Luis Antonio Castillo Valenzuela
Expediente 1724/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 38 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1724/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 30/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Luis Antonio Castillo Valenzuela
- Fiscal General de Justicia del Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Mexicali, Baja California, treinta de junio de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los autos el oficio de cuenta, presentado por la Jueza Oral de lo Penal del Distrito Judicial Cuatro del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en San Luis Río Colorado, con el cual remite copia certificada de la transcripción de la audiencia de vinculación a proceso de diez de junio de este año, celebrada dentro de la causa penal ********************, con número único de caso ********************, seguida contra el aquí quejoso.********************Ahora bien, una vez analizadas dichas constancias y el estado procesal de autos, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, quien ahora provee advierte de manera notoria la existencia de una causa de improcedencia que determina el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia, como lo señala el precepto 63, fracción V, de la ley en cita, que se invoca de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. ********************Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, que a la letra dice: ********************"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".********************Bajo esa tesitura, respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada en contra del aquí quejoso y la ejecución de la misma, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, precepto legal que establece:******************** "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.********************(.)"********************Del numeral trascrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas de un modo irreparable las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica. ********************De esa forma, y atendiendo a lo dispuesto por dicha porción normativa, es dable establecer que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos:********************1. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio;********************2. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso, por virtud del acto que reclamó en el amparo;********************3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y,********************4. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de derechos fundamentales y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional.********************De esa forma, en el juicio de amparo, es dable analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 constitucional, a la luz de la regla general que prevé la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para establecer si se actualiza o no la causa de improcedencia en comento.********************El citado cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, generada durante la tramitación del procedimiento, al haberse dictado una nueva resolución. ********************Así, del análisis realizado de las constancias remitidas por la responsable se desprende que en audiencia celebrada el diez de junio en curso, dentro de la causa penal ********************, con número único de caso ********************, la Jueza Oral de lo Penal del Distrito Judicial Cuatro del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en San Luis Río Colorado, determinó auto de vinculación a proceso en contra del ahora quejoso, por el delito de abuso sexual agravado reiterado, se le fijaron las medidas cautelares que se consideraron oportunas y se fijó el plazo para la investigación complementaria.********************En ese sentido, si bien es cierto a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veintiuno de octubre de dos mil veintidós- existía orden de aprehensión girada en contra del quejoso dentro de la causa penal ********************, con número único de caso ********************, también lo es que con posterioridad se dictó auto de vinculación a proceso, lo que hace improcedente analizar el fondo del acto reclamado, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica a la cual se encuentra sujeto el quejoso, al habérsele emitido el referido auto de vinculación.********************En consecuencia, al haber operado el cambio de situación jurídica, se actualiza la causa de improcedencia invocada, y de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo respecto de la orden de aprehensión reclamada y su ejecución.********************Cobra aplicación por igualdad de razón la jurisprudencia la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:********************"SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto".********************Corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causa de sobreseimiento indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo [causas de sobreseimiento], lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho fundamental al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales relativos.********************Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre de dos mil doce, Tomo 1, página 525, de título y texto siguientes: ********************"DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano".********************En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando éstos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. ********************Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, noviembre de dos mil doce, Tomo 2, página 1587, que es del tenor siguiente: ********************"PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función".********************Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014, (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, que a la letra dice: ********************"PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente".********************Asimismo, resulta oportuno precisar que no se viola el derecho de acceso a la justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento constitucional, se impartió aquel derecho, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente.********************En apoyo a lo anterior se cita, por las razones de su integración, la tesis CCCLXXI/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, página 981, cuyo rubro es: ******************** "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL OMITA ANALIZAR EN EL ESTUDIO DE FONDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AL CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17, mismos que deberán ser computados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, el hecho de que un órgano jurisdiccional no analice en el estudio de fondo los conceptos de violación al considerar que se ha actualizado la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, en relación con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, no resulta violatorio del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido".********************También sirve de sustento, por las razones que la integran, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: ********************"DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico."********************Es de señalarse, que algunas de las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de esta resolución, aun cuando se refieran a la Ley de Amparo abrogada, resultan aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a esta última.********************Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 705, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes:********************"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y obliga en términos de los indicados preceptos mientras no se reforme dicha ley. No obsta a lo anterior el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto."********************Por lo anteriormente expuesto y fundado, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por ********************.********************En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del once de julio de dos mil veintitrés.********************Notifíquese personalmente.********************Así lo acordó y firma electrónicamente María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Francisco Javier Ayala Valenzuela, Secretario que autoriza y da fe, asimismo, certifica que la promoción y el presente acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico del Juicio de Amparo 1724/2022-2. Doy fe.
- Principal
En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las nueve horas con veinte minutos del once de julio de dos mil veintitrés, para su verificativo.
- Principal
Mexicali, Baja California, catorce de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el que se declaró sin materia el cumplimiento del fallo protector, por lo que queda firme dicho auto, para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, de conformidad con el párrafo cuarto del ordinal 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control de este Juzgado, así como en la carátula de este expediente. Por otro lado, se hace la acotación que el presente asunto, es susceptible de conservación a partir del quince de junio de dos mil veintiséis,
- Principal
En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las once horas con veinte minutos del dieciséis de junio de dos mil veintitrés, para su verificativo.
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