Luis Antonio Aguilar López
Expediente 46/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 46/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis Antonio Aguilar López
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se desprende que el término de tres días, otorgado a la parte quejosa *************** por auto de veintiséis de enero del actual, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió del diecinueve al veintitrés de febrero del año en curso, con exclusión del veinte y veintiuno del actual, sin que a la fecha se haya recibido promoción alguna al respecto; por ende, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y, se ordena que las notificaciones que deriven de este juicio aún las de carácter personal, se le hagan por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado, con base en lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.*
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de enero de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, se advierte que la Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, remite los autos del juicio de amparo 1386/2015, promovido por ***************, toda vez que, mediante resolución de veinte de enero de dos mil dieciséis, determinó que dicho órgano jurisdiccional carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo respectiva, pues consideró que ésta se surtía en favor del Juzgado de Distrito en turno, en esta ciudad, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, debido a que el acto reclamado tendría ejecución en Ciudad Juárez, donde se ubica el domicilio de la parte quejosa. Fórmese el expediente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y anotarlo en el Libro de Gobierno de este juzgado, bajo el juicio de amparo 46/2016-II. En atención a la determinación que se acuerda, este juzgador federal no acepta la competencia declinada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, por las consideraciones siguientes: La competencia es la facultad que tienen las autoridades para conocer y decidir sobre determinados asuntos y materias que se someten a su conocimiento, la cual deriva de las disposiciones orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales, y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos invocados por el titular de la acción correspondiente, o con la condición jurídica de las partes en litigio. Por su parte, la jurisdicción es una institución de derecho que reviste a la autoridad de potestad legal para impartir justicia y, a su vez, es la potestad de que se hallan investidos los jueces para administrarla, la cual se clasifica en atención a razones territoriales, a la cuantía de los asuntos, a la materia misma de la controversia y al grado, lo cual origina la competencia de determinado tribunal para conocer de un negocio. En relación con ese tópico, el artículo 37, de la Ley de Amparo establece: 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica, se puntualizan en el orden siguiente: a) La primera está contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) El segundo párrafo, más que una regla diversa, es un matiz de la contenida en el primer parágrafo, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución. Como se observa, en este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del juez federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. Ahora, de un análisis de la demanda de amparo, se advierte que Luis Antonio Aguilar López solicitó la protección de la Justicia Federal contra la orden de aprehensión librada en su contra y señaló como autoridades responsables ordenadoras al Juez de Ejecución de Penas con Sistema Tradicional del Distrito Judicial Morelos, Juez de Ejecución de Penas con Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos; y como autoridades ejecutoras, al Fiscal General de Justicia del Estado y al Coordinador General o Director o Encargado de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, estas últimas con residencia en la ciudad de Chihuahua. Mediante auto de tres de noviembre el Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua admitió a trámite la demanda y solicitó los informes justificados a las autoridades responsables. Al rendir su informe con justificación, las autoridades designadas como ejecutoras, con residencia en la ciudad de Chihuahua aceptaron la existencia del acto que se les atribuyó, consistentes en la ejecución de la orden de aprehensión librada en contra del quejoso. Asimismo, la autoridad ordenadora, Juez Segundo Provisional de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos aceptó la existencia del acto que se le atribuyó. Mediante proveído de veinte de enero de dos mil dieciséis, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua declaró su legal incompetencia para conocer del asunto, al considerar que el acto reclamado tendría ejecución en Ciudad Juárez y no en la capital del Estado, y que se trataba del lugar donde residían las autoridades ejecutoras y ordenadoras; por ende, estimó que a quien correspondería conocer del juicio era al juzgador del lugar en donde se realizaría tal ejecución, según el artículo 37, de la ley de la materia. Respetuosamente, este juzgador disiente de los argumentos expresados por el declinante. Así se sostiene, cuenta habida que en el acuerdo de incompetencia se parte de la premisa de que la autoridad responsable ejecutora tiene su residencia en el territorio donde este Juzgado Federal tiene jurisdicción, lo cual es incorrecto, dado que las dos autoridades ejecutoras que señaló el quejoso como responsables -que incluso aceptaron el acto reclamado-, tienen su residencia en la ciudad de Chihuahua, donde ejerce jurisdicción el órgano declinante. Al respecto, es necesario considerar que el artículo 37 precitado estatuye que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; sin embargo, para los efectos del juicio de amparo, el concepto de acto reclamado no puede desvincularse del diverso de autoridad responsable, ya que el primero no puede existir sin la designación de la segunda y, en el caso, no se señalaron autoridades ejecutoras que tuvieran su residencia dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. De esta manera, no se surte la incompetencia legal que el declinante aduce, pues, el quejoso no señaló autoridades ejecutoras que tengan su residencia en el territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; por el contrario, las autoridades ejecutoras que se señalaron tienen residencia en la ciudad de Chihuahua y, aunado a ello, aceptaron la existencia del acto reclamado. No es obstáculo para arribar a esta conclusión que la autoridad ordenadora tenga su residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, toda vez que, con independencia en donde radique quien emite el acto de autoridad, la regla que determina la competencia se refiere al lugar en donde resida la autoridad que ejecutará la orden respectiva, en el caso, las de la ciudad de Chihuahua que señaló el quejoso. Incluso, de haber existido autoridades responsables que tuvieran su residencia oficial en esta ciudad -lo cual no ocurre en este caso- de los mismos actos tendría que conocer el Juez de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, en la especie, el Juez de Distrito oficiante, como señala la segunda hipótesis del precepto transcrito. Por tanto, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgador no acepta la competencia declinada y se ordena devolver los autos al juzgado oficiante, para los efectos precisados en el segundo de los citados normativos; solicítese acuse de recepción. En otro contexto, toda vez que el quejoso Luis Antonio Aguilar López, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la Calle Pekín 1205, colonia El Palomar de en Chihuahua, capital; con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua en Turno, con residencia en la ciudad de Chihuahua, para que comisione a quien corresponda y notifique el presente proveído a la parte quejosa, debiendo requerirlo para que dentro del término de tres días, contados a partir de su notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo las comunicaciones derivadas de este juicio, aún las de carácter personal se les harán por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado, con base en lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Amparo en vigor. Para tal efecto, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Juez Exhortado faculte al Actuario Judicial adscrito a su Juzgado para que realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo, en auxilio de este órgano jurisdiccional. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
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