Luis Antonio Catzin Estrella
Expediente 161/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 161/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Luis Antonio Catzin Estrella
Actuaciones
- Principal
IV. Téngase por recibido y agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el original del expediente IV.161/2019, del índice de este Juzgado, que devuelve con motivo de que causo estado el acuerdo de Presidencia de veinte de febrero del año en curso dictado en el toca 46/2019, de su índice, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de ocho del mes y año en curso, dictado por este órgano jurisdiccional en este juicio de amparo. En consecuencia, acúsese recibo; háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo; glósese a estos autos el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión en cita, únicamente con las constancias que no obren en autos. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia médica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
IV. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de ocho de febrero del año en curso en curso, asimismo, en el mismo auto decretó el desechamiento respecto del recurso de revisión de que se trata; formándose por tal motivo el toca número 46/2019. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
IV. Agréguense a los presentes autos el escrito de LUIS ANTONIO CATZIN ESTRELLA y MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ YERVES, mediante el cual interponen recurso de revisión en contra del auto de ocho de febrero del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, remítase el original de tal escrito de expresión de agravios y una copia que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, acompañado con este expediente en que se provee, al Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido por Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
IV. Vista la demanda de amparo promovida por LUIS ANTONIO CATZIN ESTRELLA y MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ YERVES, contra actos del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Ahora bien, de una revisión de la demanda se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable un motivo de improcedencia que conduce a DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo por cuanto al acto reclamado que refiere. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Así en el caso, debe decirse que la parte quejosa reclama del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, la negativa para llevar a cabo el desahogo de una prueba pericial grafoscópica, así como la diligencia de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, en la que se llevó a cabo el desahogo de una prueba de confesión a cargo del actor, todo lo anterior, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 411/2018, respecto del cual son parte demandada, según lo manifestado por los propios quejosos en su escrito de demanda. Precisado lo anterior, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V aplicado a contrario sensu, en relación con el diverso numeral 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que amerita su desechamiento, ya que los actos reclamados por la parte quejosa, se trata de una violación procesal, que por el momento no afecta a las partes en grado predominante o superior, cuenta habida que versan respecto del desechamiento de una prueba en grafoscopía, así como el desahogo de la prueba de confesión, actuaciones llevadas a cabo en autos del juicio mercantil 411/2018. En efecto, los artículos 107, fracción V y 172 fracción III, de la Ley de Amparo, disponen respectivamente lo siguiente: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: (...)V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) "ARTÍCULO 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (..) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la Ley. La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita se establece de acuerdo a la posibilidad de instar el juicio constitucional por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente epígrafe y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, a consideración de quien aquí resuelve los actos aquí reclamados, no pueden ser considerados como de imposible reparación ya que éstos se traducen como un acto que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. De ahí que, la negativa de la autoridad responsable de admitir en la etapa correspondiente en el juicio mercantil número 411/2018, la prueba pericial grafoscopica, así como una diversa diligencia de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, en la que se llevó a cabo el desahogo de la prueba de confesión, debe decirse que, se trata de actos dictados dentro del juicio que no causan por el momento una afectación de imposible reparación, sino que produce efectos meramente procesales. De igual manera no puede decirse que esos actos procesales afecten a las partes en sus derechos en grado predominante o superior, porque no reviste las características de extrema gravedad, pues su trascendencia estará vinculada al resultado al que se arribe al resolver el fondo del asunto; además, por estar contemplada en la ley de amparo como de aquellas violaciones que deben ser reclamadas en el amparo directo al tenor del artículo 172, fracción III, de la Ley de la materia, ocasiona que, en caso de existir la violación alegada, ésta pueda repararse a través de tal medio de impugnación constitucional, sin que se demerite en forma alguna a las garantías individuales de los peticionarios, no obstante que aún y cuando dicha determinación pudiera acarrear una violación de carácter formal o procesal, la misma en sí no puede considerársele como una violación sustancial que afecte al promovente en sus derechos en grado predominante o superior, porque lo único que conlleva es a la continuación del juicio de origen y no implica necesariamente que el fallo deba ser contrario al interés de los solicitantes de la protección constitucional. En mérito de lo anterior, se reitera que los actos reclamados no son de imposible reparación, ya que no implica necesariamente que la sentencia que llegare a emitirse deba ser contraria a los intereses de los peticionarios, ni tampoco puede decirse que tales actos procesales, les afecte en sus derechos en grado predominante o superior, pues no les reviste las características de extrema gravedad, ya que su trascendencia estará vinculada al resultado al que se arribe al resolver el fondo del asunto; máxime que por estar contemplada en la Ley de la Materia, como de aquellas violaciones que deben de ser reclamadas en el amparo directo, ocasiona que, en caso de existir la violación alegada, éstas puedan repararse a través de tal medio de impugnación constitucional, sin que se demerite en forma alguna a las garantías individuales del solicitante de amparo. Resulta aplicable por las razones que expone la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, en materia común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable a página 1186, tomo XVII, de mayo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." De igual manera, sustenta lo anterior la Tesis Aislada XI.T Aux.C.1. K, en materia común, sustentada por el Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, localizable a página 1180, tomo XXXII, de julio 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO TENGAN ESA NATURALEZA JURÍDICA. El artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo señala que el juicio de garantías será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resultare de alguna disposición de la ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo; por su parte, el artículo 114, fracción IV, de la citada ley, dispone: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.", numeral del que se advierte que el juicio de amparo es procedente contra los actos dictados en juicio que tuvieren sobre las personas o las cosas una ejecución que fuere de imposible reparación, lo que significa que al existir un vacío o laguna en el texto de la ley, en cuanto a que no se advierte una disposición expresa que estableciera que no procede el amparo indirecto cuando los actos reclamados no tuvieren esa naturaleza jurídica, cabe colmar esa laguna a través de una interpretación integradora, usando el argumento a contrario sensu, que permite al juzgador extraer la norma implícita que se contiene en la fracción IV del mencionado artículo 114, en el sentido de que cuando los actos reclamados no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo. En ese sentido, lo procedente es desechar la demanda de amparo que nos ocupa en cuanto a tales actos, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia antes invocada, la que resulta indudable habida cuenta de que, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado las tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En esas condiciones, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS promovida por LUIS ANTONIO CATZIN ESTRELLA Y MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ YERVES, con fundamento en el artículo 61 la fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción V aplicado en sentido contrario, y el diverso numeral 172 fracción III, todos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda de garantías, y como autorizados para tal efecto a Manuel Jesús Romero Padilla y Carlos Rafael Sabido Rosado, con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, se les autoriza para utilizar medios electrónicos con el objeto de reproducir las diversas promociones y acuerdos del presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que la Actuaria Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
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