Luis Ángel Rojas Maldonado
Expediente 1073/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1073/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis Ángel Rojas Maldonado
Actuaciones
- Principal
MESA III-A "... Agréguese el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a través del cual, informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de derechos humanos; el cual registró con el consecutivo 514/2023...."
- Principal
MESA III-A "... Vista el escrito del quejoso *********, se advierte que interpone recurso de queja; en su atención,..... se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer contra el auto de treinta y uno de octubre del año en curso, donde se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, ríndase el informe correspondiente, como apoyo del mismo y remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, a quien incumbe la calificación sobre procedencia, oportunidad y, en su caso, resolución, lo siguiente: 1) copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo y 2) escrito por el que la parte quejosa interpone recurso de queja el cual fue recibido electrónicamente...."
- Principal
MESA III-A "... Vista la demanda de amparo presentada de manera electrónica por *********, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y otras autoridades. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el juicio de amparo indirecto 1073/2023. Desechamiento En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa no acredita el interés legítimo para instar el juicio de amparo, por las razones que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. En el caso, del escrito de demanda se tiene que la parte quejosa acude al juicio aduciendo un interés legítimo; sobre esa base debe decirse entonces que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. En ese sentido, cuando se alegue la afectación de derechos difusos, como es el libre tránsito, sea en forma individual o colectiva, la parte que acude al juicio constitucional tiene la carga de probar, mediante medios de prueba idóneos y eficaces, que los reclamos desemboquen en una afectación de imposible reparación a su derecho fundamental de libre tránsito, pues sólo así se acredita el extremo de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el derecho fundamental que se estima vulnerado, pues en caso de no acreditarlo la demanda de amparo se torna improcedente. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.)de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. En el caso, se estima que la parte quejosa Luis Ángel Rojas Maldonado no acredita ubicarse en una especial situación frente a las omisiones reclamadas que desemboquen en una afectación de imposible reparación a su derecho fundamental de libre tránsito que haga procedente el juicio de amparo, pues su exposición jurídica únicamente denota un interés simple, por virtud del cual pretende que, para mejorar el tránsito peatonal y vehicular de la Avenida Universidad 139, Ex Hacienda Candiani, Calle sin nombre, referencias: calle frente a Plaza del Valle, perteneciente, la autoridades deben implementar acciones tendientes a eliminar una serie de tubos adheridos al asfalto encadenados entre sí, denominados balardos En efecto, la referida quejosa sustancialmente señala como acto reclamado la omisión de las autoridades responsables de dictar las medidas necesarias para salvaguardar el derecho de libre tránsito sobre la Avenida Universidad 139, Ex Hacienda Candiani, Calle sin nombre, referencias: calle frente a Plaza del Valle. Ello, pues refiere que con motivo de que vive en la calle Avenida Reforma Agraria, N° 605, Venusiano Carranza, Colonia Cinco Señores, Oaxaca, transita por sus calles, colonia y banquetas, ya sea caminando o en vehículos particulares, asimismo, que por diversos motivos (visitar a su familia que vive en la experimental, realizar trámites de titulación en la UABJO, realizar compras de uno indispensable en la plaza comercial "PLAZA DEL VALLE" y acudir al cajero BBVA BANCOMER que se encuentra en esa zona por ser el más cercano a su casa), transita al margen de la plaza comercial referida, sobre la calle sin nombre que ilustra con imágenes insertas en su escrito de demanda, por ser el paso diario para las actividades que día a día realiza, y en la cual se encuentra una seria de tubos adheridos al asfalto, encadenados entre sí, y que refiere que no tienen ninguna utilidad pública, ya que en general impiden la permeabilidad vial de peatones en cualquiera de sus condiciones, ciclistas y en general la movilidad no motorizada, pues refiere que dichos tubos limitan el tránsito y lo entorpecen. De igual forma refiere, que sobre la banqueta de esa misma calle, la cual se encuentra delimitada por un portón metálico en el estacionamiento de la plaza comercial "PLAZA DEL VALLE", se encuentran a la mitad de la misma más tubos, los cuales atentan contra la seguridad del peatón, puesto que cualquier persona, así como las personas con discapacidad visual o de alguna otra y en general el peatón con independencia de su condición corre el riesgo de sufrir alguna lesión por causa de dichos tubos, ellos, pues refiere que al caminar sobre dicha banqueta, chocó un par de ocasiones con dichos tubos. Para acreditar su aseveración, la parte quejosa insertó en su escrito inicial de demanda diversas fotografías relacionadas con el acto que reclama. Asimismo, exhibe copia de una credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, con vigencia a partir del año dos mil trece al año dos mil veintitrés, de donde se evidencia que su domicilio lo establece en calle Amapolas Cond 4CS 17, Fracc. Los Jardines 71230, Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., como lo refiere en su escrito inicial de demanda; sin embargo, dichas documentales, son ineficaces para demostrar que las omisiones reclamadas desembocan en una afectación de imposible reparación a su derecho fundamental de libre tránsito, pues como el propio promovente expone en su demanda de amparo, dichos tubos adheridos al asfalto encadenados entre sí, denominados balardos no afectan de forma absoluta su derecho fundamental al libre tránsito, pues únicamente obstaculizan de forma parcial el acceso peatonal y vehicular de la Avenida Universidad 139, Ex Hacienda Candiani, Calle sin nombre, referencias: calle frente a Plaza del Valle. Lo anterior, sin que pase desapercibido que la parte quejosa también haya exhibido como prueba documental copia de un recibo de luz con numero de servicio 679061102429, del domicilio ubicado en Avenida Reforma Agraria, N° 605, Venusiano Carranza, Colonia Cinco Señores, Oaxaca, pues dicho recibo se encuentra a nombre de diversa persona al aquí quejoso. Por todo lo anterior, para este juzgador, la pretensión de la parte quejosa encuentra su origen en un interés simple, a través del cual pretende que las autoridades municipales mejoren las condiciones del tránsito peatonal y vehicular a los alrededores de la Avenida Universidad 139, Ex Hacienda Candiani, Calle sin nombre, referencias: calle frente a Plaza del Valle. De ahí, que el juicio de amparo es improcedente. Por las consideraciones que las informan son aplicables las tesis 233517, 1a./J. 38/2016 (10a.) y la 1a. CLXXXIV/2015 (10a.), del Pleno y de la Primera Sala, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: INTERES SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCION JURIDICA DIRECTA Y PARTICULAR". Entre los diversos intereses que puede tener una persona, o sean "situaciones favorables para la satisfacción de una necesidad", existen los llamados "intereses simples" que consisten en situaciones en las cuales los particulares reciben un beneficio del Estado cuando éste, en el ejercicio de sus atribuciones y buscando satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopta una conducta que coincide con esos intereses particulares; y en cambio sufren un perjuicio cuando esa conducta no es adecuada a los propios intereses. En el primer caso reciben un beneficio y en el segundo se perjudican, pero no tienen ningún derecho para exigir que se mantenga esa situación privilegiada. Puede decirse que esos intereses no tienen ninguna protección jurídica directa y particular, sino tan sólo la que resulta como reflejo de una situación general, porque no se puede crear una defensa especial para intereses particulares indiferenciales para el Estado. INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población. Bajo ese tenor, no existe daño inminente e irreparable a la pretensión de la parte quejosa, pues su sola manifestación se estima insuficiente para demostrar que se encuentran en una situación especial frente al ordenamiento jurídico, en relación con el derecho que alega acreditaba su interés para comprobar la afectación a su prerrogativa al libre tránsito y, por tanto, no demuestra el interés legítimo para instar este juicio de amparo. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XII, en relación con el diverso artículo 5, fracción I, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Pedro Lozano Jiménez, Paulina Mariela Ramírez Ramírez, Guadalupe Vivar Alvarez y José Miguel Cerón Quintanilla, por tener registrada su cedula profesional en el Sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Alberto López Soto, Noel Martínez López, Luis Manuel Lozano Anaya y Daniel Fernando Lozano Anaya, por así solicitarlo expresamente. Formas de contacto. Se tiene como forma de contacto de la parte quejosa, el número telefónico 9513276082, así como el correo electrónico liroma93@gmail.com, a través de los cuales, en su caso, se podrá entablar comunicaciones no procesales. Notificación electrónica. Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa tiene registrado los usuarios Luisro y LUIS.LOZANO, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; en tal virtud, se autoriza dicho usuario, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, conforme al numeral 357 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la solicitud para acceder al expediente electrónico puede formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esa facultad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 24 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 558 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación vía electrónica solicitada por la parte quejosa. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Transparencia. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY...."
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