Luis Antonio Gonzalez Galaz
Expediente 405/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 405/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Luis Antonio Gonzalez Galaz
Actuaciones
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, tres de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo promovida por promovida por Luis Antonio González Galaz; en consecuencia, se declara que queda firme dicho auto, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo en relación con el artículo 97 fracción I inciso a), del mismo ordenamiento legal. Bajo la supervisión del Secretario encargado del trámite, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese como asunto concluido, lo anterior con apoyo en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Por último, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno del juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, fracción b), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, catorce de abril de dos mil veintiuno. Demanda Vista la demanda de amparo promovida por Luis Antonio González Galaz, Juan Carlos García Pérez y Leticia Contreras Manriquez, contra actos del Gobernador del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad y otras autoridades, regístrese en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como juicio de amparo 405/2021-2. En primer lugar, es oportuno señalar que el escrito de demanda debe ser analizado en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en el incumplimiento al convenio celebrado entre los aquí quejosos y las autoridades señaladas como responsables (demandadas en el juicio de origen), dentro del expediente 212/2019-V, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Desechamiento En el caso concreto, en relación con el acto que se atribuye a las autoridades señaladas como responsables Gobernador del Estado de Baja California, Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, Subsecretario Jurídico de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California y Director Jurídico de Consulta y Normatividad de la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California, todos con sede en esta ciudad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 1º, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que el incumplimiento por parte de las autoridades demandadas al convenio celebrado entre las partes, en el juicio laboral burocrático de origen, mismo que hace las veces de laudo ejecutoriado, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, al tratarse de actuaciones entre particulares en un plano de coordinación y no de supra a subordinación, ni investidos de atribución soberana, pública e irrenunciable. En ese tema (cuándo debe considerarse acto de autoridad), la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, precisó como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Las consideraciones anteriores, se encuentran plasmadas en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente tenor: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". De lo anterior y con base al criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 363/2017, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa y Primero en Materia de Trabajo, ambos del Tercer Circuito, en el que estableció que de la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la citada Sala, deriva que el incumplimiento de la laudo por parte de las autoridades demandadas no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin En consecuencia, al existir un procedimiento para ejecutar laudos en esta entidad federativa -en el caso concreto el convenio celebrado entre las partes-, como se desprende de los artículos 12, 141, 412, 143, 144 y 145 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, que establecen las reglas vinculatorias y una gama de instrumentos legales para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Baja California pueda hacer cumplir sus laudos, esto es, la citada ley establece el procedimiento de ejecución a seguir por dicho tribunal, para exigir el cumplimiento forzoso del laudo dictado a favor del actor, a través de los medios de apremio establecidos en la propia ley. En efecto, es patente que el juicio de derechos fundamentales que se promueve contra la omisión de dar cumplimiento al convenio celebrado entre las partes, el cual hace las veces de laudo ejecutoriado en el juicio de origen, por parte del autoridades dependientes del Gobierno del Estado de Baja California, señaladas como demandadas en el juicio de origen, es improcedente; ya que el juicio de amparo solo procede contra actos de autoridades, en términos del artículo 103 constitucional y 5º de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2ª/.J. 34/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 478, Tomo I, Libro 53, abril de 2018, Décima Época, registro 2016588, de rubro y texto siguiente: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." Así como la diversa jurisprudencia PC.XV.J/36 A (10ª), por las consideraciones que la sustentan, emitida por el Pleno de este propio circuito, localizable a página 1527, libro 59, octubre de 2018, Décima Época, registro 2018239, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido son: "EJECUCIÓN DE LAUDOS EN LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE LOS AYUNTAMIENTOS FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA. LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA 2a./J. 34/2018 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ES APLICABLE A LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA [ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA PC.XV. J/21 A (10a.)]. En la jurisprudencia citada en primer término, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó temáticamente que el incumplimiento a un laudo pronunciado en un juicio laboral en el que un Ayuntamiento figuró como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal respectiva exista un procedimiento para ejecutarlo, y aclaró que ello acontece cuando se establecen mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales, sin que obste que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública; exégesis que es aplicable a la legislación del Estado de Baja California. Así, en relación con la conclusión alcanzada, este Pleno de Circuito se aparta del criterio sostenido en la jurisprudencia PC.XV. J/21 A (10a.), en la medida en que derivó de la consideración de que el artículo 85, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, establece una excepción al principio de igualdad procesal en favor de los Municipios y/o Ayuntamientos y sus dependencias, al otorgarles el privilegio de no ser sujetos a ejecución forzosa, ni aplicación en su contra de los medios de apremio; no obstante, de nueva reflexión sobre el tema, mediante una interpretación armónica y sistemática del primer párrafo del artículo 85 citado y de los numerales 51, fracciones III y IV, 141, 142 a 144 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, se concluye que la prerrogativa a favor de los Ayuntamientos de no ser sujetos a medidas de apremio, es aplicable única y exclusivamente cuando se dirigen contra los bienes que constituyen su patrimonio, de modo que no contiene una prohibición general de emplear medidas de apremio, como la multa, contra las personas físicas que tienen la calidad de empleados o funcionarios públicos municipales a quienes corresponde llevar a cabo -en nombre y representación de los Ayuntamientos- las adecuaciones e incorporaciones presupuestarias para satisfacer la condena impuesta en un laudo, ya que lo que protege es el patrimonio municipal. Tampoco impide que el órgano jurisdiccional, una vez agotada la medida de apremio, conforme a los numerales 311 del Código Penal para el Estado de Baja California, 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y su correlativo 226 del Código Procedimientos Penales para el Estado de Baja California (abrogado), formule denuncia ante el Ministerio Público por la posible comisión del delito de desobediencia. Además, el referido artículo 144 ordena al Tribunal de Arbitraje proveer la pronta y expedita ejecución de los laudos, por lo que también puede dictar todas las medidas necesarias en la forma y los términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual, el diverso precepto 141 mencionado, pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y, el 51, fracciones III y IV, también referido, señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza. Interpretación bajo la cual es dable concluir que en la legislación del Estado de Baja California sí existe un procedimiento que garantiza la plena ejecución de los laudos pronunciados en los juicios laborales en los que los Ayuntamientos figuraron como parte demandada, a través de una amplia gama de instrumentos legales que correspondan a ese fin." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del arábigo 61, en relación con los numerales 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en artículo 63 fracción V de la ley citada, lo procedente es desechar la presente demanda de amparo. Domicilio y autorizado Téngase señalado como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones el que indican en su escrito los promoventes; asimismo, se tiene a la parte quejosa autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Raúl Arturo López Chávez, y solo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona que cita en su ocurso. Acceso y notificaciones electrónicas Asimismo, se le tiene a los ocursantes solicitando la autorización para el acceso y visualización del expediente electrónico del presente asunto, así como las notificaciones por la misma vía, para tal fin proporciona el usuario "gongalaz", vinculado al correo electrónico nunezvenegasfranciscojavier@gmail.com. Ahora, por lo que hace a la solicitud de la autorización para consulta virtual del expediente, considerando que los quejosos proporcionan la información para el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al expediente electrónico a la parte quejosa mediante el usuario que proporciona. En ese sentido, háganse las adecuaciones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, se comisiona al actuario adscrito a llevar a cabo las notificaciones a la parte actora vía electrónica, conforme a lo dispuesto en el capítulo sexto del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación al uso de medios electrónicos No obstante, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, conforme las consideraciones entonces expuestas y que cobran especial relevancia dada la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, se exhorta a la parte quejosa a que de ser posible, realice las gestiones y solicitudes conducentes con el objeto de que el presente expediente continúe su tramitación mediante el esquema de "juicio en línea", a fin de que pueda promover, consultar y notificarse electrónicamente, es decir, utilizando los medios electrónicos, debido a la situación de emergencia de salud pública por el citado virus. Asimismo, para que propongan formas expeditas de contacto, como números telefónicos, correos electrónicos o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales sea posible entablar comunicaciones no procesales que serán susceptibles de registro. Habilitación de días y horas inhábiles Luego y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; impone al suscrito el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, en base en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de garantías deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario Judicial de la Adscripción pueda efectuar las mismas. Transparencia Asimismo, en apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
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