Luis Ángel Pérez Cano

Expediente 480/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
480/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
21/06/2019

Partes del expediente

  • Luis Ángel Pérez Cano

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Acusa recibo Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos Interino adscrito a la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual acusa recibió del diverso 17437/2019 de diecisiete de junio del año en curso, por medio del cual le fue remitido el toca civil de queja 110/2019 de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Causa estado auto que tuvo por desechada demanda, se ordena archivo y destrucción del expediente. Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo para interponer el recurso de queja previsto por los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de treinta de mayo de dos mil diecinueve (fojas 32 a 37), ya transcurrió para la parte quejosa; por tanto, se declara que el auto en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos. Finalmente, devuélvase al Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc la copia certificada del expediente 339/2010 de su índice y a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala el toca civil de queja 110/2019 de su índice.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de treinta de mayo de dos mil diecinueve: desecha la demanda de amparo. Visto el oficio 4705, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, mediante el cual remite: El juicio de amparo directo 384/2019, de su índice, promovido por Luis Ángel Pérez Cano, por derecho propio, contra actos de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; Copia certificada del expediente 339/2010 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; y El toca civil de queja 110/2019 del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Lo anterior, en cumplimiento a la determinación de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, por el que la superioridad se declaró legalmente incompetente para conocer de la resolución de tres de abril de dos mil diecinueve dictada en el toca civil de queja 110/2019, y declinó la competencia a favor del Juez de Distrito en turno en el Estado de Tlaxcala, la cual por razón de turno correspondió a este Juzgado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 480/2019-VIII. Acúsese el recibo de estilo. Ahora, del escrito de demanda y de las constancias remitidas por la superioridad, se desprende que Luis Ángel Pérez Cano reclama de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, lo siguiente: La resolución definitiva de tres de abril de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil de queja 110/2019. Al respecto, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, por ser notoriamente improcedente, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. En ese orden, en la demanda de amparo, la parte quejosa manifestó: "III. LA AUTORIDAD RESPONSABLE: En primer Término señalo como autoridad responsable a los Magistrados que integran la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Magistrado Titular de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, y quienes resuelven en definitiva el Toca Civil de Queja 110/2019. III. EL ACTO RECLAMADO. Señalo como acto reclamado la Resolución definitiva dictada en el Toca Civil de Queja número 110/2019. V. LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO EL ACTO RECLAMADO AL QUEJOSO. Me enteré del acto reclamado el día de hoy dos de mayo de dos mil diecinueve, el cual dicha resolución se notifica por estrados el día cuatro de abril de dos mil diecinueve." Como puede advertirse, en la demanda de amparo la parte quejosa manifestó que la resolución reclamada le fue notificada por estrados desde el cuatro de abril de dos mil diecinueve; circunstancia que queda constatada con las constancias que integran los autos del toca civil de queja referido, en el que obra la constancia de notificación aludida, en los términos siguientes: "En cuatro de abril del año dos mil diecinueve notifiqué resolución de fecha tres de abril del año dos mil diecinueve, que antecede a Luis Ángel Pérez Cano por medio de cédula que a las nueve horas con cuarenta minutos fijo en los estrados de ésta Sala Civil Familiar, señalados como su domicilio para recibir sus notificaciones en esta Capital. Doy fé. Rúbrica Lic. María Angélica Pérez Angulo" En virtud de lo anterior, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia consistente en el consentimiento tácito del acto reclamado, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. En efecto, de los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, se advierte que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, debe computarse con base en las reglas -excluyentes entre sí-, siguientes: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; pero también permite al quejoso promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; e incluso, en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que la que se actualice en primer lugar -cronológicamente-, será la aplicable para realizar el cómputo respectivo. Corrobora lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segundas Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En ese contexto, si la resolución reclamada fue notificada a la parte quejosa el cuatro de abril de dos mil diecinueve, y surtió efectos en la misma fecha -en términos del artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala-, por lo que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo empezó a correr a partir del día hábil siguiente. Por tanto, el plazo de quince días para promover la demanda de amparo transcurrió del cinco al treinta de abril del año en curso, sin contar los días seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho del mes y año citados, por ser inhábiles, por corresponder a sábados y domingos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los días diecisiete, dieciocho y diecinueve, que fueron declarados como no laborables por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, según se desprende de la circular 25/2019 de veintisiete de marzo de este año, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho órgano. Consecuentemente, si el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del cinco al treinta del abril del dos mil diecinueve, y la parte quejosa la presentó hasta el dos de mayo de dos mil diecinueve, tal como lo revela el sello que consta en el escrito en comento, debe concluirse que es extemporánea la presentación del juicio de amparo respecto de dicho acto; pues es inconcuso que se presentó fuera del plazo de quince días que tenía para impugnar el acto que reclama, como se esquematiza en el siguiente cuadro: ABRIL 2019 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 4 Notificación Surte efectos 5 Día 1 6 Día inhábil 7 Día inhábil 8 Día 2 9 Día 3 10 Día 4 11 Día 5 12 Día 6 13 Día inhábil 14 Día inhábil 15 Día 7 16 Día 8 17 Día inhábil 18 Día inhábil 19 Día inhábil 20 Día inhábil 21 Día inhábil 22 Día 9 23 Día 10 24 Día 11 25 Día 12 26 Día 13 27 Día inhábil 28 Día inhábil 29 Día 14 30 Día 15 Vence Plazo En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de la materia; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos. Tomos Por otra parte, se ordena integrar las constancias que remitió la autoridad oficiante, en dos tomos por separado en los cuales deberán elaborarse las carátulas respectivas. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del promovente, el que señala en su demanda de amparo, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roberto Pérez Varela, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.

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