Luis Angel Sánchez Carbajal
Expediente 1170/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1170/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/08/2023
Partes del expediente
- Luis Angel Sánchez Carbajal
Actuaciones
- Principal
II. En el recurso de queja *** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito se admitió el medio de impugnación interpuesto por el quejoso contra el proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés por el que se desechó la demanda. Se toma conocimiento de la determinación emitida por la Superioridad, y se está a la espera de la determinación que se emita en el aludido medio de impugnación.
- Principal
II. El autorizado de la parte quejosa en términos amplios interpone recurso de queja contra el proveído de veinticinco de julio de la anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo; INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE QUEJA Se tiene por interpuesto el recurso de queja. INFORME MATERIA DE LA QUEJA Se rinde informe sobre la materia del recurso de queja, en el sentido de que el auto recurrido, efectivamente fue dictado por el titular de este Juzgado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Sin que sea el caso dar vista a las partes para que señalen las constancias que deben remitirse para resolver el recurso, en virtud de que, como se anticipó, el auto recurrido es la determinación en la que se desechó la demanda de amparo, y por ende, no se dio intervención a las partes.
- Principal
II. Se tiene por recibida la demanda de amparo; se ordena formar el expediente electrónico e impreso y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 1170/2023-II. Se comisiona a la Secretaria la revisión e integración del expediente en los términos establecidos en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19. Por lo cual se hace saber a las partes que este expediente sólo se tramitará de manera electrónica; por lo que únicamente se agregarán al expediente físico lo siguiente: *Promociones que se entreguen físicamente. *Constancias de notificación que se realicen de manera física. *Demás documentos entregados físicamente, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. El expediente electrónico deberá ser integrado de manera distribuida, por el secretario judicial encargado del expediente, el actuario judicial, el oficial judicial "C", el oficial de partes y la oficial judicial "A". No obstante, las anotaciones en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, deberán realizarse de forma concentrada por el oficial judicial "A" en términos del artículo 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. El quejoso "bajo protesta de decir verdad", en esencia señaló como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: Que el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, sufrió un accidente automovilístico. Que el vehículo en el que viajaba fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Se inició la carpeta de investigación *** y se ordenó el aseguramiento del vehículo ****, placas de circulación del Estado de México, en las instalaciones de ***. Que en el mes de junio, el quejoso celebró un acuerdo reparatorio y recibió la cantidad de ***por concepto de reparación del daño. Que mediante oficio de veintidós de junio del año en curso, signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Toluca de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se levantó el aseguramiento y se ordenó la devolución del vehículo antes descrito. Que el tres de julio de la presente anualidad, ***, condicionó la devolución del vehículo, por un pago de *** por concepto de maniobras, custodia y abanderamiento. Que el quejoso el tres de julio pasado pagó dicha cantidad al servicio de grúas, mediante transferencia electrónica y le entregaron el vehículo. DESECHAMIENTO. NO ES ACTO DE AUTORIDAD. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos 1°, fracción I y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento, toda vez que el acto reclamado no proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional. De la interpretación de los preceptos legales transcritos se obtiene que ... el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que violen los derechos fundamentales reconocidos otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De igual forma, conforme al contenido de los artículos en mención, el juicio de amparo también procede contra actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten al gobernado y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Expuesto lo anterior, es dable afirmar que es autoridad para efectos del juicio de amparo el órgano del Estado, que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; de ahí que autoridad es todo aquel órgano del Estado que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas por la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de dicha potestad. En ese sentido, es evidente que el acto que reclama el quejoso, a un servicio de grúa deriva del cobro de la cantidad de ****, por concepto de traslado, maniobras, custodia, resguardo y abanderamiento del vehículo **** placas de circulación del Estado de México, relacionado con la carpeta de investigación ***, no reviste el carácter de autoridad, porque no se dan los supuestos relativos a que la personal moral, haya realizado actos equivalentes a los de autoridad, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, precisamente, porque no se actualiza, la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable al ser pública la fuente de esa potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Esto es así, porque el servicio de grúa, se presta con la existencia previa de una concesión, otorgada por el Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y para el otorgamiento de la concesión se debe sujetar a la declaratoria de existencia de necesidad pública que haga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con base la declaratoria de existencia de necesidad pública. En ese tenor, es indudable que el acto reclamado, queda comprendido dentro de aquéllos que no pueden ser considerados como emitidos por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que emana del servicio que presta a un ente del Estado como lo es la Secretaría de comunicaciones y Transportes. Por ende, en el caso, lo procedente sería la inconformidad por el cobro que el quejoso considera excesivo por la prestación de un servicio auxiliar de arrastre, y salvamento, y/o depósito de vehículos; ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que al consultar la página oficial del Gobierno de México, en su apartado de trámites de dicha Secretaría, en el cual se despliega el siguiente vinculo **** se advierte el señalamiento de la documentación necesaria para poder realizar el trámite, los costos y las opciones para realizar el mismo; de ahí que la moral no actuó con el carácter de autoridad responsable. Además, de la simple lectura de la ejecutoria de la que deriva dicho criterio, se desprende que tiene su origen en un supuesto diverso al que nos ocupa, dado que en dicha ejecutoria, el tema está relacionado con la entrega de un vehículo robado y por ende, con las cuestiones relacionadas a la reparación del daño a la víctima del delito de robo, por parte del imputado, que evidentemente en este caso, no acontece, porque como el propio quejoso lo sostiene, éste en el mes de junio del año en curso, "celebró un acuerdo reparatorio" con el imputado y recibió la cantidad de ***** por concepto de "reparación del daño"; por ende, resulta claro que en todo caso, su pretensión, debe reclamarse por la vía civil y ante autoridad diversa a la de amparo, en la que puede demandar la responsabilidad civil extracontractual, al tratarse de un derecho humano irrenunciable, al ser una figura esencial de naturaleza resarcitoria para todo aquel que ha resentido un hecho ilícito y constituye una acción autónoma de la reparación del daño derivada de un delito. Robustece lo expuesto, el hecho de que el promovente del amparo, en ningún momento reclamó la inconstitucionalidad de la tarifa que se consideró para hacer el cobro, ni tampoco refirió que éste se equipare al cobro por usura; de ahí que resulta improcedente el juicio de amparo. En el entendido de que la supuesta omisión que refiere el quejoso, la hace derivar del cobró que le hizo la moral que presta el servicio de grúa; y con ello se evidencia la improcedencia del juicio de amparo, porque de estimarse lo contrario, haría de éste, un recurso o ulterior medio de defensa para someter cuestiones administrativas, de organización y de presupuesto de las autoridades ministeriales, cuya función esencial es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública. Consecuentemente, el reclamo del quejoso relativo a la supuesta omisión de las autoridades ministeriales de no contar con infraestructura necesaria para poder trasladar, maniobrar, custodiar, resguardar y abanderar los vehículos asegurados en relación a una carpeta de investigación, no se trata de un acto de autoridad. CONCLUSIÓN. Se desecha de plano la demanda de amparo, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos 1°, fracción I y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento. AUTORIZADOS. Con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios del numeral citado a ****en atención a que cuentan con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos a ***, limitación que subsiste hasta en tanto realice su registro en el aludido sistema, lo cual deberá realizar mediante promoción, asimismo, a *** por así haberlo solicitado el promovente. CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario ***. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Se instruye al Actuario adscrito a este Juzgado Federal a fin de que las notificaciones de las determinaciones que se dicten en el presente juicio se realicen a la parte quejosa de manera electrónica, a través del usuario ****, por así haberlo solicitado, expresamente la parte quejosa en el proemio de su demanda. Se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este órgano jurisdiccional, a fin de que proceda a aperturar los campos necesarios. USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS. En ese sentido, hágase del conocimiento de la quejosa que a partir de esta fecha se le permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal. LEY DE TRANSPARENCIA. Se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.
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