Luis Ángel Mendoza Torres
Expediente 270/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 270/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luis Ángel Mendoza Torres
Actuaciones
- Principal
MESA X. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en la Ciudad de México, mediante el cual informa que tuvo por no presentada la demanda promovida por ********************. De lo que se toma conocimiento.
- Principal
MESA X. Agréguese a los autos, el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento del juicio en que se actúa. Asimismo, como lo solicita, remítasele copia certificada del juicio de amparo ***, del índice de este órgano de control constitucional. Por otra parte, de conformidad con el numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. Hágase del conocimiento de las partes, que respecto al destino de este expediente, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el apartado OCTAVO, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que entró en vigor el veintiséis de marzo de dos mil veinte, mismo que deroga el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de la misma superioridad; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años que se estipula, procédase a su destrucción. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y la captura de datos respectiva en el Sistema Integral de Expedientes (SISE).
- Principal
MESA X. Agréguese a los autos, el escrito firmado electrónicamente por el autorizado del quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual, desahoga el requerimiento que se le formuló en proveído de veintiocho de marzo pasado. COMPETENCIA Ahora bien, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la legal competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del asunto planteado, en virtud que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Lo anterior, tomando en consideración que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. Conviene destacar que el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determina la competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal. De dicho precepto se advierte que los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. Contra el incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre el tema de la competencia por materia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que para establecer la competencia, el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral, con los elementos de prueba, de manera que sea posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. En este caso, con la finalidad de fijar los actos reclamados en el presente juicio de amparo, conviene precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que el juzgador de amparo al analizar la demanda de amparo, debe interpretarla en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; que para lograr tal fijación debe acudirse de la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En ese contexto, de la lectura integral de la demanda, se desprende que los quejosos reclaman, los siguientes actos: El citatorio para presentarse en la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio, con los documentos del vehículo ***, dentro de la carpeta de investigación ***. Este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, no es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, por razón de materia, pues la parte quejosa reclama del mencionado agente del Ministerio Público, el citatorio para presentarse en la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio, con los documentos del vehículo de ***, dentro de la carpeta de investigación ***. En principio, resulta necesario establecer que la competencia es un presupuesto de orden público y, por ende, de verificación oficiosa en los juicios de amparo; por lo cual, habrá de observarse, previo al estudio de fondo del asunto. Ahora bien, en torno al procedimiento de extinción de dominio, el precepto 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos. Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. A toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento.". Por su parte, los numerales 8 y 17 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, reglamentaria de dicho precepto constitucional, prevén: "Artículo 8. La acción de extinción de dominio se ejercitará a través de un proceso jurisdiccional de naturaleza civil, de carácter patrimonial y con prevalencia a la oralidad, mediante una vía especial y procederá sobre los Bienes descritos en el artículo anterior, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido. El ejercicio de la acción de extinción de dominio corresponde al Ministerio Público. El proceso de extinción de dominio será autónomo, distinto e independiente de aquel o aquellos de materia penal de los cuales se haya obtenido la información relativa a los hechos que sustentan la acción o de cualquier otro que se haya iniciado con anterioridad o simultáneamente. Artículo 17. Es autoridad competente por materia para conocer, substanciar y resolver en primera instancia los procesos de extinción de dominio, la persona titular del juzgado competente en materia de extinción de dominio, ya sea de la Federación o de las Entidades Federativas. Será Juez competente, aquel que corresponda al del lugar donde sucedieron los hechos ilícitos o el que corresponda a la ubicación de los Bienes, a falta de ubicación de los Bienes será Juez competente el del lugar del domicilio de la Parte Demandada, a elección del Ministerio Público. Los citados juzgados conocerán de las acciones de extinción de dominio que ejerza el Ministerio Público, sin perjuicio del valor de los Bienes objeto de la acción. Será Juez competente el que prevenga en el conocimiento del asunto, sin perjuicio del fuero. Cuando varios jueces conozcan del mismo asunto, continuará substanciando el proceso el Juez respectivo por prevención. El Poder Judicial de la Federación y aquéllos de las Entidades Federativas contarán con juzgados competentes en materia de extinción de dominio, determinando por conducto de sus órganos facultados para ello, el número de juzgados necesarios de acuerdo a las cargas de trabajo, distribuidos en circuitos, distritos o cualquier otra forma de competencia territorial, de conformidad con las leyes orgánicas, reglamentos, acuerdos y demás normatividad aplicable. Conocerán en apelación, las autoridades ante quienes se substancian en segunda instancia los procesos civiles, de acuerdo a los ordenamientos internos que rijan los respectivos poderes judiciales correspondientes. A falta de los jueces o magistrados normalmente competentes, conocerán de los asuntos a que se refiere esta Ley, quienes deban sustituirlos de acuerdo con los ordenamientos internos citados en el párrafo que precede.". Mientras que el punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y limites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en lo que interesa, prevé: "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: I. PRIMER CIRCUITO: (...) Los Juzgados de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializados en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, ejercerán jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana para conocer de las acciones de extinción de dominio y de los procedimientos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como de los juicios de amparo indirecto relacionados con esta materia y dentro del Distrito Judicial conformado por el territorio de la Ciudad de México para conocer de los procedimientos orales mercantiles.". En el particular, como se indicó, el quejoso reclamó de la representación social responsable una determinación dictada en la sustanciación del procedimiento de extinción de dominio, en la que se le negó la devolución del vehículo automotor que alega es de su propiedad; procedimiento que, conforme a lo expuesto por dicha autoridad en el propio acto reclamado, se encuentra en etapa preparatoria, acorde con el diverso numeral 172, fracción I, de la ley nacional aludida. De esta forma, si el acto impugnado fue dictado en un procedimiento de carácter civil, autónomo del penal, respecto del cual el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estableció cuáles serían los órganos jurisdiccionales para conocer de demandas de amparo en que se reclamen actos vinculados con tales procedimientos, resulta evidente que la competencia para la resolución del presente juicio corresponde a un órgano jurisdiccional en esa materia. Por tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional declara carecer de competencia legal para resolver el juicio en que se actúa y la declina en favor del Juzgado de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, en turno. Consecuentemente, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítanse los autos del presente controvertido, su anexo y los cuadernos del incidente de suspensión, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializados en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, para que, por su conducto, turne los autos al órgano de control constitucional que corresponda; a quien se solicita acuse recibo e informe si acepta o no la competencia declinada. CAPTURA DE SENTENCIA EN SISE De conformidad con lo expuesto en el último considerando, se ordena a la Secretaría supervisar la captura de la resolución que se emita en este asunto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregar la constancia que lo acredite a los autos. AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios de la adscripción a firmar los oficios que deriven de este juicio de amparo.
- Principal
MESA X. Vista la demanda de amparo presentada por ***, contra los actos del Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y otra autoridad. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número ***. PREVENCIÓN A efecto de proveer respecto a la admisión de la demanda, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada." Con base en la porción normativa que precede, el juez de Distrito, al realizar el análisis del libelo constitucional, puede advertir: Irregularidades, como el omitir acreditar la personalidad con que se ostenta el promovente, imprecisión en los actos reclamados, entre otros; Omisión en alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la ley de la materia, como el señalamiento preciso de la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. En la especie, se estima que en la demanda de cuenta, se actualiza el primero de los supuestos señalados; lo anterior dado que la demanda que se atiende se encuentra incompleta al final de la foja dos y, por ende, no existe una debida ilación entre la referida página y la subsecuente. En consecuencia, procede conforme al artículo 108, fracción IV, en relación con el 114, ambos de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 144, tomo VI, del Apéndice de 1995, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA" prevenir a la parte quejosa, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito: Exhiba el escrito inicial de demanda de manera completa. Lo anterior a efecto de que las autoridades responsables rindan su informe correctamente. Los requerimientos que al efecto se emiten, conllevan el apercibimiento que, de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En atención a lo solicitado por el impetrante, las notificaciones que deriven del presente asunto deberán realizarse por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, se tiene como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que refiere, por así haberlo solicitado. De igual manera, se tienen el número de teléfono y el correo electrónico que proporciona, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se autoriza a la parte promovente la consulta del expediente electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a través del usuario ***. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de estas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. De igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la Secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. EXHORTO A LA PARTES Conforme a lo previsto en los artículos 257 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y para que proporcionen algún medio de contacto, como correo electrónico, número telefónico fijo o celular y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, por lo que, si las partes los indican, ténganse por señalados los correspondientes sin mayor proveído, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. Y, en el supuesto de que las partes los indiquen, ténganse como tales, sin mayor proveído. PUBLICACIÓN DE DATOS. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, con fundamento en el ordinal 9, en relación con los diversos 1 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; resguárdense los datos personales de las partes, salvo manifestación expresa en contario. Por tanto, se instruye a los servidores públicos adscritos a este juzgado para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, atiendan la precitada instrucción. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria, se habilitan horas y días para que los actuarios de la adscripción practiquen notificaciones, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los secretarios, oficiales judiciales y actuarios judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. CAPTURA SISE En cumplimiento al precepto 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese sistema, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico especializado capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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