Luis Angel Hernandez Juárez

Expediente 1602/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1602/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • Luis Angel Hernandez Juárez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III.Con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo, dése vista a las partes con el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género de Toluca, con sede en Tenango del Valle, mediante el cual rinde su informe justificado; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional, conforme al diverso 124 del propio cuerpo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA III RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otras autoridades. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1602/2019-III. ADMISIÓN. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de l Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama La orden de aprehensión, búsqueda, localización detención y/o presentación dictada en contra del quejoso así como su ejecución. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Acorde con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dése la intervención correspondiente. Motivo por el cual, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio, dejando a su disposición en este juzgado de Distrito, copia simple de la demanda y auto admisorio. APERTURA INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en lo establecido por los numerales 125 y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, por separado y por duplicado tramítese el incidente de suspensión. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las diez horas con diez minutos del trece de enero de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional. SOLICITUD DEL INFORME JUSTIFICADO. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, solicítese a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si son o no ciertos los actos que se les reclaman; además, deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria correspondiente. Se apercibe a las responsables que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiéraseles a las responsables, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado, apercibidas que en caso de ser omisa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se hará acreedora a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual forma, se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, informe a este órgano de control constitucional si en el expediente del cual emana el acto reclamado se han promovido diversos juicios de amparo, por lo que en caso de ser así deberán comunicar ante qué autoridades se radicaron, el número de registro y el estado procesal de los mismos, debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. TERCERO INTERESADO. Ahora bien, resérvese acordar lo conducente al emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto obre en autos los informes justificados rendidos por las mismas y las constancias de las cuales emana el acto reclamado. DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En diverso aspecto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios a *** así como únicamente para oír y recibir, a la otras personas que refiere, por no encontrarse registrada su cédula ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que las autoridades responsables se negaren a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se hará acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento del Actuario de la adscripción para que en el momento de la diligencia respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad o autoridades que estén ejecutando el acto reclamado, a quienes deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se hará acreedora de una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. NOTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Notifíquese.

  3. Incidental

    MESA III APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como está ordenado en auto de esta fecha dictado en el cuaderno principal relativo al juicio de amparo 1602/2019-III, promovido por ***, por propio derecho, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otras autoridades; se integra por duplicado el presente incidente, de conformidad con los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo. SOLICITUD DE INFORME PREVIO. Con apoyo en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir por duplicado, dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto una copia simple de la demanda de amparo; en él se concretarán a expresar si son ciertos los hechos que les atribuye la parte quejosa y que determinan la existencia del acto reclamado, pudiendo agregar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Se apercibe a las responsables que de ser omisas en rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión, además, de conformidad con los preceptos legales 238 y 260, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las nueve horas con diez minutos del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, para la audiencia incidental, de conformidad con la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo. MARCO JURÍDICO DE LA MEDIDA CAUTELAR. En principio, es de puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128 y 129 de la Ley de Amparo, de los cuales se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, además, debe atender a la naturaleza de la violación alegada. En ese contexto legal, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza de la violación alegada no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, a valorar si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa del quejoso, o más bien incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio no se le había conferido legalmente. Ante tal exigencia constitucional, a fin de pronunciarse respecto a la procedencia de la suspensión del acto reclamado y previo al análisis de si el otorgamiento de la suspensión causaría perjuicio al interés social o contravendría disposiciones de orden público, debe verificarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esa medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el estudio de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del peticionario de garantías, pues de lo contrario, de no constatar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, los actos reclamados se hacen consistir en La orden de aprehensión, búsqueda, localización detención y/o presentación dictada en contra del quejoso así como su ejecución. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO A LA ORDEN DE APREHENSIÓN. Por lo que hace a la orden de aprehensión que la quejosa atribuye a las autoridades administrativas señaladas, toda vez que las mismas no están facultadas para ello; por tanto, con fundamento en los artículos 128, 129, 166 y 168 de la Ley de Amparo, es procedente decretar en su favor la suspensión provisional, para el efecto de que no sea privado de su libertad con motivo de la orden de aprehensión aquí reclamada, puesto que se trata de un acto que en sí mismo es violatorio de las garantías individuales que consagra la Constitución Federal, porque no se trata de algún acto administrativo que las autoridades administrativas responsables realizan ordinariamente mediante el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 16 constitucional y en ejercicio de las atribuciones que legalmente le son conferidas para realizar. Lo anterior, porque la diferencia entre una orden de aprehensión y una de presentación es manifiesta. La primera, fue reservada por la Constitución para que sea la autoridad judicial competente quien la emita y bajo ciertas circunstancias, mientras la segunda sí es potestad de los Agentes del Ministerio Público y cuya finalidad es lograr el desahogo de una diligencia, que le es indispensable a éste para lograr el cumplimiento de sus funciones, siendo la molestia que causa moderada y momentánea, pues en cuanto es cumplida la diligencia el inculpado puede retirarse y no queda privado de su libertad indefinidamente. Sin que sea necesario imponerle medida de aseguramiento alguno, en razón de las consideraciones apuntadas. Sirve de apoyo a la anterior consideración, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 47, del Tomo 37, Sexta Parte, Séptima Época al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido rezan "ORDEN DE APREHENSIÓN Y ORDEN DE PRESENTACIÓN, DISTINCIÓN ENTRE". CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN, DETENCIÓN Y/O PRESENTACIÓN ATRIBUIDA A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Ahora bien, por lo que hace a la orden de búsqueda, localización, detención y/o presentación así como su ejecución, es procedente decretar a favor del quejoso la suspensión provisional, para que no sea privado de su libertad con motivo de dichos actos reclamados a las autoridades administrativas mencionadas en la demanda, sin perjuicio que de existir una investigación en su contra se continúe con la integración de la carpeta correspondiente. La medida cautelar se concede toda vez que en el caso se actualiza lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es, en razón de que el quejoso solicitó expresamente la suspensión provisional, además de que con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Además, conviene precisar que en relación con la orden de presentación los efectos serán que no se realice la presentación de la parte quejosa ante la autoridad investigadora por medio de la fuerza pública, esto es, no sea privado de su libertad personal con motivo de dicha orden. Es así, porque la orden de presentación, si bien no constituye una orden de detención, de manera temporal afecta la libertad deambulatoria del quejoso, por lo que procede otorgar la suspensión en los términos citados. Es aplicable en lo conducente, jurisprudencia 1a./J. 109/2011 (9a. visible en la página 1059, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 160811, Décima Época, que a la letra dice "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA." Los efectos de la presente determinación tienen vigencia hasta en tanto se notifique la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo. En el entendido que la medida cautelar decretada no tiene el efecto de paralizar la continuación del procedimiento de donde deriva el acto reclamado, tal como lo establece el artículo 150 de la Ley de la Materia. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 136, 166 y 167 de la Ley de Amparo, dicha medida suspensional surtirá efectos desde luego, pero dejarán de tenerlo si el quejoso no cumple los siguientes requisitos a) Dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, exhiba una garantía de 1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), mediante billete de depósito, expedido a su nombre por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo; o en cualquiera de las formas que establece la ley; monto que se fija en forma discrecional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 132 y 168 de la Ley de Amparo, pues hasta este momento no se cuentan con mayores elementos como pudiera ser la naturaleza, modalidades y características del delito imputado al quejoso, así como tampoco se advierten las características personales y situación económica del impetrante de amparo, ni que el citado tenga la intención de sustraerse de la acción de la justicia; cantidad que podrá ser modificada una vez que se conozcan los antecedentes del caso, mediante el informe previo que rindan las autoridades responsables. Es aplicable la tesis número 39, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1,231, del Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de dos mil tres, Novena Época, con número de registro 183671, que establec "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL, APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO." b) Asimismo, se hace del conocimiento de la parte agraviada que para que siga surtiendo efectos la medida cautelar decretada, además de la garantía antes señalada, en términos de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Amparo, tiene la obligación de comparecer ante la autoridad responsable que acepte haber librado el mandato de captura que reclama dentro del plazo de tres días, para las diligencias que se decreten en el procedimiento que se le siga, lo cual deberá acreditar dentro de los tres días siguientes, con la prevención que de incumplir con lo ordenado en el término mencionado, dejará de surtir efectos la suspensión concedida; en la inteligencia que, la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia de los actos reclamados, y en su caso, de la autoridad que la emitió, lo cual ocurre cuando las autoridades responsables rinden su informe previo dentro del término de cuarenta y ocho horas, y en él manifiesten si es o no cierto el acto que se les atribuye. Es aplicable la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 371, Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil ocho, Novena Época, con número de registro 170432, que establece "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ." Se requiere al quejoso que de exhibir la garantía antes fijada en billete de depósito, o en cualquiera de las formas previstas en la ley, a efecto de que este Juzgado la tenga por otorgada, deberá contener en el apartado relativo a concepto manifestación expresa de que se exhibe para garantizar la suspensión decretada en el presente juicio de amparo. Asimismo, para el caso de que exhiba su billete de depósito en éste deberá incluirse la autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos, en atención a lo establecido en el artículo 32 del Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el diverso Acuerdo General 38/2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de noviembre de dos mil siete, que establece "Artículo 32. Las personas que constituyan los depósitos ante los Órganos Jurisdiccionales en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior." Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes, que con fundamento en los artículos 136 y 166 último párrafo, y 167 de la Ley de Amparo, la orden combatida, podrá ejecutarse si este Juzgado le comunica a las responsables mediante oficio que, en el plazo referido, no se ha depositado la garantía exigida; como también podrá ser detenido el quejoso, si la orden de captura se emitió por delito que merece prisión preventiva, o bien, si es sorprendido en la comisión de flagrante delito o falta administrativa que amerite sanción corporal, y tratándose de caso urgente a que alude el quinto párrafo de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución General de la República. DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En diverso aspecto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios a ***; así como únicamente para oír y recibir, a la otras personas que refiere, por no encontrarse registrada su cédula ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. COPIAS. Con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita previa toma de razón y firma que por su recibo obre en autos para debida constancia legal, sólo en un tanto, ya que no justifica la necesidad de varios. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 176/2012, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página 1253, libro XVI, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, Décima Época, con número de registro 2002576, cuyo rubro se cita "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito. Notifíquese.

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