Luis Angel Padilla Miranda
Expediente 330/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 330/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Luis Angel Padilla Miranda
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. QUEDA FIRME DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes, se advierte que a la fecha ninguna de las partes interpuso recurso de queja contra el auto dictado por este juzgado, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; en consecuencia, se declara que HA QUEDADO FIRME dicho auto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo de la Ley de Amparo. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo desechado en el que si existen documentos originales exhibido por la parte quejosa. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA PROPIA FECHA QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el escrito de demanda que suscribe LUIS ÁNGEL PADILLA MIRANDA, regístrese por su orden en el libro de gobierno de amparo que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal, bajo el número 330/2016-4A. Ahora bien, del estudio integral de la demanda, así como de sus anexos, se advierte que la misma debe desecharse de plano, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, dado que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el precepto 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario En efecto el acto reclamado señalado por la parte quejosa consiste en el auto de quince de marzo de dos mil dieciséis, emitido en el expediente agrario 584/2013, del índice del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 2, con residencia en esta ciudad, en el cual se negó la conexidad del juicio agrario 584/2013, con los diversos 374/2010 y 90/2011. Consecuentemente, el acto que por la presente vía constitucional se reclama no viola de manera alguna derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues únicamente constituye un acto dentro de juicio, también conocido como acto intraprocesal. En efecto, la regla general es que los actos intraprocesales, de llegar a ocasionar agravio a los gobernados, se reclamen en la vía del amparo directo como violaciones al procedimiento, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo, tal como se prevé en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158, párrafo primero, de la ley de la materia; y que si no llegan a ocasionar un agravio de estas características, desaparezcan sin dejar huella en la esfera jurídica del gobernado. La excepción es que los actos intraprocesales, al generar agravio, sean impugnados en amparo indirecto; es decir, el amparo contra actos dentro de juicio procede, excepcionalmente, cuando los actos en el juicio tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos dentro del juicio con ejecución de imposible reparación, para efectos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo (actualmente 107, fracción V), sólo se presentan cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos, y no así en los casos en que sólo se afectan derechos adjetivos o procesales. El anterior criterio está contenido en la jurisprudencia por contradicción de tesis plenaria P./J. 24/92, publicada en la página 11 de la Gaceta Número 56, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, y que a continuación se transcribe: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Sin embargo, el criterio antes precisado no es absoluto, pues el Tribunal Pleno ha considerado que pueden existir casos de excepción. El criterio a que se hace referencia, estima que los actos intraprocesales pueden generar una ejecución de imposible reparación que amerite, desde luego, su impugnación inmediata a través del amparo indirecto cuando la afectación sea de extrema gravedad y posea una trascendencia específica; además, se sostuvo que también deben tomarse en consideración los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. En efecto, si el acto intraprocesal provoca una ejecución de imposible reparación en la persona, el amparo ante el Juez de Distrito debe proceder de inmediato y no es necesario esperar a reclamar dicho acto como una violación procesal hasta que se reclame la sentencia definitiva en amparo directo. Incluso, se destaca que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), estableció que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece claridad para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al prever que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Consecuentemente -señaló- que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal se estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Adicionalmente, en la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), publicada en el mes abril de dos mil dieciséis, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, señaló que el juicio biinstancial únicamente es procedente cuando los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación; es decir, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. Por lo cual, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. En tal virtud, se estima que el auto por el cual se negó al quejoso la conexidad de diversos juicio agrarios (foja 33 a 36), no afecta materialmente derechos sustantivos, ni tampoco causa una afectación en grado predominante o superior en su esfera de derechos, dado que, no tiende a privarlo de un derecho, bien o posesión, pues será, en su caso, hasta el dictado de la sentencia correspondiente, cuando pueda actualizarse algún perjuicio relacionado con las parcelas materia del juicio de origen. Por su aplicación A CONTRARIO SENSU, se cita la tesis I.13o.C.11 K (10a.), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1965, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, perteneciente a la Décima Época, titulada: "CONEXIDAD. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA FUNDADA ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO." De igual forma, se estima conducente citar la tesis P./J. 12/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 13, Número 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con epígrafe: "CONEXIDAD. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL DESECHAMIENTO DE TAL EXCEPCIÓN." En tal virtud, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107, este último aplicado a contrario sensu. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional no soslaya que la parte quejosa inobservó lo previsto por la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo, pues no exhibió la totalidad de copias de la demanda; sin embargo, se estima que ningún fin práctico traería formular la prevención respectiva, dado que aun cuando dicho requerimiento sea correctamente satisfecho, el sentido del presente auto no variaría de forma alguna. Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que índica en su demanda de amparo y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que refiere para tal efecto. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, Títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales.
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