Luis Antonio Cerón Paredes

Expediente 130/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 32 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
130/2021
Año
2021
Actuaciones
32
Última actuación
08/03/2022

Partes del expediente

  • Luis Antonio Cerón Paredes
  • Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado. Matamoros, Tamaulipas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, ocho de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Antonio Cerón Paredes, a través del cual, proporciona como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Herrera, número 1701 C, entre cales 18 y 19, zona centro, código postal 87300, en esta ciudad; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, únicamente agréguese a sus autos para que obre como corresponda, toda vez que el diecinueve de enero del año en curso, se ordenó el archivo definitivo del presente juicio de garantías. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, especialmente con el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, en contra del auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, dentro del juicio de amparo 130/2021-VIII; en tal razón, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de Esta foja corresponde a la culminación del acuerdo dictado el diecinueve de enero de dos mil veintidós, dentro del juicio de amparo 130/2021-VIII. Conste. Secretaria febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito dentro de los treinta días siguientes, deberá iniciar el procedimiento de destrucción y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 3103/2021, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual, como complemento de su informe justificado, remite diversas constancias relativas al expediente administrativo laboral 465/E06/2019 de su índice; igualmente, con fundamento en el dispositivo 119 de la ley de la materia, dada su propia y especial naturaleza, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales allegadas por la citada autoridad responsable; sin embargo, resulta innecesario ponerlas a la vista de las partes por las consideraciones que enseguida se expondrán. De conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de amparo se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente al acto reclamado por el quejoso Luis Antonio Cerón Paredes, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I, del artículo 77, de la actual Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, Junio de 1999, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa, se hace consistir, en esencia, en la omisión de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, de acordar los escritos en los que el actor aquí impetrante solicitó se resolviera el incidente de falta de personalidad promovido dentro del expediente administrativo laboral número 465/E06/2019. Ahora bien, de las copias certificadas anexadas al oficio de cuenta, se advierte que dentro del expediente administrativo antes indicado, promovido por el aquí quejoso Luis Antonio Cerón Paredes, se acordaron los escritos cuya falta de respuesta se reclamaban y el dieciséis de diciembre del año en curso, resolvió en relación al incidente de falta de personalidad planteado por el agraviado, declarándolo procedente. Constancias a las que se confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por tratarse de documento público. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". De lo anterior, se puede apreciar que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, en acordar respecto a los escritos en los que se pedía resolver el incidente de falta de personalidad dentro del expediente administrativo laboral número 465/E06/2019, ha quedado sin efectos, puesto que se acordaron dichas promociones y el día dieciséis de diciembre de este año, se resolvió en relación al incidente de falta de personalidad planteado, declarándolo procedente dentro del juicio de origen, lo que se justifica con las constancias anexadas al oficio de cuenta. En consecuencia, se advierte con claridad que ha dejado de tener efectos los actos reclamados pues la autoridad ha emitido el acuerdo a los escritos presentados por el actor y ya resolvió el incidente de falta de personalidad planteado en el expediente laboral de origen, que era la causa de pedir en esta instancia constitucional, actualizando la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ante lo cual, se sobresee en esta contienda constitucional, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley reglamentaria. Por la razón que informa, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que consta en la foja 1343, del tomo XXX, octubre de 2009, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y DERECHO DE PETICIÓN. SU REGULACIÓN EN LOS ARTÍCULOS 8o. Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. La garantía consagrada en el artículo 8o. constitucional se refiere, de manera general, al derecho que tienen los gobernados de recibir una respuesta de cualquier autoridad, a una petición que formulen por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 17 constitucional establece específicamente la garantía de acceso a la impartición de justicia, según la cual, los particulares deben observar los requisitos, formas y procedimientos que establezcan las leyes, para de esa manera obtener un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional, que resuelva sobre las pretensiones planteadas. Lo anterior lleva a concluir que el derecho a recibir una respuesta de la autoridad judicial, tiene una regulación especial desde el punto de vista constitucional, que se distingue de la regulación general relacionada con el derecho a obtener una respuesta de cualquier autoridad. Por ello, cuando un particular promueve ante una instancia jurisdiccional alguna acción, procedimiento o medio de defensa y no encuentra respuesta, la garantía que pudiera encontrarse en riesgo de ser vulnerada, es la relacionada con el derecho de acceso a la justicia regulada, especialmente, en el artículo 17 constitucional y no la diversa garantía general consagrada en el diverso artículo 8o." No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de amparo sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tal razón, se deja sin efectos el desahogo de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con cuarenta y tres minutos del día de hoy veinte de los corrientes; háganse las anotaciones estadísticas pertinentes. Sin que constituya óbice que no se encuentre emplazada la persona moral señalada como tercero interesada, pues el sentido de este auto (sobreseimiento) no afecta sus intereses opuestos a los del quejoso. En sus aspectos sustanciales, se cita la jurisprudencia 2a./J.6/2017 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 2013630 y que consta en la página 556, del libro 39, febrero de 2017, tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Finalmente, tomando en cuenta que como hecho notorio para este tribunal, se advierte que la autoridad responsable a partir de esta propia fecha (veinte de los corrientes), se encuentra disfrutando de su periodo vacacional de este año; por tanto, se comisiona a la actuaria adscrita para que una vez que reanude sus labores dicha dependencia, haga entrega del comunicado derivado de este auto. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

  4. Principal

    VIII. De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa el proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

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