Luis Antonio García Romero

Expediente 975/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
975/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
19/02/2021

Partes del expediente

  • Luis Antonio García Romero
  • Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Unidad I del Distrito Judicial de Querétaro, en funciones de Juez de Control

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Se agrega oficio. Agréguese a los autos, únicamente para constancia, el oficio signado por el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial del Estado de Querétaro, en funciones de Juez de Control, mediante el cual informa el estado procesal de la carpeta judicial de origen; en virtud de que por auto de cuatro de febrero del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo y se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  3. Principal

    Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 65, 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por ....., respecto del acto y autoridades que quedaron indicadas en el considerando segundo de esta sentencia por los motivos indicados en el ulterior segmento. Notifíquese.

  4. Incidental

    Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de diciembre de dos mil veinte. VISTOS, para resolver los autos del Juicio de Amparo 1581/2018-V, promovido por ***, contra actos del Ayuntamiento del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, y turnado a este Juzgado Federal al día siguiente, compareció ***, y solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y las autoridades que más adelante se precisarán. SEGUNDO. La parte peticionaria de amparo narró los antecedentes del acto reclamado; invocó los preceptos constitucionales que consideró transgredidos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Por auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, se registró el expediente con el progresivo 1581/2018-V, en el libro de gobierno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. CUARTO. Con motivo del acuerdo general 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia de los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte, se suspendieron los plazos y términos procesales en el juicio de amparo; suspensión que se prolongó hasta el treinta y uno de julio de este año, en términos del diverso acuerdo general 13/2020. En auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte se ordenó la reanudación de los plazos y términos procesales. Satisfechas las exigencias legales en la integración y tramitación del presente asunto y rendidos los informes solicitados a los Juzgados de Distrito, después de diversos diferimientos, la audiencia constitucional relativa, tuvo inicio el veintiocho de septiembre de dos mil veinte. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; dado que se reclaman actos que se verificaron dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Atendiendo al contenido integral de la demanda de amparo, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: Ordenadoras. Presidente Municipal de Ezequiel Montes, Querétaro; Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro; Secretario de Gobierno del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro. Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Director de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro. Ejecutoras. Secretario de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Director de Seguridad Pública Municipal de Ezequiel Montes, Querétaro. Actos reclamados: La orden y ejecución respectivamente, de la obra vial consistente en la apertura de un camino en el predio propiedad de la quejosa, conocido como *, ubicado en el kilómetro *, Querétaro, y por ende el allanamiento, afectación y desposesión de dicho inmueble. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos que se tildan de inconstitucionales, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio sea procedente. En este contexto, toda vez que las autoridades responsables Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro y Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro negaron categóricamente la existencia del acto reclamado, a saber, la orden y ejecución respectivamente, de la obra vial consistente en la apertura de un camino en el predio propiedad de la quejosa, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio con respecto a dicho acto, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 170, visible a fojas 281 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Volumen Común al Pleno y a las Salas, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Aunado a que la parte quejosa no ofreció prueba alguna que desvirtuara tales negativas, siendo que es a dicha parte, a quien corresponde la carga de la prueba; por tanto, este órgano federal reitera, procede sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa en cuanto al acto y autoridades referidos. CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Secretario de Gobierno y Director de Desarrollo Urbano y Ecología, todos del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, ya que la primera de dichas autoridades así lo manifestó al rendir su informe justificado, al cual se adhirieron el resto de las responsables. De igual forma es cierto el acto reclamado al Director de Seguridad Pública Municipal de Ezequiel Montes, Querétaro, pues aun cuando al rendir su informe justificado negó la ejecución de una obra pública sobre el bien inmueble señalado por la quejosa, manifestó que por instrucciones de la Presidenta Municipal, se constituyó en el kilómetro ** de la carretera estatal 130, a fin de vigilar la ejecución de la reapertura de un camino aledaño a dicho predio; por lo que lo conducente es tener como cierto el acto de ejecución que le fue atribuido a dicha autoridad. Cabe señalar que la existencia de los actos reclamados se corrobora con la diligencia de once de diciembre de dos mil dieciocho firmada por el Director de Obras Públicas, por el Director Jurídico y por la Directora de Desarrollo Urbano y Ecología, todos del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, en donde se hizo constar que con motivo de la queja manifestada por diversos residentes de la zona de procedió a la apertura de un camino aledaño al predio de la quejosa, el cual había sido obstruido y al parecer incorporado a dicho bien inmueble. Constancia que tiene el carácter de documentales públicas y por ende tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, puesto que se trata de reproducciones expedidas por un funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley; ello así se afirma, en virtud de que de las mencionadas constancias se advierten las actuaciones que en esta instancia constitucional combate la parte quejosa. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 1002815, visible en la página 830, Tomo ll, Materia Común, del Apéndice 1917-Septiembre de 2011, Quinta Época. "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". También cobra sustento, la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Apoya a lo anterior la Tesis VI.1o.P.8 K emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con número de registro 189792, visible en la página 1093, Tomo XIll, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2001, Novena Época. "AUTORIDADES RESPONSABLES. EL SEÑALAMIENTO EN LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA DE "EJECUTORAS", CONDUCE A CONSIDERAR INNECESARIA LA PRECISIÓN DEL ACTO QUE SE LES RECLAMA. No procede sobreseer respecto de las autoridades responsables, cuando en la demanda de amparo el quejoso no especifica el acto que les reclama, pero señala que se trata de "ejecutoras", pues esa expresión conduce por lógica elemental a establecer que se trata de la ejecución del acto atribuido a las ordenadoras; máxime cuando éstas confiesan la existencia de esa ejecución en sus informes justificados." QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. La misma consideración se desprende de la jurisprudencia número 814 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que al respecto menciona: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Lo anterior con apoyo además en la Jurisprudencia 1a./J. 3/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 13, del Tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por identidad, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito". En el caso, las autoridades responsables hicieron valer como causal de improcedencia la prevista en el numeral 61, fracción XII en relación con el numeral 5°, fracción I, párrafo cuarto, a contrario sentido, ambos preceptos de la Ley de Amparo; la cual se actualiza en el asunto que nos ocupa como se explica enseguida. Primeramente, se hace necesario asentar algunas notas relacionadas con lo que se entiende por interés jurídico para efectos del juicio de amparo, ello, sólo desde la perspectiva de los actos de autoridad de carácter judicial o derivados de un procedimiento jurisdiccional, dejando de lado las consideraciones relacionadas con el interés legítimo y colectivo que cobran especial presupuesto de procedencia con relación a otro tipo de actos como los de naturaleza administrativa, para lo cual se hace indispensable traer a glosa el texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal y 61, fracción XII en relación con lo previsto en el artículo 5, fracción I, párrafo cuarto, a contrario sentido, ambos preceptos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" De los normativos reproducidos deriva el principio conocido como agravio personal y directo, que implica la idea de que el juicio de amparo en que se reclamen actos de autoridad judicial, esto es, derivados de un procedimiento jurisdiccional, sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley o el acto reclamado; luego, de tal regla se sigue necesariamente que quien solicite la protección de la Justicia Federal deberá acreditar que el acto de autoridad conculcó alguno de los derechos que a su favor tutela el orden jurídico, es decir, que el gobernado debe demostrar al órgano de control constitucional que <efectivamente resintió una afectación personal, inmediata y directa en su esfera de derechos; de lo contrario, es decir, de no acreditar tal extremo el juicio de amparo resulta improcedente. Apoya lo anterior, la tesis P. XIV/2011, consultable en la página 34 del Tomo XXXIV, Agosto de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de título y contenido que dicen así: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO "OBJETIVO" CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de "interés jurídico" para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material"." De igual modo, se invoca la tesis 1a. XCVII/2014 (10a.), localizable en la página 545 del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, de rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA RELATIVA, ADEMÁS DE ADVERTIRSE LA PRESENCIA DE UN DERECHO SUBJETIVO, DEBE VERIFICARSE SI EXISTE UNO OBJETIVO CONFERIDO POR EL MARCO CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XIV/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 34, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO 'OBJETIVO' CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.", sostuvo que el concepto de "interés jurídico" tiene un amplio abanico de pronunciamientos, por los cuales, es posible entender que detrás de él, hay referencia a la existencia de derechos objetivos que conforme han sido reconocidos en el marco constitucional, otorgan a los individuos un interés jurídico de acuerdo a la posición particular que mantengan en relación con las normas del ordenamiento jurídico; cuestión que atendiendo a la situación particular del quejoso puede otorgar facultad para acudir al amparo. Por tanto, para verificar la procedencia de la demanda relativa, conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, resulta insuficiente advertir la presencia de un derecho subjetivo, ya que también es necesario verificar si existe algún derecho objetivo que otorgue interés para acudir a tal juicio; de ahí que la figura del interés jurídico se traslapa con el concepto de interés legítimo, pues ambas figuras pueden actualizarse por la existencia de un derecho objetivo conferido por el marco constitucional en contraposición a la situación particular del individuo." Así también, la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), visible en la página 1854 del Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, de rubro y texto que se leen: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Cierto, así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus diversas tesis jurisprudenciales, quien ha llegado -incluso- a delimitar los alcances del concepto "perjuicio", figura que está relacionada con la del interés jurídico; en ese sentido el máximo tribunal del país ha sostenido que por perjuicio se deberá entender como aquella afectación a los derechos de un individuo no en el sentido del derecho civil, es decir, como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona ya sea en relación a derechos de propiedad, posesión, personalísimos o de cualquier otra especie que forme parte de la esfera jurídica del gobernado, siempre y cuando estén reconocidos por el orden jurídico nacional. Ilustra a lo anterior el criterio sostenido en la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007, consultable en la página 225 del Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto que disponen: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De lo relatado se tiene que, a través del ejercicio de la acción constitucional, el promovente de amparo solicita la tutela o protección de un derecho público subjetivo, que en su perjuicio fue infringido por las autoridades que emitieron el acto impugnado, o sea, mediante el derecho de acción -que es un derecho instrumental- se pretende el respeto del derecho público subjetivo y, en su caso, la restitución en su goce. Así pues, la satisfacción del interés jurídico lleva implícito la acreditación forzosa de dos elementos esenciales, a saber: La afectación, agravio o perjuicio sufrido en la esfera de derechos causado por el acto de autoridad que se reclama; es decir, probar lo que comúnmente se conoce como el interés jurídico en sí mismo considerado; y, La titularidad o nexo causal entre el derecho lesionado y la persona física o moral que reclama su protección en la vía constitucional de amparo, esto es, lo que se conoce como la satisfacción material de la titularidad del interés jurídico. Por tanto, el interés jurídico constituye un requisito o presupuesto procesal para que la acción constitucional de amparo contra actos derivados de un procedimiento jurisdiccional prospere, de manera que su ausencia impide la conformación del mismo dando lugar al sobreseimiento del juicio por actualización de la causa de improcedencia que lo prevé. La citada condición -como todas las previstas como improcedencias del juicio- al ser un presupuesto procesal es de estricta aplicación, la cual debe ser observada y valorada de forma contundente, real, material u objetiva y nunca establecer su existencia con base en presunciones ni comprendiendo en ellas casos distintos a los contemplados en las hipótesis previstas para tal efecto, pues su actualización acarrea consecuencias extremas para el solicitante de la protección constitucional; por tanto, se concluye que por razón de orden lógico, el acreditamiento del interés jurídico se corrobora primeramente, con la constatación de la existencia de un perjuicio o agravio derivado del acto reclamado en contra del quejoso y, en segundo lugar, mediante la comprobación de que el solicitante de amparo sea realmente el titular del derecho afectado que viene a defender y que aduce lo afecta el acto reclamado. Pues en efecto, si bien la Ley de Amparo en su reforma publicada el tres de abril de dos mil trece, integró el interés legítimo, tratándose de actos jurisdiccionales como en el caso, debe subsistir el interés jurídico, pues así lo dispone el artículo 107, fracción I, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez acotado lo anterior, se concluye que la improcedencia de mérito se actualiza en la especie porque la parte quejosa no satisface el presupuesto procesal del interés jurídico, al no demostrar la titularidad del derecho afectado. En efecto, la parte quejosa reclama en el presente asunto la orden y ejecución de la obra vial consistente en la apertura de un camino en el predio propiedad de la quejosa, conocido como Rancho Nuevo Guadalupe, ubicado en el kilómetro cinco de la Carretera a Ezequiel Montes, en el Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, y por ende el allanamiento, afectación y desposesión de una parte de dicho inmueble. En efecto, la quejosa manifestó medularmente en su demanda de amparo que el once de diciembre de dos mil dieciocho, se constituyeron en dicho predio diversos servidores públicos pertenecientes a la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en coordinación con miembros de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, y que sin mediar mandato por escrito, debidamente fundado y motivado, procedieron a retirar una parte de la reja de acero que resguardaba el acceso a su propiedad. A fin de acreditar la afectación al bien inmueble de su propiedad la quejosa ofreció los siguientes medios de convicción. 1. Copia certificada de la escritura pública *** en el que se hizo constar la adquisición por parte de la ahora quejosa de dos fracciones de un predio rústico propiedad de ***. 2. Testimonio de la escritura pública número ****, Querétaro, en la que se hizo constar que dicho fedatario público se constituyó en el predio de la quejosa ubicado en carretera estatal Ezequiel Montes- Querétaro, a una distancia de aproximadamente treinta metros del Libramiento Noroeste que entronca con la Carretera San Juan del Río- Xilitla y dio fe de la realización de trabajos para la apertura de un camino de acceso de aproximadamente seis metros de ancho, que inicia en el extremo sur oriente de dicho predio y recorre el inmueble hasta la parte norte. Documental que se acompañó con fotografías tomadas en el lugar. 3. La quejosa también ofreció copias certificadas de lo actuado en el expediente ***/2011, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro, del toca civil ***/2013, radicado ante la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, del juicio de amparo directo civil **/2013 del índice del entonces Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito y del juicio de amparo indirecto **/2018-III del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, promovido en la etapa de ejecución del juicio civil apuntado. 4. Así como copias certificadas del expediente **/2011 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro, del expediente ***/2006 del Juez Mixto de Primera Instancia de Tolimán, Querétaro, relativo al juicio que sobre terminación de contrato de comodato promovió la sucesión de **** 5. Diversos recibos de pago por concepto de predial del inmueble propiedad de la quejosa. 6. Diversas notas de periódico publicadas con motivo del conflicto generado por la apertura del camino por parte del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro. 7. Oficio DUE-****/2017 de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete emitido por el Director de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, en el cual se informó que el inmueble identificado como ***, pertenecía al Municipio de Colón. 8. Oficio S.A./****/2017 de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete suscrito por el Secretario del Ayuntamiento de Ezequiel Montes, Querétaro, mediante el cual se informó a la ****, que no se tenía información sobre los derechos de servidumbre o de paso impuestos al predio de su propiedad. 9. La pericial en materia de topografía, desahogada por el perito de la quejosa ***, por el de la autoridad responsable ***, y por la perito oficial Patricia Jurado Ávila. Ahora, las pruebas precisadas en los incisos del 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8, adquieren el valor de documentos públicos en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, al ser expedidos y certificados por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas. Por tanto, dichas constancias adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en el artículo 202, del citado código instrumental supletorio; a más de que no fueron objetadas en cuanto a su autenticidad, o redargüidas de falsas por las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, publicada a página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época del Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO." No obstante, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se concluye que las precitadas probanzas son ineficaces para acreditar la afectación que sufrió la quejosa en el predio referido con motivo de la ejecución de la obra vial consistente en la apertura de un camino aledaño a dicho inmueble que aparentemente se encontraba bloqueado, por lo que se estima que carece de interés jurídico. Se afirma lo anterior, en virtud de que en el testimonio de la escritura pública número ****, se hizo constar únicamente que se realizaron trabajos para la apertura de un camino de acceso de aproximadamente seis metros de ancho, que inicia en el extremo sur oriente del predio y recorre el inmueble hasta la parte norte, sin detallar con exactitud los limites exactos de la propiedad de la quejosa y si con la apertura del camino se invadió dicho inmueble. Por otro lado, el contenido del expediente ***/2011 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro, únicamente se advierte que la ahora presidenta Municipal de Ezequiel Montes, *, solicitó como medida precautoria se suspendieran las obras realizadas en el camino materia de conflicto, toda vez que se veía afectada en el acceso a un bien inmueble de su propiedad; sin que tales documentos sean suficientes para demostrar que dicha vía de comunicación se encuentra dentro del predio que ahora pretende defender la quejosa. En ese sentido, del expediente **/2006 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tolimán, Querétaro, tampoco se desprende dicha circunstancia, sino únicamente un conflicto jurídico que no tiene relación con el bien inmueble que aduce la quejosa le fue afectado. Misma suerte opera con respecto a los diversos recibos de pago por concepto de predial del inmueble propiedad de la quejosa, las diversas notas periodísticas exhibidas en autos, el oficio DUE-***/2017 de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete emitido por el Director de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro y el oficio S.A./***/2017 de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete suscrito por el Secretario del Ayuntamiento de Ezequiel Montes, Querétaro; a partir de las cuales tampoco es posible identificar con claridad la extensión exacta del inmueble de la quejosa y por ende determinar si la apertura del camino de acceso afectó dicho predio. Ahora, con respecto a la prueba pericial en materia de topografía ofertada por la parte quejosa y desahogada por el perito de la quejosa *, por el de la autoridad responsable * y por la perito oficial *, con fundamento en el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se le otorga valor probatorio preponderante; sin embargo también se estima insuficiente para demostrar la afectación que aduce le causa la ejecución de la apertura del camino reclamada en el presente juicio de amparo. Esto es así, porque tomando como base las medidas y colindancias de reportadas en la escritura pública número ****), de veintisiete de noviembre de dos mil uno, protocolizada por el Notario Público Número Uno en Tolimán, Querétaro, con respecto a las dos fracciones de un predio rústico adquiridos por la quejosa, en ninguno de los dictámenes emitidos y ratificados por dichos peritos se puso de manifiesto que el camino aperturado por el Gobierno Municipal de Ezequiel Montes, Querétaro hubiese invadido el predio de la quejosa. En efecto, del contenido de la referida escritura pública 5,323 (cinco mil trescientos veintitrés), se desprenden que las medias y colindancias de las dos fracciones adquiridas por la quejosa del predio rústico propiedad de *, tienen las siguientes colindancias. La primer fracción, al norte colinda con propiedad de los *, al sur con carretera Ezequiel Montes- Querétaro, al oriente con * y al poniente con el resto del predio rústico propiedad de *, con un camino de por medio. La segunda fracción, al norte colinda con propiedad de los *, al poniente con el resto del predio rústico propiedad de * y al oriente con la primer fracción adquirida por la quejosa, con un camino de por medio. Ahora bien, del contenido del primero de los dictámenes periciales en comento se advierte que dicho profesionista únicamente concluyó que el camino aperturado por el Gobierno Municipal de Ezequiel Montes, Querétaro, no tenía las características de un camino real, pues antes de la intervención de las autoridades municipales tenía únicamente una extensión de cuatro metros de ancho y actualmente contaba con un ancho de hasta seis metros y medio en algunas partes; de manera que si en la escritura * se refirió que las fracciones del predio rústico adquiridas por el quejoso, se encontraban divididas por un camino, no era dable afirmar que éste se tratara de un camino real, sino posiblemente de un camino de servicio o de paso. Por otro lado, del dictamen pericial rendido por el perito de la autoridad responsable *, se advierte que dicho profesionista expresamente indicó que el camino aperturado por el Gobierno Municipal de Ezequiel Montes, Querétaro, era aledaño a las fracciones del predio rústico propiedad de la quejosa, pues no se trataba de una nueva vía de comunicación, sino de un camino ya existente que incluso fue referido como límites de los predios de la quejosa en la escritura pública * Finalmente, en el dictamen rendido por la perito oficial *, se concluyó que efectivamente el camino aperturado por el Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, no se encontraba plenamente identificado como un camino real, pero sí constituía una vialidad secundaria perteneciente al Programa de Desarrollo Urbano de dicho Municipio, el cual tampoco invadía las fracciones del predio rústico adquiridas por la quejosa, cuyos límites se señalaron en la escritura * De lo anterior se desprende que dicho medio de convicción también es insuficiente para acreditar la invasión que reclama la actora sufrió en su propiedad, toda vez que quedó acreditado a través de los dictámenes periciales, que la obra pública de la que se duele la quejosa se ejecutó en una extensión aledaña a las fracciones del predio rústico propiedad de aquella, sin que con dichas obras se invadieran los inmuebles que pretende defender, tan es así que el propio camino, con independencia de ser identificado como camino real o vía secundaria, se identificó como límites de dichas extensiones de tierra en la la escritura pública * Lo anterior se corrobora, con el contenido de las resoluciones emitidas en el expediente */2011, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro, del toca civil */2013, radicado ante la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, del juicio de amparo directo civil */2013 del índice del entonces Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, en las que medularmente se concluyó que el camino objeto de análisis es de dominio público y es propiedad del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro. De manera tal que, ante la carencia de datos que permitan determinar que el inmueble propiedad de la quejosa se vio afectado por la ejecución de la obra pública consistente en la apertura del camino aledaño a dicho predio, es claro que la solicitante de amparo no acredita fehacientemente su interés jurídico En las apuntadas condiciones, es dable concluir que al no haberse acreditado que el acto de autoridad reclamado por ***, afecte su interés jurídico, es que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, a contrario sentido, ambos preceptos de la Ley de Amparo, y con base en lo que establece el ordinal 63 fracción V del propio ordenamiento, se sobresee en el presente juicio. En el mismo sentido, el sobreseimiento apuntado también se hace extensivo respecto de los actos de ejecución reclamados al Director de Seguridad Pública Municipal de Ezequiel Montes, Querétaro, puesto que no se les atribuyen vicios propios sino que son impugnados como una consecuencia de la orden expedida por el Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Secretario de Gobierno y Director de Desarrollo Urbano y Ecología, todos del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro Esto último, de conformidad con la Jurisprudencia 647, publicada en la página cuatrocientos treinta y cuatro, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Así también, importa especificar que, al haberse actualizado la causa de improcedencia aquí estudiada, se hace innecesario abordar el análisis de las restantes que pudieran actualizarse en la especie, pues en nada variaría el sentido de la presente sentencia. Así da noticia la Jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 414, del Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, con registro 195744, de rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 76, y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, , respecto de los actos atribuidos a las autoridades que se precisaron en el considerando segundo, por los motivos asentados en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese; y personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente la licenciada Ana María Sánchez Hernández, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Distrito, autorizada mediante oficio CCJ/ST/2361/2020 del Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 3, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, hasta en tanto dicha comisión lo determine o el Pleno referido adscriba Titular a este órgano jurisdiccional, hasta el día de hoy quince de diciembre de dos mil veinte, en que las labores de este juzgado permitieron su engrose, quien actúa con el licenciado Rafael Gerardo Serrato Cortés, Secretario que autoriza. Doy fe

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