Luis Antonio Gonzalez Pablo

Expediente 1004/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1004/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
06/01/2021

Partes del expediente

  • Luis Antonio Gonzalez Pablo

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, visto el oficio signado por la Actuaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por el cual devuelve diligenciado el exhorto 898/2020, orden 905/2020; en tal virtud, téngase debidamente notificado al quejoso Luis Antonio González Pablo, para los efectos legales a que haya lugar. Dese de baja en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Vista, la circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre del año en curso, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", que se determinó que durante el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, se suspenderán plazos y términos con las salvedades que se precisan en la misma. Asimismo, se estableció que, derivado de ello se regresaría al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Con base en lo anterior, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; cuyo artículo 1º fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, este juzgador considera que este asunto está dentro de esos supuestos y se continúa con su trámite. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el secretario adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual informa aceptar la competencia declinada por auto de veintisiete de noviembre pasado, avocándose al conocimiento del asunto. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como totalmente concluido. Tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que establece el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena que una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previo a generar por duplicado de los documentos a que se refiere el artículo 22 del citado acuerdo.

  3. Principal

    V I S T A la demanda de amparo promovida por Luis Antonio González Pablo, contra actos del Juez de Control de Ecatepec, Estado de México y otras autoridades, ello por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 19 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparos bajo el número 1004/2020-IV, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, del análisis de la demanda, se obtiene que este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal, para conocerla, en atención a las siguientes consideraciones: El impetrante, señala como acto reclamado, lo siguiente: «.1.-La privación de la libertad .» (.) De inicio, es pertinente destacar que la competencia en materia de amparo, es la capacidad de los órganos jurisdiccionales para conocer de una demanda, en atención a que dicha facultad se la atribuye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno o Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o, los Tribunales Colegiados de Circuito. De acuerdo con el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo procede contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al mismo, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito, bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. En dicha disposición se encuentra establecida la competencia constitucional de los jueces de distrito para conocer del juicio de amparo. Por su parte, la legislación ordinaria se ocupa de regular con mayor precisión la forma de distribución de competencias entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, respecto de asuntos de los que deban conocer, de tal modo que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que los jueces de Distrito, que no tengan competencia especial conocerán de todos los asuntos a que se refiere dicho numeral. Ahora bien, la cuestión de competencia de toda autoridad jurisdiccional es de importancia y de previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el artículo 48 de la Ley de Amparo vigente, reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer como obligación de todo juez de Distrito, la contenida en su primer párrafo, que es del tenor siguiente: «Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.». Ahora bien, como se obtiene del numeral transcrito en líneas que anteceden, cuando un juez de distrito, estime carecer de competencia para conocer de determinada controversia, deberá comunicar su resolución a aquel en cuyo favor considere se surte la competencia, por lo que, el juez requerido deberá decidir de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. En términos generales, la competencia en materia de amparo puede determinarse por tres circunstancias, a saber; por razón de la vía, por territorio y por materia. En ese contexto, la competencia en atención a la vía se subdivide en aquella para conocer del amparo indirecto o bi-instancial, o bien del amparo directo o uni-instancial; la primera se encuentra establecida en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución, así como por el artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor, mientras que la segunda se prevé en el artículo 107, fracción V, de la carta magna, y en el numeral 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. La competencia por materia se encuentra subdividida en las siguientes clases: penal, administrativa, civil y laboral, las cuales se encuentran reguladas en los artículos 51, 52, 54 y 55 respectivamente, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por último, la competencia por territorio los fijan los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo y, para establecer la competencia de los jueces de amparo, se debe tomar en cuenta si el acto reclamado tiene ejecución o carece de ella, dichos numerales que en la parte que interesa, refieren lo siguiente: «Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo». «Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda». De los preceptos transcritos se obtienen las siguientes reglas: a) Por regla general la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones a prevención; y, c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en que se presente la demanda. Como se advierte, la parte quejosa reclama la privación de la libertad, señalo el domicilio donde se pretende realizar la misma, es el ubicado en su domicilio ubicado en Calle Valparaiso, manzana 14, lote 16, Colonia Tierra Blanca, Ecatepec, Estado de México, la cual ha pretendido ejecutarse, como lo manifiesta el propio impetrante; en ese sentido, los actos reclamados, pueden tener ejecución o se están ejecutando en el municipio de Ecatepec de Morelos, los cuales no tiene ejecución material dentro del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito; por tanto, se estima que este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal, para conocer de la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, este juzgado de Distrito, declara carecer de competencia legal, para conocer de la demanda, estimando que debe remitirse con sus copias a un Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, toda vez que se considera que indistintamente a cualesquiera de esos órganos jurisdiccionales compete su conocimiento. En efecto, conforme al artículo 37, de la citada ley, establece que será competente un juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, así de conformidad con el citado numeral, será competente, para conocer de la demanda, aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, como acontece en el caso concreto, que debe conocer un Juez de Distrito, con sede en Naucalpan, Estado de México, conforme al citado artículo, ya que será competente el juez de Distrito, cuya jurisdicción deba tener ejecución material el acto que se pretende ejecutar. Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida a página 15, Volumen 65, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de la literalidad siguiente: «COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. » De igual manera tiene sustento la jurisprudencia 2a./J. 13/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 107, Tomo: I, Junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: «COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. » Por tanto, si el quejoso Luis Antonio González Pablo, reclama la privación de la libertad de una autoridad que tiene su sede fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, es competente el juez de Distrito, en la jurisdicción en el lugar donde el quejoso, bajo protesta de decir verdad, asegura que éstos tiene lugar; en este caso, en el municipio de Ecatepec, de esta entidad federativa. En tales condiciones, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en relación con los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, se declina competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, por las consideraciones señaladas en líneas que anteceden, solicitándole al juez de distrito, que conozca de esta determinación, informe el sentido del proveído que dicte, para estar en condiciones de acordar lo que en derecho proceda. Finalmente, dada la naturaleza del presente auto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, toda vez que su domicilio de la parte quejosa Luis Antonio González Pablo, ubicado en Calle Valparaiso, manzana 14, lote 16, Colonia Tierra Blanca, Ecatepec, Estado de México, se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en el ordinal 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 298, 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto al, Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, comisione al actuario de su adscripción para que le notifique el presente proveído. Se faculta a la autoridad exhortada a realizar cuanta diligencia estime pertinente a fin de llevar a cabo el emplazamiento ordenado en líneas que anteceden; se habilita a los actuarios de su adscripción para realizar las notificaciones y diligencias en días y horas inhábiles, esto con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, y 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor. Con copia de la demanda y de este proveído, fórmese cuaderno de antecedentes. Toda vez que el quejoso señala domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia de este órgano se tiene los estrados de este juzgado. Y por autorizados en los mismos efectos a las personas que menciona, las cuales una vez que acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, gozarán de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. Finalmente, se requiere a las partes para seguir el presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", de conformidad con los lineamientos señalados en el Acuerdo General 12/2020.

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