Luis Antonio Echevarría Fonseca
Expediente 1141/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1141/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/09/2021
Partes del expediente
- Luis Antonio Echevarría Fonseca
Actuaciones
- Principal
PRIMERO. Se aprueba el incidente de liquidación propuesto por el quejoso ANDRÉS JIMÉNEZ VÁZQUEZ, por la cantidad de 272,686.25 (doscientos setenta y dos mil seiscientos ochenta y seis pesos con veinticinco centavos, moneda nacional). SEGUNDO. Requiérase a la autoridad responsable Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días dé cumplimiento a la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Luis Antonio Echevarría Fon********************, contra actos del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1141/2021-IV; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse cuando el motivo de improcedencia es patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; y, lo "indudable" resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que la promovente Luis Antonio Echevarría Fon******************** reclama dentro de la presente instancia constitucional, lo siguiente: La orden de bloqueo de las cuentas ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, y ********************, correspondiente, las cinco primeras a la institución bancaria "Banco Inbursa", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, las dos siguientes a "Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, las cinco posteriores a "Scotiabank Inverlat", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Socotiabank Inverlat, las tres subsecuentes a "Banco Regional", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, la penúltima a "Banco Monex", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, y la última a "American Express Company (México)", Sociedad Anónima de Capital Variable. Precisado lo anterior, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación a los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que se surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que se haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computarán a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos reproducidos con antelación, se advierte que el legislador consideró como causal de improcedencia del juicio, el consentimiento del acto reclamado, expreso o tácito; en este último caso, estableció como presunción legal cuando los actos no se impugnen dentro de los términos previstos en el dispositivo 17 de la indicada ley reglamentaria. En ese tenor, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el término de quince días para la promoción de la demanda de amparo empezó desde el siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación conforme a la ley del acto, al en que se haya enterado de él o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo; además, el conocimiento por el inconforme, que sirve de base para el cómputo referido, debe constar probado de modo directo y no inferirse de presunciones. Ahora bien, en el apartado de la demanda denominado "OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO", el promovente del amparo refirió: "El quejoso tuvo conocimiento del acto que se reclama el día 1 de julio de 2021, por lo que, conforme a lo dispuesto en los artículos 147, 18 y 19 de la Ley de Amparo, el término de 15 días para la presentación de la demanda, sin contabilizar los días inhábiles, fenece el fecha 22 de julio de 2021." En tanto que, en el punto 3 del capítulo de "ANTECEDENTES", manifestó: "3. En fecha 1 de julio de 2021, cuando me dispuse a realizar operaciones desde el portal de internet relacionado con las cuentas bancarias a las que se refiere el párrafo inmediato anterior, me percaté de que las funciones de dicha cuenta se encontraban bloqueadas, en ese misma fecha, fui notificado verbalmente por parte de las instituciones financieras señaladas en el antecedente inmediato anterior, que las cuentas antes mencionadas correspondientes a cada institución, se encontraban bloqueadas con motivo de la orden girada por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público." Situación que constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, es evidente que en el caso concreto el promovente de amparo Luis Antonio Echevarría Fon********************, debió reclamar la transgresión a sus derechos que hace consistir en la orden de bloqueo de las cuentas bancarias ya mencionadas, a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de la existencia de la misma, tomando en consideración que el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone, que los plazos a que se refiere el artículo 17 de la propia ley, se computarán, entre otras hipótesis, a partir del día siguiente, al en que -la parte quejosa- haya tenido conocimiento o se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución; siendo que tal conocimiento, en la especie, lo tuvo al menos desde el uno de julio de dos mil veintiuno, tal como lo manifestó bajo protesta de decir verdad. Así, si tuvo conocimiento desde el uno de julio de dos mil veintiuno, su término inició al día siguiente del mismo, esto es el día dos, para fenecer el veintidós del mismo mes y año, sin contar los diversos tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho, por corresponder a sábados y domingos. Por lo que, de no instaurarse el juicio de amparo dentro de ese plazo, se entiende que el acto reclamado se ha consentido y, por eso, se surte la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV de la ley de la materia. En razón de lo anterior, si la parte promovente tuvo conocimiento del acto que reclama al menos desde el uno de julio de dos mil veintiuno; es inconcuso que la presentación de la demanda de amparo es extemporánea, al haberse hecho fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la Ley de Amparo, ya que fue recibida el veintitrés de junio de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Tal circunstancia motiva la actualización de la causal de improcedencia advertida y, por ello, no puede analizarse el acto que en esta vía impugna; máxime que su naturaleza impide encuadrarlo en alguno de los supuestos de excepción previstos en el aludido numeral 17 del ordenamiento legal antes invocado. En tales condiciones, al existir un motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley en mención, se desecha la demanda de amparo promovida por Luis Antonio Echevarría Fon********************. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS En términos del numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizada en términos restringidos del artículo 12 del citado ordenamiento legal, a la persona que menciona, debido a que no cuenta con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito 4 NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL Y CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase a la parte promovente proporcionando la cuenta de correo electrónico que precisa en la demanda a fin de realizar comunicaciones no procesales. 5 EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se exhorta a las partes para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, para lo cual deberá contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa). Además de que dicha solicitud podrá presentarla en el portal de servicios en línea desde el módulo de promociones y recursos. 5 EXHORTACIÓN A LAS PARTE QUEJOSA DE PROPORCIONAR UN NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que proporcione un número de teléfono móvil para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. 6 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 7 DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en concordancia con los Acuerdos Generales 12/2020, 13/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 8 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. 9 PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO En observancia al artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se ordena que el presente acuerdo se publique a través de la lista electrónica que se genera de manera automática vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual podrá ser consultado por a partes en la página: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio remitido vía correo institucional por la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual remite la papeleta de turno correspondiente al recurso de queja interpuesto por la parte tercera interesada en contra de la resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, el cual fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito; de lo que este Juzgado toma conocimiento. Notifíquese.
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