Luis Ángel Maceda Rodríguez

Expediente 119/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
119/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Luis Ángel Maceda Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    ... Por lo expuesto y, además, con fundamento en los artículos 125, 128 y 129 de la Ley de Amparo; se resuelve: RESOLUTIVO PRIMERO. Se NIEGA la suspensión definitiva a ***********, contra los actos que reclama de la autoridad responsable, precisados en el resultando PRIMERO y considerando SEGUNDO de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando TERCERO y QUINTO de la misma. SEGUNDO. Se CONCEDE la suspensión definitiva a *********, contra los actos que reclama de la autoridad responsable, precisados en el resultando PRIMERO y considerando CUARTO de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando QUINTO de la misma. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando SEXTO, entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite. TERCERO. Cúmplase con lo establecido en el último considerando de esta interlocutoria.

  2. Incidental

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos los oficios de cuenta uno de ellos con anexos que lo acompañan, con los que las autoridades responsables rinden su informe previo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia incidental. PRUEBAS Por otra parte, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que ofrece en el oficio 16931; sin perjuicio de hacer relación de estas en la audiencia incidental. DOMICILIOS Ahora bien, como lo solicitan, ténganse como sus domicilios para oír y recibir notificaciones el que indican, para los efectos legales procedentes. DATO DE CONTACTO Se toma como dato de contacto el correo electrónico que proporciona en el oficio 16931 que se provee, para entablar comunicaciones no procesales, en términos de lo dispuesto en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. AUTORIZACIÓN AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO PARA CONSULTA Y PRESENTAR PROMOCIONES Por otro lado, como lo solicita, con apoyo en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 14, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorga a ***********, con el usuario "**********", el acceso al expediente electrónico del presente juicio para efectos de consulta y presentar promociones, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas; lo anterior, en virtud que consta en la certificación secretarial que dicho usuaria cuenta con el registro para acceder a los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Toda vez que resulta necesario habilitarlo, se instruye al Analista Jurídico-Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.IS.E.), para que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  3. Principal

    ...Notifíquese personalmente...

  4. Incidental

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, siete de noviembre de dos mil veintitrés En términos de lo establecido en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y acorde con lo ordenado en el proveído dictado en esta fecha en el juicio principal, con copia del escrito de demanda se da trámite al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 119/2023, promovido por **********, contra actos del Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. INFORME PREVIO Con fundamento en los artículos 125, 128, 130, 138, 140 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables su respectivo informe previo el cual deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, computado legalmente, anexándoles para tal efecto copia simple del escrito de demanda. Se apercibe a las autoridades responsables que la falta del informe en el plazo indicado no sólo establece la presunción de certeza del acto reclamado en términos del último párrafo del artículo 142, de la Ley de Amparo, sino que, además, origina la imposición de una multa, conforme con lo previsto en el artículo 260, fracción I, de la Ley invocada. AUDIENCIA INCIDENTAL De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se fijan DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia incidental. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN Para proveer sobre la medida cautelar, corresponde al suscrito fijar los efectos y condiciones de la suspensión que se solicita. Es aplicable, en lo conducente, la tesis siguiente: Registro No. 223497 Localización: Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Febrero de 1991 Página: 130 Tesis: I. 4o. A. J/8 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa, Común "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO PRECISAR SU ALCANCE." HIPÓTESIS NORMATIVA Se tiene en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, los cuales prevén que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b) Que exista la solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación) o interés legítimo con una afectación real, actual e inminente a la esfera jurídica de la parte quejosa; y, c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Conforme con los artículos invocados el Juez de Distrito tiene la facultad para suspender la ejecución del acto reclamado si se dan los supuestos legales atendiendo, además, a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Adicionalmente, para conceder la suspensión se requiere que los actos o resoluciones reclamados causen una afectación o perjuicio a la esfera jurídica del solicitante de la medida y que con el otorgamiento de esta medida no se cause perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad o bien evitarle alguna desventaja o trastorno. En ese sentido, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. HECHOS Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: I) La omisión o ilegal notificación de la resolución de **********, dictada por la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente ********** de su estadística derivado del Procedimiento de responsabilidad Administrativa, así como su emisión. II) El acuerdo de **********, dictado por la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente **********, a través del cual se determina que la resolución de **********, causó ejecutoria. Al respecto el solicitante de amparo solicita la suspensión, para el efecto que se suspenda la inhabilitación temporal por el término de tres meses impuesta dentro del procedimiento administrativa **********, del índice de la Dirección General de Responsabilidad Administrativa de la Contraloría General del Estado, con residencia en esta ciudad. CONCLUSIÓN En ese contexto, por cuanto hace a la solicitud de suspensión de la inhabilitación temporal impuesta por la Dirección General de Responsabilidad Administrativa de la Contraloría General del Estado, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA, ya que de otorgarse en los términos solicitados por el solicitante de amparo, se causaría un perjuicio al interés social, en contravención de lo establecido en el artículo 128, fracción II, de la ley en cita. Lo anterior, pues el interés de la sociedad se encuentra salvaguardado por el impedimento formal que el quejoso desempeñe un cargo público; es decir, el acto que reclama tiene como fin excluir al servidor público de la prestación del servicio por estimar que no está capacitado para participar en él al haber incurrido en la comisión de alguna falta administrativa; lo que pone en duda el óptimo desempeño de su función con apego a los principios constitucionales que obligatoriamente deben observar todos los servidores públicos. En este orden, en el caso específico se le otorga mayor importancia a la vigilancia del desarrollo óptimo del servicio público, pues éste responde a intereses superiores de carácter público, de manera que es necesario vigilar su desempeño debido a que el Estado está obligado a cuidar los intereses de la colectividad y, por ende, se NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA. Tiene aplicación al caso, por las consideraciones que las sustentan la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 165404 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 251/2009 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Enero de 2010, página 314 Tipo: Jurisprudencia "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ACTO CONSISTENTE EN LA INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO. La referida sanción es un acto de interés social y público contra el cual no procede otorgar la suspensión en el amparo, en virtud de que involucra el bienestar del orden social de la población en materia de seguridad pública y tiene como fin excluir al servidor público de la prestación del servicio por estimar que no está capacitado para participar en él por haber incurrido en la comisión de alguna infracción administrativa, y con la concesión de la medida cautelar se afectaría el interés social, pues la sociedad está interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen como aptos para tal efecto y que se excluya, a aquellas personas que no son idóneas para tal fin. En consecuencia, es improcedente conceder la suspensión solicitada, por no satisfacerse el requisito previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que se impediría la ejecución de un acto tendente al debido desempeño de la función pública y se estaría privilegiando el interés particular del quejoso sobre el interés de la colectividad. No es obstáculo para la anterior consideración que la inhabilitación impuesta al quejoso sea una sanción de carácter temporal en términos del artículo 53, fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues dicha inhabilitación constituye la exclusión total del sancionado en el servicio público por un tiempo de duración de la sanción, por virtud de haberse considerado que no es apto para el desempeño de la función pública." No obstante lo anterior, debido a que se consideran reunidos los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, en razón que la medida fue solicitada por la parte quejosa, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, con fundamento en el artículo 139 de esa Ley procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA, para el único efecto que, de no haber ocurrido ya, no se ejecute la resolución de **********, emitida dentro del procedimiento administrativa **********, esto es, no sea asentada en el libro de servidores públicos sancionados de la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado de Veracruz, al constituir un registro imborrable. La medida suspensional surte sus efectos de inmediato, sin que sea necesario solicitar garantía a la parte quejosa, en virtud de la naturaleza del acto controvertido y los efectos para los cuales se concede la medida. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 177160 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Septiembre de 2005 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 112/2005 Página: 493 RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LOS ACTOS DE REGISTRO O INSCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN TEMPORAL. La posibilidad de dictar medidas cautelares aptas para evitar la consumación de actos que se estiman contrarios a derecho, constituye una de las manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que tales medidas tienden a evitar, por una parte, que la afectación en la esfera jurídica del particular resulte irreparable y, por otra, que el propio proceso principal instituido para la defensa de los derechos sea inútil a esos efectos. En ese sentido, el otorgamiento de la suspensión de los actos de registro o inscripción de la sanción de inhabilitación temporal en el cargo del servidor público no encuentra el obstáculo del interés público y social previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que dicho registro definitivo o inscripción puede afectar irreversiblemente el derecho del gobernado a su propia imagen, en el ámbito personal y profesional, lo que es de mayor peso que el interés consistente en registrar, para efectos administrativos, transitorios y meramente preventivos, la sanción temporal impuesta, máxime que ésta se halla cuestionada jurídicamente a través del juicio de garantías y que, en todo caso, el registro para tales fines puede esperar a la firmeza de la resolución sancionatoria respectiva." DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que precisa, ubicado en esta ciudad. Asimismo, se autoriza en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, debido a que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República. EXPEDICIÓN DE COPIAS Ahora bien, se les indica que se encuentran en aptitud de consultarlo y descargarlo desde el expediente electrónico, ya que al incluir la evidencia criptográfica se consideran como copias certificadas electrónicamente, en términos de lo establecido en los artículos 22, párrafo segundo y 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Y para el caso de no tener autorizado el juicio en línea, se encuentran en aptitud de generar un usuario en la página: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea hecho lo anterior, solicitar el acceso al expediente electrónico de este juicio, proporcionando el nombre del usuario respectivo, para acceder a las actuaciones del expediente electrónico y obtener las copias que requiera a través de dicho Sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. REQUERIMIENTO A LAS PARTES Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes para que se sirvan proporcionar un correo electrónico y/o servicio de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Además, en términos de los artículos 22, fracción I y 28 el Acuerdo invocado, se les exhorta a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo que deberán informar a este Juzgado, mediante oficio/escrito en el que expresen su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se les notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y en su caso a las que les recaiga el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Lo anterior, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo. En ese orden, resulta suficiente que los acuerdos que no deban notificarse obligadamente de manera personal conforme al artículo invocado se publiquen en la lista de acuerdos del órgano jurisdiccional, tal es el caso, por ejemplo, del diferimiento de la audiencia incidental, el cual no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las partes a quienes se notifica mediante oficio, pues ésta forma de notificación se equipara a la que de manera personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles acuerdos como el diferimiento de la audiencia incidental, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, hágase saber a las partes que en el caso que se difiera la audiencia incidental, la notificación de dicho auto se realizará únicamente a través de lista de acuerdos, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal, o bien, en los estrados de este juzgado. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comuníquese a las autoridades responsables que no es necesario acusar recibo de notificaciones que se les realicen, salvo en los casos que expresamente este Juzgado de Distrito así lo solicite; lo anterior para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta, energía eléctrica y recursos económicos en mensajería oficial y telegráfica; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo y el diverso 22 del Acuerdo General 12/2022 antes invocado, digitalícense las promociones que se reciban en forma física en la oficialía de partes de este Juzgado, para su integración al expediente electrónico de este juicio. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese

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