Luis Antonio Cortazar Juárez

Expediente 547/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
547/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • Luis Antonio Cortazar Juárez

Actuaciones

  1. Principal

    HA QUEDADO FIRME el auto por el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Por lo que con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, en su oportunidad, archívese el expediente. Por lo tanto, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años a partir de la fecha en que se emite el presente auto,

  2. Principal

    Con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dé cumplimiento al fallo protector.

  3. Principal

    AVISO.- POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SU SINTESIS DICE: Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta; de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes la demanda de amparo promovida por **************, por propio derecho, mediante la cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Registro de la demanda. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se establece que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, asimismo, los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico, tales como, copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, así como, copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. En consecuencia, fórmese el cuadernillo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. Desechamiento de la demanda. Sin proveer sobre su admisión, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral este juzgado de Distrito advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, de conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo. Del análisis del acto antes precisado, se advierte que lo que reclama, esencialmente, es la omisión de acordar el escrito presentado el dos de marzo del año en curso, en que solicita se declare cerrada la instrucción del juicio laboral **************. Lo anterior, es así, pues del capítulo de antecedentes se advierte que el dos de marzo del año en curso, la parte quejosa solicitó se declare cerrada la instrucción del juicio laboral **************. Así, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la vigente Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquéllos que producen al agraviado una ejecución de imposible reparación. Del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la nueva Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales; incluso, las predominantes en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando aleguen violaciones directas al artículo 17 constitucional, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, como sería la incorrecta prosecución del trámite; de ahí que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; y el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente; lo que en el caso no se actualiza. Más aún, la omisión de la autoridad señalada como responsable, de acordar el escrito presentado el dos de marzo del año en curso, no puede considerarse que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, lo que se originó el acto que reclama en esta instancia constitucional, por lo que ello no significa que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, puesto que tal circunstancia se considera justificada atendiendo al cúmulo de asuntos de los que conocen los tribunales en materia del trabajo y que es un hecho notorio derivado de la tramitación de los juicios de amparo radicados en este juzgado de Distrito contra esa y otras autoridades laborales. En efecto, este Juzgador estima que no hay una dilación excesiva que se traduzca en la paralización del procedimiento para que proceda el juicio de amparo en contra de dilaciones en el procedimiento laboral, tal y como lo determina la resolución de nueve de enero de dos mil diecinueve, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 294/2018, que dio vida jurídica a la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), con número de registro 2019400, publicada el viernes, uno de marzo de dos mil diecinueve, décima época, del Semanario Judicial de la Federación. En efecto, en el caso el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir esencialmente en la omisión de la autoridad señalada como responsable, de acordar el escrito presentado el dos de marzo del año en curso, en el cual solicita se declare cerrada la instrucción del juicio laboral **************, en la contienda laboral de origen. Luego, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la fecha en que se presentó el escrito y la presentación de la demanda (veintiséis de abril de dos mil veintitrés), se obtiene que no han mediado cuarenta y cinco días naturales. En consecuencia, no puede decirse que se ha configurado una abierta dilación o paralización total del procedimiento derivado de la omisión de pronunciarse respecto de las pruebas ofertadas en el juicio burocrático de origen, pues el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, establece un periodo máximo de cuarenta y cinco días naturales en que el juicio de origen pudiera permanecer inmóvil, lo cual resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. Sin embargo, dicho acto no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Luego, tomando en consideración que en la demanda de amparo se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, así como violaciones a los artículos 14 y 17 de la Ley Suprema, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra la parte quejosa, sino que se da justamente dentro del mismo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Por lo que es evidente que la omisión que la parte quejosa combate por esta vía, no puede considerarse que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues la propia parte quejosa señala que el dos de marzo del año en curso, presentó su escrito ante la responsable. En consecuencia, como la parte quejosa reclama actos que no son de imposible reparación y tampoco afectan algún derecho sustantivo, pues no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente. Por todo lo anterior, el acto aquí reclamado no se considera que dilate abiertamente el procedimiento o lo paralice, a la luz de las condiciones prevalecientes en los órganos impartidores de justicia laboral; motivo por el cual, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu y 113 de la Ley de Amparo, en consecuencia, se desecha de plano la presente demanda. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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