Luis Antonio García García
Expediente 33/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 33/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Luis Antonio García García
Actuaciones
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que por auto de veintiséis de octubre del año que transcurre se proveyó sobre el oficio FEIDDF/14295/2021 de veintiuno del mismo mes y año, por el cual, la Agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, informó que dentro de la averiguación previa AP/FGR/FEMDH/FEIDDF/M17/003/2020, relacionada con la búsqueda y localización de JUAN DANIEL SORIA RAMÍREZ, el nueve de noviembre de dos mil veintiuno se citó a los CC. Silvia Ramírez Ávila y Juan Soria Tapia a fin de que acudieran a la sede de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, a fin de practicar diversas diligencias de carácter ministerial a efecto de revisar la situación jurídica de la aludida Averiguación Previa. En tal virtud, a fin de proveer lo conducente, requiérase a Licenciada Cecilia Molina Pérez, Agente del Ministerio público Federal, con residencia en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que quede notificada del presente proveído, informe los avances realizados dentro de la Averiguación Previa AP/FGR/FEMDH/FEIDDF/M17/003/2020, así como si con motivo del resultado de las diligencias practicadas se localizó al directamente quejoso Juan Daniel Soria Ramírez. Lo anterior a fin de que comparezca a este Juzgado a ratificar la demanda promovida a su favor por Silvia Ramírez Ávila y Juan Soria Tapia, apercibido que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá a su titular una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis Aislada 2007427, 1.9º.P.59 P (10ª), visible en la página 2394, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014. Tomo III, Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro dice: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. AL SER EL JUICIO DE AMPARO LA MATERIALIZACIÓN DEL DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO, RECONOCIDO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, NO REQUIEREN DE UNA LEY ADJETIVA PARA INVESTIGAR VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS, TRATÁNDOSE DE ESTE DELITO". Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
...téngase a Luis Antonio García García, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Secretaria de Bienestar Federal y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 33/2022. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, resulta necesario verificar que no exista algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En el presente asunto, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 5, fracción I, 6 y 15, de la Ley de Amparo. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. [.]" De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5 de la Ley de Amparo, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona, pero sólo en los casos en que la ley lo permita. Asimismo, el artículo 8° de la Ley de Amparo, establece que: "Artículo 8o. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda. Asimismo, es importante destacar que el artículo 15 del aludido cuerpo legal indica que cualquier persona podrá promover amparo en nombre del quejoso pero sólo si en el caso en concreto se trata de diversos actos específicos, entre ellos, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, entre otros de acuerdo a lo estipulado en dicho artículo. Por su parte, el precepto 6 de la ley de la materia establece que la demanda de amparo sólo puede ser promovida por la persona a quien agravie o perjudique el acto reclamado, por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona. Pero sólo en los casos en que la ley lo permita, plasmando su voluntad con la firma autógrafa que obre en ella. Pues la presentación de cualquier promoción dentro de una controversia jurisdiccional requiere como presupuesto esencial la manifestación de la voluntad por la parte que acude ante la instancia correspondiente, la cual debe expresarse mediante la firma autógrafa, la que una vez estampada en toda promoción que se presente ante el órgano jurisdiccional, constituye un requisito esencial para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para efectuar el acto procesal correspondiente, como lo autenticidad del documento, y consecuentemente, lograr la eficacia prevista en ley. Por tanto, un escrito, de cualquier naturaleza, que carezca de firma autógrafa, en modo alguno obliga a alguien, dado que para que tenga validez debe estar precisamente suscrito por el que aparezca como responsable de su contenido y cuya voluntad pretende hacer valer. Sin embargo, la evolución del derecho de acceso a la justicia, la simplificación de la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y la modernización del sistema de impartición de justicia, ha exigido el uso de tecnologías de la información y de la comunicación, concretamente, la presentación electrónica de demandas, recursos y promociones en los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, que permite identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico, producirá los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y recibirá el mismo tratamiento que el presentado en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en esa normatividad. Pues bien, en el caso concreto, el escrito de demanda de cuenta, supuestamente fue suscrito por Luis Antonio García García; sin embargo, si dicho ocurso inicial fue allegado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el módulo SISE, de acuerdo a la normatividad en cita, DEBE CONTENER LA FIRMA ELECTRÓNICA, que como se dijo, es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico; por lo que, al NO OBRA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA que así lo justifique, es que debe desecharse la demanda de amparo, dado que no cumple con el requisito consistente en la manifestación de la voluntad del supuesto accionante para que sea procedente. Sin que tal ausencia de firma criptográfica, pueda considerarse una deficiencia que pueda ser corregida a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo. Pues constituye la carencia total de la expresión de la voluntad del ocursante de intentar esta vía. Lo cual constituye el incumplimiento de uno de los principios rectores en el juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento, en la jurisprudencia por contradicción P./J. 8/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 65, abril de 2019, tomo I, décima época, con registro 2019715, cuyo rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". De igual forma, por identidad jurídica, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 2018943, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano". En consecuencia, se hace patente, de manera notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa; por lo que, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, 6 y 15 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. No es obstáculo para la anterior determinación, el hecho de que se encuentren en juego intereses de una persona que refiere cuenta con una discapacidad, como para estimar que a través de la suplencia de la queja se pueda conocer de la demanda de garantías, ya que ello es en la medida sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, siendo procedente, inclusive, en algunas materias, ante la omisión de expresión de conceptos de violación o agravios; sin embargo, ello no implica que tal suplencia posibilite analizar la demanda de garantías, ya que ello sería tanto como actuar al margen de la ley declarándose procedente lo improcedente, lo que significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, respecto de la procedencia del juicio de amparo y por ende, la suplencia de la queja no implica soslayar dichas cuestiones, como puede verse de la jurisprudencia que por analogía se cita a continuación y cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: Tesis de jurisprudencia P./J. 7/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 7, Novena Época, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con el proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967, el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, aquélla podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo." Igualmente aplicable por analogía al caso concreto, se estima la jurisprudencia que se cita enseguida, cuyos datos de consulta son: Tesis de jurisprudencia 1ª/J. 50/1998, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Septiembre de 1998, página 228, Novena Época, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL, NO IMPLICA EL HACER PROCEDENTE UN RECURSO QUE NO LO ES. La suplencia de la deficiencia de la queja que existe en la materia penal sólo tiene como fin resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, no obstante las imperfecciones o ausencia de conceptos de violación o agravios, para evitar que por una defensa inadecuada o insuficiente, se prive de la libertad de manera injustificada a una persona, pero de ninguna manera llega al extremo de admitir juicios o recursos no permitidos por la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan. Conforme al artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, en materia penal, aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios. Suplir implica en este caso integrar lo que falta o subsanar una imperfección, completar lo parcial o incompleto, y únicamente opera sobre conceptos de violación o agravios en el caso de que éstos sean materia de estudio ante la inexistencia de una causa de improcedencia, por lo que la suplencia sólo opera una vez que es procedente el juicio o recurso, pero no significa actuar al margen de la ley declarando procedente lo improcedente. " (el énfasis es autoría de este Tribunal). A lo expuesto, se suma que el quejoso, se ostenta como una persona con discapacidad; sin embargo, ello no constituye una razón jurídica para desatender los requisitos formales para instar una demanda de amparo, como en el caso es la firma electrónica como signo inequívoco de su voluntad, dado que fue el medio que eligió para su presentación, pues como se dijo en el estudio que antecede, es necesaria la firma del quejoso ya sea electrónica o fisca según sea el caso de elección de su promoción, de donde se deduce que también contaba con la posibilidad de suscribirla de puño y letra, y por tanto, presentarla de manera física. Luego, pasar por alto la formalidad que aquí se explicó, como signo inequívoco de la voluntad del quejoso, implicaría desatender lo previsto en la Ley de Amparo, así como el principio de instancia de parte agraviada, toda vez que el derecho de acceso a la justicia no conlleva soslayar presupuestos de la acción de amparo. Se adiciona, que el quejoso contaba con la posibilidad de presentar su demanda con signo inequívoco de voluntad de manera física, y al haber empleado el medio tecnológico, era indispensable que aquélla contara con la evidencia criptográfica correspondiente al directo quejoso, lo que como se relató, no sucedió. A ello se suma que, la capacidad jurídica no se pierde ni se disminuye con el hecho de contar con algún tipo de discapacidad, sino por el contrario, ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las personas con discapacidad ejerzan en toda su amplitud esa capacidad de ejercicio para la toma de sus decisiones, lo que en especie se armoniza con el principio de instancia agraviada, que es requisito fundamental para la promoción del juicio constitucional, pero aquí no se advierte satisfecho, ante la falta de signo inequívoco de su voluntad. Se cita al respecto, la tesis 1a. XLIII/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1265, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SISTEMA DE APOYOS PARA EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad postula como principio universal la capacidad jurídica y exige que se proporcione el apoyo necesario para su ejercicio. Esto es, se parte de la premisa de que existen diversas maneras de ejercer esa capacidad, pues algunas personas requieren de cierto tipo de apoyos y otras de distinta clase, sin menoscabo de la capacidad misma, lo cual es acorde con la diversidad que existe entre todas las personas. En consecuencia, no debe negarse a las personas con discapacidad su capacidad jurídica, sino que debe proporcionárseles acceso al sistema de apoyos que necesiten para ejercerla y para tomar decisiones, asumiendo que cada tipo de discapacidad requiere de unas medidas específicas en virtud de su condición particular y de sus requerimientos personales, con el fin de que puedan ejercer plenamente y por sí mismas su autonomía y todos sus derechos." Así también, se cita la tesis 2a. XCI/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 690 del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2009938, de título y contenido: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo." De igual forma, se hace referencia la jurisprudencia 1a./J. 1/2021 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, Materia(s) Común, undécima Época, Página: 1604, Registro 2023315, que dice: "AMPARO DIRECTO. SI LA DEMANDA RESULTÓ EXTEMPORÁNEA AL HABERSE PRESENTADO ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA RESPONSABLE CONFORME A LA REGLA DEL ARTÍCULO 176, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE EXAMINARSE EL FONDO DE LA LITIS BAJO LA CONSIDERACIÓN DE QUE EN EL JUICIO ESTÁN INVOLUCRADOS DERECHOS DE MENORES DE EDAD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron, respectivamente, de una demanda de amparo directo que resultaba extemporánea conforme a la regla establecida en el artículo 176, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, relativa a que su presentación ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe el plazo que para su promoción establece la ley. Ante dicho escenario, sostuvieron criterios discrepantes en torno a la posibilidad de que, pese a ello, se pudieren pronunciar sobre el fondo de la controversia en el amparo, pues aunque uno admitió que de acuerdo con dicha regla, la demanda se encontraba fuera del plazo legal, determinó que era dable examinar el fondo de la litis constitucional, porque estaban involucrados derechos fundamentales de menores de edad que era necesario proteger conforme al principio del interés superior de la infancia; mientras que el otro estimó que al ser la oportunidad de la demanda de amparo un requisito de procedencia, no había posibilidad de que la materia del fondo de la controversia pudiera tomarse en cuenta para conocer de una demanda extemporánea, aun cuando involucrara derechos de menores de edad. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando una demanda de amparo directo resulte extemporánea conforme a la regla legal establecida en el segundo párrafo del artículo 176 de la Ley de Amparo, no puede admitirse o validarse su admisión, atendiendo a la materia del fondo del juicio de amparo ni al carácter del promovente, aun cuando estén involucrados derechos de menores de edad. Justificación: Es cierto que el principio del interés superior de la niñez, como norma de procedimiento, tiene la potencialidad de sustentar la inaplicación de alguna regla legal adjetiva que, en sí misma considerada, se advierta innecesaria, injustificada o desproporcionada, para efectos del proceso de que se trate, en la medida en que pueda trastocar u obstaculizar el ejercicio de los derechos procesales de menores de edad, ello, bajo una consideración abstracta de ese principio en todos los casos en que se dilucidan derechos de este grupo de edad; o bien, permite al juzgador hacer ajustes en la aplicación de reglas procesales bajo un análisis individualizado del interés superior del menor involucrado, cuando advierta alguna especial condición de vulnerabilidad o desventaja en la circunstancia específica de dicho menor. Sin embargo, la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo no puede verse como una regla de procedimiento innecesaria, injustificada o desproporcionada, que obstaculice el ejercicio de los derechos de los justiciables, incluidos quienes son menores de edad y que, por ello, amerite inaplicarse o excluirse, como medida de protección reforzada de los derechos de éstos. La oportunidad de la demanda es un requisito de procedencia del juicio de amparo, por ende, corresponde al ámbito de los presupuestos procesales de la acción, necesarios para que válidamente se pueda emitir una sentencia que resuelva el fondo de la controversia. El estudio de la procedencia entraña un examen formal de la demanda, para determinar que se ajuste a los supuestos para los cuales el legislador dispuso la acción de amparo, por tanto, no puede decidirse en función de la naturaleza, entidad o gravedad de los derechos sustanciales discutidos ni del carácter del promovente, pues proceder de ese modo desnaturalizaría dicha institución, la cual exige contar con una base de reglas que resulten generales y que operen de manera homogénea para el juicio en sí mismo; y la oportunidad es una de esas reglas que debe ser general para todos los juicios de amparo, sin distinción, a fin de proteger la seguridad jurídica del proceso y de los propios justiciables. Por tanto, la promoción oportuna de la demanda no puede dispensarse bajo criterios que atiendan a la naturaleza de los derechos debatidos o al carácter de promovente, aun cuando se trate de asuntos que involucren derechos de menores de edad; de ahí que, establecida la extemporaneidad de la demanda de amparo directo bajo la regla del segundo párrafo del artículo 176 de la Ley de Amparo, no podrá ser resuelto el fondo en ningún caso." Asimismo, como lo solicita el quejoso, se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Sergio Charbel Olvera Rangel, toda vez que su cedula profesional se encuentra registradas ante el Registro único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Por lo que respecta a la designación de Luis Eduardo Montaño Rendón, únicamente se le tiene por autorizado en términos de la última parte del citado artículo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, limitación que se les establece hasta en tanto registren su cédula profesional que los acredite como licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y hecho lo anterior lo hagan del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Por otro lado, en relación a que se le autorice el ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para enviar promociones, documentos, comunicaciones, así como consultas de acuerdos que contengan orden de notificación personal al licenciado Sergio Charbel Olvera Rangel, como usuario autorizado SergioCharbel, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 79 del Acuerdo que Reglamenta los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación del Juicio de Amparo en Línea, este órgano de control constitucional otorga acceso a la promovente, para que consulte las determinaciones emitidas en el asunto que nos ocupa; así como para enviar promociones, documentos, comunicaciones y recibir, en su caso, notificaciones en forma electrónica; lo anterior, también con lo establecido en el arábigo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario que proporciona, en la página del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento de la promovente que el acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito y, atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron a la solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. De igual forma, con fundamento en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, que establece que los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esa Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas; asimismo, que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Ello, sin perjuicio de que, cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto pueda ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores. Al respecto, se cita la jurisprudencia 71/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, número de registro 2020082, la cual en su rubro refiere: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO." Toda vez que resulta necesario habilitar a los promoventes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), notifíquese el presente proveído a la Encargada de dicho sistema, a efecto de que realice las gestiones administrativas correspondientes. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y electrónicamente a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este juzgado.
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