Luis Angel Jimenez Zuñiga y Otros.
Expediente 1805/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1805/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2017
Partes del expediente
- Luis Angel Jimenez Zuñiga y Otros.
- Yair Soto Aguilar y Otros.
Actuaciones
- Principal
III Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes el oficio a través del cual el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, comunica la determinación de veinticuatro de noviembre pasado, por la que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este juzgado de Distrito y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Gabriel Elías García Hernández, quien se ostenta con el carácter de abogado particular de Yair Soto Aguilar, Luis Fernando Hernández Saldaña, Luis Ángel Jiménez Zúñiga y Enrique Velázquez Orta. Atento a lo anterior y al estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencian que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, pues el presente asunto se resolvió mediante una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con mas de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia.
- Principal
III Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°, agréguese a los autos las piezas postales devueltas por el Módulo de Servicios Postales Palacio de Justicia Federal, la cuales contienen los oficios 27294 y 30932 dirigidos a la Directora de gestión de Peticiones Ciudadanas y Promoción Social de la Secretaría de Salud, mediante los cuales se le hace del conocimiento los proveídos de seis de septiembre y dieciocho de octubre ambos del año en curso, con la leyenda "Cerrado por sismo". Atento a lo anterior, reenvíense los oficios de referencia al domicilio actual y correcto que para tal caso investigue el actuario de la adscripción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por Gabriel Elías García Hernández, quien se ostenta con el carácter de abogado particular de Yair Soto Aguilar, Luis Fernando Hernández Saldaña, Luis Ángel Jiménez Zúñiga y Enrique Velázquez Orta, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1805/2017-III. INCOMPETENCIA. En otro orden de ideas, cabe precisar que la competencia del Juez de Distrito para avocarse al conocimiento del asunto, se finca principalmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable; por tanto, para establecer la competencia el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Bajo esa tesitura, apreciada íntegramente la demanda de amparo de que se trata, se advierte que el acto reclamado en esta vía se hace consistir en la resolución de diez de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, México, al resolver el toca de apelación 480/2017, mediante la cual revocó el auto de no vinculación emitido por el juez de Control de Jilotepec, México, en la carpeta administrativa 62/2017 y emitió auto de vinculación en contra de los quejosos, por el delito de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia. Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En ese sentido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 96/2005-PS, determinó que la resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran: a. Que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia. b. Ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional. c. No poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Lo que señaló, repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Por lo que el Juez competente para conocer de un amparo será a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. Por lo que si en el presente caso, el Juez de origen que conoce de la carpeta administrativa de la que deriva el acto apelado, lo es el Juez de Control de Jilotepec, Estado de México; de conformidad con el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, si los actos reclamados se ejecutan o se ejecutaran en dicho lugar, debe conocer de dicha demanda el Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 174, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. De ahí que, en conformidad con el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, si los actos reclamados se ejecutan o se ejecutaran en dicho lugar, debe conocer de dicha demanda el Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno. Consecuentemente, se actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, y por ende, a criterio de este órgano jurisdiccional la competencia para conocer del presente juicio de amparo se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, acorde con lo previsto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por lo que, lo procedente es declarar la legal incompetencia por territorio de este órgano de control constitucional para conocer de este juicio, declinándola en favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, para lo cual remítase el juicio de amparo, a fin de que dentro del plazo señalado en el artículo 48 de la Ley de Amparo, informe si acepta o no la legal competencia que se plantea. Ante lo expuesto, con fundamento en los ordinales 38 de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Juzgados de Distrito, comuníquese la presente determinación al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, a fin de acordar lo que en derecho corresponda. Por tanto, con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar, pues con independencia de establecer la procedencia del amparo es necesario verificar primero la competencia del órgano jurisdiccional para pronunciarse al respecto; solicítese el acuse de recibo correspondiente y en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, realícensele las anotaciones correspondientes. Domicilio. Como lo prevé el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo y en atención a las manifestaciones del fedatario judicial, procédase a realizar la notificación de mérito, por medio de lista que se fija en este recinto judicial. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en este asunto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente.
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