Luis Antonio Cabrera González

Expediente 363/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
363/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2017

Partes del expediente

  • Luis Antonio Cabrera González

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa, no impugnó el proveído de treinta de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó de plano su demanda de garantías, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción 1 del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial de uno de septiembre de dos mil diecisiete, asentada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, donde hace constar que no le fue posible dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de treinta de agosto del año en curso, en el sentido de notificar personalmente a la parte quejosa, en razón que al presentarse el día uno de septiembre del año en curso, en el domicilio que la parte quejosa señaló para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Juan Escutia número 3, de la Colonia San Pablo Sur, de esta ciudad, y cerciorada de ser el domicilio correcto toda vez que en la esquina de la calle existe un letrero de material de plástico de color blanco con letras en color verde que índica "calle Juan Escutia" y al localizar el domicilio marcado con número 3, el cual consta de un inmueble de material de block, con puerta de acceso de material de herrería de color blanco, siendo atendida por una persona del sexo femenino, quien le manifestó responder al nombre de Yeni del Carmen Antonio Sánchez y vivir en el domicilio, a quien al hacerle el motivo de su visita le informó que el quejoso no vive en ese domicilio y que tampoco ha autorizado el mismo para recibir notificaciones, por lo que no recibe ningún documento que vaya dirigido a nombre del citado quejoso, por lo cual no le fue posible realizar la notificación personal del citado acuerdo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 26, fracción I, inciso c) y 27, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, se ordena notificarle el aludido acuerdo, y las notificaciones que surjan en este juicio, incluidas las de carácter personal, por lista de acuerdos que se publican en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio cierto en esta ciudad para recibir notificaciones.

  3. Principal

    Por recibida la demanda de amparo que promueve el quejoso Luís Antonio Cabrera González contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, Agencia Comercial de Salina Cruz, Oaxaca; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo, y fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, primeramente se analizará si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 113 que dice: Pues bien, en el caso, del escrito de demanda se advierte que el quejoso Luís Antonio Cabrera González, promueve demanda de amparo contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, Agencia Comercial de Salina Cruz, Oaxaca. De quien reclama: La falta de respuesta al recurso de revisión interpuesto con fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. Y como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que con fecha veintiuno de agosto del año en curso presentó recurso de revisión ante la Comisión Federal de Electricidad, Agencia Comercial de Salina Cruz, Oaxaca, contra el cobro de manera injustificada por el supuesto consumo de energía eléctrica de 1894 kwh correspondiente al periodo del uno de junio al uno de agosto del año en curso, del número de servicio 721121048891, con número de medidor 801FC3, ya que de manera injustificada se ha registrado un consumo de energía que jamás consumió, razón por la que pidió se realice una inspección en el medidor de su domicilio particular y se verifiquen los aparatos eléctricos de su propiedad, así como la instalación de la mufa, y demás instalación eléctrica de su domicilio, ya que no está de acuerdo en que se le cobre la cantidad de cuatro mil cuatrocientos diez pesos 00/100 moneda nacional, por el supuesto consumo de 1894 kwh, ya que jamás consumió tal cantidad de energía, sin embargo, la responsable no dio respuesta a su escrito, y pretende suspenderle el servicio público de energía eléctrica sin haber agotado un procedimiento establecido. Precisado lo anterior, se advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que el acto que se señala como reclamado no es susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo, en virtud que no deriva de una relación de supra a subordinación, sino de una relación entre particulares. ... En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su parte, en el artículo lo, fracción I, de la referida ley se prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5o, fracción II, se establece la definición de autoridad responsable. Con basé en lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamada no provenga de una autoridad y, como consecuencia de ello, no sea susceptible de violar algún derecho humano, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto. Lo anterior, teniendo el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. A partir de esas ideas, este órgano jurisdiccional estima que el acto reclamado por el quejoso no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que deriva de una empresa productiva del Estado, que en la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica actúa como un particular que se rige por el derecho mercantil. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene el criterio, recientemente publicado, relativo a que, si bien había establecido que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa; sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los jueces y tribunales del orden común. Ahora bien, del estudio de la demanda de amparo, tal como se señaló en párrafos que anteceden, la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Comisión Federal de Electricidad y como acto reclamado, la omisión de formular respuesta al escrito elevado por el quejoso relativo al recurso de revisión interpuesto contra el cobro aplicado por el consumo de energía eléctrica. De lo que se infiere, se reclama un acto derivado del contrato de suministro de energía eléctrica, celebrado con la Comisión Federal de Electricidad; es decir, se relaciona directamente con las obligaciones y derechos que nacen de un contrato de suministro de energía, más no con aspectos sociales, colectivos y sectoriales de la industria eléctrica nacional derivados de la aplicación del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y de la Ley de la Industria Eléctrica. Por tanto, orientado este juzgador con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis aislada citada, relativo a que, cuando se esté ante una controversia que involucre cuestiones inherentes a derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, es evidente que el acto reclamado, no es materia de control mediante el juicio de amparo, al no ser acto de autoridad, sino derivado de una relación contractual, al existir la relación de coordinación entre el aludido organismo y el usuario del servicio. Se concluye de esta manera, en virtud de que la pretensión que subyace del escrito del recurso de revisión, cuya omisión de respuesta se reclama, está relacionada con el cobro excesivo por el suministro de energía eléctrica, esto es, aspectos vinculados con los derechos y obligaciones que surgen con motivo de la celebración del contrato de suministro de energía. Lo anterior, en tanto que nuestro Máximo Tribunal, en el marco de un contrato de suministro de energía eléctrica, habla de derechos y obligaciones entre las partes, en el caso, entre la Comisión Federal de Electricidad y el particular; y, no, de una relación de supra a subordinación, pues sitúa al organismo de que se trata, en la celebración de un contrato como persona moral, sujeto de derechos y obligaciones y no con el carácter de autoridad. En efecto, cuando la Comisión Federal de Electricidad emite actos u omisiones con motivo de la prestación de suministro de energía eléctrica, no actúa en una relación jurídica de supra a subordinación, es decir, no actúa con imperio imponiendo su voluntad en forma directa y unilateral, creando, modificando o extinguiendo por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de los particulares. Lo anterior es así, ya que la relación entre el quejoso y la autoridad señalada como responsable, deben considerarse entre particulares y, como tal, los actos que deriven de esa relación no son susceptibles de vulnerar derechos humanos susceptibles de tutela a través del juicio de amparo, sino que, el cobro excesivo, es una cuestión que se debe ventilar ante la jurisdicción ordinaria. Ahora bien de un análisis realizado al anexo exhibido con la demanda de amparo, consistente en el escrito de petición, del cual se reclama la omisión «de respuesta, se advierte que la parte quejosa señala como pretensión la rectificación del cobro de la cantidad que consta en el aviso recibo del inmueble que habita. Así las cosas, toda vez que el acto señalado como reclamado no puede ser considerado como proveniente de una autoridad para efectos del juicio de amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 50, todos de la Ley de Amparo, razón por la cual, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. No es óbice a lo anterior, que se advierta que la parte quejosa se duela de la omisión de dar respuesta a la petición elevada ante la autoridad que señala como responsable; sin embargo, del anexo que exhibe junto con su escrito de demanda, se advierte que su solicitud implica cuestionamientos encaminados a las tarifas aplicadas al suministro de energía eléctrica, lo cual como fue señalado anteriormente, son cuestiones derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, ante la Comisión Federal de Electricidad. Se afirma lo anterior, porque corno se vio, se llegó a la conclusión de que la Comisión Federal de Electricidad, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, siguiendo el criterio contenido en la tesis aislada número 2a. XLII/2015 (10a.), recientemente publicado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: .. Criterio en el que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció sustancialmente, que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los jueces y tribunales del orden común. Por tanto, con independencia de que los actos reclamados deriven, o no, del acuerdo expreso de las partes contenido en el contrato de prestación del servicio relativo, lo cierto es que, siguiendo el criterio de la tesis aislada recientemente publicada, relacionada con antelación, la Comisión Federal de Electricidad, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 1, fracción 1 y 5, fracción II, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Luís Antonio Cabrera González. Sin que sea óbice a lo anterior, que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; pues, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada; por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde este momento, del resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso le permite, si es el caso, acudir oportunamente a los Medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. ... Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del quejoso y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable..... Asimismo, cabe señalar que, no obsta a lo anterior que algunos de los criterios jurisprudenciales invocados en párrafos precedentes se hayan emitido conforme a los artículos de la Ley de amparo abrogada, toda vez que son de idéntico contenido a los que se invocan en esta determinación, debido a que regulan la improcedencia del juicio constitucional en tratándose de situaciones de la misma envergadura. Finalmente, se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 4,618 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano