Luis Antonio Alvarez Can

Expediente 2391/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2391/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
13/05/2022

Partes del expediente

  • Luis Antonio Alvarez Can

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de mayo de dos mil veintidós. V i s t o s los autos del juicio de amparo indirecto 2391/2021-VIII, para resolver si se ha cumplido o no la sentencia ejecutoriada; y, R e s u l t a n d o: Primero. En dicha sentencia ejecutoriada, se concedió el amparo en contra de los actos reclamados a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y actuario adscrito a la misma, para los efectos siguientes: "El actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, proceda inmediatamente a realizar conforme a derecho el emplazamiento de los demandados ordenado en autos del juicio de laboral 689/2021, a fin de que puedan acudir a la audiencia fijada para las doce horas del dieciséis de marzo de dos mil veintidós. La Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán el día dieciséis de marzo de dos mil veintidós, celebre la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, para ello deberá vigilar que las partes queden debidamente notificadas y emplazadas, para el caso de no poder llevarse a cabo, fije una nueva fecha dentro del plazo legal establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, para la celebración de la referida audiencia en el juicio laboral número 689/2021, que promovió por el aquí quejoso." Segundo. Por oficio 659/2022 signado por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con el que informó respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto. Tercero. Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós se dio vista a las partes con el oficio 659/2022 y anexo para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera; y, C o n s i d e r a n d o: Único. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este órgano de control constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Del examen de las documentales antes descritas, que merecen pleno valor, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que la responsable realizó lo siguiente: La Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y el actuario adscrito a dicha Junta, procedieron a realizar conforme a derecho el emplazamiento de los demandados ordenado en autos del juicio de laboral 689/2021, a fin de que acudieran a la audiencia fijada para las doce horas del dieciséis de marzo de dos mil veintidós. La Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán el día dieciséis de marzo de dos mil veintidós, celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, para ello deberá vigiló que las partes queden notificadas y emplazadas, para el caso de no poder llevarse a cabo y fijó una nueva fecha dentro del plazo legal establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, para la celebración de la referida audiencia en el juicio laboral número 689/2021, que promovió por el aquí quejoso y en oficio 659/2022 signado por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, informó que mediante audiencia de dieciséis de marzo de dos mil veintidós el actor Luis Antonio Álvarez Can relativo al juicio laboral 689/2021 se desistió lisa y llanamente de forma expresa de todas y cada una de las acciones intentadas en reclamó en su escrito de demanda, por lo que ordenó el archivo del referido expediente como asunto totalmente concluido por carecer de materia, con lo cual dará cabal cumplimiento al derecho fundamental tutelado en el artículo 17 de la Ley Suprema. De lo anterior, se advierte el cumplimiento de la ejecutoria, para los efectos del artículo 192 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de la Materia, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Finalmente, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos del artículo 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos y atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Ahora bien, toda vez que en el resolutivo primero de la sentencia de mérito, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, de conformidad con en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y actuario adscrito a la misma, para que dentro del término de tres días siguientes contados a partir del siguiente de que reciban los oficios en el que se les transcribe el presente acuerdo, se sirvan informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo o bien, los actos realizados para ese fin, en el entendido de que el efecto concedido en el presente juicio de amparo fue lo siguiente: "El actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, proceda inmediatamente a realizar conforme a derecho el emplazamiento de los demandados ordenado en autos del juicio de laboral 689/2021, a fin de que puedan acudir a la audiencia fijada para las doce horas del dieciséis de marzo de dos mil veintidós. La Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán el día dieciséis de marzo de dos mil veintidós, celebre la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, para ello deberá vigilar que las partes queden debidamente notificadas y emplazadas, para el caso de no poder llevarse a cabo, fije una nueva fecha dentro del plazo legal establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, para la celebración de la referida audiencia en el juicio laboral número 689/2021, que promovió por el aquí quejoso." Ahora bien, se tiene por recibido el oficio 659/2022 signado por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con el que informa que mediante audiencia de dieciséis de marzo de dos mil veintidós el actor Luis Antonio Álvarez Can relativo al juicio laboral 689/2021 se desistió lisa y llanamente de forma expresa de todas y cada una de las acciones intentadas en reclamó en su escrito de demanda, por lo que ordenó el archivo del referido expediente como asunto totalmente concluido por carecer de materia; en tal virtud, se agrega a estos autos el oficio de mérito para que obre como corresponda. Atento a lo anterior, no ha lugar a requerir a las autoridades responsables el cumplimiento a la sentencia ejecutoria, no obstante, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, pónganse el segundo de los oficios de cuenta y sus anexos, a la vista de las partes por el plazo de tres días para el uso de sus derechos y transcurrido dicho plazo, desahogada la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional resolverá lo que en derecho corresponda en términos del citado numeral 196, párrafo segundo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las ocho horas con treinta minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintidós, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 2391/2021-VIII, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante la secretaria Azucena Sosa García, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaría da cuenta con el escrito inicial de demanda, con los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables y con las demás constancias que obran en autos. Acto seguido el Juez acuerda: se tiene por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaría da cuenta con la presuncional en su doble aspecto legal y humana y la instrumental de actuaciones que ofreció con su demanda de amparo la parte quejosa; así como las documentales que la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en representación de la Junta y actuario adscrito a la misma, adjuntaron a sus informes justificados. El Juez acuerda: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza; con lo anterior se da por terminado el señalado período. Posteriormente se abre el período de alegatos en el que la Secretaría da cuenta que la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado no formuló pedimento alguno; con lo anterior se cierra ese periodo. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el juicio de amparo 2391/2021-VIII, promovido por Luis Antonio Álvarez Can, contra actos que reclama a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y otra autoridad, por violación a los artículos 8 y 17 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Luis Antonio Álvarez Can solicitó el amparo contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y actuario adscrito a dicha Junta. Segundo. Admisión de demanda. Por auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo y se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional previo diferimiento, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 35 y 107 de la Ley de Amparo aplicable; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un juicio de amparo promovido en contra de actos omisivos presentada en este Circuito dentro del ámbito territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable, resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. Así, de constancias se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: La dilación del juicio laboral 689/2021 fuera de los plazos y términos que señala la Ley de la materia, así como la falta de emplazamiento de la parte demandada en dicho juicio. Tercero. Acto existente. Al rendir sus informes justificados la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en representación de la Junta y actuario adscrito a la misma, autoridades señaladas como responsables, aceptaron la existencia de los actos reclamados, por lo que se tienen los mismos son ciertos. Cuarto. Estudio de los conceptos de violación. Al no advertirse de oficio la actualización de alguna causal de improcedencia, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se pasa al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones, lo que se efectúa con apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010, visible en la página 830. Es esencialmente fundado el concepto de violación expuesto por la parte quejosa, que consiste básicamente en la violación por parte de la responsable del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán fijó las once horas del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, para llevarse a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en autos del juicio laboral 689/2021 de su índice, sin embargo, al no haber sido posible la notificación y emplazamiento a la parte demandada, se difirió la audiencia consecutivamente hasta fijar las doce horas del dieciséis de marzo de dos mil veintidós y se ordenó llevar a cabo el emplazamiento de la parte demanda. Luego entonces, es evidente que no se ha tramitado el señalado juicio en los términos y condiciones que marca la Ley, lo que se corrobora con las constancias que la Presidente adjuntó a su informe justificado, las cuales se valoran de manera plena de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud que de las referidas constancias se advierte que las responsables no han dado cumplimiento con lo establecido en los artículos 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo. Para evidenciar lo anterior, es pertinente transcribir lo establecido en el artículo 17 Constitucional en la parte que interesa: "ARTÍCULO 17.- "...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales...". Por su parte, los diversos artículos 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo aplicables al presente caso, disponen que: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley." "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley." De lo anteriormente narrado salta a la vista la omisión de las responsables de ajustarse su actuación para tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, por lo que indefectiblemente ha tenido como consecuencia que dentro del juicio laboral de origen no se respeten los términos que señala la Ley Federal del Trabajo, si se toma en cuenta que las actuaciones que lo rigen son de tracto sucesivo y, con la omisión de las responsables de llevar a cabo el procedimiento respetando los plazos señalados por la ley, se produce una continuidad en el incumplimiento del derecho humano cuya violación se duele la parte quejosa, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, por tanto, se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias, porque, a la postre, retarda la expeditez que debe regir en los procedimientos laborales, impidiendo su culminación mediante el oportuno pronunciamiento del laudo respectivo. Bajo esta perspectiva, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, ha dilatado el procedimiento de origen, toda vez que con motivo de que el actuario no realizó la notificación ordenada, se ha diferido la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, hasta las doce horas del dieciséis de marzo de dos mil veintidós, esto es, fuera de los quince días de que disponía para ello de conformidad con el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. De ahí, es evidente que las autoridades laborales han tramitado el juicio reclamatorio laboral de origen fuera de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal de Trabajo. Por ello debe estimarse que existe contra la parte quejosa, violación al derecho humano de impartición de justicia pronta y expedita, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, porque la autoridad responsable no lleva a cabo el procedimiento dentro de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia VI.1o.A. J/2 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Sexto Circuito, consultable en la página 1096 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de dos mil doce, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, que es del tenor literal siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia." Por tanto, al advertirse la violación al artículo 17 de la Constitución Federal es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Luis Antonio Álvarez Can. Quinto. Efectos del amparo. En tales condiciones, tomando en cuenta que la violación al derecho humano de la parte quejosa se manifestó con el actuar de la Junta responsable al haber señalado una fecha para la audiencia trifásica fuera de lo establecido por la Ley Federal de Trabajo, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y que de las constancias en consulta se advierte que se encuentran señaladas las doce horas del dieciséis de marzo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y atendiendo a la fecha en que se resuelve el presente asunto, tomando en consideración que deben transcurrir una vez dictado el fallo, diez días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación a las partes de la sentencia, para que cause ejecutoria y así se esté en posibilidad legal de requerir el cumplimiento del fallo protector; y que no obra constancia de notificación a los demandados en el juicio laboral origen del acto reclamado, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: El actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, proceda inmediatamente a realizar conforme a derecho el emplazamiento de los demandados ordenado en autos del juicio de laboral 689/2021, a fin de que puedan acudir a la audiencia fijada para las doce horas del dieciséis de marzo de dos mil veintidós. La Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán el día dieciséis de marzo de dos mil veintidós, celebre la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, para ello deberá vigilar que las partes queden debidamente notificadas y emplazadas, para el caso de no poder llevarse a cabo, fije una nueva fecha dentro del plazo legal establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, para la celebración de la referida audiencia en el juicio laboral número 689/2021, que promovió por el aquí quejoso. Sexto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión Ampara y Protege al quejoso Luis Antonio Álvarez Can en contra de los actos que reclaman a las autoridades señaladas como responsables en este asunto, para los motivos expuestos en el considerando cuarto y para los efectos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido y agrega para los fines legales pertinentes el escrito de Esteban de Jesús Castellanos Cámara autorizado del directo quejoso Miguel Eduardo Flores Guillermo, a través del cual solicita cause ejecutoria la resolución definitiva emitida en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que por el momento no ha lugar a acceder a lo solicitado, toda vez que, no obran en autos las boletas acuse de recibo de los oficios 23617/2021 y 23618/2021 a través de los cuales se les notifica a las autoridades responsables denominadas Registradora Integral de la Dirección General del Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional y Dirección de Gestión Forestal y de Suelos de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ambas con residencia en la ciudad de México, la resolución definitiva de mérito. Consecuentemente, a fin de evitar dilaciones procesales injustificadas, mediante la mensajería estafeta que al efecto se gire a las mencionadas autoridades agrarias a fin de que dentro del término de veinticuatro horas y por la misma vía, en su caso, informen a este Juzgado Federal la entrega de los oficios 23617/2021 y 23618/2021, con los cuales se ordenó notificar la sentencia definitiva de siete de julio de dos mil veintiuno firmada el trece de septiembre siguiente, dictada en el presente juicio de amparo, lo anterior para que este órgano jurisdiccional pueda estar en aptitud de proveer lo que legalmente proceda. Finalmente, por lo que respecta a sus manifestaciones inherentes a aclarar y definir el alcance de la concesión del fallo protector a fin de facilitar su correcto cumplimiento, se resérvese acordar lo conducente hasta en tanto exista la certeza jurídica de que las autoridades responsables se encuentran debidamente notificadas de la sentencia definitiva y transcurra el término previsto por la ley para su impugnación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

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