Luis Angel Ramos Hernandez
Expediente 2417/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2417/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Luis Angel Ramos Hernandez
Actuaciones
- Principal
MESA 8-B.- Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio del secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, residente en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, por medio del cual acusa de recibo del oficio 71795/2019, del índice de este órgano de control constitucional e informa que no insiste sobre la incompetencia planteada en el juicio de amparo 564/2019 de su índice, por lo que se avoca al conocimiento de la misma. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de noviembre del año en curso, se libró el oficio 69535, dirigido al Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, residente en Tuxtla Gutiérrez, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones de ser procedente, designe profesionista que patrocine al aquí quejoso en el presente juicio de amparo; ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Federal de la Defensoría Pública. Sin que exista constancia en autos que demuestre que lo hubiese recibido con oportunidad para estar en aptitud de rendirlo. En tal circunstancia, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la Jefa de la Administración Postal de esta ciudad, para que dentro del término de quince días, contado a partir de que quede debidamente notificada del presente proveído, se sirva remitir a este órgano jurisdiccional, el acuse de recibo o copia certificada del oficio antes citado, con número de factura MN105267215MX, depositado en esa dependencia, el cuatro de diciembre de la presente anualidad, o bien manifieste el impedimento legal que tenga para hacerlo; apercibida que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, se le aplicará multa de cincuenta unidades de medidas y actualización, conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de la medida y Actualización en relación con los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se señalan DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.
- Principal
MESA 8-B.- Con apoyo en el artículo 3 de la ley de amparo, se tiene por recibido el oficio signado por la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, por medio del cual inserta el auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en el cual se declara incompetente para conocer del juicio de amparo 564/2019 de su índice, promovido por Luis Ángel Ramos Hernández, contra actos del Juez Gobernador del Estado de Veracruz con sede en Xalapa y otras autoridades, y remite los autos originales. La parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: La orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Tantoyuca, Veracruz al Centro Federal de Readaptación Social Número 15, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, y de éste a un diverso Centro Federal de Readaptación Social. Ahora bien, la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, remite el juicio de amparo 564/2019, porque afirma que la ejecución del acto reclamado se deberá llevar a cabo en Villa Comaltitlán, Chiapas; y que por tal motivo de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, es este órgano jurisdiccional quien debe conocer sobre el tema. Decisión que este resolutor de amparo no comparte porque del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el siguiente: La orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Tantoyuca, Veracruz al Centro Federal de Readaptación Social Número 15, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, y de éste a un diverso Centro Federal de Readaptación Social De ello se colige que, se está en presencia de actos que requieren de ejecución material, en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, y que de facto, ya se realizó, pues de la simple lectura de la demanda de amparo se advierte que la orden de traslado ya fue ejecutada. En tal virtud, respecto a la competencia, los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, establecen: Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . . .VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. . . "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo. Reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan de la siguiente manera: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido será competente. c) Sólo cuando el acto que se reclama no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional considera que en el caso, aún no es posible determinar su competencia, si se toma en cuenta que de las manifestaciones del quejoso se obtiene que el acto reclamado comenzó a ejecutarse en un Distrito diverso -Tantoyuca, Veracruz- continúa ejecutándose en el territorio en el que este juzgado ejerce competencia, pero además el quejoso expresa que posiblemente el acto reclamado termine ejecutándose en un diverso distrito; por lo que ante la circunstancia de que la demanda de amparo fue interpuesta ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano, por ende, es inconcuso que no compete a este órgano de control constitucional, el conocimiento de la demanda de amparo, de ahí que no se acepta la competencia planteada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano. Esto es así puesto que, como antes se dijo, conforme al artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 37 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 169343, publicada en la página 225, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVIII, julio de 2008, cuyo rubro y texto refieren: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno". En tales condiciones, con apoyo en los artículos 37, segundo párrafo y 48 de la Ley de Amparo, se reitera que no se acepta la competencia declinada. Por tanto, con apoyo en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; 52 y 54 párrafo segundo, primera parte, de la Ley de Amparo, remítase el expediente 2417/2019, del índice de este juzgado a la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano, a través del servicio de mensajería denominado estafeta, a fin de que asuma el conocimiento de este juicio constitucional; se solicita atentamente se sirva acusar el recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Sin que sea el caso de ordenar la notificación personal del presente proveído al promovente de amparo, en virtud de que será el Juez declinante quien hará de su conocimiento el acuerdo que recaiga al emitido por este órgano de control constitucional. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 71, 103, 110, 113 y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, en vinculación al artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada, aplicable según el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del primer ordenamiento invocado; así como los artículos 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación del primero de los ordenamientos en cita, publicado en el citado medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día cinco del mes y año indicados, por el cual se derogó el Acuerdo General 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como las reformas que adicionaron los artículos 2º, 8º, 9º y 13, modificaron los numerales 7º, 8º, 33, 35 y 36, y reformaron el diverso 32, todos del citado reglamento, publicadas en el medio de difusión oficial referido, el doce de diciembre de dos mil siete, que entró en vigor al día siguiente; hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus "datos personales" (cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas identificadas o identificables) y el de manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo. En el entendido que de no existir oposición, la unidad administrativa correspondiente generará la versión pública de la resolución o de las demás constancias del expediente, suprimiendo cualquier otra información de carácter personal que contengan, procurando que dicha supresión no impida conocer el criterio de este órgano jurisdiccional. Sin embargo, tratándose de los datos sensibles, que se definen en el artículo 2º del citado reglamento, en la forma siguiente: "el dato personal que revela el origen racial o étnico, la convicción religiosa, filosófica o de otro género, la opinión política, la adhesión a un partido, sindicato, asociación u organización de carácter religioso, filosófico, político o sindical, o cualquier otro dato personal que revele el estado de salud o la vida sexual del titular de los datos personales"; serán suprimidos de la versión pública de las sentencias ejecutoras, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, aun cuando no exista oposición de las partes para su publicación, procurándose que tal supresión no impida el conocimiento del criterio sustentado por este Juzgado. Procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal, y en uso de la facultad discrecional que le otorga el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las cuales, en su caso, quedarán a disposición de las partes en esta secretaría, para su consulta, hasta en tanto llegue el momento de proveer sobre su destino final. Finalmente agréguese únicamente como corresponda el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez, toda que este Juzgado no aceptó la competencia y remítase conjuntamente con el amparo en que se actúa.
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