Luis Ángel Pérez León

Expediente 633/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
633/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
10/08/2018

Partes del expediente

  • Luis Ángel Pérez León
  • Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede de la Secretaría de este juzgado, se desprende que la parte quejosa dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de dieciséis de julio del año en curso, por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Visto el oficio 23318/2018, suscrito por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por el cual remite la resolución que ordenó la separación de juicios respecto de la demanda de amparo promovida por LUIS ÁNGEL PÉREZ LEÓN, ROGELIO FORTUNATO PÉREZ JUÁREZ, SHARON CAROLINA PÉREZ LEÓN, LIZZETH GUADALUPE PÉREZ CHAMORRO y FRANCISCO LEÓN SÁNCHEZ, como habitantes de la comunidad de San Matías Tepetomatitlan del Municipio de Apetatitlán, Tlaxcala, en contra de los actos reclamados de la SALA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, MAGISTRADO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, DILIGENCIARIO PAR DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, SECRETARIO DE ACUERDOS PAR DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, SECRETARIO DE ACUERDOS NON DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO y DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO; comuníquese a la autoridad oficiante que, con fundamento en el artículo 33, fracción IV, de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo, en relación con la orden de embargo decretada dentro del toca 139/2006, del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, respeto del inmueble denominado "TLACASCANTITLA". Acúsese el recibo de estilo acostumbrado. Fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 633/2018-ll-A; Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, este Juzgado advierte que la misma es MANIFIESTA E INDUDABLE Y POR ENDE NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este juzgador advierte que respecto de los actos reclamados por la parte quejosa Luis Ángel Pérez León, Rogelio Fortunato Pérez Juárez, Sharon Carolina Pérez León, Lizzeth Guadalupe Pérez Chamorro, Francisco León Sánchez, como habitantes de la comunidad de San Matías Tepetomatitlan del Municipio de Apetatitlán, Tlaxcala, consistentes en la orden de embargo decretada dentro del toca 139/2006, del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, respeto del inmueble denominado "TLACASCANTITLA", ubicado en la mencionada comunidad y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Tlaxcala; y su posible trance y remate; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el numeral 5° fracción I, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 107, fracción I, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: Los citados preceptos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia.". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Una vez establecido lo anterior, a fin de explicar la actualización de la causal de improcedencia del juicio de amparo, es preciso mencionar que los promoventes del amparo manifiestan que no son parte dentro del procedimiento natural del cual emanan los actos reclamados, esto es, no les reviste el carácter de parte dentro del toca 139/2006, del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. En ese contexto, conforme a la interpretación en conjunto de los citados artículos, se puede advertir que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien le perjudique la norma general o el acto reclamado, teniendo el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violentan los derechos previstos en el artículo 1° de la propia ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, el juicio de amparo solo puede ser seguido a instancia de parte agraviada, lo cual implica que únicamente quien tiene un interés jurídico legalmente tutelado, cuenta con legitimación procesal sustantiva para promover, y, en su caso, obtener la protección constitucional. Bajo este contexto, el primer supuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal del accionante del amparo, la cual le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo, que de resultar afectado con el acto autoritario que en su caso reclame, hace necesario acreditar que dicha conducta afecte a su esfera de derechos subjetivos. Después, para demostrar la afectación al interés jurídico en el amparo, se requiere acreditar a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, cuando menos, la existencia de los siguientes elementos: a) un derecho legítimo del quejoso sobre el bien tutelado; b) la precisión indudable de ese derecho (legitimación); y, c) la afectación del citado derecho, a través de un acto de autoridad (principio de agravio personal y directo). Este criterio lo ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Novena Época, que se encuentra visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, materia común, página 225, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Así como la diversa jurisprudencia VI. 3o. J/26, de la Octava Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Diciembre de 1991, cuyo rubro y texto establecen: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías. El perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, cuyo desconocimiento o violación otorga al afectado la facultad para acudir ante el Órgano Jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea transgredido. Esto precisamente constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Por lo anterior, sólo tiene interés jurídico aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Ahora bien, el interés jurídico reviste tal importancia en el juicio de amparo, que debe quedar fehacientemente acreditado y no inferirse de simples deducciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Núm. 82, Octubre de 1994, de la Octava Época, visible en la página 17, del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.". Aunado a lo anterior, debe indicarse que existen dos tipos de legitimación a saber: 1) ad causam, y, 2) ad procesum. La legitimación procesal derivan de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al Órgano Jurisdiccional con la petición de que inicie la tramitación del juicio o de una instancia; a esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum, y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercido por quien conforme a la ley está en aptitud para hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto que, la legitimación ad causam, es una condición para el ejercicio de la acción que implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad de derecho que se cuestione; esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional. Lo anterior lo ha sustentado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 75/97, de la Novena Época, que se encuentra visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 351, del rubro y contenido siguientes: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable.". Así como la diversa tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de la Séptima Época, que se encuentra visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 69, Cuarta Parte, página 43, del rubro y contenido siguientes: "LEGITIMACION AD CAUSAM. CONCEPTO. La legitimación "ad causam" es una condición para el ejercicio de la acción que implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad de derecho que se cuestione; esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional.". De lo anteriormente expuesto, se puede advertir que la legitimación ad procesum es un presupuesto procesal, ya que éste se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales, y por lo tanto, es la condición para la validez formal del juicio. Lo anterior, aplicado en materia de amparo, implica que el juicio constitucional debe pedirse por la parte agraviada, siempre que tenga un interés jurídico que le permita combatir el acto de autoridad, por haber sido afectada en sus derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal, y los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o en las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. En ese sentido, resulta concluyente determinar que LUIS ÁNGEL PÉREZ LEÓN, ROGELIO FORTUNATO PÉREZ JUÁREZ, SHARON CAROLINA PÉREZ LEÓN, LIZZETH GUADALUPE PÉREZ CHAMORRO y FRANCISCO LEÓN SÁNCHEZ, quienes acudieron a la instancia Constitucional ostentándose como como habitantes de la comunidad de San Matías Tepetomatitlan del Municipio de Apetatitlán, Tlaxcala, a la controversia del juicio natural a reclamar el embargo decretado dentro del toca 139/2006, del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, respeto del inmueble denominado "TLACASCANTITLA", ubicado en la mencionada comunidad y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Tlaxcala; y su posible trance y remate; sin que en dicho juicio aparezcan como parte demandada, ni demuestran que sean ocupantes o propietarios de dicho bien; por tanto, el procedimiento indicado, no transgrede en medida alguna las garantías de los quejosos, ya que como se dijo, ese acto fue dirigido a distinta persona de éstas, por tanto, con la simple tramitación del juicio natural, no se causa a LUIS ÁNGEL PÉREZ LEÓN, ROGELIO FORTUNATO PÉREZ JUÁREZ, SHARON CAROLINA PÉREZ LEÓN, LIZZETH GUADALUPE PÉREZ CHAMORRO y FRANCISCO LEÓN SÁNCHEZ, quienes acudieron a la instancia Constitucional ostentándose como habitantes de la comunidad de San Matías Tepetomatitlan del Municipio de Apetatitlán, Tlaxcala, un agravio personal y directo. Por lo que es evidente que los quejosos aun cuando son habitantes de la comunidad de San Matías Tepetomatitlan del Municipio de Apetatitlán, Tlaxcala, ello no le otorga legitimación, en el juicio de origen, por no tener ninguna intervención en el mismo, por no demandársele prestación alguna, ni ser ocupantes o propietarios del bien embargado en el procedimiento natural. Por lo anterior, al carecer la parte quejosa de legitimación activa en el proceso para reclamar el acto de la autoridad judicial responsable, se actualiza la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los numerales 5° fracción I y 6° todos de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 107, fracción I, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretados en sentido contrario, de ahí que se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de dicha la Ley de Amparo. Es pertinente aclarar que las jurisprudencias citadas en este estudio son aplicables, pues conforme al artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo a pesar que fueron emitidas conforme a la anterior ley, no se oponen a la vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizada a Yazmín Grande Muñoz, para oír notificaciones, recibir y consultar el expediente términos del artículo 12, párrafo segundo de la ley de la materia. Atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional y el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de la materia, y a fin de dar oportunidad a realizar dentro del término legal las notificaciones personales que se requieran durante el trámite de este juicio, se faculta al Actuario Judicial de la adscripción para que puedan llevarse a cabo en días y horas inhábiles. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Visto el oficio 23318/2018, suscrito por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por el cual remite la resolución que ordenó la separación de juicios respecto de la demanda de amparo promovida por LUIS ÁNGEL PÉREZ LEÓN, ROGELIO FORTUNATO PÉREZ JUÁREZ, SHARON CAROLINA PÉREZ LEÓN, LIZZETH GUADALUPE PÉREZ CHAMORRO y FRANCISCO LEÓN SÁNCHEZ, como habitantes de la comunidad de San Matías Tepetomatitlan del Municipio de Apetatitlán, Tlaxcala, en contra de los actos reclamados de la SALA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, MAGISTRADO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, DILIGENCIARIO PAR DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, SECRETARIO DE ACUERDOS PAR DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, SECRETARIO DE ACUERDOS NON DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO y DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO; comuníquese a la autoridad oficiante que, con fundamento en el artículo 33, fracción IV, de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo, en relación con la orden de embargo decretada dentro del toca 139/2006, del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, respeto del inmueble denominado "TLACASCANTITLA". Acúsese el recibo de estilo acostumbrado. Fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 633/2018-ll-A; Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, este Juzgado advierte que la misma es MANIFIESTA E INDUDABLE Y POR ENDE NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este juzgador advierte que respecto de los actos reclamados por la parte quejosa Luis Ángel Pérez León, Rogelio Fortunato Pérez Juárez, Sharon Carolina Pérez León, Lizzeth Guadalupe Pérez Chamorro, Francisco León Sánchez, como habitantes de la comunidad de San Matías Tepetomatitlan del Municipio de Apetatitlán, Tlaxcala, consistentes en la orden de embargo decretada dentro del toca 139/2006, del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, respeto del inmueble denominado "TLACASCANTITLA", ubicado en la mencionada comunidad y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Tlaxcala; y su posible trance y remate; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el numeral 5° fracción I, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 107, fracción I, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: Los citados preceptos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia.". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Una vez establecido lo anterior, a fin de explicar la actualización de la causal de improcedencia del juicio de amparo, es preciso mencionar que los promoventes del amparo manifiestan que no son parte dentro del procedimiento natural del cual emanan los actos reclamados, esto es, no les reviste el carácter de parte dentro del toca 139/2006, del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. En ese contexto, conforme a la interpretación en conjunto de los citados artículos, se puede advertir que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien le perjudique la norma general o el acto reclamado, teniendo el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violentan los derechos previstos en el artículo 1° de la propia ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, el juicio de amparo solo puede ser seguido a instancia de parte agraviada, lo cual implica que únicamente quien tiene un interés jurídico legalmente tutelado, cuenta con legitimación procesal sustantiva para promover, y, en su caso, obtener la protección constitucional. Bajo este contexto, el primer supuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal del accionante del amparo, la cual le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo, que de resultar afectado con el acto autoritario que en su caso reclame, hace necesario acreditar que dicha conducta afecte a su esfera de derechos subjetivos. Después, para demostrar la afectación al interés jurídico en el amparo, se requiere acreditar a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, cuando menos, la existencia de los siguientes elementos: a) un derecho legítimo del quejoso sobre el bien tutelado; b) la precisión indudable de ese derecho (legitimación); y, c) la afectación del citado derecho, a través de un acto de autoridad (principio de agravio personal y directo). Este criterio lo ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Novena Época, que se encuentra visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, materia común, página 225, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Así como la diversa jurisprudencia VI. 3o. J/26, de la Octava Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Diciembre de 1991, cuyo rubro y texto establecen: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías. El perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, cuyo desconocimiento o violación otorga al afectado la facultad para acudir ante el Órgano Jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea transgredido. Esto precisamente constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Por lo anterior, sólo tiene interés jurídico aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Ahora bien, el interés jurídico reviste tal importancia en el juicio de amparo, que debe quedar fehacientemente acreditado y no inferirse de simples deducciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Núm. 82, Octubre de 1994, de la Octava Época, visible en la página 17, del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.". Aunado a lo anterior, debe indicarse que existen dos tipos de legitimación a saber: 1) ad causam, y, 2) ad procesum. La legitimación procesal derivan de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al Órgano Jurisdiccional con la petición de que inicie la tramitación del juicio o de una instancia; a esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum, y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercido por quien conforme a la ley está en aptitud para hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto que, la legitimación ad causam, es una condición para el ejercicio de la acción que implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad de derecho que se cuestione; esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional. Lo anterior lo ha sustentado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 75/97, de la Novena Época, que se encuentra visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 351, del rubro y contenido siguientes: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable.". Así como la diversa tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de la Séptima Época, que se encuentra visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 69, Cuarta Parte, página 43, del rubro y contenido siguientes: "LEGITIMACION AD CAUSAM. CONCEPTO. La legitimación "ad causam" es una condición para el ejercicio de la acción que implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad de derecho que se cuestione; esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional.". De lo anteriormente expuesto, se puede advertir que la legitimación ad procesum es un presupuesto procesal, ya que éste se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales, y por lo tanto, es la condición para la validez formal del juicio. Lo anterior, aplicado en materia de amparo, implica que el juicio constitucional debe pedirse por la parte agraviada, siempre que tenga un interés jurídico que le permita combatir el acto de autoridad, por haber sido afectada en sus derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal, y los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o en las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. En ese sentido, resulta concluyente determinar que LUIS ÁNGEL PÉREZ LEÓN, ROGELIO FORTUNATO PÉREZ JUÁREZ, SHARON CAROLINA PÉREZ LEÓN, LIZZETH GUADALUPE PÉREZ CHAMORRO y FRANCISCO LEÓN SÁNCHEZ, quienes acudieron a la instancia Constitucional ostentándose como como habitantes de la comunidad de San Matías Tepetomatitlan del Municipio de Apetatitlán, Tlaxcala, a la controversia del juicio natural a reclamar el embargo decretado dentro del toca 139/2006, del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, respeto del inmueble denominado "TLACASCANTITLA", ubicado en la mencionada comunidad y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Tlaxcala; y su posible trance y remate; sin que en dicho juicio aparezcan como parte demandada, ni demuestran que sean ocupantes o propietarios de dicho bien; por tanto, el procedimiento indicado, no transgrede en medida alguna las garantías de los quejosos, ya que como se dijo, ese acto fue dirigido a distinta persona de éstas, por tanto, con la simple tramitación del juicio natural, no se causa a LUIS ÁNGEL PÉREZ LEÓN, ROGELIO FORTUNATO PÉREZ JUÁREZ, SHARON CAROLINA PÉREZ LEÓN, LIZZETH GUADALUPE PÉREZ CHAMORRO y FRANCISCO LEÓN SÁNCHEZ, quienes acudieron a la instancia Constitucional ostentándose como habitantes de la comunidad de San Matías Tepetomatitlan del Municipio de Apetatitlán, Tlaxcala, un agravio personal y directo. Por lo que es evidente que los quejosos aun cuando son habitantes de la comunidad de San Matías Tepetomatitlan del Municipio de Apetatitlán, Tlaxcala, ello no le otorga legitimación, en el juicio de origen, por no tener ninguna intervención en el mismo, por no demandársele prestación alguna, ni ser ocupantes o propietarios del bien embargado en el procedimiento natural. Por lo anterior, al carecer la parte quejosa de legitimación activa en el proceso para reclamar el acto de la autoridad judicial responsable, se actualiza la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los numerales 5° fracción I y 6° todos de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 107, fracción I, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretados en sentido contrario, de ahí que se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de dicha la Ley de Amparo. Es pertinente aclarar que las jurisprudencias citadas en este estudio son aplicables, pues conforme al artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo a pesar que fueron emitidas conforme a la anterior ley, no se oponen a la vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizada a Yazmín Grande Muñoz, para oír notificaciones, recibir y consultar el expediente términos del artículo 12, párrafo segundo de la ley de la materia. Atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional y el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de la materia, y a fin de dar oportunidad a realizar dentro del término legal las notificaciones personales que se requieran durante el trámite de este juicio, se faculta al Actuario Judicial de la adscripción para que puedan llevarse a cabo en días y horas inhábiles. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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