica a la parte quejosa una vez que haya sido proporcionado; por ende, se le requiere para que facilite un correo electrónico o en su caso el usuario registrado para la consulta de expedientes electrónicos. Tal como se establece en la Circular SECNO/7/2020, relativa a la Propuesta de solución a diversas consultas derivadas de la entrada en vigor del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Especial en sesión de seis de mayo último, determinó que cuando lo requiera el orden público, puede ordenarse que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial, por lo que, en términos del numeral 28, fracción III, de la Ley de Amparo, esta determinación podrá remitirse vía correo electrónico institucional o personal de la autoridad (medios electrónicos). Hágase del conocimiento de las partes que se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontraran los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de este y todos los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la lista de acuerdos. De igual manera, se autoriza firmar electrónicamente, mediante el uso de la Firel, los oficios que correspondan a este asunto. Con apoyo en los artículos 22 y 28, del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); para el caso de no contar con la misma, podrán realizar su trámite de firma electrónica y continuar siguiendo las directrices del manual de uso que se encuentra disponible en la liga del propio portal de servicios en línea:https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayudaohttps://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales; por ende, por ende, se requiere a todas las partes para que faciliten un correo electrónico y en su caso el usuario registrado para la consulta de expedientes electrónicos a través del Portal de Servicios en Línea. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. De igual forma, para privilegiar el distanciamiento social y trabajo a distancia se autoriza para que los Fedatarios de la adscripción, en la medida de lo posible lleven a cabo las diligencias vía telefónica, por video llamada, por fax o por cualquier medio electrónico, sin perjuicio de levantar acta pormenorizada de ello, lo anterior de conformidad con los artículos 5 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. En términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Tompiros, 2039, fraccionamiento Jardines de San José, en esta ciudad y como autorizados en términos restringidos del artículos 12 de la Ley de Amparo, a Vicente Hernández García, Tania Litz Villagrán Martínez, Rebeca Silva Morales, Karla Janeth García Ruíz y Perla Cristina González Rentería, por no contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente.
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