Luis Anguiano Chávez

Expediente 875/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
875/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
14/12/2017

Partes del expediente

  • Luis Anguiano Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Se tiene por recibido el oficio 200/2017-P2, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual envía testimonio de la resolución pronunciada en el impedimento 45/2017, formado con motivo del impedimento planteado por este Juzgador, a fin de abstenerse de conocer del juicio de amparo 875/2017-I. Acúsese recibo a la superioridad y hágase saber a la parte quejosa que el superior, en el impedimento de que se trata, concluyó lo siguiente: "ÚNICO. Se declara fundado el impedimento planteado por el licenciado Víctor Hugo Velázquez Rosas, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en esta ciudad capital, para conocer del juicio de amparo indirecto número 875/2017. Remítase los autos del juicio constitucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima para que sea turnado de manera aleatoria a cualquier Juzgado de Distrito con residencia en esta ciudad, con excepción del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima". En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a los párrafos segundo y tercero del artículo décimo primero, en relación al último párrafo del dispositivo vigésimo primero, ambos del Acuerdo General conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes de los juzgados de Distrito, el presente expediente a consideración del suscrito Juez no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Dado que en el expediente en que se actúa, se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, el presente expediente es susceptible de destrucción, de conformidad a lo previsto en la fracción I del dispositivo vigésimo primero, del Acuerdo General conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes de los juzgados de Distrito, por lo cual una vez transcurridos tres años a partir de la fecha en que se ordenó su archivo, se ordena su transferencia al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo fracción I, y vigésimo quinto del Acuerdo General invocado. En la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado Acuerdo General conjunto 1/2009.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, por medio del cual comunica la recepción del juicio de amparo del que deriva este antecedente; asimismo informa que admitió y registró el impedimento formulado bajo el número 45/2017; comunicado que se ordena agregar a los autos para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Procurador General de Justicia del Estado, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cinco de julio del presente año, informa que la carpeta de investigación que fue aperturada con motivo de la denuncia de hechos presentada ***********, fue registrada con el número *********, ante el Ministerio Público de la Agencia Primera de Investigación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en esta Ciudad, y al efecto, remite copia certificada del auto de radicación. Ahora bien, del contenido de dicho acuerdo se advierte que el delito de lesiones y daños que es materia de investigación fue cometido en agravio de ************. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 51, fracción VIl, de la Ley de Amparo, el suscrito se declara impedido para conocer del presente juicio de amparo, en atención a lo siguiente: Los impedimentos constituyen un aspecto que está íntimamente vinculado con la idoneidad e imparcialidad exigida por la Constitución Federal en la administración de justicia. Por su parte, la imparcialidad es una cualidad que deben gozar los jueces en el ejercicio de su función, que consiste en la neutralidad que deben presentar respecto a quien solicita una concreta tutela jurídica y respecto de aquél frente a quien esa tutela se solicita. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la obligación de juzgar con ausencia absoluta de designio anticipado, además de ser una virtud interior de quien dice el derecho que sólo puede ser evaluada en la conciencia de cada quien, y también está plasmado en la Constitución Federal como uno de los atributos de la carrera judicial, lo cual implica que la imparcialidad ha de tener un reflejo exterior palpable en los actos del funcionario judicial, de modo tal que su comportamiento imponga a las partes, nada más por la fuerza del ejemplo y de la razón, la confianza fundada en que los asuntos sometidos a su potestad habrán de resolverse sin prevención a favor de alguna de ellas. En ese sentido, el principio de imparcialidad se ha entendido en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios que conozca y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. En efecto, el condicionamiento del ejercicio de la función jurisdiccional, desde el punto de vista del juzgador, individualmente considerado, tiene lugar desde una óptica objetiva, por causa de los requisitos legales que debe satisfacer para ser designado juez, y desde una óptica subjetiva, por causa de las relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones en torno a las cuales le unen vínculos de afecto, de animadversión o de interés directo en el negocio. Las relaciones e intereses personales que permiten presumir parcialidad en un juzgador se traducen en hechos o circunstancias personales que ocurren en un funcionario judicial y que lo obligan a inhibirse del conocimiento de determinado juicio por ser obstáculo para que imparta justicia. La existencia de tales conflictos de interés para el juzgador, por virtud de la exigencia constitucional de imparcialidad, implica un problema de interés público que el legislador ha resuelto a través de la figura del impedimento y otras instituciones procesales. Como ya se mencionó, todo proceso que se someta a la consideración de un juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las relaciones de los tribunales, con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de nuestra Carta Magna. En el caso, se actualiza la fracción VII, del numeral 51 de la Ley de Amparo, en virtud de que de la aludida constancia se advierte que Liliana Anguiano Casillas, tiene el carácter de victima u ofendida, respecto de los hechos que son materia de la carpeta de investigación de que deriva el acto reclamado, quien actualmente desempeña el cargo de Secretaria de Acuerdos adscrita a este órgano jurisdiccional, lo que se corrobora con el nombramiento que del mismo obra en su expediente personal con que se cuenta en este Juzgado, del que se ordena certificar una copia a fin de que se acompañe al presente juicio; por lo cual, si bien, en cuanto a dicha relación laboral existe subordinación; lo cierto es que producido por la convivencia cotidiana que deriva de dicho vínculo, se genera en el ánimo del suscrito un aprecio como a todo colaborador que integra el juzgado del cual soy titular y, por ende, la empatía puede calificarse como amistad estrecha; sumado a que, como se ha establecido, la imparcialidad debe tener un reflejo exterior en los actos del suscrito. El citado artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo dice: "ARTÍCULO 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: (.) VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y (.)". De lo transcrito, se advierte que un Juez de Distrito debe declararse impedido legalmente para conocer de un juicio de amparo, en caso de que tuviesen amistad estrecha con alguna de las partes, sus abogados o sus representantes. Sobre el tema particular, se cita la jurisprudencia 2da./J.36/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Página 105, Novena época, con número de registro 186939, del contenido literal siguiente: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL ES SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN QUE EN ESE SENTIDO HACE EL FUNCIONARIO JUDICIAL RESPECTIVO. De conformidad con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo, los funcionarios ahí mencionados estarán impedidos para conocer del juicio de garantías cuando tengan amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes. En consecuencia, si algún funcionario judicial manifiesta que tiene amistad estrecha por existir convivencia familiar frecuente con una de las partes, esta causal de impedimento debe tenerse por acreditada no sólo en mérito de la credibilidad que como Juez goza, sino porque tal manifestación valorada en términos de lo previsto en los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la referida Ley de Amparo, tiene validez probatoria plena, por tratarse de una confesión expresa en lo que le perjudica, hecha por persona capaz para obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia y proveniente de un hecho propio, en relación con el asunto de donde se originó la excusa planteada." Asimismo, atendiendo a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial este juzgador se declara impedido para conocer del presente juicio de garantías. Igualmente, debe tomarse en consideración que el citado precepto 51 de la Ley de Amparo, establece que de satisfacerse cualquiera de los supuestos legales que contempla, resulta forzosa la manifestación del impedimento, pues la ley establece una presunción a esos efectos, con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, exigida constitucionalmente. Atento a lo anterior, con fundamento en los numerales 51 y 55 ambos de la Ley de Amparo, el juzgador debe declararse impedido desde el momento en que se actualice cualquiera de las causales, bajo el apercibimiento de incurrir en responsabilidad en caso de ser omiso, y que para ello basta que el servidor público impedido invoque las razones y circunstancias que satisfagan los supuestos de alguna de las causales correspondientes. En consecuencia, al estimarse actualizada la causal de impedimento a que se hizo referencia en párrafos precedentes, con fundamento en el artículo 55, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, remítanse los autos del juicio de amparo en que se actúa, con copia certificada del nombramiento de la promovente al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito en esta ciudad de Colima, a fin de que se sirva calificar el impedimento planteado. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS DEL DÍA DE HOY CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.

  4. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de catorce de julio de dos mil diecisiete que dice: Visto el oficio de cuenta signado por el Procurador General de Justicia del Estado, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cinco de julio del presente año, informa que la carpeta de investigación que fue aperturada con motivo de la denuncia de hechos presentada ***********, fue registrada con el número *********, ante el Ministerio Público de la Agencia Primera de Investigación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en esta Ciudad, y al efecto, remite copia certificada del auto de radicación. Ahora bien, del contenido de dicho acuerdo se advierte que el delito de lesiones y daños que es materia de investigación fue cometido en agravio de ************. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 51, fracción VIl, de la Ley de Amparo, el suscrito se declara impedido para conocer del presente juicio de amparo, en atención a lo siguiente: Los impedimentos constituyen un aspecto que está íntimamente vinculado con la idoneidad e imparcialidad exigida por la Constitución Federal en la administración de justicia. Por su parte, la imparcialidad es una cualidad que deben gozar los jueces en el ejercicio de su función, que consiste en la neutralidad que deben presentar respecto a quien solicita una concreta tutela jurídica y respecto de aquél frente a quien esa tutela se solicita. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la obligación de juzgar con ausencia absoluta de designio anticipado, además de ser una virtud interior de quien dice el derecho que sólo puede ser evaluada en la conciencia de cada quien, y también está plasmado en la Constitución Federal como uno de los atributos de la carrera judicial, lo cual implica que la imparcialidad ha de tener un reflejo exterior palpable en los actos del funcionario judicial, de modo tal que su comportamiento imponga a las partes, nada más por la fuerza del ejemplo y de la razón, la confianza fundada en que los asuntos sometidos a su potestad habrán de resolverse sin prevención a favor de alguna de ellas. En ese sentido, el principio de imparcialidad se ha entendido en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios que conozca y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. En efecto, el condicionamiento del ejercicio de la función jurisdiccional, desde el punto de vista del juzgador, individualmente considerado, tiene lugar desde una óptica objetiva, por causa de los requisitos legales que debe satisfacer para ser designado juez, y desde una óptica subjetiva, por causa de las relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones en torno a las cuales le unen vínculos de afecto, de animadversión o de interés directo en el negocio. Las relaciones e intereses personales que permiten presumir parcialidad en un juzgador se traducen en hechos o circunstancias personales que ocurren en un funcionario judicial y que lo obligan a inhibirse del conocimiento de determinado juicio por ser obstáculo para que imparta justicia. La existencia de tales conflictos de interés para el juzgador, por virtud de la exigencia constitucional de imparcialidad, implica un problema de interés público que el legislador ha resuelto a través de la figura del impedimento y otras instituciones procesales. Como ya se mencionó, todo proceso que se someta a la consideración de un juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las relaciones de los tribunales, con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de nuestra Carta Magna. En el caso, se actualiza la fracción VII, del numeral 51 de la Ley de Amparo, en virtud de que de la aludida constancia se advierte que Liliana Anguiano Casillas, tiene el carácter de victima u ofendida, respecto de los hechos que son materia de la carpeta de investigación de que deriva el acto reclamado, quien actualmente desempeña el cargo de Secretaria de Acuerdos adscrita a este órgano jurisdiccional, lo que se corrobora con el nombramiento que del mismo obra en su expediente personal con que se cuenta en este Juzgado, del que se ordena certificar una copia a fin de que se acompañe al presente juicio; por lo cual, si bien, en cuanto a dicha relación laboral existe subordinación; lo cierto es que producido por la convivencia cotidiana que deriva de dicho vínculo, se genera en el ánimo del suscrito un aprecio como a todo colaborador que integra el juzgado del cual soy titular y, por ende, la empatía puede calificarse como amistad estrecha; sumado a que, como se ha establecido, la imparcialidad debe tener un reflejo exterior en los actos del suscrito. El citado artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo dice: "ARTÍCULO 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: (.) VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y (.)". De lo transcrito, se advierte que un Juez de Distrito debe declararse impedido legalmente para conocer de un juicio de amparo, en caso de que tuviesen amistad estrecha con alguna de las partes, sus abogados o sus representantes. Sobre el tema particular, se cita la jurisprudencia 2da./J.36/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Página 105, Novena época, con número de registro 186939, del contenido literal siguiente: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL ES SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN QUE EN ESE SENTIDO HACE EL FUNCIONARIO JUDICIAL RESPECTIVO. De conformidad con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo, los funcionarios ahí mencionados estarán impedidos para conocer del juicio de garantías cuando tengan amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes. En consecuencia, si algún funcionario judicial manifiesta que tiene amistad estrecha por existir convivencia familiar frecuente con una de las partes, esta causal de impedimento debe tenerse por acreditada no sólo en mérito de la credibilidad que como Juez goza, sino porque tal manifestación valorada en términos de lo previsto en los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la referida Ley de Amparo, tiene validez probatoria plena, por tratarse de una confesión expresa en lo que le perjudica, hecha por persona capaz para obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia y proveniente de un hecho propio, en relación con el asunto de donde se originó la excusa planteada." Asimismo, atendiendo a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial este juzgador se declara impedido para conocer del presente juicio de garantías. Igualmente, debe tomarse en consideración que el citado precepto 51 de la Ley de Amparo, establece que de satisfacerse cualquiera de los supuestos legales que contempla, resulta forzosa la manifestación del impedimento, pues la ley establece una presunción a esos efectos, con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, exigida constitucionalmente. Atento a lo anterior, con fundamento en los numerales 51 y 55 ambos de la Ley de Amparo, el juzgador debe declararse impedido desde el momento en que se actualice cualquiera de las causales, bajo el apercibimiento de incurrir en responsabilidad en caso de ser omiso, y que para ello basta que el servidor público impedido invoque las razones y circunstancias que satisfagan los supuestos de alguna de las causales correspondientes. En consecuencia, al estimarse actualizada la causal de impedimento a que se hizo referencia en párrafos precedentes, con fundamento en el artículo 55, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, remítanse los autos del juicio de amparo en que se actúa, con copia certificada del nombramiento de la promovente al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito en esta ciudad de Colima, a fin de que se sirva calificar el impedimento planteado. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS DEL DÍA DE HOY CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.

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