Luis Ángel Hernández Trujillo

Expediente 335/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
335/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • Luis Ángel Hernández Trujillo

Actuaciones

  1. Principal

    QUEDA FIRME EL AUTO QUE DESECHO DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cinco de abril de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Luis Ángel Hernández Trujillo, por propio derecho, contra actos del Juez de Control Región Dos de los Distritos Judiciales de Tapachula y Acapetahua, con sede en esta ciudad: Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado en esta instancia se hace consistir en: ? El auto de vinculación a proceso, dictado el dos de marzo de dos mil veintidós, en autos de la causa penal 40/2022 del índice de la responsable. Con el original de la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 335/2022. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese sentido, este juzgador estima que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.; [.]" De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, se hace necesario precisar, en lo que interesa, el contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo ??????????????? ??????????????? anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El precepto legal reproducido en primer término, establece los plazos para promover el juicio de amparo, el cual, como regla general prevé que el término para presentar una demanda de amparo será de quince días; asimismo, prevé los plazos excepcionales para ejercitar la acción de amparo. En forma sistemática, en la segunda norma transcrita el legislador estableció las hipótesis para el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: a) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; b) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado; o bien, c) el promovente se haya ostentado sabedor de los actos referidos. Como se aprecia, los tres supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguna, por lo que ante esas distintas hipótesis debe establecerse, en principio, la posición de los quejosos respecto del acto que reclaman, según se trate de la notificación o el conocimiento, y así contar el término a partir del cual empieza a correr el plazo para la presentación de la demanda de amparo. Es aplicable, por las razones que indica, la jurisprudencia1 XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)". 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 1931, Materia Común, registro digital 165582. Precisado lo anterior, conviene retomar que el acto reclamado fue emitido en un proceso penal instaurado en contra del quejoso, de lo que se colige que si bien, restringe la libertad personal; lo cierto es que, fue emitido dentro de juicio, situación que implica que su reclamo debe ajustarse al plazo genérico para presentar la demanda de amparo, de quince días, al no ubicarse en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, para determinar el cómputo del aludido plazo debe considerarse la primera hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, a partir del día siguiente en que surtió efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la legislación que lo regula. En ese sentido, a fin de evidenciar la causa de improcedencia que se analiza, resulta conveniente invocar el contenido de los preceptos normativos del Código Nacional de Procedimientos Penales -ley que rige el acto reclamado- que a continuación se transcriben: Artículo 56. Presencia del imputado en las audiencias Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de quien o quienes integren el Órgano jurisdiccional y de las partes que intervienen en el proceso, salvo disposición en contrario. El imputado no podrá retirarse de la audiencia sin autorización del Órgano jurisdiccional. El imputado asistirá a la audiencia libre en su persona y ocupará un asiento a lado de su defensor. Sólo en casos excepcionales podrán disponerse medidas de seguridad que impliquen su confinamiento en un cubículo aislado en la sala de audiencia, cuando ello sea una medida indispensable para salvaguardar la integridad física de los intervinientes en la audiencia. Si el imputado se rehúsa a permanecer en la audiencia, será custodiado en una sala próxima, desde la que pueda seguir la audiencia, y representado para todos los efectos por su Defensor. Cuando sea necesario para el desarrollo de la audiencia, se le hará comparecer para la realización de actos particulares en los cuales su presencia resulte imprescindible. Artículo 62. Asistencia del imputado a las audiencias Si el imputado se encuentra privado de su libertad, el Órgano jurisdiccional determinará las medidas especiales de seguridad o los mecanismos necesarios para garantizar el ????????????? ??????????????? adecuado desarrollo de la audiencia: impedir la fuga o la realización de actos de violencia de parte del imputado o en su contra. Si la persona está en libertad, asistirá a la audiencia el día y hora en que se determine; en caso de no presentarse, el Órgano jurisdiccional podrá imponerle un medio de apremio y en su caso, previa solicitud del Ministerio Público, ordenar su comparecencia. Cuando el imputado haya sido vinculado a proceso, se encuentre en libertad, deje de asistir a una audiencia, el Ministerio Público solicitará al Órgano jurisdiccional la imposición de una medida cautelar o la modificación de la ya impuesta. Artículo 63. Notificación en audiencia Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código. Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; (.) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación. Artículo 84. Regla general sobre notificaciones Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias. (.) Artículo 94. Reglas generales Los actos procedimentales serán cumplidos en los plazos establecidos, en los términos que este Código autorice. (.) Los plazos establecidos en horas correrán de momento a momento y los establecidos en días a partir del día en que surte efectos la notificación. Artículo 307. Audiencia inicial En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) En caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido solicite la procedencia de una medida cautelar, dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte la suspensión de la audiencia inicial. A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia. Artículo 310. Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud. Cuando lo considere necesario, para lograr la presencia del imputado en la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión o de comparecencia, según sea el caso y el Juez de control resolverá lo que corresponda. Las solicitudes y resoluciones deberán realizarse en los términos del presente Código. De la interpretación conjunta de los preceptos normativos en cita, se desprende que la presencia del imputado en la audiencia inicial, en la que se deciden, entre otras cuestiones, sobre la vinculación a proceso formulada en su contra, es inexcusable; incluso, otorga la facultad al Juez de Control de hacerlo comparecer mediante orden de aprehensión. Por otra parte, se aprecia que el órgano jurisdiccional dictará sus resoluciones de forma oral durante el desarrollo de la audiencia, quedando formalmente notificados sus intervinientes. Dicha notificación surtirá sus efectos al día siguiente de que se hubiera practicado, y los términos transcurrirán a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación. En la especie, según lo expuesto en el escrito de demanda, el acto que en esta vía se reclama -auto de ??????????????? ??????????????? vinculación a proceso- fue emitido el dos de marzo de dos mil veintidós, y aun cuando el quejoso no haya realizado manifestación expresa, en atención al contenido de los artículos anteriormente invocados, es evidente que dicho acto le fue notificado en esa propia fecha. Luego, tomando en consideración que el quejoso fue notificado del auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 40/2022, desde el dos de marzo de dos mil veintidós, resulta inconcuso que el escrito de demanda de amparo, presentado hasta el cuatro de abril de dos mil veintidós, resulta extemporáneo, pues lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término de quince días para instar el juicio de amparo. Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita el acto reclamado, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día hábil siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado (cuatro de marzo de dos mil veintidós). Para evidenciar que la demanda no fue presentada de manera oportuna, resulta ilustrativa la siguiente tabla: Marzo 2022 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNE S SÁBAD O DOMING O 1 2 Fecha de notificación del acto reclamado 3 Surtió efectos notificaci ón 4 Día 1 5 6 7 Día 2 8 Día 3 9 Día 4 10 Día 5 11 Día 6 12 13 14 Día 7 15 Día 8 16 Día 9 17 Día 10 18 Día 11 19 20 21 Dia inhábil 22 Día 12 23 Día 13 24 Día 14 25 Día 15 Fenece término 26 27 28 29 30 31 1 Abril 2022 LUNES MART ES MIÉRCOLE S JUEVE S VIERNE S SÁBAD O DOMING O 1 2 3 4 Fecha de presentación de la demanda 5 6 7 8 9 10 Lo expuesto revela que, el término de quince días hábiles para que la parte quejosa interpusiera la demanda de amparo, transcurrió del cuatro al veinticinco de marzo de dos mil veintidós, sin contar los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte y veintiuno, por haber sido inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de la Materia. Cobra vigencia al caso, el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 115/20102, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o 2 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, registro digital 163172 ??????????????? ??????????????? la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por propio derecho por Luis Ángel Hernández Trujillo. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADO De conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se practiquen al quejoso en el lugar de su reclusión. Así también, se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa, el que señala en esta ciudad; sin que sea el caso tener como medio de notificación el correo electrónico que proporciona, toda vez que dicho medio de comunicación no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo ni en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para tal efecto. En el entendido que de solicitar que las notificaciones se practiquen vía electrónica, deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, con la exigencia que deberá proporcionar el nombre de usuario correspondiente, mismo que obtendrá previo registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo estipulado en el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, pues sin este requisito no es factible conceder la autorización que requiere. Por la razón precisada en el párrafo que precede, no ha lugar a autorizar la consulta del expediente electrónico, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En otro orden, de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que precisa, para efectos de comunicaciones no procesales. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase como autorizado en términos amplios a Evilacio Romario Galindo Ventura, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales días y horas inhábiles, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal. De igual manera, se autoriza la reproducción de constancias del presente expediente, a través de medios electrónicos, de conformidad con lo establecido en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ????????????? ??????????????? Finalmente, conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal, y en uso de la facultad discrecional que le otorga el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en su caso, quedarán a disposición de las partes en esta secretaría, para su consulta, hasta en tanto llegue el momento de proveer sobre su destino final. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Se exhorta al promovente de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea. Notifíquese personalmente.

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