Luis Antonio Echeverría de Estralla

Expediente 123/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
123/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
26/10/2021

Partes del expediente

  • Luis Antonio Echeverría de Estralla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese el comunicado señalado en la nota de cuenta al cuaderno de antecedentes en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, solicita que se notifique al inconforme Luis Antonio Echeverría de Estralla el auto preventivo de veintiuno de octubre pasado, dictado en el juicio de amparo 162/2021 de su índice, por medio de lista que se publica en este órgano jurisdiccional, porque originariamente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Tribunal de amparo. Al respecto, como lo solicita ese órgano de control constitucional, toda vez que en el juicio de amparo 162/2021 de su estadística, el cual substancia con motivo de que el Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito en la ejecutoria de treinta de septiembre del año en curso, dictada en el conflicto competencial 49/2021, declaró a ese Juzgado Federal legalmente competente para conocer de la demanda de amparo presentada por Luis Antonio Echeverría de Estralla y éste solicitó que las notificaciones se realizaran por estrados en este órgano jurisdiccional de manera inicial. En ese sentido, se instruye al Actuario(a) Judicial de la adscripción para que notifique por medio de lista que se publica en este órgano jurisdiccional al quejoso Luis Antonio Echeverría de Estralla el acuerdo preventivo de veintiuno de octubre dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 162/2021 de la estadística del Juzgado Federal señalado en los términos indicados en el oficio de cuenta; por lo que el fedatario (a) tendrá que elaborar la razón correspondiente en donde haga constar la situación anterior. Una vez que se lleve a cabo lo anterior, envíense las constancias relativas a la notificación señalada al referido órgano jurisdiccional. Notifíquese...INSERCION:... Síntesis: Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno Se agrega al expediente el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a través del cual remite el juicio de amparo 162/2021, en el que obra el diverso 123/2021 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca y el testimonio de la ejecutoria pronunciada dentro del conflicto competencial 49/2021, suscitado entre este Órgano Jurisdiccional y el antes señalado, para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por Luis Antonio Echeverría de Estralla en la que resolvió lo siguiente PRIMERO. Sí existe conflicto competencial SEGUNDO. El Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, es competente para conocer del juicio de amparo 123/2021, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, promovido por Luis Antonio Echeverría de Estralla En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes y como lo solicita el tribunal de alzada acúsese el recibo de estilo respectivo. A efecto de proveer lo conducente se analizará si se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo. En ese sentido, del análisis a la demanda de amparo se advierte que existen diversas irregularidades en su contenido, en tales condiciones, con fundamento en los artículos 108, fracción V, 110 y 114 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, realice lo siguiente PRIMERO. Exhiba quince copias de su escrito de demanda de amparo, para lo cual debe tomar en consideración que únicamente exhibió el original de su demanda de amparo y una copia (como se advierte del sello de las Oficinas de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencias en San Bartolo Coyotepec y Salina Cruz), y en el caso son necesarias quince, para distribuirlas de la siguiente manera: trece para cada una de las autoridades que señala como responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y dos para integrar los cuadernos incidentales relativos. Sin que obste el anterior requerimiento, que en el caso se trate de un asunto en materia penal donde se reclama la orden de aprehensión dictada en su contra y su inminente ejecución, dado que de la lectura integral de la demanda de amparo, no se advierte que la parte quejosa esté en condiciones de pobreza o marginación, y que por ello se encuentre en clara desventaja social para emprender el proceso constitucional, y que por ese motivo no deba aplicársele la regla general contenida en el párrafo segundo de la fracción V del arábigo 114 de la Ley de Amparo; pues como ya se precisó, de la demanda de amparo no se observa manifestación alguna que se presuma se encuentre en tal supuesto, razón por la cual es dable el requerimiento antes formulado. Se invoca en apoyo de lo anterior, la tesis publicada en la página 2005, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: COPIAS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. CASO EN EL QUE EL PROMOVENTE NO ESTÁ OBLIGADO A EXHIBIRLAS, POR SUS CONDICIONES DE POBREZA Y MARGINACIÓN, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL NUMERAL 110 DE LA LEY DE AMPARO. SEGUNDO. Del escrito de demanda se advierte que en los capítulos de AUTORIDADES RESPONSABLES y ACTO RECLAMADO señaló lo siguiente Señalo como autoridades responsables a los Jueces, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero, todos de Distrito en el Estado de Oaxaca, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, así como al Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República y Agencia Federal Investigación. se hace consistir en la orden de aprehensión y/o cualquier otro acto privativo de la libertad girada en mi contra y su ejecución De igual manera, en el apartado deANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, menciona: bajo protesta de decir verdad, me permito exponer que el día uno de febrero del año en curso, me fue informado por unos conocidos que me andaban buscando unos Agentes Federales de Investigación supuestamente porque estaba involucrado en un hecho delictuoso, y que tenían una orden de aprehensión y/o presentación girada en mi contra, sin dar más referencias de que se trataba, por lo que de inmediato trate de investigar de que se trataba sin obtener resultados alguno; sin embargo, dichos sujetos constantemente acuden a mi domicilio con el objetivo de cumplir con su cometido y ponerme a disposición de la autoridad responsable violando toda mi garantía de audiencia y defensa que prevé el artículo 14 y 16 de la Constitución, ante tales hechos acudo a solicitar la protección que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos De la transcripción anterior, se advierte, que la parte quejosa es omisa en señalarlos de forma clara, pues no es factible que la totalidad de autoridades que mencionó, al mismo tiempo resuelvan o emitan la orden de aprehensión o cualquier otro acto privativo de la libertad girada en su contra y su ejecución; por lo tanto, a efecto de integrar la litis, se le previene para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, manifieste BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, la totalidad de los antecedentes de los actos reclamados de los cuales tenga conocimiento, particularmente aquellos que describan su origen, entre ellos, lo siguiente: Deberá precisar el domicilio en el que señala se presentaron los Agentes Federales de Investigación para cumplimentar la orden de aprehensión reclamada, pues no se advierte que especifique el lugar donde se ha tratado de ejecutar el acto reclamado. Deberá señalar la fecha o fechas exactas en que se pretendió ejecutar la orden de aprehensión, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo, no se advierte dicho dato, siendo necesario que aclare lo anterior para los efectos del artículo 17 de la ley de la materia. De ser posible, deberá proporcionar los datos de identificación de la orden de aprehensión reclamada, pues la parte quejosa señaló que realizó una investigación a efecto de conocer el origen del acto reclamado. Deberá precisar la autoridad en concreto que lo emitió y cómo se ostentó sabedora de ello, máxime que como se hizo mención, no es factible que la totalidad de autoridades, al mismo tiempo resuelvan o emitan todas las cuestiones inherentes del acto reclamado. Toda vez que se advierte que la demanda de amparo pretende eludir el sistema de turno aleatorio, al haber sido el único que no figura o es asignado como autoridad responsable, atendiendo a los principios de ética judicial, deberá precisar y aclarar la razón por la cual redactó su demanda en los términos señalados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número XVII.1o.P.A.1 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, página 2342, Décima Época, Registro digital: 2008679, de rubro siguiente: COMPETENCIA POR TURNO. SI EL JUEZ DE DISTRITO DETECTA QUE SE REALIZARON ACCIONES PARA ELUDIR EL SISTEMA DE ASIGNACIÓN ALEATORIA PREVISTO EN EL ACUERDO GENERAL 48/2008, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CON EL OBJETO DE QUE FUERA ÉL QUIEN CONOCIERA DE LA DEMANDA, DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE LA ACLARE Y, DE ENCONTRAR ALGÚN MOTIVO QUE COMPROMETA LA IMPARCIALIDAD JUDICIAL, PROCEDER EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE LA MATERIA Asimismo, sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.)1, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA Hágase del conocimiento del promovente que deberá ser él quien desahogue las irregularidades anotadas, toda vez que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" requerida en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueva la demanda, por referirse a hechos o circunstancias de conocimiento personal del quejoso o mandatario, y dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. En efecto, el requisito de la protesta de decir verdad que exige el numeral 108, fracción V, de la citada ley únicamente compete cumplirlo al quejoso -como persona física, o al representante legal, en tratándose de una persona moral-, precisamente, por referirse a hechos o abstenciones de conocimiento personal del quejoso o mandatario que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, Novena Época del Semanario 1 Visible en la página 1079, libro 3, febrero de 2014, tomo II, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 174,745, que es del rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. Por otra parte, se hace del conocimiento de la parte quejosa o de sus abogados autorizados, que la información que se desprenda de las manifestaciones que vierta en su escrito aclaratorio SERÁ CONFRONTADA con la que se advierta de las constancias que en su momento obren en autos; de ahí, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida afirman hechos falsos u omiten los que le consten en relación con los actos reclamados, y no se ubican en los casos de excepción previstos en la ley, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos, en relación con el quejoso y todos sus abogados autorizados lo anterior, conforme al artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y TERCERO. En términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, dígasele que su escrito aclaratorio lo deberá presentar con el número indicado de copias que resultan necesarias para ser distribuidas de la siguiente manera: una por cada una de las autoridades señaladas como responsables (hasta el momento se tienen señaladas trece), otra para dar legal intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y dos más para la tramitación del incidente de suspensión. No obstante, en caso de presentar el escrito de desahogo por la vía electrónica, el requisito relativo al acompañamiento de copias, no será exigido cuando se hagan uso de las tecnologías de la información a las que se refiere el artículo 3 de la ley de la materia. Acude en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia número P./J.36/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 79, de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO En el entendido que sólo la parte quejosa o su representante legal se encuentran facultados para desahogar el auto de prevención que ahora se formula, sin que dicha facultad pueda ser depositada a sus autorizados, aun aquellos señalados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues éstos únicamente se encuentran facultados para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías, su aclaración, o, en su caso ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyan en la configuración de la litis constitucional, al sujetarse dicho desahogo al señalamiento de nuevas autoridades responsables, actos reclamados y en su caso, formulación de conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 1ª./37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXXIII, junio de dos mil once, página 68 de rubro siguiente: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA Se apercibe a la parte promovente que de no acatar los requerimientos en el plazo señalado se resolverá de la manera siguiente En caso de no acatar lo ordenado en los puntos primero y segundo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. En caso de cumplir las prevenciones a que se refiere el párrafo anterior y no exhibir las copias del escrito aclaratorio requeridas en el punto tercero, se tendrá por no presentado dicho escrito y, en el supuesto de no exhibir las copias del mismo para formar los cuadernos del incidente de suspensión, se postergará su apertura. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1.4°.C. 26K, visible a página sesenta y tres, Tomo IX, Febrero de 1992, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que al rubro indica DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO DOMICILIO Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y de conformidad con los artículos 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de los estrados de este Juzgado, con el fin de que se realicen las notificaciones personales que en su caso se ordenen. En el entendido que dicha lista hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que de la lectura integral a la demanda se advierte que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir las listas de los estrados en el Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en San Bartolo Coyotepec; no obstante, es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo en los lugares en donde existe oficina de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo que recayó a través de la correspondiente notificación por lista que para tal efecto se fije en los estrados del juzgado; de ahí que no se desatienda lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud del promovente para su práctica en la dirección electrónica que menciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, lo cierto es que en la especie de la consulta realizada al "Reporte de autorizados para consultar expediente electrónico" visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que dicho correo no está asignado a usuario alguno, siendo obligación de las partes gestionarlo de manera expresa y proporcionar el usuario que asignaron al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo previsto en los numerales 35 en relación con el 55 del Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por otra parte, respecto de la citada dirección electrónica que proporciona, en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan establecer comunicaciones, se tienen como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. Asimismo, no ha lugar a proveer de conformidad la solicitud del promovente de tener el número telefónico que proporciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a través de dicho medio. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. SOLICITUD ESPECIAL AL JUZGADO HOMÓLOGO A pesar de lo anterior, solicítese de la manera más atenta al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, quien previno en el conocimiento de este asunto y por lo tanto se le fijó en su momento al quejoso como domicilio para notificarse los estrados de ese órgano jurisdiccional, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a cualquiera de los actuarios de su adscripción, a efecto de que se publique en las listas que se fijan en los estrados de dicho órgano, el proveído dictado en esta fecha; y una vez hecho lo anterior remita las constancias correspondientes. Lo anterior, por ser quien previno en el conocimiento de este asunto y por lo tanto ante la presentación de la demanda del quejoso, se le fijó en su momento como domicilio para notificarse los estrados de ese órgano jurisdiccional, ello con el fin de que se imponga del presente proveído y esté en posibilidad de desahogar directamente ante este juzgado con residencia en Salina Cruz la prevención formulada. Ahora bien, es dable precisar que se solicita ello, pues la parte quejosa manifestó su deseo de señalar los estrados del juzgado que estimó competente (por turno, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec), por lo que ante la referida resolución que definió la competencia para conocer de este asunto, se le tiene que notificar al impetrante el primer auto, pues con tal omisión se dejaría en estado de indefensión a la parte promovente al impedir comparecer a juicio; para cuya notificación se debe estar a las reglas previstas, en el caso particular, en los numerales 26, fracción I, inciso C, 27 y 29 de la Ley de Amparo, al tratarse de una determinación trascendental como lo es una prevención. Es aplicable a lo anterior, la tesis CXIV/90, Registro 207065, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, página 140, Octava Época, Materias(s): Común, de rubro y texto siguiente AUTO ADMISORIO. LA RADICACION DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO RECIBIDA EN UN JUZGADO DE DISTRITO Y TURNADA A OTRO REQUIERE DE NOTIFICACION PERSONAL, Y SU FALTA CONSTITUYE UNA VIOLACION A LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO QUE DA LUGAR A LA REVOCACION DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y A LA REPOSICION DE AQUEL. Cuando de las constancias de autos se advierte que una demanda de amparo indirecto se presentó ante el Secretario de un Juzgado de Distrito, siendo posteriormente remitida a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito del circuito judicial del que forma parte, y turnada a otro diferente juzgado de Distrito que dictó la sentencia que impugna, sin que se le haya notificado personalmente a la parte quejosa la radicación de su demanda en el segundo de los referidos juzgados de Distrito, deberá revocarse la sentencia recurrida y reponerse el procedimiento a efecto de que el juzgado del conocimiento notifique la radicación de la demanda en forma legal y señale nuevo día para la celebración de la audiencia constitucional, en la que, con plena facultad de jurisdicción, se dicte la resolución que en derecho corresponda. Ello en virtud de que en esa hipótesis se infringen las normas fundamentales que rigen el procedimiento previstas en los artículos 146, 147, 148 y demás relativos de la Ley de Amparo, toda vez que con la omisión de la notificación aludida se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, al no tener conocimiento del juzgado en el que se radicó y tramitó su demanda de garantías, lo que le impide comparecer a juicio, ofrecer las pruebas pertinentes y rendir sus alegatos; máxime que no existe fundamento legal alguno que autorice al Secretario de un Juzgado de Distrito a recibir demandas de amparo que serán posteriormente remitidas a una oficialía de partes común, y turnadas a otro juzgado de Distrito al que no se encuentre adscrito. Asimismo, orienta a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 24/2004, Registro 181986, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Marzo de 2004, página 321, Novena Época, Materias(s): Común, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE ORDENA ACLARARLA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, AUN CUANDO EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES SE ENCUENTRE FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONOCIMIENTO. De lo dispuesto en los artículos 146 y 178, en relación con los numerales 28, fracción II, último párrafo y 29, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se advierte que el proveído por el que se manda aclarar la demanda de garantías debe notificarse en forma personal, a fin de que pueda subsanar las irregularidades de su escrito, aun cuando haya señalado un domicilio para recibir notificaciones fuera del lugar de residencia del órgano jurisdiccional del conocimiento. Lo anterior es así, toda vez que la obligación de señalar domicilio convencional en el lugar del juicio constituye un requisito de la demanda, cuya omisión no puede originar su sanción inmediata, sino el requerimiento previo en el sentido de que, en caso de no cumplir con dicha obligación procesal, las subsecuentes notificaciones, aun las personales, se harán por medio de lista. Además, el auto por el que se manda aclarar una demanda de amparo es de tal trascendencia, que su falta de conocimiento oportuno puede llevar a tenerla por no interpuesta, por lo que debe garantizarse plenamente al quejoso la posibilidad material, no sólo formal, de subsanar las irregularidades de su escrito inicial, pues de lo contrario carecerían de toda eficacia jurídica los requerimientos y apercibimientos contenidos en la prevención, y se atentaría contra el derecho de acción de quien acude al amparo Por tanto, al haber señalado los estrados de ese Juzgado como domicilio para oír y recibir notificaciones, con apoyo en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, las personales que le correspondan deberán realizarse por lista de acuerdos, y en la especie, la lista que fije al efecto el Juzgado ante quien se presentó inicialmente la demanda; en términos de la tesis XXII.1°. 22 K, registro 195064, publicada en la foja 1067 del Tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público. Ello, se insiste, con el fin de que el quejoso Luis Antonio Echeverría de Estralla, se imponga del presente proveído y esté en posibilidad de desahogar directamente ante este juzgado con residencia en Salina Cruz la prevención formulada. AUTORIZADO Téngase como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Eduardo Félix Cruz, por no tener demostrada su personalidad en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditadas ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el numeral 17 de la Constitución; con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ello hasta en tanto se reanuden las labores de manera ordinaria dada la suspensión decretada por la contingencia sanitaria en cita. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información Notifíquese, por medio de lista a la parte quejosa"

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de octubre de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos los instrumentos señalados en la nota de cuenta y agréguense al cuaderno en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Acúsese recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito del testimonio de la ejecutoria de treinta de septiembre del año en curso, dictada en el conflicto competencial 49/2021. Ahora bien, del contenido del citado fallo se advierte que la Superioridad determinó lo siguiente: a) Declaró legalmente competente al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, para conocer de la demanda de amparo presentada por Luis Antonio Echeverría de Estralla; y, b) Ordenó remitir al citado órgano jurisdiccional los autos originales del juicio de amparo indirecto 162/2021, en donde obran las actuaciones originales del juicio constitucional 123/2021, en el que está glosado el escrito inicial para que se avoque al conocimiento de este último. Al respecto, este Juzgado de Distrito toma conocimiento de las determinaciones señaladas. Por otra parte, dado que la Superioridad declaró legalmente competente al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, para conocer de la demanda de amparo presentada por Luis Antonio Echeverría de Estralla y al no existir alguna actuación pendiente de realizar de conformidad con lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el normativo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, toda vez que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que en el juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito en la ejecutoria de treinta de septiembre pasado, dictada en el conflicto competencial 49/2021, declaró legalmente competente al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para conocer de la demanda de amparo presentada por Luis Antonio Echeverría de Estralla, acorde con los criterios de valoración a que aluden ??? los numerales 12 y 14 del acuerdo de observancia general señalado, el presente expediente encuadra en la hipótesis prevista por el inciso j) del numeral 21 del propio Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la actuaria judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito comunica el auto de catorce de abril del año en curso, que el Magistrado Presidente de ese órgano jurisdiccional dictó en el toca 49/2021, en el que admite a trámite el conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional; al respecto, se toma conocimiento de la determinación anterior. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el comunicado señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, no aceptó la competencia que este órgano jurisdiccional declinó a su favor para conocer de la demanda de amparo presentada por Luis Antonio Echeverría de Estralla, por las consideraciones que expuso en el auto de doce de marzo del año en curso, dictado en el juicio de amparo 162/2021 de su índice. Al respecto, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de la determinación anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo. Por otro lado, una vez analizadas las razones que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, sustentó para no aceptar la competencia declinada a su favor, es necesario señalar que este Juzgado Federal insiste en declinar la competencia al citado Tribunal de amparo, por las consideraciones que enseguida se exponen: Del estado que guardan los autos, en particular, del escrito inicial se advierte que el justiciable Luis Antonio Echeverría de Estralla reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en esta entidad federativa, de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, así como de este Juzgado Quinto de Distrito en esta entidad federativa, con sede en esta ciudad, y del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con domicilio en Salina Cruz, del Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República y de la Agencia Federal de Investigación, las órdenes de aprehensión y/o presentación dictadas en su contra y/o cualquier acto privativo de la libertad personal girada en contra del inconforme, así como la ejecución de esos mandamientos; es decir, el inconforme señala como responsables a todos los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, excepto al Juzgado Séptimo de Distrito en esta entidad federativa, con asiento en Salina Cruz. Enseguida, es necesario traer a contexto el contenido de los normativos 38 y 39 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." "Artículo 39. Cuando se trate de amparos contra actos de autoridades que actúen en auxilio de la justicia federal, no podrá conocer el juez de distrito que deba avocarse al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto reclamado. En este caso, conocerá otro del mismo distrito y especialización, en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito a que pertenezca." De los dispositivos transcritos se obtiene la regla especial de competencia que prevé la Ley de Amparo, en el sentido de que si un Juez de Distrito es señalado como autoridad responsable debe declinar su competencia para conocer del asunto, por actualizarse una incompatibilidad con sus funciones como autoridad jurisdiccional encargada de la impartición de justicia, en cuanto a que no puede ser Juez y parte. Ciertamente los preceptos citados prevén una regla especial de competencia en el juicio de amparo cuando el acto reclamado se atribuye a un Juez de Distrito, puesto que la competencia para conocer de ese asunto se surte a favor de otro Juez del mismo Distrito y especialización y, si no lo hubiera, dicho presupuesto procesal se actualiza a favor del más cercano dentro de la jurisdicción del Circuito al que pertenezca; de esta manera debe aplicarse la regla especial indicada, porque con ello se privilegia el factor de cercanía del Juez de Distrito que debe conocer del juicio constitucional respecto de la autoridad judicial federal señalada como responsable. Tal aserto encuentra fundamento en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 6/2020 que el Juzgado Federal señalado cita en el proveído inserto en la comunicación de cuenta, en dicho fallo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó lo siguiente: "[.] Que atendiendo al juicio de amparo, la distribución de competencias por razones objetivas, tradicionalmente se ha dividido en los elementos esenciales siguientes: Por territorio, que se prevé en el artículo 94 constitucional, al facultar al Consejo de la Judicatura Federal el establecimiento del número y división en circuitos, así como la actuación territorial de los órganos jurisdiccionales. Por materia, también se desprende del señalado artículo 94, remite a lo previsto en la Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos Generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, tanto para amparo directo como indirecto. Por grado, respecto a la promoción del juicio de amparo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios o Juzgados de Distrito, y excepcionalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que la competencia por grado se relaciona a las funciones de los órganos y su jerarquía; ante ello, regularmente el grado se ha entendido en función del nivel o posición que guarda cada órgano jurisdiccional jerárquicamente, sin embargo, conlleva una vertiente propia de las funciones que desempeña cada uno de esos órganos o instancias, esto es, el contenido de las facultades con las que cuentan y las atribuciones que les otorgan las normas que los rigen. Que el grado en un sentido amplio no se limita únicamente a la distribución de competencias por virtud de jerarquía de la instancia; sino también a la organización propia de cada órgano jurisdiccional que componen esas instancias y, es precisamente en la distribución donde se generan las facultades específicas y las funciones con las que cuenta cada uno de los órganos señalados. Que por ello, desde una perspectiva horizontal, se contempla al grado como la composición de facultades que tiene cada órgano jurisdiccional en una determinada instancia; y verticalmente, el grado se relaciona con la organización de esas instancias en niveles o jerarquías que en el Poder Judicial de la Federación se distribuye en los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que en relación al juicio de amparo indirecto (con la salvedad de la competencia auxiliar), los Juzgados de Distrito y los Tribunales Unitarios de Circuitos, son los órganos competentes atendiendo a una cuestión de grado (jerarquía vertical), para conocer en primera instancia y que por ello, es necesario que dentro de esa instancia cada órgano cuente con facultades suficientes para desenvolverse en la actividad procesal sujeta a su jurisdicción. Que si horizontalmente el grado se analiza a partir de su aptitud para conocer de las controversias que le sean sometidas; desde esa perspectiva, es válido referirse como competencia funcional. Que atendiendo específicamente a que en el juicio de amparo indirecto, la competencia está acotada a las propias reglas procesales y funcionales establecidas en la ley de materia, no solo debe estar a los elementos de territorio, materia o grado en un sentido limitado a la jerarquía, sino al propio funcionamiento del órgano conforme a las facultades que la ley le confiere (funcional). Que de ser el mismo órgano quien deba rendir informe justificado en su carácter de responsable y a su vez analizarlo para determinar si su actuación fue en apego a la ley o no, es incuestionable que hay una incompatibilidad con sus funciones como autoridad jurisdiccional encargada de la impartición de justicia, lo que revela una condición de incompetencia. Que por ello, conforme con la finalidad del juicio, a partir de los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto -en primera instancia- por parte de los juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios, se tiene que será competente para conocer contra los actos de un juez de distrito o tribunal unitario, OTRO del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiere el más próximo; haciendo especial énfasis que en debe ser un órgano ajeno al que se le atribuye el acto. Concluyó, que en aquellos casos, en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto, también tiene el carácter de autoridad responsable, no cuenta con facultades para resolver en la instancia, por lo que en principio, se debe declarar incompetente; pues se actualiza una causa de incompetencia funcional, con independencia de que no se trate del mismo titular. Y que por ello, se actualiza un supuesto de incompetencia, lo cual técnicamente resulta ser la vía más acertada, no obstante pueda plantearse como impedimento, pues el resultado será el mismo, es decir, que el órgano jurisdiccional, actuando a través de su titular, no puede resolver en el asunto que le es sometido a su conocimiento. [.]". Las consideraciones establecidas en la ejecutoria transcrita se estiman aplicables al caso concreto, porque en contra de lo que expone el Juez de Distrito a quien se considera competente, este órgano jurisdiccional sostiene que el artículo 38 de la Ley de Amparo dispone de manera clara la imposibilidad de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio que le es turnado y en el que a su vez son señalados como autoridad responsable, ya que precisa que deberá plantear la incompetencia a otro del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiere, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Por ello, si en el caso concreto, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, es el único órgano jurisdiccional que no está señalado como autoridad responsable dentro del Décimo Tercer Circuito, entonces es a ese órgano jurisdiccional a quien legalmente compete conocer del asunto, porque es el más cercano dentro de la jurisdicción del Décimo Tercer Circuito al que pertenecen los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, en términos de lo estatuido por el normativo 38 de la Ley de Amparo. Máxime que de aceptar el supuesto que ese órgano jurisdiccional propone (impedimento) se llegaría al extremo de solicitar el impedimento por parte de todos los Jueces que se señalaron como autoridades responsables; regla que no se encuentra establecida en la Ley de Amparo. En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/11 K (10a) emitida por el Pleno en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que señala: "COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO AL QUE LE ES TURNADA UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE ACTUAR CONFORME A LA REGLA DE EXCEPCIÓN A LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 38 Y NO PLANTEAR IMPEDIMENTO CONFORME AL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación de los artículos 16, 107, fracciones V y VII, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que es un derecho esencial a favor de los particulares, el ser juzgados por un Juez competente, lo que hace que la competencia sea un presupuesto procesal que debe abordarse por el juzgador preferentemente y aun de manera oficiosa, de tal forma que una vez que un Juez de Distrito reciba una demanda de amparo en la que es señalado como autoridad responsable, después de efectuar el análisis de competencia objetiva, debe actuar conforme al artículo 38 de la Ley de Amparo, que prevé la competencia de los Jueces de Distrito basada en la calidad de autoridad señalada como responsable, y no declararse impedido en términos de la fracción IV del artículo 51 de la ley de la materia, ya que solamente el juzgador que es competente está en aptitud de declararse, en su caso, impedido." Ahora, en razón de que este Juzgado Federal fue el que previno sobre el conocimiento de este asunto, con fundamento en lo previsto por el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se ordena remitir los autos originales de este juicio constitucional al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, con residencia en esta localidad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común que le presta servicio, para que resuelva lo que en derecho corresponda respecto del conflicto competencial planteado. Comuníquese la presente determinación al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca. Por otra parte, se acusa recibo de los autos del juicio de amparo 162/2021 que contiene el diverso 123/2021 de la estadística de este órgano jurisdiccional en donde obra la demanda original presentada por el quejoso Luis Antonio Echeverría de Estralla; en consecuencia, glósense al cuaderno de antecedentes formado los ejemplares de las actuaciones de ese asunto faltantes para actuar en dicho cuaderno hasta en tanto la Superioridad resuelva el conflicto competencial planteado. Notifíquese; por oficio al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, así como al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común que le presta servicio.

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