Luis Antonio Carrasco Bustillos
Expediente 862/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 862/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis Antonio Carrasco Bustillos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
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ARCHIVO Y ANOTACIONES. Vista la certificación de cuenta que antecede y dado que de la misma se advierte, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por ende, se declara que el mismo causó estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por consiguiente, archívese el presente expediente como asunto concluido, hágase la anotación en el libro respectivo y captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. SE INFORMA A LAS PARTES. Finalmente, infórmese a las partes que en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la primera adscripción de la Jueza Flor Verenisse Gómez Peinado a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en lugar de la Jueza María Guadalupe Contreras Jurado, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior a fin de que, de ser el caso, estén en posibilidad de promover recusación.
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Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa en proveído de veintitrés de septiembre del año en curso, por lo que este Juzgado Federal procede a resolver de oficio, si esta se encuentra o no cumplida. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." De las constancias que integran al presente juicio de garantía se desprende que la parte quejosa reclama: "IV. ACTO RECLAMADO: La omisión de la autoridad responsable de dictar la resolución dentro del término de ley, ya que cerro instrucción en fecha 10 de diciembre de 2019, en el juicio laboral 931/2019, a pesar de haber excedido el tiempo señalado en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, el cual señala que al concluir el desahogo de las pruebas, formulara los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarara cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulara por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener: Un extracto de la demanda y de la contestación, replica y contrarréplica, y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; El señalamiento de los hechos controvertidos; Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas y su apreciación en conciencia, señalándolos hechos que deben considerarse probados; Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y Los puntos resolutivos." El treinta de junio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable, de inmediato, emitiera el laudo correspondiente en el expediente 931/2019, del que deriva el acto reclamado, para así restituir al agraviado en el goce del derecho fundamental violado. Ahora bien, el dos de septiembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y consecuentemente se requirió a las autoridades responsables para que informaran el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Así, mediante oficio remitido por el Presidente de la Junta Especial Número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, remitió copia firmas del laudo emitido en el juicio laboral 931/2019, en el cual se tuvo a la parte actora acreditando parcialmente su acción y se condenó a la parte demandada a cumplir con las prestaciones relativas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa con el contenido de dicho oficio, quedando notificada el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno; constancia de notificación que por ser expedida por un servidor público en ejercicio de o con motivo de sus funciones, merece eficacia probatoria plena, en términos de los artículo 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a Ley de Amparo. En tales condiciones, de la lectura de las constancias allegadas a los presentes autos, se pone de manifiesto que a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, el Presidente de la ******, con residencia en esta ciudad, emitió el laudo respectivo en el juicio laboral *****, del que derivan los actos reclamados en este sumario de garantías. Acorde a lo narrado, este Juzgado Federal estima que en el presente caso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, está cumplida la ejecutoria de amparo, conclusión a la que se arriba de la confrontación entre los efectos para los cuales se otorgó a la parte quejosa la protección constitucional, y la actuación realizada por las autoridades responsables en cumplimiento de la misma, según las constancias que se allegaron a los presentes autos, puesto que concluyó el juicio laboral, al emitir una resolución definitiva en forma de laudo, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos violentados. Por tales motivos, una vez que cause estado este proveído, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordenará el archivo definitivo del presente asunto.
- Principal
Agréguese al presente juicio de amparo, el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad; mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, allega copia certificada del laudo de veinte de septiembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, contado a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, exprese lo que a su interés convenga, en el entendido de que una vez transcurrido dicho término, con o sin manifestaciones de su parte, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada donde declare si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.
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Vista la certificación que inmediatamente antecede, de la cual se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución dictada en este juicio; con fundamento en el artículo 2, de la Ley invocada, en relación con los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, causó ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. (...) Así las cosas, de conformidad con el artículo 192, del citado ordenamiento legal, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, para que en el plazo de tres días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le transcriba el presente acuerdo; de cumplimiento a la ejecutoria en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte, o bien, los actos que haya realizado para ese efecto. Apercibido que de hacer caso omiso a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien unidades de medidas y actualización, la cual fue establecida y dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con independencia de proceder conforme lo estatuye el numeral 192, de la Ley de la Materia. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso Luis Antonio Carrasco Bustillos, y respecto lo que solicita, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden.
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