Luis Ángel Hernández Robles

Expediente 846/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
846/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • Luis Ángel Hernández Robles

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el proveído de veintinueve de agosto del presente año, en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías promovida a favor de Luis Ángel Hernández Robles; en tales condiciones, se declara que el mismo causa estado. Por ende, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto totalmente concluido. En consecuencia, esta autoridad con fundamento en los artículos 6 y 12, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente físico, por lo que se procede a valorar jurídicamente este juicio de amparo, por tanto, hace la precisión que este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.4, relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, pues no obstante que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa; en este asunto se decretó la suspensión de plano y de oficio de los actos reclamados, sin perjuicio de conservar las constancias relativas al otorgamiento de la medida cautelar antes mencionada, así como el presente acuerdo, además al prudente arbitrio de este juzgador se considera que no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente mencionado y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en acuerdo de veintiséis de los actuales se tuvo a Juan Carlos Rodríguez Tapia, promoviendo demanda de amparo a favor de Luis Ángel Hernández Robles, por lo que se comisionó al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional a fin de que se constituyera en el lugar en que éste se encontraba privado de la libertad y lo requiriera para que dentro de los tres días siguientes a la notificación respectiva, manifestara si era su deseo ratificar o no dicha demanda, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendría por no presentada. Asimismo, de la comparecencia de esta fecha, se advierte que el agraviado acudió a este juzgado a manifestar su deseo de no ratificar la demanda promovida a su favor. En consecuencia, con apoyo en el artículo 15 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este expediente, quedando sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los fines legales procedentes y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, intégrense al expediente los oficios de cuenta que signa la Directora del Centro de Recuperación Cívica Total, con residencia en esta ciudad, sin que causen efecto legal alguno, en virtud de lo expuesto en párrafos anteriores.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo por comparecencia que antecede, se advierte que Juan Carlos Rodríguez Tapia, acudió a promover demanda de amparo a favor de Luis Ángel Hernández Robles, contra actos del Director del Centro de Recuperación Cívica Total (CERECITO), del Municipio de Juárez, Chihuahua, con sede en esta localidad fronteriza, en razón de que el directo quejoso se encuentra imposibilitado para ello. Por ende, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15, 17, fracción IV, 19, 109, 112, segundo párrafo, 125, 126 y 127 de la Ley de Amparo, a reserva de que sea ratificada, fórmese expediente electrónico e impreso, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, regístrese con el número de juicio de amparo indirecto 846/2022-V. Con fundamento en los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo, se requiere al justiciable Luis Ángel Hernández Robles, a quien deberá notificarse personalmente el presente auto en el lugar en que se encuentra privado de su libertad ambulatoria, para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ubicado en avenida Tecnológico, número 1670, fraccionamiento Fuentes del Valle, segundo piso, en esta ciudad, trayendo consigo identificación oficial vigente, a ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por Juan Carlos Rodríguez Tapia. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dicha persona deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Apercibido, que en caso de no cumplir con lo prevenido, se tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efecto las providencias que se dicten en el presente auto, conforme al artículo 15 párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Ahora, en atención a que se reclama un acto que implica ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, que de llegar a consumarse, haría físicamente imposible restituir al directo quejoso en el goce de los derechos individuales reclamados, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión del acto reclamado para el efecto de que Luis Ángel Hernández Robles sea puesto en inmediata libertad por la autoridad que materialmente esté llevando a cabo su detención. Se hace extensiva la medida cautelar a cualquier autoridad que haya o pretenda ejecutar total o parcialmente dicho acto reclamado. Sirve de apoyo la tesis aislada, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen LVI, Cuarta Parte, Sexta Época, con número de registro 270866 de su versión electrónica, página 138, del contenido siguiente: "SUSPENSION, EFECTOS DE LA. El artículo 170 de la Ley Reglamentaria de los 103 y 107 constitucionales, dispone que en los juicios de amparo de la competencia de la Suprema Corte de Justicia en asuntos penales o civiles, la autoridad responsable mandará suspender la ejecución de la sentencia reclamada, con arreglo al artículo 107, fracciones V y VI de la Constitución general, sujetándose a las disposiciones del capítulo que menciona y el 173 de esa ley determina los términos en que debe otorgarse la suspensión, a instancias del agraviado. Conforme al primero de esos preceptos, la responsable suspende la ejecución de la sentencia reclamada que consiste en que no se ejecute, y para que no se lleve a efecto, se requiere que lo ponga en conocimiento del Juez a quien le corresponda esa ejecución, puesto que como lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia, cuando se concede la suspensión contra la autoridad que ordena, el auto debe entenderse también que comprende a la autoridad ejecutora. Por lo mismo, aun cuando la autoridad ejecutora no haya sido designada autoridad responsable en la demanda de amparo promovida por la quejosa, la responsable procede legalmente al disponer que se comunique a su inferior el otorgamiento de la fianza para que no ejecute la sentencia reclamada." En el entendido de que la puesta en libertad del agraviado será siempre y cuando haya sido privado de ella con motivo de los hechos narrados en la demanda por comparecencia, y esa privación de la libertad no sea consecuencia de un procedimiento de carácter penal, ni con motivo del cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por la comisión de un delito o haya sido aprehendido en flagrancia o urgencia. Se comisiona a la Actuaría Judicial, para que se constituya en las instalaciones que ocupa el Centro de Recuperación Cívica Total (CERECITO), en esta ciudad, y notifique a la responsable o en su defecto, a la autoridad que en ese momento la represente o substituya en sus funciones, la suspensión que se ha concedido, con el objeto de que se acate inmediatamente. Sin que haya lugar a requerir la exhibición de garantía alguna, toda vez que el acto reclamado, se presume que consiste en una orden de detención o arresto ejecutada como sanción administrativa y no como medida de apremio, siendo que la relación que se deriva de actos de esa naturaleza es únicamente entre la autoridad y el gobernado, pues aquélla pretende sancionar una infracción de naturaleza distinta a la penal, cometida por Luis Ángel Hernández Robles; por ende, las consecuencias de dicho arresto no trascienden a la esfera jurídica de terceras personas; máxime que ningún otro dato se advierte de la demanda por comparecencia que pudiera exigir garantía alguna para su concesión. Resulta aplicable, en sentido contrario, la jurisprudencia 1a./J. 28/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, Novena Época, registro número 174590 de su versión digital, página 264, del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU CONCESIÓN DEBE CONDICIONARSE A LA EXHIBICIÓN DE GARANTÍA SUFICIENTE CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE ARRESTO DECRETADA EN UN JUICIO CIVIL O MERCANTIL Y LA MEDIDA CAUTELAR PUEDA OCASIONAR DAÑOS O PERJUICIOS AL PATRIMONIO DEL TERCERO PERJUDICADO. La necesidad de fijar una garantía al conceder la suspensión en el juicio de amparo contra la ejecución de una orden de arresto decretada como medida de apremio en un procedimiento de naturaleza civil o mercantil depende de la naturaleza del requerimiento que se haya formulado al quejoso, en tanto que en ese tipo de procedimientos pueden dictarse requerimientos que, de no cumplirse, afectan los bienes o derechos de la contraparte. En ese tenor, en la hipótesis referida es necesario condicionar la concesión de la suspensión a la exhibición de garantía suficiente para la reparación e indemnización de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado, en caso de que la dilación en el cumplimiento del requerimiento -origen de la orden de arresto- no sólo implique un retraso en el trámite del procedimiento natural, sino una afectación directa a los bienes o derechos del tercero perjudicado que se traduzca en un daño a su patrimonio; regla que debe entenderse referida únicamente al supuesto de las partes en el juicio natural, esto es, actor y demandado." En consecuencia, se ordena a la autoridad responsable que realice las gestiones necesarias para que se ponga en inmediata libertad a Luis Ángel Hernández Robles, en el entendido que la medida cautelar se hace extensiva a cualquier autoridad que conforme a sus facultades, atribuciones o competencias se encuentre vinculada a la ejecución de la orden de arresto. Se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que en caso de no cumplir con lo ordenado, se dará vista a las autoridades competentes para que investiguen la comisión del delito que prevé el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y por ende, le podrá ser impuesta una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, con independencia de los demás delitos en que pudieran incurrir. En el entendido de que si la autoridad responsable se negara a recibir el oficio en que se otorgó la suspensión de plano, cualquiera que fuera el motivo de su negativa, deberá estarse al contenido de los artículos 107 fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 28, de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) XVII.- La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente; (.)" "Artículo 28.- Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha." Caso, en el cual será responsable del incumplimiento a la suspensión de plano y en consecuencia, plenamente responsable de las sanciones penales que en su caso procedan, en términos de los artículos citados. En términos del artículo 27, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda. Por otra parte, comuníquese al quejoso, que en la diligencia de ratificación en la que comparezca ante este Juzgado Federal o con posterioridad, podrá señalar domicilio en el lugar en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional, con el fin de que se realicen las notificaciones personales que en su caso se ordenen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se harán por lista en términos del numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la circular DGGJ/0007/2020 de dieciséis de junio de dos mil veinte, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, gírese oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, a fin de que tenga conocimiento de la recepción de la demanda de amparo que dio origen al presente expediente, para que sea tomada en consideración para la compensación de las cargas de trabajo y expida la papeleta correspondiente. Infórmese a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 68, 100, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que la Actuaría Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias, incluso certificadas, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. En el entendido de que tal autorización excluye la reproducción que documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Finalmente, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial C la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese de forma inmediata y personalmente a Luis Ángel Hernández Robles.

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