Luis Ángel Ramos Reséndiz

Expediente 28/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
28/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
03/02/2022

Partes del expediente

  • Luis Ángel Ramos Reséndiz

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de febrero de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que el peticionario del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído veintiuno de enero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de enero de dos mil veintidós IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Director del Hospital General de Ciudad Valles, San Luis Potosí, por trasgresión que estima de los artículos 1, 4, 14, 16 y 22 constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 28/2022-II-G. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se advierte que el quejoso reclama la omisión por parte de las autoridades responsables de otorgarle la atención médica integral oportuna, debida y urgente que en derecho corresponde, por no administrarse el tratamiento médico, incluyendo equipo médico, material y cirugía, así como de no tomar las medidas adecuadas para adquirir el equipo y material médico que la atención a la salud requiere, y la atención urgente de calidad e inmediata por parte de un especialista en **********, ya que está en peligro no solo de perder uno de sus miembros, sino la vida misma, por la negligencia y el desinterés del cuerpo médico que hasta el día de hoy ha prevalecido. De igual forma, se advierte que el impetrante **********, promovió la diversa demanda de amparo que fue registrada con el número 27/2022-I de la estadística de este juzgado, en la que reclamó a la misma autoridad responsable, idéntico acto al que se combate en la demanda que ahora se promueve, datos que constituyen un hecho notorio para la suscrita, conforme a lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo segundo. En efecto, en aquélla demanda el quejoso señaló como acto reclamado, la omisión por parte de las autoridades responsables de otorgarle la atención médica integral oportuna, debida y urgente que en derecho corresponde, por no administrarse el tratamiento médico, incluyendo equipo médico, material y cirugía, así como de no tomar las medidas adecuadas para adquirir el equipo y material médico que la atención a la salud requiere, y la atención urgente de calidad e inmediata por parte de un especialista en traumatología, ya que está en peligro no solo de perder uno de sus miembros, sino la vida misma, por la negligencia y el desinterés del cuerpo médico que hasta el día de hoy ha prevalecido. Mientras que en la demanda que nos ocupa, reclama omisión por parte de las autoridades responsables de otorgarle la atención médica integral oportuna, debida y urgente que en derecho corresponde, por no administrarse el tratamiento médico, incluyendo equipo médico, material y cirugía, así como de no tomar las medidas adecuadas para adquirir el equipo y material médico que la atención a la salud requiere, y la atención urgente de calidad e inmediata por parte de un especialista en traumatología, ya que está en peligro no solo de perder uno de sus miembros, sino la vida misma, por la negligencia y el desinterés del cuerpo médico que hasta el día de hoy ha prevalecido. Entonces, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa fue promovida por **********, contra las mismas autoridades y por el propio acto que se reclama en el diverso juicio de amparo ********** del índice de este Juzgado Federal, mismo que, a la fecha se encuentra en trámite; por tanto, la demanda que ahora se promueve resulta notoriamente improcedente, por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, es decir, se promueve contra actos que son materia de diverso juicio constitucional, en el caso, el registrado ya detallado, el cual se encuentra en trámite. Por las razones que la informan, apoya lo expuesto, la tesis XI.2o.8 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 817, tomo III, junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." Así, es dable decir que el promovente del amparo no puede interponer válidamente el juicio de amparo en contra de los mismos actos, tantas veces como considere conveniente, dado que su instancia se encuentra sujeta a diversos requisitos de procedibilidad que condicionan su ejercicio válido. Sin que sea obstáculo a lo anterior el que el criterio citado haga referencia a la anterior Ley de Amparo abrogada, toda vez que su contenido no riñe con la legislación de la materia vigente. En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el precitado artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo en el invocado numeral 113, de la ley de la materia en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a **********, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que los autorice a ejercer la profesión de abogado. USO MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto por la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, así como grabadoras o lectores ópticos, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). DATOS DE CONTACTO: Se tiene señalando como correo electrónico y números de teléfono los que se indican en su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que, de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.

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