Luis Ángel Linares Olmos
Expediente 627/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/05/2018
Partes del expediente
- Luis Ángel Linares Olmos
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el acuerdo que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental. Finalmente, como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a destruirlos.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO CORRESPONDIENTE, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO POR MEDIO DE LISTA: "Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el acuerdo que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental. Finalmente, como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a destruirlos."
- Principal
Vista la demanda con la que se da cuenta, suscrita por*** en su carácter de apoderado legal de *** -personalidad que se le reconoce en términos del testimonio seis mil ochocientos dos, emitido por el notario público número ciento cincuenta y cuatro del Estado de México-, regístrese la demanda bajo el número 627/2018-VI-A. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. El solicitante del amparo reclama todos lo actuado en el Juicio de Amparo 771/2017, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Segundo Circuito. Precisado lo anterior, con apoyo en lo que dispone el artículo 61, fracción VI, y 113 de la ley de la materia, este órgano de control constitucional estima que debe desecharse el libelo de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Para demostrar la causa de improcedencia que se propone, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción del artículo señalado que considera resulta aplicable al caso concreto. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito;" Ahora bien, para lo que interesa a éste asunto, la fracción alude a la improcedencia del juicio de amparo contra resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, englobándose en el supuesto de improcedencia que nos ocupa para atacar tanto decretos, como autos y sentencias, en atención a que todos esos actos son resoluciones judiciales, en términos del artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; y esa improcedencia opera cuando la resolución sea dictada por la Superioridad. De lo transcrito se colige que el amparo es improcedente, toda vez que no es posible tener como autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito cuando se impugnan actuaciones desplegadas dentro de la prosecución de un procedimiento jurisdiccional, por lo que conforme a la fracción VI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la vía que se pretende resulta improcedente. En ese sentido, debe considerarse que por regla general, las resoluciones de los Cuerpos Colegiados de Circuito, son inobjetables, pues tienen como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas por éstos, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable. Pues esa causa de improcedencia específica de la acción de amparo, descansa en una razón de carácter práctico, consistente en la estabilidad y seguridad jurídica, a cuya consecución tienden todos los procesos; luego, la resolución de las cuestiones constitucionales que se ventilen en los juicios de amparo en la vía directa, como es en el caso, se vería indefinidamente aplazada, debido a la incesante promoción de recursos contra resoluciones o proveídos recaídos en aquellos; lo cual no sólo menoscabaría considerablemente la seguridad jurídica que en materia constitucional debe existir; sino que quebrantaría el prestigio y la estabilidad de la administración de justicia en el fuero federal. En apoyo a tal consideración, cabe citar por analogía la Jurisprudencia (PC.III.L. J/11 L (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, página 1816, registro 2010747, que establece: "AMPARO INDIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA MULTA IMPUESTA EN LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE QUEJA EMITIDA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DE DICHO JUICIO. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 61, fracción VI y 113 de la Ley de Amparo, se advierte que: a) contra las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito no procede recurso alguno y el juicio de amparo en su contra es improcedente; b) la función de tales órganos es netamente jurisdiccional; y, c) si al examinar el escrito de demanda de amparo se advierte alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. Asimismo, de los numerales reseñados se abstrae que cuando el acto reclamado consista en una multa impuesta en la resolución de un recurso de queja emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia toda vez que dicha resolución es definitiva y no admite recurso alguno, sin que pueda caber una excepción a la regla general prevista en la fracción VI del artículo 61 aludido, toda vez que la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones emitidas por aquél se delimitó tanto en la Ley de Amparo, como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que no es sostenible una interpretación diversa que permita impugnarla, pues de lo contrario, se vaciaría el contenido de la disposición constitucional que le otorga el carácter de definitiva e inatacable; además de que durante el trámite del recurso de queja la autoridad responsable puede contestar la omisión imputada y aportar las pruebas que estime conducentes para justificar su dicho." Así también por analogía, la tesis II.2o.C.48 K, de la Novena Época, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 1235, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción VI, y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS Se tiene por autorizado a la persona que designa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que estas se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos.
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