Luis Ángel Hernández Juárez
Expediente 207/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 207/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/05/2021
Partes del expediente
- Luis Ángel Hernández Juárez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; doce de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Oficial Mayor de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México, mediante el cual, solicita la devolución de diversas constancias que adjuntó a su informe justificado. Atento a su contenido, mediante oficio que derive de este proveído devuélvase a la autoridad oficiante la copia certificada del expediente ------ constante de sesenta y un fojas; así como la diversa relativa al incidente de liquidación de pensión alimenticia constante de setenta fojas, lo anterior para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de abril de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, en la que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En este contexto, atento a lo ordenado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que: El cuaderno principal es susceptible de depuración, en virtud de que mediante sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal (artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo). En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo; háganse constar las leyendas de valor que corresponda en la carátula del expediente principal. Se hace la precisión que una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Ahora bien, toda vez que obra el anexo remitido por la autoridad responsable Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México, remítase mediante oficio a la citada responsable el expediente 39/2020 de su índice. De igual manera, atento a lo ordenado en el artículo 18, párrafo segundo, del referido Acuerdo General, se deja a disposición de la parte quejosa los documentos que adjuntó a su escrito inicial de demanda, apercibido que de no recogerlos en el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente, dicho documentos serán destruidos. En el entendido de que deberá sujetarse a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid- 19, del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, por lo que para el caso de comparecer ante este juzgado se le sugiere hacer uso del micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, contenido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órgano jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.
- Principal
En cumplimiento al apercibimiento inserto en el aviso de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se notifica a la parte quejosa la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil veinte, del tenor siguiente: SENTENCIA Vistos, los autos, para resolver el juicio de amparo 207/2020-III, promovido por ****; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, turnado al día hábil siguiente a este juzgado de distrito, *****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que a continuación se citan: AUTORIDAD RESPONSABLE: "Señalo como autoridad ordenadora; a la Sala Familiar de Toluca del H. Tribunal superior de Justicia del Estado de México, con domicilio ubicado en la esquina que forman las calles Nicolás Bravo y Sebastián Lerdo de Tejada, en la colonia centro de esta ciudad de Toluca, México. Al mismo tiempo como autoridad ejecutora: el C. Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México (.)." ACTO RECLAMADO: "a) De la H. Sala Familiar de Toluca, Estado de México, se reclama la sentencia definitiva dictada en fecha 29 de enero del año dos mil veinte, emitida con motivo del recurso de apelación hecho valer por el quejoso *****, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha once de diciembre del año dos mil diecinueve, pronunciada por el C. Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca Estado de México, en el expediente número ****, relativo al juicio de divorcio encausado, promovido por la C. *****, por cuanto a una indebida condenación en el pago de pensiones reclamadas por la actora. (.) b) Del C. Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, reclamo la ejecución o cumplimiento de la resolución dictada y sus consecuencias legales." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación; y se pidió a las autoridades responsables sus informes justificados; la audiencia constitucional, previo diferimiento, se verificó sin la comparecencia personal de las partes, tal como se asentó en el acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se promueve contra un acto dictado por una autoridad que radica dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que el acto reclamado en esta vía consiste en la resolución de veintinueve de enero de dos mil veinte dictada en el toca 39/2020 y su ejecución. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la Primera Sal Familiar Regional de Toluca y al Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, ambos de Estado de México, pues al rendir su informe justificado aceptaron la existencia de la resolución reclamada; manifestación que resulta suficiente para acreditar la existencia del acto, con apoyo en la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, tomo II, submateria 1, primera parte, sexta sección, página 830, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable, consistente en copias certificadas del toca de apelación 39/2020 y del incidente de liquidación de pensiones derivado del juicio 327/2018; documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Ahora bien, al no existir causa de improcedencia que se haya hecho valer por las partes o que este órgano jurisdiccional advirtiera de oficio, se procede al estudio de fondo del asunto. CUARTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa son inoperantes por insuficientes, en razón que no combaten las consideraciones que sustentan el acto reclamado y, además, son inoperantes por partir de una premisa errónea en razón que el cálculo de la cantidad adeudada por concepto de pensión alimenticia no debía calcularse en los términos que refiere. En su primer concepto de violación el quejoso aduce que le causa perjuicio que haya sido condenado al pago de la pensión calculándose tres unidades de medida y actualización, pues si bien tal cantidad se fijó como medida cautelar, cierto es que es inaplicable en razón que el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho se exhibió ante el juez responsable convenio para su cumplimiento, ratificado el diez de septiembre de esa misma anualidad, en el cuál se estableció que la pensión definitiva sería a razón de dos días de salario mínimo diario vigente. Por lo que, el considerar para el cálculo de las pensiones adeudadas tres unidades de medida y actualización causa perjuicio, en la medida que se debieron emplear únicamente dos, tomando en consideración que desde el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho se presentó el convenio ante el juez responsable y, por tanto, las partes estaban obligadas en esos términos a partir de dicha data. Tal concepto de violación, como se adelantó, es inoperante por partir de una premisa errónea, pues de constancias se advierte que el convenio a que hace alusión si bien fue presentado el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, como refiere, éste fue aprobado hasta el cuatro de junio de dos mil diecinueve, proveído en el cual se asentó "se aprueba en forma definitiva obligándose a las partes a pasar por él como si se tratase de sentencia ejecutoriada". Ahora bien, los artículos 1.240 y 1.205 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México establecen: "Artículo 1.240.- El proceso se extingue por: I. Convenio o transacción entre las partes;" "Artículo 1.205.- Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria." De lo antes transcrito se advierte que el proceso tendrá fin por convenio entre las partes, pero sólo existirá cosa juzgada cuando éste sea elevado a la categoría de sentencia ejecutoria. Por tanto, tomando en consideración que fue hasta el cuatro de junio de dos mil diecinueve y no el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho o fecha anterior, que el convenio adquirió la categoría de sentencia ejecutoria , es de concluirse que es que a partir de esa data la pensión provisional fijada dejó de surtir sus efectos y comenzó a calcularse en términos del convenio a que se alude. En otras palabras, contrario a su sentir, la cláusula a que alude en su concepto de violación surtió sus efectos a partir del cuatro de junio de dos mil diecinueve y, tomando en consideración que su agravio lo hace depender de la vigencia del convenio presentado el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, es que el mismo es inoperante, en razón que resulta falaz que a la fecha en que se generó el adeudo se encontrare vigente dicha cláusula. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, Materia Común, página 1326, Registro 2001825, de contenido siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." En su segundo concepto de violación la parte quejosa aduce que la Sala responsable pasó inadvertido que sí justificó haber realizado abonos por concepto de pensión alimenticias, y que tal circunstancia se corrobora con los estados de cuenta que presentó ante el juez, que el citado juez y la Sala responsable fueron omisos en recabar el informe solicitado al banco y, en todo caso, es dicho juez quién de forma oficiosa debió recabar mayores elementos para corroborar su dicho. Sin embargo, tales consideraciones fueron materia de pronunciamiento en la resolución que reclama en los términos siguientes: "Del fallo que se revisa, se advierte que efectivamente la A quo fue omisa en pronunciarse respecto a los estados de cuenta que adjuntó a su escrito mediante el cual formuló sus alegatos, así como al informe rendido por la licenciada Yolanda Arriaga Ramírez, apoderada legal del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima Integrante del Grupo Financiero BANAMEX. No obstante, devienen inoperantes, en razón a que la omisión de la Jueza natural, en nada trasciende al sentido del fallo, sin embargo, en reparación del agravio causado este Tribunal se substituye al de Primer Grado, para realizar el pronunciamiento respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto literal siguiente: (.) El demandado incidentista, ofreció las documentales consistentes en los estados de cuenta número 4766841109402597, de la institución bancaria BANAMEX; ahora, si bien es cierto, que en el convenio aprobado el cuatro de junio de dos mil diecinueve, se señaló dicha cuenta para que el demandado incidentista, diera cumplimiento a su obligación alimentaria, también lo es, que dichas documentales, de conformidad con el artículo 1.359 del Código procesal de la materia, no tienen el alcance probatorio pretendido por el oferente, pues, éstas por sí solas resultan insuficientes para acreditar que los depósitos que se advierten de los estados de cuenta exhibidos, hayan sido realizados por el apelante, pues, en todo caso, la prueba idónea para acreditarlo lo son los tickets o fichas de depósitos. Consecuentemente, el informe rendido por la licenciada Yolanda Arriaga Ramírez, apoderada legal del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima Integrante del Grupo Financiero BANAMEX, de conformidad con lo establecido por el artículo 1.359 del Código procesal civil, carece de eficacia demostrativa, pues por un lado, de éste no se advierte que el hoy apelante haya realizado depósitos a la citada cuenta bancaria; y por otro, no puede soslayarse que en el mismo se informó, que la cuenta referida, no se encuentra a nombre de ninguno de los aquí contendientes. Consecuentemente, lo que procede es confirmar el fallo apelado." De lo antes citado se advierte que la Sala responsable, atendiendo a los agravios (aquí reiterados como conceptos de violación) en los que la parte quejosa destacó las omisiones de valoración y requerimientos de informes por parte del juez responsable, asumió jurisdicción y valoró los estados de cuenta que exhibió, estableciendo que éstos son insuficientes, pues no son prueba idónea para evidenciar sus pretensiones (que realizó los abonos que aduce) en la medida que no evidencia que los depósitos los haya realizado el demandado y, además, dijo que la cuenta referida no pertenecía ni a él ni a la actora, por lo que carecía de eficacia demostrativa. Argumentos que por sí mismos son suficientes para sustentar el fallo y que no son materia de un combate frontal y directo; lo anterior en la medida que en los conceptos de violación se limita a reiterar que el juez no valoró los estados de cuenta (omisión que fue subsanada por la Sala responsable) y que además no requirió un informe de la cuenta bancaria que menciona (circunstancia que fue apreciada por la Sala y desestimada). De ahí que, se advierta, que no combate las razones que expuso la Sala responsable para desestimar los estados de cuenta que exhibió y la necesidad de requerir un diverso informe a la institución bancaria cuando ésta ya informó que la titularidad de la cuenta es de persona ajena al proceso que se ventila; por lo que, los agravios así expresados son inoperantes por insuficientes, al no controvertir las razones que sustentan el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia Común, página 731, Registro 159947, de contenido siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." De igual forma, sustenta lo anterior la jurisprudencia II.2o.C. J/11 de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, página 845, Registro 192315, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil." En las relacionadas circunstancias y toda vez que no se acreditó la ilegalidad del acto reclamado, procede negar el amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ****. Notifíquese personalmente.
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