Luis Ángel Memije González
Expediente 597/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 597/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Luis Ángel Memije González
Actuaciones
- Principal
...glósese a los autos el escrito presentado por Antonio Martínez Ramos, autorizado de la parte quejosa; y en atención a su contenido, toda vez que en proveído de siete de junio del año en curso, se ordenó el archivo de este asunto como totalmente concluido, requiérase al promovente para que dentro del término de tres años, acuda al local de este Juzgado por los documentos que exhibió en este asunto, apercibido que no hacerlo en dicho término se procederá a su destrucción en conjunto con este expediente. ...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, siete de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por al Secretaria de este Juzgado, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó de plano la demanda que promovió, sin que lo hiciera. En tal virtud, con fundamento en los artículos 2º, 97, fracción I, inciso a), 98, párrafo primero, y 99 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno respectivo, archívense las actuaciones como asunto concluido, lo que tiene apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta; téngase por recibido el escrito de demanda promovida por Antonio Martínez Ramos, en su calidad de apoderado legal de LUIS ÁNGEL MEMIJE GONZÁLEZ, personalidad que acredita con la copia certificada relativa al expediente laboral de origen, que anexa; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 597/2021-2, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Previamente al estudio de la demanda en cuestión es menester señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso, el quejoso LUIS ÁNGEL MEMIJE GONZÁLEZ promovió demandada de amparo indirecto señalando como acto reclamado la falta de fundamentación y motivación del auto de veinte de abril del presente año, ya que se omite pronunciar respecto a la solicitud de autorizar la fuerza pública con cateo y rompimiento de cerraduras sobre el inmueble adjudicado, dentro del juicio laboral 687/5/2003, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. .XVIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". La causa de improcedencia en comento se actualiza cuando se reclaman resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Así las cosas, es inconcuso que la falta de fundamentación y motivación del auto de veinte de abril del presente año, dictado dentro del juicio laboral 687/5/2003, no constituye un acto definitivo para los efectos del amparo, en atención a que previamente a su interposición, como parte en el juicio natural del que deriva el acto que reclama, debió promover contra dicha omisión, el medio de defensa que prevé el artículo 71 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, para obtener la reparación de las violaciones que aduce, medio de defensa que tiene por efecto, modificar, revocar o nulificar, el acto que reclama mediante esta vía legal. En efecto, los artículos 70 y 71 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 2 del Código de Comercio, establece: "Artículo 70.- Las notificaciones, citaciones o emplazamientos serán anulables cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: I.- La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique; II.- La notificación, citación o emplazamiento surtirá sus efectos como si hubiere sido legalmente efectuada, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado conforme, expresa o tácitamente; III.- La nulidad deberá reclamarse por la parte perjudicada, en el primer escrito o actuación en que intervenga, a partir de la resolución, emplazamiento o citación mal notificada; en caso contrario, se considerará consentida la violación; IV.- La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra; y, V.- La nulidad de una actuación no implicará la de las demás que sean independientes de ella, salvo que éstas necesariamente se basen en, o dependan de ella." ARTÍCULO 71.- La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo procederá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. Sólo tendrá efectos suspensivos cuando se trate de emplazamiento. La resolución que se dicte mandará reponer la notificación, citación o emplazamiento declarada nula, y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio y conforme a las reglas anteriores. El juez sancionará con multa al o los que aparezcan como culpables de la irregularidad." En tal virtud, este Juzgado estima que se actualiza la causal de improcedencia invocada, tomando en consideración que el acto que reclama la promovente, no constituye un acto definitivo para los efectos del amparo, toda vez que previamente a su interposición, atento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, la quejosa, en su carácter de parte procesal dentro del juicio natural del que deriva el acto combatido, debió promover incidente de nulidad de notificaciones, para obtener en su caso, la reparación de las violaciones que alega en esta vía, medio de defensa previsto en el numeral antes citado, por lo que al no haberlo hecho, la acción constitucional que endereza en el presente juicio de amparo resulta improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cabe señalar que el principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, pues es incuestionable que la quejosa debió interponer ese incidente, por virtud del cual pudiese haber obtenido la nulificación de la notificación realizada por el Juzgado responsable, antes de acudir al juicio amparo; puesto que mediante la interposición del citado incidente, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene oportunidad de expresar sus defensas y aportar las pruebas legalmente procedentes; por lo que, se hace evidente que al no haberse agotado ese recurso ordinario, dejó de observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, actualizándose con ello la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, por las ideas que la componen, la jurisprudencia VI.2o.C. J/243, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (registro 180570), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre 2004, Novena Época, Materia Civil, página 1651, de rubro y texto: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2o.C. J/259, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, (registro 175974), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero 2006, Novena Época, Materia Común, página 1654, cuyo rubro y texto dicen: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Sólo resta decir que el acto que reclama la promovente, no se ubica dentro del capítulo de excepciones que prevé la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues: No son actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, ni resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. No se trata de persona extraña al procedimiento. Además que la ley que rige el acto que reclama, establece el medio de defensa y recurso ordinario para combatirlos, teniendo así, la posibilidad de obtener la reparación de las violaciones que aduce a través del incidente de nulidad el cual debió agotar previamente a solicitar la protección constitucional, atento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, y al no haberlo hecho así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia que se analiza. En consecuencia, debe DESECHARSE DE PLANO LA DEMANDA respecto del acto reclamado con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Apoya tal determinación la jurisprudencia I.1o.A. J/4 (9a.), sustentada por los el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, (registro 196196), visible en la página 899, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro se lee "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Como se solicita, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, y como autorizados en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a los citados en la demanda de amparo. Ahora bien, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 37/2020, de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19, para mejor comunicación, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden entablar comunicación no procesal. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la falta de fundamentación y motivación del auto de veinte de abril del presente año, ya que se omite pronunciar respecto a la solicitud de autorizar la fuerza pública con cateo y rompimiento de cerraduras sobre el inmueble adjudicado, dentro del juicio laboral 687/5/2003, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De la lectura del precepto legal transcrito en último término, se llega a la conclusión de que respecto a las violaciones que se cometan durante el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procede el amparo indirecto. En tales condiciones, el auto impugnado solamente se concreta a señalar que "el ocursante deberá remitirse al acuerdo de fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, el cual fue realizado en cumplimiento de ejecutoria derivada del juicio de amparo número 530/2018-2, emitida por el Juzgado Octavo de Distrito, y mediante el cual esta autoridad se pronunció respecto a la solicitud del apoderado legal del actor, de que tenga verificativo la posesión del bien inmueble adjudicado a favor de dicho actor, mediante audiencia de remate de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, por lo que se procede a remitir copia autorizada de dicho acuerdo al C. Actuario Adscrito a ésta H. Junta a fin de que materialice la diligencia ordenada en el acuerdo mencionado con antelación.", sin pronunciarse respecto a la solicitud de autorizar la fuerza pública con cateo y rompimiento de cerraduras sobre el inmueble; de ahí que lo impugnado, por el momento, no encuadra dentro de la regla apuntada, porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los tratados internacionales de los en que el Estado Mexicano es parte. Se estima así, dado que la actuación reclamada no produce de manera inmediata una afectación a derecho fundamental, como sería entre otros, el de defensa, ya que sólo plantea la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, que en su caso impactarán hasta que sea celebrada la diligencia de mérito. En tales condiciones, es evidente que este asunto resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por tanto, con apoyo en el diverso 113, de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de que se trata. Como se solicita, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en el escrito de demanda. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este Juzgado de Distrito. En la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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