Luis Ángel Riverón Morales
Expediente 904/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 904/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Luis Ángel Riverón Morales
Actuaciones
- Principal
II-Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 37640 remitido por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia declinada e informa que no insiste en la competencia planteada, por lo que se avocó al conocimiento del asunto. En esas condiciones se toma conocimiento de lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en cumplimiento al artículo 20, inciso a) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los seis meses siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Por otra parte, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Del mismo modo, de la certificación de cuenta se advierte que de conformidad con el artículo 35, párrafo tercero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos entre el expediente electrónico y el impreso. Notifíquese.
- Principal
II-Cúmplase.
- Principal
II-Recepción de autos Se tiene por recibido el oficio firmado por el secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, y anexos que acompaña consistentes en el expediente original relativo al juicio de amparo 1227/2022, promovida por José del Carmen Barjau Morales, a nombre de Luis Ángel Riverón Torres, José Antonio Sánchez Contino y Abel Candelaria Sánchez, así como del acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, de cuyo contenido se advierte que declina la competencia para conocer y resolver el referido juicio de amparo a favor de este juzgado federal. En tal virtud, se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno bajo el número 904/2022-II-C. Competencia De las constancias que integran el presente asunto, se advierte por auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, el órgano jurisdiccional oficiante declaró carecer de competencia para conocer de la indicada demanda de amparo por los actos que la parte quejosa hizo consistir en lo siguiente: Deportación o expulsión fuera del territorio nacional Injustificado alojamiento temporal Omisión de refugio Violación al libre tránsito Privación de la libertad Y estableció carecer de competencia, en esencia, bajo la afirmación de que los directos quejosos "se encuentran alojados en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Chetumal, Quintana Roo, de modo que -afirmó- los actos reclamados se están materializando en esta ciudad, por lo que el tema de competencia se ubica en la hipótesis precisada en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Con absoluto respeto y consideración, este Juzgado de Distrito no comparte las consideraciones y fundamentos por los cuales se declina la competencia. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente; por esto, resulta imprescindible verificar este extremo. Así, la función de los jueces que tienen encomendada la administración de la justicia para conocer, resolver y, en su caso, ejecutar las controversias que se les presenten mediante la aplicación del derecho, tiene límites señalados en sus atribuciones, es decir, dicha jurisdicción la ejercen por cuestiones concretas de materia, cuantía, grado o territorio, según sea el caso, y en esto radica justamente su competencia. Por ende, si bien los órganos jurisdiccionales por el hecho de serlo son titulares de la función jurisdiccional, no pueden realizar ésta en cualquier tipo de acto reclamado, sino únicamente en aquéllos para los que están facultados en la ley, es decir, en los que sean competentes. En ese contexto, debe indicarse que dentro de la normatividad jurídica que rige el juicio de amparo, la competencia para conocer de un asunto implica reconocer en éste la nota distintiva en el acto que se reclama, de si amerita o no ejecución material, así como distinguir los supuestos en que ésta se encuentre. Al respecto, es conveniente citar el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: Artículo 107 Fracción lV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; La norma constitucional transcrita establece la competencia por territorio de un Juez de Distrito entendiendo ésta como el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. Correlativo a ello, el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la reproducción anterior, se desprende que efectivamente uno de los aspectos determinantes para fijar la competencia en el amparo indirecto, es la ejecución del acto reclamado y verificar si realmente se está ejecutando dicho acto. Por ello, resulta necesario precisar si el o los actos reclamados tienen o no ejecución material, a fin de estar en aptitud de verificar qué regla de competencia opera en la especie. Esto es, si requiere de ejecución material, ya sea que la deba tener, trate de llevarse a cabo o ya la haya ejecutado, el competente para conocer de la demanda de amparo será el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción donde se haya ejecutado el acto. De ello se sigue, que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para distinguir qué juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo, pues así el quejoso puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, toda vez que si puede promover el juicio constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, brindándole mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, lo mismo que al juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida. De modo que, la competencia para conocer del amparo indirecto, contra actos de ejecución material, recae en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción sobre el sitio en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, el acto reclamado. Además, para el caso de que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Ahora, en el caso concreto, de las constancias remitidas por el órgano jurisdiccional declinante, contrario a lo señalado en el auto de veinticuatro de octubre del año en curso, no existe claridad, o por lo menos no existe cercioramiento que corrobore, que los directos quejosos se encuentren alojados en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Chetumal, Quintana Roo; esto ya que en la razón actuarial levantada por el actuario judicial adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, hizo constar la imposibilidad para notificar a los directos quejosos el acuerdo de veintitrés de octubre dictado en autos del juicio de amparo 1227/2022, de su índice, ya que al entrevistarse con el agente federal de migración adscrito a la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Campeche, le indicó lo siguiente: "Que tiene conocimiento que por el gran número de personas migrantes, fueron distribuidos en diversas estaciones migratorias, ubicadas en Escárcega, Ciudad del Carmen, ambas del Estado de Campeche y en el Estado de Quintana Roo, pero no tienen conocimiento o documento alguno en el que conste el nombre de las personas que fueron trasladadas a las estancias de Escárcega, Ciudad del Carmen, y en el Estado de Quintana Roo". Por otro lado, en el informe de suspensión de plano rendido por la autoridad responsable jefa de departamento de asuntos jurídicos de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Campeche, dicha autoridad informó: "Esta Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Campeche se hace sabedora de la suspensión otorgada a los quejosos, y se informa que los CC. Luis Ángel Riverón Torres, José Antonio Sánchez Contino y Abel Candelaria Sánchez, no se encuentra a disposición de esta Oficina de Representación del INM en Campeche, se tiene conocimiento que se encuentra a disposición de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Quintana Roo". Ahora, si bien dicha autoridad manifestó que se encuentran detenidos en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Quintana Roo, no remitió constancia alguna de ingreso, alojamiento o procedimiento administrativo del que se advierta que dichos quejosos se encuentran o bien estuvieron detenidos en esas instalaciones. Lo cual, se estima necesario pues el Instituto Nacional de Migración, tiene oficinas de representación en el Estado de Quintana Roo, tanto en Chetumal, como en Cancún. Incluso, es destacable el escrito presentado por el promovente del juicio de amparo, en el que solicitó girar oficios a las oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal y Cancún para determinar la ubicación de los quejosos. Sobre lo cual, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, libró los oficios 34066 y 34067, respectivamente, sin que al momento de la recepción del juicio de amparo 1227/2022, obren en autos constancias de los acuses de recibo de dichos oficios o la información solicitada. Ante lo cual, dado el relato ambiguo sobre los hechos contenido en la demanda, no se puede concluir que hayan tenido o tengan ejecución en el lugar donde este juzgado federal ejerce jurisdicción, ante la falta de información que así lo corrobore, por lo que estima que este juzgado federal carece de competencia legal para resolver este asunto, por razón de territorio. Aunado a lo anterior, se reitera que tratándose de actos que requieren de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél donde tendrá ejecución o se ejecuta el acto reclamado, en este caso, según su criterio, el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentren detenidos los quejosos Luis Ángel Riverón Torres, José Antonio Sánchez Contino y Abel Candelaria Sánchez, lugar del que por el momento no se tiene certeza, pues no existe constancia alguna en el expediente remitido por la autoridad declinante que así lo acredite. Por tanto, si la parte quejosa reclama deportación o expulsión fuera del territorio nacional, injustificado alojamiento temporal, omisión de refugio, violación al libre tránsito y privación de la libertad; pero si dichos actos no se tiene la certeza de que se encuentren ejecutando en el lugar donde este juzgado federal ejerce jurisdicción, no es posible aceptar la competencia declinada y por ende devolver los autos para que conozca de dicho juicio al Juzgado de Distrito al ser quien previno en el conocimiento de la demanda. Tiene aplicación, por las razones que expone, la tesis XXVI.1 K (10a.), del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, página 1107, Décima Época, Registro digital: 2005068, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LOS AUTOS NO EXISTE INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA DETERMINAR EL LUGAR EN QUE TENDRÁ EJECUCIÓN EL ACTO RECLAMADO, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PRESENTA LA DEMANDA. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador prescindió de atender al lugar de residencia de las autoridades responsables como criterio para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto. En este sentido, dicho ordenamiento dispone que la competencia se surte de acuerdo con las reglas siguientes: a) A favor del Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto autoritario puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda, y c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, la competencia le corresponderá al juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, resulta manifiesta la intención de facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia, de ahí que cuando las constancias que obran en autos no aporten información suficiente para determinar el lugar en que tendrán ejecución los actos reclamados, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponda al Juez ante quien se presentó la demanda respectiva, pues es dable presumir que el quejoso opta por el tribunal al que le resulta más sencillo acudir, lo que es congruente con el aludido cambio normativo introducido en la Ley de Amparo vigente en materia de competencia." Asimismo, tiene aplicación por analogía la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 1, Tomo XVII, página 133, Quinta Época, Registro digital: 283563, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DUDOSA. En caso de que la competencia para conocer de un proceso, sea dudosa, debe declararse a favor del Juez que previno. En las relatadas circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, es que no se acepta la competencia planteada, para conocer de la demanda de amparo promovida por José del Carmen Barjau Morales, a nombre de Luis Ángel Riverón Torres, José Antonio Sánchez Contino y Abel Candelaria Sánchez, por tanto, en obvio de mayores trámites, devuélvase este asunto, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, con auto inserto de la presente determinación. Consecuentemente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta electrónica Atendiendo a las manifestaciones mediante las que solicita se le autorice a consultar y recibir notificaciones vía electrónica; previa búsqueda en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advirtió que el usuario "la72amparo", se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 263, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea, así como presentar promociones electrónicas y recibir notificaciones por dicho medio. Lo anterior, hágase del conocimiento del oficial judicial "A" adscrito a este Juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Protección de datos personales y transparencia Finalmente, con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese por lista y por oficio al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche.
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