Luis Angel Mendoza Almazan
Expediente 1079/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1079/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luis Angel Mendoza Almazan
Actuaciones
- Principal
Se declara que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. En esas condiciones, el presente expediente es susceptible de ser destruido. Ahora, es de señalar que la parte quejosa exhibió un anexo, mismo que su contenido se considera de fácil reproducción, por lo que por medio de lista, hágasele saber a la parte quejosa que tiene el plazo de tres días para recoger dicha probanza. Asimismo comuníquesele que conforme al esquema de trabajo con el que se encuentra funcionando este juzgado de distrito, queda expedito su derecho para que agende su cita para recoger dicha documentales. Notifíquese. Mesa IV.
- Principal
Téngase por recibido el oficio firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 1/2022-I, que se remitió a fin de notificar al quejoso el contenido del proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo. Ante lo cual, procédase a notificarle al solicitante de amparo el proveído en cita y las subsecuentes por medio de lista. Acuerdo veinticuatro de diciembre: Se recibe la demanda de amparo signada por ****, en su calidad de mandatario judicial de los denunciantes de la sucesión de **** es decir de los señores ****, por propio derecho, contra actos del Juez Vigésimo Cuarto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 62 y 221 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y regístrese en el libro de gobierno con el número 1079/2021-IV. De acuerdo con el precepto 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de ano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aún cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". La improcedencia del juicio para la protección de los derechos fundamentales, es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores de amparo, para analizar la irregularidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que sean aplicables; de modo que cuando se actualiza un obstáculo para el referido estudio, si el mismo es manifiesto y notorio al presentarse la demanda, ésta ni siquiera es admitida, impidiéndose así el nacimiento del proceso constitucional respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que impone el desechamiento de plano de la demanda relativa, cuando la causa de improcedencia es manifiesta e indudable; lo que sucede en la especie. Partiendo de esa base, el suscrito juzgador concluye que cobra vigencia la causa de improcedencia establecida en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el numeral 107, fracciones IV y V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". De la interpretación de las porciones normativas reproducidas, se concluye que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos en el juicio que tengan efectos que sean de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no pueden repararse en el curso del procedimiento del que derivan, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera. Luego, conforme a los artículos transcritos, un acto con efectos de imposible reparación es aquél que vulnera de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución y en los tratados internacionales; en oposición a los actos intraprocesales que no reúnen estas características para por sí mismos afectar a los gobernados, puesto que sus consecuencias pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrán interponerse recursos e incluso recurrirlos en vía de amparo. Así, los actos procesales sobre las personas o cosas, no tienen el carácter de irreparables mientras la transgresión no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el agraviado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso las secuelas intraprocesales producidas por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen derivaciones de carácter formal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo benéfico a sus intereses. Ciertamente, de acuerdo con el artículo 107 de la normativa de la materia, ahora ya se define con precisión lo que debe entenderse por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al establecerse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la ley fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación, cuándo se produce una afectación irreparable, como sucedió antaño, sino fue taxativo al indicar el significado de tal cuestión jurídica. Por tanto, si el acto combatido en el presente juicio lo constituye el auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Vigésimo Cuarto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en juicio 1061/2021, en el que la manifestación que ingreso al órgano señalado como responsable se le aclaró que la fecha para la audiencia, se había fijado muy lejana por la carga de trabajo del juzgado. Dicho fallo no constituye un acto dentro del procedimiento de origen cuyos efectos sean de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque sólo ocasionan consecuencias de carácter adjetivo que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, amén de que esas determinaciones no privan del derecho de defensa a las partes, ni altera las cuestiones debatidas. Esto es, dicha determinación no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley fundamental, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la legislación aplicable. En efecto, tal disposición define en forma concreta que los actos de imposible reparación son aquellos que materialmente afectan los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y los tratados o convenciones internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en otras palabras, excluyó la posibilidad de interpretar qué actos podrían ser considerados como de imposible reparación, limitándolo a los que transgredieran materialmente derechos sustantivos. Por tanto, es evidente que tal resolución no puede considerarse como acto de primera instancia que tenga efectos de imposible reparación, pues no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho sustantivo fundamental constitucional o convencionalmente tutelado, sino que, en todo caso, esa violación produce únicamente una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, no obstante que, como acontece en el presente caso, se aleguen violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de alguna determinación autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. El acto reclamado no puede considerarse que cuente con efectos de imposible reparación, pues no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo, dado que no se trata de una actuación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene el carácter de adjetivo. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a esos derechos de forma directa; sin embargo, ello por sí solo es insuficiente para considerar conducente esta instancia constitucional, ya que tal afectación no puede verse de forma autónoma, sino que debe tenerse presente la naturaleza jurisdiccional del sumario del cual derivan los actos reclamados. En ese tenor, cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales prerrogativas no se ven materialmente afectados, como se deduce de las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna, tratados o convenciones internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que afecte a su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Además, el Alto Tribunal ha puntualizado que acorde a la Ley de Amparo, sólo la violación de derechos sustantivos o de afectación material al gobernado, son considerados de imposible reparación; y, en el caso, la determinación que aquí se combate no afecta materialmente tales prerrogativas, puesto que no se restringe o suprime algún derecho de esta naturaleza o priva de ellos. Al respecto resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006589, del tenor siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivossino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razóna las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Así, el juicio de amparo indirecto solamente procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental, tratados o convenciones internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier agravio a tales derechos es apto o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues al tratarse de un perjuicio material o directo; lo que en el caso no sucede, como se ha visto. Ilustra lo anterior, por identidad jurídica, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1947, Libro 19, junio de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2009302, que establece: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE). Cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales derechos no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que pueda trascender a su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la Constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal, al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Por ello, el juicio de amparo es un medio no sólo para el control de constitucionalidad o de convencionalidad de los actos de autoridad, sino eminentemente de legalidad, pues a través del desacato a la legislación ordinaria, en vía de consecuencia, pueden afectarse alguno o ambos parámetros sobre la regularidad de lo actuado por el Estado a través de actos unilaterales y obligatorios que deben ponderarse para analizar la procedencia del amparo". Lo expresado, porque el acto reclamado se trata de un proveído que únicamente explico las razones por la que se había fijado la fecha para la junta de herederos, se debía a la carga de trabajo del juzgado, de lo que se concluye que se está en presencia de cuestiones que no afectan derechos sustantivos del quejoso, sino que sólo generan la posibilidad de que ello ocurra, máxime que en todo caso el auto que le agravia es el que fijo la fecha . Habida cuenta que, se insiste, se trata de violaciones intraprocesales, las cuales pueden ser resarcidas en la sentencia que ponga fin al procedimiento respectivo, la cual, de serle desfavorable, estará en aptitud de impugnar por medio del recurso ordinario previsto en la ley aplicable, o bien, vía amparo indirecto de considerar que dicha violación trascendió al resultado del fallo. Por tanto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues es requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que la afectación de esos derechos sea material y debe traducirse o reflejarse en una mutación o cambio en la esfera jurídica del quejoso, lo que no acontece. Los razonamientos expuestos y el fundamento jurisprudencial aplicado ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia invocada en el presente controvertido, la cual resulta indudable, habida cuenta de que no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos invocados y 113 de la ley de la materia, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. La decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. Al respecto, son aplicables, los criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis publicadas en las páginas 530 y 525, respectivamente, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubros siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO". "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL". Esto es, en términos de lo que dispone el artículo 1° de la Ley Fundamental, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que normativamente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en los dispositivos 29, de la Ley de Amparo y 306 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como tal el que indica en su escrito de demanda. Autorizados. Se faculta en términos amplios del precepto 12 de la legislación invocada a los profesionistas que cuenten con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de lo contrario, únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones y documentos. Habilitación de horas y días inhábiles. Con apoyo en el dispositivo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza para que las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente así se practiquen. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Por otra parte, con base en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid- 19, se exhorta al promovente que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea (juicio en línea). Asimismo, para mejorar la comunicación, se le exhorta a que proporcione alguna modalidad a través de la cual se pueda tener un contacto expedito, es decir, a que señale un número telefónico en el que pueda recibir mensajería instantánea (verbigracia whatsapp), así como un correo electrónico. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Notifíquese por lista al quejoso el auto de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno y la presente determinación. Mesa IV.
- Principal
Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y del que se advierte que el veinticuatro de diciembre del presente año, se desechó la demanda de amparo promovida por ****, en su calidad de mandatario judicial de los denunciantes de la sucesión de **** es decir de los señores ****, mediante el cual señalo domicilio fuera de la jurisdicción en consecuencia. Se ordena librar atento exhorto dirigido al OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO Y JUICIOS CIVILES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien comisionar a un actuario de su adscripción y se constituya en la residencia del quejoso en el domicilio ****, y le notifique el proveído de veinticuatro de diciembre del presente año. Notifíquese y por exhorto al quejoso. Mesa IV.
- Principal
Notifíquese personalmente al promovente de amparo. Mesa IV
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