Luis Ángel Javier Berdeja Navarro

Expediente 57/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
57/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Luis Ángel Javier Berdeja Navarro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vistos; la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el proveído de treinta de enero del año que transcurre; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2 de la ley citada, se declara QUE DICHO AUTO EN EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo como asunto totalmente concluido, y en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, SE HACE CONSTAR que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto una vez que transcurra el término de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy Fe.

  2. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE INDICA: "Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por el quejoso *****, a través del cual desahoga la prevención formulada en proveído de veinticuatro de enero actual, y al efecto aclara cual es el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del tomo XX, Septiembre de 2004, página 1361). Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con la fracción IV del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal Los referidos artículos de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.). Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.) En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (...)." De los preceptos transcritos se desprende que entre otros supuestos, el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; Y SI SE TRATA DE ACTOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA SÓLO PODRÁ PROMOVERSE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución; en la inteligencia que POR ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDE AQUELLA QUE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LO SENTENCIADO O DECLARA LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA DARLE CUMPLIMIENTO, O LAS QUE ORDENAN EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE, supuesto en el cual será el momento procesal en que proceda el juicio de amparo y en el que la parte agraviada esté en aptitud de impugnar tanto la resolución de mérito como todas aquellas intermedias que considere la dejaron sin defensa. Lo que es así, porque en el juicio de amparo se deben de establecer dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia en tratándose de actos emitidos dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia o resolución definitiva. La primera hipótesis consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia o laudo, y por tanto sean autónomos y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural, (como son el arresto dictado como medida de apremio hacia alguna de las partes) es decir, que se emitan de manera destacada, y con independencia del procedimiento de ejecución. La segunda, que opera como la regla específica, cuya ratio legis es el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, lo que es así, porque el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados en ejecución de tal fallo, siempre que se impugne la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y que hubiesen trascendido al resultado de la resolución, ya que en tratándose de los procedimientos de ejecución la Sociedad y el Estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada. En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde las partes ya fueron oídas, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la resolución que tiene esa calidad, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice el cumplimiento de una resolución final. Ahora bien, existen diversas resoluciones consideradas intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del periodo de ejecución de sentencia o laudo, que pueden llegar a ser combatibles a través del juicio de amparo, toda vez que por su naturaleza no implican la ejecución parcial de lo condenado, tienen autonomía destacada de lo que implica la cosa juzgada; crean o modifican un derecho en ese procedimiento de ejecución, y pueden ocasionar un perjuicio inmediato (como lo sería por ejemplo una medida de apremio), supuestos que según se pone de manifiesto a continuación, no se actualizan en la especie. Para evidenciar que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la indicada causal de improcedencia del juicio de amparo, es preciso señalar que del oficio cuya imagen se insertó en la demanda de amparo, se desprende que Margarito Castillo Pino, promovió juicio especial de desahucio en contra del aquí quejoso Luis Ángel Javier Berdeja Navarro, mismo que se radicó bajo el número 65/2020-I, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, y en el que el seis de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva condenatoria. En cumplimiento a lo ordenado en el tercer punto resolutivo de dicho fallo, se ordenó el lanzamiento del inmueble objeto de litigio; y en ese orden de ideas, el aludido mandato y la pretendida ejecución de dicha diligencia relativa, constituyen los actos reclamados en la presente instancia constitucional. De lo que se sigue que las conductas impugnadas en esta vía, evidentemente no implican actos destacados, autónomos e independientes, del juicio que se ejecuta, ya que los mismos se encuentran vinculados de manera directa a la etapa de ejecución, y en vista de lo anterior deberá desecharse la demanda que se provee, al no tratarse ni de actos destacados ni autónomos verificados en la etapa de ejecución de la sentencia, y tampoco se trata de la última resolución en la misma, toda vez que los reclamados consisten en la orden de lanzamiento del inmueble objeto de litigio en el juicio especial de desahucio 65/2020-I y la pretendida ejecución de la diligencia de mérito, por lo que es evidente que a dichos actos aún le siguen otros mediante los cuales se logre hacer efectiva la condena. Por tanto, al no estar aún ante la resolución en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, es inconcuso que en el caso se actualiza de manera plena, indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con la fracción IV del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo; ya que aun cuando se llegara a admitir la demanda de amparo y se desarrollara el juicio en sus etapas procesales, de todas formas se surte la improcedencia que provoca su inadmisión. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto señalan: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del tomo XIII, Abril 2001, página 31). Sin que sea óbice a lo anterior, que en la demanda de amparo el quejoso manifestó que no fue emplazado a juicio, toda vez que al desahogar la prevención formulada por este órgano jurisdiccional en proveído de veinticuatro de enero del año en curso, para que aclarara los actos reclamados en esta instancia constitucional, el impetrante en el ocurso aclaratorio, expresamente precisó que sólo reclama la orden de la lanzamiento y la pretendida ejecución de dicha diligencia. Acorde a lo anterior, con fundamento en el artículo 113 en relación con los diversos numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J.19/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del tomo XIV, Julio de 2001, página 34). Resulta aplicable la Jurisprudencia VI.2o.C. J/253, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, registro 178405, publicada en la página 1331, tomo XXI, Mayo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." Sin que pase inadvertido para este juzgado que si bien es cierto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas del máximo tribunal estableció que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos, también lo es que expresamente aclaró que dicha excepción opera siempre que los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar y con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable; lo que no acontece en la especie, puesto que precisamente los actos reclamados consisten en la orden de lanzamiento del inmueble objeto de litigio en el juicio especial de desahucio 65/2020-I, y la pretendida ejecución de la diligencia de mérito. En efecto la Jurisprudencia número P./J.108/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 163152, es del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.- La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del tomo XXXIII, Enero 2011, página 6). Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe"

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por el quejoso *****, a través del cual desahoga la prevención formulada en proveído de veinticuatro de enero actual, y al efecto aclara cual es el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del tomo XX, Septiembre de 2004, página 1361). Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con la fracción IV del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal Los referidos artículos de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.). Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.) En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (...)." De los preceptos transcritos se desprende que entre otros supuestos, el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; Y SI SE TRATA DE ACTOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA SÓLO PODRÁ PROMOVERSE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución; en la inteligencia que POR ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDE AQUELLA QUE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LO SENTENCIADO O DECLARA LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA DARLE CUMPLIMIENTO, O LAS QUE ORDENAN EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE, supuesto en el cual será el momento procesal en que proceda el juicio de amparo y en el que la parte agraviada esté en aptitud de impugnar tanto la resolución de mérito como todas aquellas intermedias que considere la dejaron sin defensa. Lo que es así, porque en el juicio de amparo se deben de establecer dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia en tratándose de actos emitidos dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia o resolución definitiva. La primera hipótesis consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia o laudo, y por tanto sean autónomos y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural, (como son el arresto dictado como medida de apremio hacia alguna de las partes) es decir, que se emitan de manera destacada, y con independencia del procedimiento de ejecución. La segunda, que opera como la regla específica, cuya ratio legis es el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, lo que es así, porque el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados en ejecución de tal fallo, siempre que se impugne la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y que hubiesen trascendido al resultado de la resolución, ya que en tratándose de los procedimientos de ejecución la Sociedad y el Estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada. En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde las partes ya fueron oídas, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la resolución que tiene esa calidad, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice el cumplimiento de una resolución final. Ahora bien, existen diversas resoluciones consideradas intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del periodo de ejecución de sentencia o laudo, que pueden llegar a ser combatibles a través del juicio de amparo, toda vez que por su naturaleza no implican la ejecución parcial de lo condenado, tienen autonomía destacada de lo que implica la cosa juzgada; crean o modifican un derecho en ese procedimiento de ejecución, y pueden ocasionar un perjuicio inmediato (como lo sería por ejemplo una medida de apremio), supuestos que según se pone de manifiesto a continuación, no se actualizan en la especie. Para evidenciar que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la indicada causal de improcedencia del juicio de amparo, es preciso señalar que del oficio cuya imagen se insertó en la demanda de amparo, se desprende que Margarito Castillo Pino, promovió juicio especial de desahucio en contra del aquí quejoso Luis Ángel Javier Berdeja Navarro, mismo que se radicó bajo el número 65/2020-I, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, y en el que el seis de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva condenatoria. En cumplimiento a lo ordenado en el tercer punto resolutivo de dicho fallo, se ordenó el lanzamiento del inmueble objeto de litigio; y en ese orden de ideas, el aludido mandato y la pretendida ejecución de dicha diligencia relativa, constituyen los actos reclamados en la presente instancia constitucional. De lo que se sigue que las conductas impugnadas en esta vía, evidentemente no implican actos destacados, autónomos e independientes, del juicio que se ejecuta, ya que los mismos se encuentran vinculados de manera directa a la etapa de ejecución, y en vista de lo anterior deberá desecharse la demanda que se provee, al no tratarse ni de actos destacados ni autónomos verificados en la etapa de ejecución de la sentencia, y tampoco se trata de la última resolución en la misma, toda vez que los reclamados consisten en la orden de lanzamiento del inmueble objeto de litigio en el juicio especial de desahucio 65/2020-I y la pretendida ejecución de la diligencia de mérito, por lo que es evidente que a dichos actos aún le siguen otros mediante los cuales se logre hacer efectiva la condena. Por tanto, al no estar aún ante la resolución en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, es inconcuso que en el caso se actualiza de manera plena, indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con la fracción IV del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo; ya que aun cuando se llegara a admitir la demanda de amparo y se desarrollara el juicio en sus etapas procesales, de todas formas se surte la improcedencia que provoca su inadmisión. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto señalan: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del tomo XIII, Abril 2001, página 31). Sin que sea óbice a lo anterior, que en la demanda de amparo el quejoso manifestó que no fue emplazado a juicio, toda vez que al desahogar la prevención formulada por este órgano jurisdiccional en proveído de veinticuatro de enero del año en curso, para que aclarara los actos reclamados en esta instancia constitucional, el impetrante en el ocurso aclaratorio, expresamente precisó que sólo reclama la orden de la lanzamiento y la pretendida ejecución de dicha diligencia. Acorde a lo anterior, con fundamento en el artículo 113 en relación con los diversos numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J.19/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del tomo XIV, Julio de 2001, página 34). Resulta aplicable la Jurisprudencia VI.2o.C. J/253, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, registro 178405, publicada en la página 1331, tomo XXI, Mayo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." Sin que pase inadvertido para este juzgado que si bien es cierto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas del máximo tribunal estableció que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos, también lo es que expresamente aclaró que dicha excepción opera siempre que los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar y con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable; lo que no acontece en la especie, puesto que precisamente los actos reclamados consisten en la orden de lanzamiento del inmueble objeto de litigio en el juicio especial de desahucio 65/2020-I, y la pretendida ejecución de la diligencia de mérito. En efecto la Jurisprudencia número P./J.108/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 163152, es del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.- La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del tomo XXXIII, Enero 2011, página 6). Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por su propio derecho, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, y de otras autoridades responsables. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 57/2023-III y fórmese el expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales, que establece que el expediente impreso sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente, y la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba agregarse al expediente impreso. Previo a acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este órgano judicial debe seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, que en sus artículos 112 y 114 establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite". Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". El normativo anterior impone a quien resuelve la obligación, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiar el escrito inicial y sus anexos para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita y que no existieren deficiencias, irregularidades u omisiones en el mismo. Así, del estudio integral de la demanda de amparo que se provee, se advierten irregularidades que requieren ser aclaradas. En ese sentido, resulta necesario atender lo dispuesto por el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, que impone la obligación a todo solicitante de la protección de la Justicia Federal de señalar con precisión en su escrito inicial de demanda, entre otras cosas, la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Dicho dispositivo es del tenor literal siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1° de esta ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." En la especie, se estima que la parte quejosa no colma dicho requisito, en virtud de que señala como autoridades responsables a las siguientes: "III. La autoridad o autoridades responsables. Autoridad Ordenadora. Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con Domicilio ampliamente conocido, ubicado en Palacio de Justicia, Av. Gran Vía Tropical s/n, Las Playas, 39390 Acapulco de Juárez, Gro. Autoridad ejecutora. C. Actuario del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con Domicilio ampliamente conocido, ubicado en Palacio de Justicia, Av. Gran Vía Tropical s/n, Las Playas, 39390 Acapulco de Juárez, Gro. C.C. Elementos de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco, Guerrero, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública. No obstante ello, al precisar el acto reclamado dice: "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por otra parte, aduce: "Acto Reclamado. En contra de la orden de lanzamiento precisada en el oficio que se me dejó en mi vivienda el día 19 de enero de 2023, en el cual se ordenó a la actuaría el lanzamiento judicial de mi vivienda" Y en los conceptos de violación manifiesta: "VII. Los conceptos de violación. Primer Concepto de Violación. Causa agravio al suscrito el hecho de que se me trata de desposeer de mi vivienda, la cual habito desde hace más de 14 años, sin que se haya hecho del conocimiento del suscrito que existe algún procedimiento o juicio tramitado ante un Juzgado o Tribunal con la finalidad de ordenar el desalojo de mi casa habitación. Por lo que al no ser emplazado el suscrito a juicio alguno, es evidente que se viola en mi perjuicio del suscrito mi derecho de debido proceso, tutela y certeza jurídica previstas en los artículos 16, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales en la parte que nos interesan disponen lo siguiente: (Los transcribe)." Lo antes transcrito, crea confusión e incertidumbre respecto a cuál es el acto que reclama en esta instancia constitucional, a cada una de las autoridades responsables. En consecuencia, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, 110 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase al impetrante para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente a aquél al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las demás partes y tramitar el incidente de suspensión de los actos reclamados, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. ACLARE CUÁL ES EL ACTO QUE EN CONCRETO RECLAMA A CADA UNA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN ESTA INSTANCIA CONSTITUCIONAL. Sirve de apoyo, lo sustentado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 211, que dice: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA. No debe el juez desecharla de plano, sino mandar que sea aclarada en los términos de la ley." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, correspondiente al Apéndice de 1995). En consecuencia, se apercibe al quejoso que en caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención señalada, en la vía, forma y términos establecidos, se procederá conforme al artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el señalado, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús García Romero, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como Licenciado en Derecho. Se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubieren formulado, o bien, mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a las Actuarias judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Se comunica a las partes que todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Para ello, en el área de atención al público se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los servidores públicos, a efecto de que cualquier persona los pueda contactar para la atención correspondiente. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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