Luis Antonio Echevarria Fonseca
Expediente 1119/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1119/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gobernador del Estado Libre Y Soberano de Puebla.
- Luis Antonio Echevarria Fonseca
- LUIS ANTONIO ECHEVARRIA FONSECA y Otros.
- Gabriel Antuan Ortega Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el diez de octubre de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud que la última notificación se efectuó a los terceros interesados Israel Gudiño Reyes y Gimena Mondragón Pacheco por lista -previo citatorio-, el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, surtió efectos al siguiente día hábil, es decir, el dieciocho de octubre y, por ende, el aludido plazo transcurrió del diecinueve de octubre al once de noviembre de la presente anualidad, previo descuento de los siguientes días: i) veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de octubre, así como cinco y seis de noviembre, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) treinta y uno de octubre, así como uno y dos de noviembre, por haber sido declarados días inhábiles y no laborables en términos de ese precepto legal, como se comunicó mediante circular 5/2022 signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar, solicitada (definitiva), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula de los expedientes, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que se remitieron en cumplimiento al informe justificado y en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable 5. José Álvaro Sarmiento Márquez, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, las documentales siguientes: ( Cuatro discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el veintidós de octubre y diecinueve de noviembre, ambas de dos mil veintiuno, así como el cuatro de mayo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 2182/2021/PUEBLA; y, ( Copias certificadas de diversos registros escritos que obran dentro de la aludida causa penal, las cuales formaron los anexos o tomos de prueba I, II y III del presente juicio de amparo. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Para dar margen a lo anterior, se ordena agregar la certificación de desglose correspondiente en las fojas en donde obran el sobre y las micas de plástico que contienen los discos antes aludidos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista a los quejosos 1. **** y 2. ******, así como a los terceros interesados Israel Gudiño Reyes y Gimena Mondragón Pacheco; por oficio a las autoridades responsables, a la fiscal tercera interesada y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y, por cualquier medio de comunicación interna al Actuario Judicial de la adscripción que le corresponda notificar el oficio dirigido al juez de control.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintiséis de septiembre pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El veintinueve de abril de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que, por una parte, sobreseyó el asunto y, por otra, se concedió el amparo a los quejosos 1. ****** y 2. *****, respecto al artículo 406 bis del Código Penal del Estado de Puebla, vigente a partir de su reforma y adición publicadas -respectivamente- el 16 de abril de 2010 y 4 de enero de 2012 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, así como por cuanto a su acto de aplicación, consistente en la resolución dictada el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 2182/2021/PUEBLA, por la cual, el juez de control los vinculó a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de fraude, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV, y 406 bis, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Israel Gudiño Reyes y de Gimena Mondragón Pacheco; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Haciendo hincapié que se requirió a la autoridad responsable 5. José Álvaro Sarmiento Márquez, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, su cumplimiento inmediato respecto al citado acto de aplicación, en términos del antepenúltimo párrafo de artículo 77 de la Ley de Amparo. Por acuerdo de diez de mayo del año en curso, se tuvo a la referida autoridad informando el cumplimiento inmediato dado a la sentencia de amparo; sin embargo, se reservó acordar lo relativo a dicho cumplimiento, hasta en tanto existiera sentencia firme en el presente asunto. Inconforme con el fallo de amparo, los terceros interesados Israel Gudiño Reyes y Gimena Mondragón Pacheco, por conducto de Efrén Gerardo Salinas López autorizado de su parte en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 135/2022, en donde se resolvió lo siguiente: ( Mediante determinación de presidencia, dictada el seis de junio de dos mil veintidós, se desechó el referido medio de impugnación, en virtud de que el referido autorizado, al contar con facultades restringidas, carecía de legitimación para promover el recurso. ( En acuerdo emitido el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se hizo constar que se declaró infundado el recurso de reclamación 8/2022, interpuesto por el referido autorizado en contra de la citada determinación de seis de julio de este año. Así las cosas, mediante auto emitido el veintiséis de septiembre del actual, entre otras cuestiones, se tomó conocimiento del desechamiento del citado recurso de reclamación, se declaró firme la sentencia de amparo y, con el contenido del oficio 18099/2022/JC y su anexo -registro 8127 de 2022, remitido por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector-, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veintinueve de abril de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional el artículo 406 bis del Código Penal del Estado de Puebla, vigente a partir de su reforma y adición publicadas -respectivamente- el 16 de abril de 2010 y 4 de enero de 2012 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla y, por ende, su acto de aplicación, consistente en la resolución dictada el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 2182/2021/PUEBLA, por la cual, el juez de control vinculó a proceso a los quejosos 1. *****+ y 2. Gabriel Antuan Ortega Vázquez, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de fraude, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV, y 406 bis, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Israel Gudiño Reyes y de Gimena Mondragón Pacheco. Consecuentemente, se concedió a los citados quejosos el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dichos actos; y, además, se señaló que resultaba innecesario el estudio constitucional de la resolución dictada en audiencia inicial de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, celebrada dentro de la causa penal de origen, en donde se declaró infundado el incidente de incompetencia promovido por la defensa de los quejosos, en términos de los artículos 25, 26 y 27 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la concesión del amparo implicaría el dictado de un auto de no vinculación a proceso y, por tanto, que la formulación de la imputación quedara sin materia. Tal decisión se fundó en las siguientes premisas: A. Se hizo referencia a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolver la contradicción de tesis 123/2006-PS, determinó que la expresión "precauciones necesarias" previstas en los artículos 275, párrafo segundo (vigente hasta el once de octubre de dos mil cuatro), y 275-B (del vigente Código Penal), ambos del Código Penal del Estado de Guanajuato que prevén el delito de encubrimiento por receptación, violaban el artículo 14 de la Constitución Federal. B. Se consideró que el criterio contenido en dicho precedente resultaba aplicable al caso en concreto, ya que si bien dicha expresión era diferente al enunciado "provisiones necesarias", previsto en el artículo 406 Bis del Código Penal del Estado de Puebla -declarado inconstitucional-, tenía identidad sustancial con la expresión "precauciones necesarias". C. En efecto, se indicó que las razones expuestas por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País resultaban aplicables al caso, pues la conducta típica descrita en la primera hipótesis del artículo 406 bis de la ley sustantiva penal, preveía como elemento configurativo que el sujeto activo no realizara las "provisiones necesarias" para responder por la inversión y sus rendimientos, lo cual conllevó a afirmar que la terminología utilizada por el legislador al describir el tipo penal resultaba imprecisa y vaga, porque impedía al gobernado conocer cuál era el alcance de dicha expresión, ya que la misma resultaba insuficiente para establecer cuáles eran esas provisiones que debían ser adoptadas por el inculpado y que resultaban "necesarias" para responder por la inversión y sus rendimientos. D. Se dijo que, como lo había indicado el Alto Tribunal, a fin de que el gobernado conociera cuáles eran aquellas conductas que eran consideradas como delito, así como las acciones u omisiones que podían actualizar las mismas, era necesario que el legislador al describir el tipo penal señalara de manera clara y precisa los elementos que la configuraban, absteniéndose de utilizar terminología vaga o que llevara a la confusión, situación que no se satisfacía con la porción normativa reclamada. E. Entonces, se señaló que la expresión "provisiones necesarias" resultaba violatoria del principio de exacta aplicación de la ley, pues quedaba sujeta a un juicio valorativo o a un ejercicio de interpretación que podía variar dependiendo del alcance que podía darle cada juzgador, en cada caso, lo que colocaba al gobernado en un estado de inseguridad jurídica. Lo anterior, porque la expresión "necesarias" que, en del delito de fraude, calificaba al sustantivo provisiones, conllevaba ambigüedad terminológica y vaguedad conceptual al contener diversos significados y, además, era imprecisa. F. En ese tenor, se afirmó que el destinatario de la norma podía ubicar ciertas provisiones que se encontraran en el núcleo duro del significado de la expresión "provisiones necesarias"; por ejemplo, tener el capital suficiente para responder por la inversión y sus rendimientos, es decir, asegurarse de que contara con los fondos necesarios para cubrir tanto posibles pérdidas de valor del activo como para hacer frente a potenciales obligaciones que aún no se habían materializado. H. No obstante, se indicó que habría provisiones que se ubicarían en la llamada zona de penumbra del concepto porque no se podía determinar fácilmente si pertenecían a su campo de aplicación o no; por ejemplo, ¿debía tener cierto número de inversiones para poder responder por la inversión de las víctimas y los rendimientos?, ¿debía contratarse algún seguro para responder por la inversión y los rendimientos en caso de insolvencia? Estas provisiones podrían ser calificadas como necesarias o como no necesarias, para lo cual habría que estar en el caso concreto. I. Se dijo que, al margen de ello, el destinatario de la norma tendría que hacerse preguntas tales como ¿A qué tipo de provisiones se refería el legislador? ¿Cómo determinar si las provisiones tomadas fueron o no necesarias? Estas preguntas giraban en torno a los aspectos cuantitativos y cualitativos del contenido de la norma: el número de provisiones que debían tomarse y la calidad de éstas. Más aún, la necesidad de las provisiones podría quedar determinada tanto por el aspecto cualitativo (habría provisiones de mayor o menor peso), como por el cuantitativo (donde el número de las provisiones era determinante para cubrir el aspecto de necesidad). J. De ahí que, se consideró, la norma no establecía con claridad en contraste con qué criterios o normas se definía lo "necesario" para considerar que las provisiones que se tomaron para para responder por la inversión y sus rendimientos fueron las "necesarias". K. Así, se refirió que la consecuencia de estos vicios era el estado de indefensión en el que quedaba el gobernado ante la incertidumbre que generaba la disposición respecto de qué conductas debía tomar para evitar la actualización del tipo penal en cuestión. L. Se destacó que la obligación que tenían los juzgadores de aplicar estrictamente la ley específica a cada caso concreto derivaba de la garantía de exacta aplicación de la ley penal, de manera que, para que existiera una correcta aplicación de la ley, ésta debía estar redactada en forma clara y precisa en cuanto describía las conductas que se señalaban como delitos, a fin de evitar confusiones e incertidumbre en su aplicación que dificultaban o imposibilitaban la adecuada defensa del inculpado. De manera que si la garantía en cuestión obligaba al legislador a describir con precisión y exactitud los elementos que daban contenido a un tipo penal y, en el caso, no sucedía con el tipo penal impugnado, el mismo resultaba contrario al principio de exacta aplicación de la ley en materia penal contenido en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional. M. En tales condiciones, se concluyó que el artículo 406 bis del Código Penal del Estado de Puebla al contener la expresión "provisiones necesarias", infringía la garantía de exacta aplicación de la ley prevista en el artículo 14 constitucional, ya que al no establecerse criterios de manera objetiva al gobernado, no le era posible prever las consecuencias jurídicas de la conducta desplegada u omitida. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para los efectos siguientes: 1. No fuera aplicado, ni en el presente ni el futuro, a los quejosos 1. Luis Antonio Echeverría Fonseca y 2. Gabriel Antuan Ortega Vázquez el artículo 406 bis del Código Penal del Estado de Puebla, vigente a partir de su reforma y adición publicadas -respectivamente- el 16 de abril de 2010 y 4 de enero de 2012 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; ello, hasta en tanto dicha norma no fuera reformada ni modificada a través de un nuevo acto legislativo, incluso, si su texto fuera similar al declarado inconstitucional, pues, además de que se trataría de un acto legislativo diverso, en cuanto constituía distinta manifestación de la voluntad del órgano respectivo, el principio de seguridad jurídica exigía que fuera el Tribunal Constitucional quien, en un nuevo proceso, calificara la regularidad constitucional del texto reformado o sustituto del analizado, para evitar que esta cuestión quedara abierta a la interpretación subjetiva de las partes y que el quejoso quedara en estado de indefensión, en cuanto carecería de la vía adecuada para hacer valer la identidad esencial existente entre el texto original y el texto posterior, considerando que tal materia no podría ser objeto de análisis a través de los procedimientos previstos en la Ley de Amparo para decidir sobre el cumplimiento de una sentencia protectora. 2. En este orden de ideas, debía hacerse extensiva la concesión del amparo respecto de su acto de aplicación, consistente en la resolución dictada el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 2182/2021/PUEBLA, por la cual, el juez de control vinculó a proceso a los ahora quejosos por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de fraude, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV, y 406 bis, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Israel Gudiño Reyes y de Gimena Mondragón Pacheco. 3. Por ende, 5. José Álvaro Sarmiento Márquez, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, debía señalar fecha para la celebración de la audiencia en la que se habría de dar cumplimiento al fallo protector dentro de la referida causa penal, en donde tendría que realizar lo siguiente: 3.1 Dejar sin efectos únicamente la referida determinación de vinculación a proceso. 3.2 Reiterar todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medida cautelar, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, en los términos de la audiencia de veintidós de octubre de dos mil veintiuno. 3.3 Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en el considerando octavo del fallo, resolver la situación jurídica de los quejosos, dictando auto de no vinculación a proceso, para lo cual, debía hacer referencia a la declaratoria de inconstitucional del artículo 406 bis del Código Penal del Estado de Puebla, cuya aplicación se proscribió en su favor en el fallo, tanto en el presente como en el futuro. Se precisó que los efectos antes apuntados sólo circunscribían respecto a la persona de los quejosos 1. Luis Antonio Echeverría Fonseca y 2. Gabriel Antuan Ortega Vázquez y no sobre a la persona del resto de la parte imputada, por lo que la resolución descrita, en todo caso, debía quedar intacta por cuanto a la diversa parte imputada no quejosa en el presente asunto; lo anterior, en acatamiento al principio de relatividad de las sentencias que rige al juicio de derechos fundamentales. Asimismo , se indicó que el auto de no vinculación a proceso que se dictaría no necesariamente impediría que el Ministerio Público continuara con la investigación y posteriormente formulara nueva imputación, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en la sentencia no se constriñó a la autoridad a decretar el sobreseimiento total del asunto; sin embargo, el fiscal ya no podría sustentar el ejercicio de la acción penal en el hecho con apariencia del delito de fraude, previsto en el artículo 406 bis del Código Penal del Estado de Puebla, vigente a partir de su reforma y adición publicadas -respectivamente- el 16 de abril de 2010 y 4 de enero de 2012 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. Bajo esa óptica, se dijo que el fiscal se encontraba en aptitud de exponer los mismos datos de prueba e incluso de reunir nuevos para cumplir con los requisitos constitucionales y legales para la emisión de un auto de vinculación a proceso, sin perjuicio de que la autoridad judicial pudiera estimar actualizada alguna causal de sobreseimiento que culminara con el procedimiento penal. Finalmente, se señaló que la concesión del amparo tampoco era impedimento para que la parte ofendida de origen ejerciera en contra de los ahora quejosos una acción civil. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, 5. José Álvaro Sarmiento Márquez, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, en audiencia oral de cuatro de mayo del año en curso, celebrada dentro de la causa penal 2182/2021/PUEBLA, realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos únicamente la resolución dictada el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 2182/2021/PUEBLA, por la cual, vinculó a proceso a los quejosos 1. Luis Antonio Echeverría Fonseca y 2. Gabriel Antuan Ortega Vázquez, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de fraude, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV, y 406 bis, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Israel Gudiño Reyes y de Gimena Mondragón Pacheco; 2. Reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medida cautelar, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, en los términos de la audiencia de veintidós de octubre de dos mil veintiuno; 3 Con base en las consideraciones expuestas en el considerando octavo del fallo protector, resolvió la situación jurídica de los quejosos, dictando auto de no vinculación a proceso, para lo cual, hizo referencia a la declaratoria de inconstitucional del artículo 406 bis del Código Penal del Estado de Puebla, efectuada en la sentencia de amparo; y, 4. Ordenó el cese de las medidas cautelares que les fueron impuestas. Lo anterior, únicamente por cuanto a los referidos quejosos. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la jueza de control responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente el acto de aplicación de la norma impugnada; ii) dictó una nueva en la que reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medida cautelar, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, en los términos de la audiencia de veintidós de octubre de dos mil veintiuno; iii) dictó auto de no vinculación a proceso en favor de los quejosos, para lo cual, hizo referencia a la declaratoria de inconstitucional del artículo 406 bis del Código Penal del Estado de Puebla, efectuada en la sentencia de amparo; y, iv) ordenó el cese de las medidas cautelares que les fueron impuestas. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese por lista a los quejosos 1. ***** y 2. ********+, en cumplimiento a lo acordado en auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno; personalmente a los terceros interesados Israel Gudiño Reyes y Gimena Mondragón Pacheco; y, por oficio a las autoridades responsables, a la fiscal tercera interesada y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCEROS INTERESADOS EL ACUERDO DE 10 DE OCTUBRE DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintiséis de septiembre pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El veintinueve de abril de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que, por una parte, sobreseyó el asunto y, por otra, se concedió el amparo a los quejosos 1. ****** y 2. *****, respecto al artículo 406 bis del Código Penal del Estado de Puebla, vigente a partir de su reforma y adición publicadas -respectivamente- el 16 de abril de 2010 y 4 de enero de 2012 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, así como por cuanto a su acto de aplicación, consistente en la resolución dictada el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 2182/2021/PUEBLA, por la cual, el juez de control los vinculó a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de fraude, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV, y 406 bis, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Israel Gudiño Reyes y de Gimena Mondragón Pacheco; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Haciendo hincapié que se requirió a la autoridad responsable 5. José Álvaro Sarmiento Márquez, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, su cumplimiento inmediato respecto al citado acto de aplicación, en términos del antepenúltimo párrafo de artículo 77 de la Ley de Amparo. Por acuerdo de diez de mayo del año en curso, se tuvo a la referida autoridad informando el cumplimiento inmediato dado a la sentencia de amparo; sin embargo, se reservó acordar lo relativo a dicho cumplimiento, hasta en tanto existiera sentencia firme en el presente asunto. Inconforme con el fallo de amparo, los terceros interesados Israel Gudiño Reyes y Gimena Mondragón Pacheco, por conducto de Efrén Gerardo Salinas López autorizado de su parte en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 135/2022, en donde se resolvió lo siguiente: ( Mediante determinación de presidencia, dictada el seis de junio de dos mil veintidós, se desechó el referido medio de impugnación, en virtud de que el referido autorizado, al contar con facultades restringidas, carecía de legitimación para promover el recurso. ( En acuerdo emitido el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se hizo constar que se declaró infundado el recurso de reclamación 8/2022, interpuesto por el referido autorizado en contra de la citada determinación de seis de julio de este año. Así las cosas, mediante auto emitido el veintiséis de septiembre del actual, entre otras cuestiones, se tomó conocimiento del desechamiento del citado recurso de reclamación, se declaró firme la sentencia de amparo y, con el contenido del oficio 18099/2022/JC y su anexo -registro 8127 de 2022, remitido por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector-, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veintinueve de abril de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional el artículo 406 bis del Código Penal del Estado de Puebla, vigente a partir de su reforma y adición publicadas -respectivamente- el 16 de abril de 2010 y 4 de enero de 2012 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla y, por ende, su acto de aplicación, consistente en la resolución dictada el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 2182/2021/PUEBLA, por la cual, el juez de control vinculó a proceso a los quejosos 1. *****+ y 2. Gabriel Antuan Ortega Vázquez, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de fraude, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV, y 406 bis, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Israel Gudiño Reyes y de Gimena Mondragón Pacheco. Consecuentemente, se concedió a los citados quejosos el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dichos actos; y, además, se señaló que resultaba innecesario el estudio constitucional de la resolución dictada en audiencia inicial de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, celebrada dentro de la causa penal de origen, en donde se declaró infundado el incidente de incompetencia promovido por la defensa de los quejosos, en términos de los artículos 25, 26 y 27 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la concesión del amparo implicaría el dictado de un auto de no vinculación a proceso y, por tanto, que la formulación de la imputación quedara sin materia. Tal decisión se fundó en las siguientes premisas: A. Se hizo referencia a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolver la contradicción de tesis 123/2006-PS, determinó que la expresión "precauciones necesarias" previstas en los artículos 275, párrafo segundo (vigente hasta el once de octubre de dos mil cuatro), y 275-B (del vigente Código Penal), ambos del Código Penal del Estado de Guanajuato que prevén el delito de encubrimiento por receptación, violaban el artículo 14 de la Constitución Federal. B. Se consideró que el criterio contenido en dicho precedente resultaba aplicable al caso en concreto, ya que si bien dicha expresión era diferente al enunciado "provisiones necesarias", previsto en el artículo 406 Bis del Código Penal del Estado de Puebla -declarado inconstitucional-, tenía identidad sustancial con la expresión "precauciones necesarias". C. En efecto, se indicó que las razones expuestas por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País resultaban aplicables al caso, pues la conducta típica descrita en la primera hipótesis del artículo 406 bis de la ley sustantiva penal, preveía como elemento configurativo que el sujeto activo no realizara las "provisiones necesarias" para responder por la inversión y sus rendimientos, lo cual conllevó a afirmar que la terminología utilizada por el legislador al describir el tipo penal resultaba imprecisa y vaga, porque impedía al gobernado conocer cuál era el alcance de dicha expresión, ya que la misma resultaba insuficiente para establecer cuáles eran esas provisiones que debían ser adoptadas por el inculpado y que resultaban "necesarias" para responder por la inversión y sus rendimientos. D. Se dijo que, como lo había indicado el Alto Tribunal, a fin de que el gobernado conociera cuáles eran aquellas conductas que eran consideradas como delito, así como las acciones u omisiones que podían actualizar las mismas, era necesario que el legislador al describir el tipo penal señalara de manera clara y precisa los elementos que la configuraban, absteniéndose de utilizar terminología vaga o que llevara a la confusión, situación que no se satisfacía con la porción normativa reclamada. E. Entonces, se señaló que la expresión "provisiones necesarias" resultaba violatoria del principio de exacta aplicación de la ley, pues quedaba sujeta a un juicio valorativo o a un ejercicio de interpretación que podía variar dependiendo del alcance que podía darle cada juzgador, en cada caso, lo que colocaba al gobernado en un estado de inseguridad jurídica. Lo anterior, porque la expresión "necesarias" que, en del delito de fraude, calificaba al sustantivo provisiones, conllevaba ambigüedad terminológica y vaguedad conceptual al contener diversos significados y, además, era imprecisa. F. En ese tenor, se afirmó que el destinatario de la norma podía ubicar ciertas provisiones que se encontraran en el núcleo duro del significado de la expresión "provisiones necesarias"; por ejemplo, tener el capital suficiente para responder por la inversión y sus rendimientos, es decir, asegurarse de que contara con los fondos necesarios para cubrir tanto posibles pérdidas de valor del activo como para hacer frente a potenciales obligaciones que aún no se habían materializado. H. No obstante, se indicó que habría provisiones que se ubicarían en la llamada zona de penumbra del concepto porque no se podía determinar fácilmente si pertenecían a su campo de aplicación o no; por ejemplo, ¿debía tener cierto número de inversiones para poder responder por la inversión de las víctimas y los rendimientos?, ¿debía contratarse algún seguro para responder por la inversión y los rendimientos en caso de insolvencia? Estas provisiones podrían ser calificadas como necesarias o como no necesarias, para lo cual habría que estar en el caso concreto. I. Se dijo que, al margen de ello, el destinatario de la norma tendría que hacerse preguntas tales como ¿A qué tipo de provisiones se refería el legislador? ¿Cómo determinar si las provisiones tomadas fueron o no necesarias? Estas preguntas giraban en torno a los aspectos cuantitativos y cualitativos del contenido de la norma: el número de provisiones que debían tomarse y la calidad de éstas. Más aún, la necesidad de las provisiones podría quedar determinada tanto por el aspecto cualitativo (habría provisiones de mayor o menor peso), como por el cuantitativo (donde el número de las provisiones era determinante para cubrir el aspecto de necesidad). J. De ahí que, se consideró, la norma no establecía con claridad en contraste con qué criterios o normas se definía lo "necesario" para considerar que las provisiones que se tomaron para para responder por la inversión y sus rendimientos fueron las "necesarias". K. Así, se refirió que la consecuencia de estos vicios era el estado de indefensión en el que quedaba el gobernado ante la incertidumbre que generaba la disposición respecto de qué conductas debía tomar para evitar la actualización del tipo penal en cuestión. L. Se destacó que la obligación que tenían los juzgadores de aplicar estrictamente la ley específica a cada caso concreto derivaba de la garantía de exacta aplicación de la ley penal, de manera que, para que existiera una correcta aplicación de la ley, ésta debía estar redactada en forma clara y precisa en cuanto describía las conductas que se señalaban como delitos, a fin de evitar confusiones e incertidumbre en su aplicación que dificultaban o imposibilitaban la adecuada defensa del inculpado. De manera que si la garantía en cuestión obligaba al legislador a describir con precisión y exactitud los elementos que daban contenido a un tipo penal y, en el caso, no sucedía con el tipo penal impugnado, el mismo resultaba contrario al principio de exacta aplicación de la ley en materia penal contenido en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional. M. En tales condiciones, se concluyó que el artículo 406 bis del Código Penal del Estado de Puebla al contener la expresión "provisiones necesarias", infringía la garantía de exacta aplicación de la ley prevista en el artículo 14 constitucional, ya que al no establecerse criterios de manera objetiva al gobernado, no le era posible prever las consecuencias jurídicas de la conducta desplegada u omitida. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para los efectos siguientes: 1. No fuera aplicado, ni en el presente ni el futuro, a los quejosos 1. Luis Antonio Echeverría Fonseca y 2. Gabriel Antuan Ortega Vázquez el artículo 406 bis del Código Penal del Estado de Puebla, vigente a partir de su reforma y adición publicadas -respectivamente- el 16 de abril de 2010 y 4 de enero de 2012 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; ello, hasta en tanto dicha norma no fuera reformada ni modificada a través de un nuevo acto legislativo, incluso, si su texto fuera similar al declarado inconstitucional, pues, además de que se trataría de un acto legislativo diverso, en cuanto constituía distinta manifestación de la voluntad del órgano respectivo, el principio de seguridad jurídica exigía que fuera el Tribunal Constitucional quien, en un nuevo proceso, calificara la regularidad constitucional del texto reformado o sustituto del analizado, para evitar que esta cuestión quedara abierta a la interpretación subjetiva de las partes y que el quejoso quedara en estado de indefensión, en cuanto carecería de la vía adecuada para hacer valer la identidad esencial existente entre el texto original y el texto posterior, considerando que tal materia no podría ser objeto de análisis a través de los procedimientos previstos en la Ley de Amparo para decidir sobre el cumplimiento de una sentencia protectora. 2. En este orden de ideas, debía hacerse extensiva la concesión del amparo respecto de su acto de aplicación, consistente en la resolución dictada el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 2182/2021/PUEBLA, por la cual, el juez de control vinculó a proceso a los ahora quejosos por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de fraude, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV, y 406 bis, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Israel Gudiño Reyes y de Gimena Mondragón Pacheco. 3. Por ende, 5. José Álvaro Sarmiento Márquez, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, debía señalar fecha para la celebración de la audiencia en la que se habría de dar cumplimiento al fallo protector dentro de la referida causa penal, en donde tendría que realizar lo siguiente: 3.1 Dejar sin efectos únicamente la referida determinación de vinculación a proceso. 3.2 Reiterar todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medida cautelar, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, en los términos de la audiencia de veintidós de octubre de dos mil veintiuno. 3.3 Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en el considerando octavo del fallo, resolver la situación jurídica de los quejosos, dictando auto de no vinculación a proceso, para lo cual, debía hacer referencia a la declaratoria de inconstitucional del artículo 406 bis del Código Penal del Estado de Puebla, cuya aplicación se proscribió en su favor en el fallo, tanto en el presente como en el futuro. Se precisó que los efectos antes apuntados sólo circunscribían respecto a la persona de los quejosos 1. Luis Antonio Echeverría Fonseca y 2. Gabriel Antuan Ortega Vázquez y no sobre a la persona del resto de la parte imputada, por lo que la resolución descrita, en todo caso, debía quedar intacta por cuanto a la diversa parte imputada no quejosa en el presente asunto; lo anterior, en acatamiento al principio de relatividad de las sentencias que rige al juicio de derechos fundamentales. Asimismo , se indicó que el auto de no vinculación a proceso que se dictaría no necesariamente impediría que el Ministerio Público continuara con la investigación y posteriormente formulara nueva imputación, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en la sentencia no se constriñó a la autoridad a decretar el sobreseimiento total del asunto; sin embargo, el fiscal ya no podría sustentar el ejercicio de la acción penal en el hecho con apariencia del delito de fraude, previsto en el artículo 406 bis del Código Penal del Estado de Puebla, vigente a partir de su reforma y adición publicadas -respectivamente- el 16 de abril de 2010 y 4 de enero de 2012 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. Bajo esa óptica, se dijo que el fiscal se encontraba en aptitud de exponer los mismos datos de prueba e incluso de reunir nuevos para cumplir con los requisitos constitucionales y legales para la emisión de un auto de vinculación a proceso, sin perjuicio de que la autoridad judicial pudiera estimar actualizada alguna causal de sobreseimiento que culminara con el procedimiento penal. Finalmente, se señaló que la concesión del amparo tampoco era impedimento para que la parte ofendida de origen ejerciera en contra de los ahora quejosos una acción civil. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, 5. José Álvaro Sarmiento Márquez, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, en audiencia oral de cuatro de mayo del año en curso, celebrada dentro de la causa penal 2182/2021/PUEBLA, realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos únicamente la resolución dictada el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 2182/2021/PUEBLA, por la cual, vinculó a proceso a los quejosos 1. Luis Antonio Echeverría Fonseca y 2. Gabriel Antuan Ortega Vázquez, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de fraude, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV, y 406 bis, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Israel Gudiño Reyes y de Gimena Mondragón Pacheco; 2. Reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medida cautelar, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, en los términos de la audiencia de veintidós de octubre de dos mil veintiuno; 3 Con base en las consideraciones expuestas en el considerando octavo del fallo protector, resolvió la situación jurídica de los quejosos, dictando auto de no vinculación a proceso, para lo cual, hizo referencia a la declaratoria de inconstitucional del artículo 406 bis del Código Penal del Estado de Puebla, efectuada en la sentencia de amparo; y, 4. Ordenó el cese de las medidas cautelares que les fueron impuestas. Lo anterior, únicamente por cuanto a los referidos quejosos. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la jueza de control responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente el acto de aplicación de la norma impugnada; ii) dictó una nueva en la que reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medida cautelar, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, en los términos de la audiencia de veintidós de octubre de dos mil veintiuno; iii) dictó auto de no vinculación a proceso en favor de los quejosos, para lo cual, hizo referencia a la declaratoria de inconstitucional del artículo 406 bis del Código Penal del Estado de Puebla, efectuada en la sentencia de amparo; y, iv) ordenó el cese de las medidas cautelares que les fueron impuestas. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese por lista a los quejosos 1. ***** y 2. ********+, en cumplimiento a lo acordado en auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno; personalmente a los terceros interesados Israel Gudiño Reyes y Gimena Mondragón Pacheco; y, por oficio a las autoridades responsables, a la fiscal tercera interesada y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil veintidós. Intégrese a los autos el escrito signado por el quejoso Gabriel Antuan Ortega Vázquez; y, visto su contenido, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase -a su costa- copia certificada de las constancias que indica, para tal efecto las personas que menciona en su escrito de cuenta, deberán comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma). En la inteligencia que, la aludida expedición de copias se realizará en la residencia de este juzgado, conforme al esquema de citas previsto en el artículo 3 y demás aplicables, del Acuerdo General 21/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte. Notifíquese por lista al quejoso.
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