Luis Ángel Valdez Carreón
Expediente 1390/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1390/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Luis Ángel Valdez Carreón
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro uno de Juzgado, correspondiente al registro de juicios de amparo con el número que le corresponda; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2. Se acepta returno. Visto el oficio de cuenta mediante el cual el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, remite el juicio de amparo 1329/2022 de su índice, toda vez que por auto de once de octubre de dos mil veintidós, declinó el turno para conocer del citado juicio a favor de este juzgado; en consecuencia, este juzgado acepta el turno planteado y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Luis Ángel Valdez Carreón, contra los actos reclamados al juez Oral de lo Penal de Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. De igual manera, acompaña los cuadernos incidentales derivados del citado juicio de derechos, un legajo de pruebas -tomo I- y un disco compacto. Acúsese el recibo correspondiente. 3. Se sobresee fuera de audiencia. Ahora, y toda vez que de la demanda de amparo promovida por Luis Ángel Valdez Carreón, fue admitida por el juzgado que previno en su conocimiento, al no advertirse una causal de notoria improcedencia, se procede al estudio de la procedencia del juicio de derechos. De la certificación que antecede y de las constancias remitidas por el homólogo federal, se advierte que se declinó el conocimiento del asunto a este juzgado de Distrito respecto de la demanda de amparo presentada por el referido quejoso contra el acto atribuido al juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, y otras autoridades, consistente en la determinación de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, emitida por el juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, a través de la cual se emitió orden de aprehensión en su contra, y su ejecución, derivada de la causa penal 3249/2020. Ahora bien, este juzgador advierte que la acción constitucional es notoriamente improcedente, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]" En efecto, la citada hipótesis de improcedencia sólo puede aplicarse cuando se haya producido la llamada cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada aquella verdad legal que no admite ulterior recurso. Esta figura jurídica -cosa juzgada- entraña un fenómeno procesal que se traduce en que, para su existencia en el juicio de amparo, sea necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio, en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, acciones y cosas o causas de pedir; por lo tanto, resulta indispensable que para que la figura de que se viene hablando se dé en la realidad jurídica exista tal y como ya se mencionó con anterioridad una identidad de partes, de objetos o de la cosa materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer. En materia de amparo, la disposición legal transcrita contempla una hipótesis de cosa juzgada de un juicio de amparo, en relación con otro posterior, con vista a la identidad en cuanto al quejoso, a la autoridad responsable y al acto reclamado; se trata pues, de dos juicios iguales, aunque en las correspondientes demandas no se aleguen los mismos conceptos de violación; circunstancia ésta que no desvirtúa la mencionada identidad. Por tanto, es inconcuso que para que opere la cosa juzgada como causa de improcedencia de un juicio de amparo, se requiere que el anterior se haya resuelto y declarado la correspondiente ejecutoria, pues de no ser así, deberá aplicarse una diversa fracción del numeral 63 de la Ley de Amparo, que prevé otra hipótesis de sobreseimiento (fracción V). Orienta a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se reproduce: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. (FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción a virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Así como la diversa I.6º.C.45 K, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LA MATERIA. Una recta interpretación del artículo 73, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales al expresar los vocablos: "materia de una ejecutoria", debe entenderse que la ley se refiere a las sentencias lato sensu, que emiten los órganos jurisdiccionales de amparo, sin importar el sentido de las mismas, pues de la lectura de dicho precepto, no se infiere que el legislador hubiese hecho distinción alguna, por lo que tiene aplicación el aforismo jurídico que establece que cuando el legislador no distingue, el juzgador no puede distinguir." Como se adelantó, de las constancias que integran el presente juicio de derechos, se advierte que la parte quejosa hace consistir su reclamo en la orden de aprehensión librada el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, por el juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, deducida de la causa penal 3249/2020, y su ejecución atribuida a diversas autoridades. De igual manera, de la certificación de cuenta se desprende que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte la existencia del diverso juicio de derechos 243/2022, promovido por Luis Ángel Valdez Carreón, en contra de las citadas autoridades y por los propios actos reclamados -orden de aprehensión librada el diecinueve de abril de dos mil veintiuno y su ejecución; asimismo, mediante resolución constitucional de nueve de junio de dos mil veintidós, se sobreseyó en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción X de la Ley de Amparo; determinación que causó ejecutoria el veintiocho de junio siguiente, al no haber sido impugnada por ninguna de las partes. Por lo tanto, es inconcuso que lo expuesto demuestra de manera fehaciente que el peticionario del amparo promovió el diverso juicio de amparo 243/2022, del propio índice, y que la resolución dictada en el mismo se declaró firme, es decir, que los actos que por esta vía reclama ya fueron motivo de análisis en otro juicio amparo; circunstancia que permite la adecuación del caso a la hipótesis de improcedencia invocada al inicio del presente considerando. Al respecto, es aplicable, por las razones que la contienen, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO POR ACTOS APRECIADOS EN OTRO AMPARO. Si los quejosos promovieron dos juicios de amparo contra los mismos preceptos que se combaten en el presente, es suficiente la circunstancia de que en el primero de dichos juicios haya sido dictada ejecutoria por este Alto Tribunal, para invocar el motivo de sobreseimiento establecido por el artículo 73, fracción IV, de la ley orgánica del juicio de garantías, puesto que resulta evidente que los preceptos reclamados ya fueron materia de diversa ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo formulado por los propios quejosos, contra las mismas autoridades responsables e inclusive con semejantes conceptos de violación." De igual manera, sustenta lo anterior, la tesis XX.95 K, que dispone: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir, debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Una conclusión en sentido contrario, es decir, en la que se aceptara la procedencia del juicio de amparo, permitiría la promoción interminable de la acción constitucional reparando, en cada ocasión, las omisiones en las que se hubiera incurrido previamente, lo que resulta jurídicamente inaceptable. En consecuencia, ante la actualización de la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de derechos. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." 4. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018 5. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 6. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 7. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia sanitaria por COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. En ese sentido, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico y número telefónico que señala en su demanda, para cuestiones no procesales. 8. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 9. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 10. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 11. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 12. Oficio de compensación. Finalmente, mediante oficio comuníquese al jefe de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, de esta ciudad, la recepción de la demanda de amparo de cuenta, adjuntándole copia simple de la misma, a fin de que proceda a realizar el registro y compensación correspondiente, para equilibrar las cargas de trabajo en los órganos jurisdiccionales de esta ciudad Notifíquese; mediante oficio a jefe de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro uno de Juzgado, correspondiente al registro de juicios de amparo con el número que le corresponda; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2. Se acepta returno. Visto el oficio de cuenta mediante el cual el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, remite el juicio de amparo 1329/2022 de su índice, toda vez que por auto de once de octubre de dos mil veintidós, declinó el turno para conocer del citado juicio a favor de este juzgado; en consecuencia, este juzgado acepta el turno planteado y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Luis Ángel Valdez Carreón, contra los actos reclamados al juez Oral de lo Penal de Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. De igual manera, acompaña los cuadernos incidentales derivados del citado juicio de derechos, un legajo de pruebas -tomo I- y un disco compacto. Acúsese el recibo correspondiente. 3. Se sobresee fuera de audiencia. Ahora, y toda vez que de la demanda de amparo promovida por Luis Ángel Valdez Carreón, fue admitida por el juzgado que previno en su conocimiento, al no advertirse una causal de notoria improcedencia, se procede al estudio de la procedencia del juicio de derechos. De la certificación que antecede y de las constancias remitidas por el homólogo federal, se advierte que se declinó el conocimiento del asunto a este juzgado de Distrito respecto de la demanda de amparo presentada por el referido quejoso contra el acto atribuido al juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, y otras autoridades, consistente en la determinación de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, emitida por el juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, a través de la cual se emitió orden de aprehensión en su contra, y su ejecución, derivada de la causa penal 3249/2020. Ahora bien, este juzgador advierte que la acción constitucional es notoriamente improcedente, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]" En efecto, la citada hipótesis de improcedencia sólo puede aplicarse cuando se haya producido la llamada cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada aquella verdad legal que no admite ulterior recurso. Esta figura jurídica -cosa juzgada- entraña un fenómeno procesal que se traduce en que, para su existencia en el juicio de amparo, sea necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio, en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, acciones y cosas o causas de pedir; por lo tanto, resulta indispensable que para que la figura de que se viene hablando se dé en la realidad jurídica exista tal y como ya se mencionó con anterioridad una identidad de partes, de objetos o de la cosa materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer. En materia de amparo, la disposición legal transcrita contempla una hipótesis de cosa juzgada de un juicio de amparo, en relación con otro posterior, con vista a la identidad en cuanto al quejoso, a la autoridad responsable y al acto reclamado; se trata pues, de dos juicios iguales, aunque en las correspondientes demandas no se aleguen los mismos conceptos de violación; circunstancia ésta que no desvirtúa la mencionada identidad. Por tanto, es inconcuso que para que opere la cosa juzgada como causa de improcedencia de un juicio de amparo, se requiere que el anterior se haya resuelto y declarado la correspondiente ejecutoria, pues de no ser así, deberá aplicarse una diversa fracción del numeral 63 de la Ley de Amparo, que prevé otra hipótesis de sobreseimiento (fracción V). Orienta a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se reproduce: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. (FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción a virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Así como la diversa I.6º.C.45 K, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LA MATERIA. Una recta interpretación del artículo 73, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales al expresar los vocablos: "materia de una ejecutoria", debe entenderse que la ley se refiere a las sentencias lato sensu, que emiten los órganos jurisdiccionales de amparo, sin importar el sentido de las mismas, pues de la lectura de dicho precepto, no se infiere que el legislador hubiese hecho distinción alguna, por lo que tiene aplicación el aforismo jurídico que establece que cuando el legislador no distingue, el juzgador no puede distinguir." Como se adelantó, de las constancias que integran el presente juicio de derechos, se advierte que la parte quejosa hace consistir su reclamo en la orden de aprehensión librada el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, por el juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, deducida de la causa penal 3249/2020, y su ejecución atribuida a diversas autoridades. De igual manera, de la certificación de cuenta se desprende que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte la existencia del diverso juicio de derechos 243/2022, promovido por Luis Ángel Valdez Carreón, en contra de las citadas autoridades y por los propios actos reclamados -orden de aprehensión librada el diecinueve de abril de dos mil veintiuno y su ejecución; asimismo, mediante resolución constitucional de nueve de junio de dos mil veintidós, se sobreseyó en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción X de la Ley de Amparo; determinación que causó ejecutoria el veintiocho de junio siguiente, al no haber sido impugnada por ninguna de las partes. Por lo tanto, es inconcuso que lo expuesto demuestra de manera fehaciente que el peticionario del amparo promovió el diverso juicio de amparo 243/2022, del propio índice, y que la resolución dictada en el mismo se declaró firme, es decir, que los actos que por esta vía reclama ya fueron motivo de análisis en otro juicio amparo; circunstancia que permite la adecuación del caso a la hipótesis de improcedencia invocada al inicio del presente considerando. Al respecto, es aplicable, por las razones que la contienen, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO POR ACTOS APRECIADOS EN OTRO AMPARO. Si los quejosos promovieron dos juicios de amparo contra los mismos preceptos que se combaten en el presente, es suficiente la circunstancia de que en el primero de dichos juicios haya sido dictada ejecutoria por este Alto Tribunal, para invocar el motivo de sobreseimiento establecido por el artículo 73, fracción IV, de la ley orgánica del juicio de garantías, puesto que resulta evidente que los preceptos reclamados ya fueron materia de diversa ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo formulado por los propios quejosos, contra las mismas autoridades responsables e inclusive con semejantes conceptos de violación." De igual manera, sustenta lo anterior, la tesis XX.95 K, que dispone: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir, debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Una conclusión en sentido contrario, es decir, en la que se aceptara la procedencia del juicio de amparo, permitiría la promoción interminable de la acción constitucional reparando, en cada ocasión, las omisiones en las que se hubiera incurrido previamente, lo que resulta jurídicamente inaceptable. En consecuencia, ante la actualización de la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de derechos. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." 4. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018 5. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 6. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 7. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia sanitaria por COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. En ese sentido, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico y número telefónico que señala en su demanda, para cuestiones no procesales. 8. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 9. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 10. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 11. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 12. Oficio de compensación. Finalmente, mediante oficio comuníquese al jefe de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, de esta ciudad, la recepción de la demanda de amparo de cuenta, adjuntándole copia simple de la misma, a fin de que proceda a realizar el registro y compensación correspondiente, para equilibrar las cargas de trabajo en los órganos jurisdiccionales de esta ciudad Notifíquese; mediante oficio a jefe de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes
- Luis Ángel Valdez Carreón243/2022
- Luis Ángel Valdez Carreón89/2022
- Luis Àngel Valdez Carreón401/2021
- Luis Ángel Valdez Carreón433/2021
- Luis Angel Valdez Carreón151/2021
- Luis Ángel Valdez Carreón571/2022
- Luis Ángel Valdez Carreón449/2021
- Luis Ángel Yañez Valle1339/2021
- Luis Antonio Castro Ruiz1123/2017
- Luis Antonio Castro Ruiz1272/2016
- Luis Antonio Castro Ruiz858/2017
- Luis Antonio Irigoyen Santacruz1091/2017