Luis Angel Guerrero Cardona

Expediente 15/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 21 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
15/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
13/09/2021

Partes del expediente

  • Luis Angel Guerrero Cardona
  • Agentes del Ministerio Publico de Procedimiento Penal Acusatorio Adscritos a la Unidad General de Investigación 3

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia de tres de agosto de dos mil veintiuno, emitida por este juzgado de distrito; asimismo, que ya transcurrió el término de diez, para hacerlo; en consecuencia, se declara que ha causado ejecutoria, archívese el presente expediente como concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Se agrega escrito del autorizado de la parte quejosa, expídase a su costa copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio, una vez que las labores del Juzgado lo permitan, previa identificación y razón que por su recibo se asiente en autos. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS; los autos para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 15/2021-1, promovido por Luis Ángel Guerrero Cardona, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado en Buzón Judicial, el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, Luis Ángel Guerrero Cardona, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "3.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- C. Agentes del Ministerio Publico de Procedimiento Penal Acusatorio Adscritos a la Unidad General de Investigación 3; AUTORIDADES EJECUTORAS: I).- C. Inspector de la Policía Investigadora del Estado, Adscrito a Nuevo Laredo, Tamaulipas; II).- C. Agentes de la Policía Investigadora del Estado, adscritos a Nuevo Laredo, Tamaulipas; 4.- ACTO RECLAMADO: De las señaladas como responsable y ejecutoras les reclamo lo siguiente: La Orden de Investigación girada en mi contra por la autoridad señalada como responsable, manifestando bajo protestad de decir verdad que el aquí suscrito compareciente no he cometido delito alguno de los contemplados en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas en vigor, así mismo también la negativa de proporcionarme copias certificadas de la carpeta de Investigación que se sigue en mi contra, y de las Autoridades señaladas como Ejecutoras, la ejecución personalmente de la orden de investigación por parte del C. Inspector o de Agentes de la Policía Investigadora a su mando, de la respectiva Orden de Investigación girada en mi contra por las autoridades señaladas como responsables." SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de derechos fundamentales a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, el veintisiete de enero de dos mil veintiuno (fojas 7 a 10), se registró con el número 15/2021-1 y se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, es competente para resolver este asunto por razón de materia, grado y territorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 94 y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y al Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Se afirma a lo anterior en virtud de que las consecuencias de los actos reclamados tienen ejecución en esta ciudad, en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados.". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito de demanda de amparo, informe justificado rendido por las autoridades responsables y en general, de todas las constancias que integran este asunto, se concluye que la parte quejosa reclama, lo siguiente: ? Las ordenes de investigación y aprehensión giradas en su contra y su ejecución; y ? La negativa de la autoridad responsable de proporcionarle copia certificada que solicitó dentro de la carpeta de investigación con número NUC 315/2020. TERCERO. No son ciertos los actos consistentes en la orden de aprehensión atribuida a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación Número 3, y. Agente Encargado de la Policía Investigadora -quien también rindió informe justificado a nombre del Inspector de la Policía Investigadora-, todas con residencia en esta ciudad. Pues al rendir sus informes con justificación, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa hubiese ofrecido prueba alguna que desvirtuara tal negativa, respecto de lo cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseerse en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia número VI.2° J/20 que sustenta el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1989, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, la cual dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Es cierto el acto reclamado de las autoridades responsables, Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación Número 3, con sede en esta ciudad (foja 23), y Agente Encargado de la Policía Investigadora (foja 29) -quien también rindió informe justificado a nombre del Inspector de la Policía Investigadora- , pues señalaron que existe una orden de investigación en contra del quejoso derivada de la carpeta de investigación 315/2020, del índice de la Agencia del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad General de Investigación Número 3, iniciada por el hecho que la ley señala como delito de violación cometido en agravio de la menor de edad de iniciales K. N. N. G. Además tal certeza se corrobora con las documentales que acompañaron a sus respectivos informes las autoridades responsables, entre las que destaca el proveído de treinta y un de octubre de dos mil veinte (fojas 24 y 25) y los oficios 957/2020, 954/2020 y 2295/2020 (fojas 30 a 32), de las que se advierte que existe una orden de investigación en contra del quejoso Luis Ángel Guerrero Cardona, emitida dentro de la carpeta de investigación 315/2020, del índice de la Agencia del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad General de Investigación Número 3, la cual se encuentra en etapa de investigación preliminar. Por lo que hace a las referidas constancias, se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. QUINTO. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar si se actualiza alguna. En el caso concreto, respecto a la orden de investigación combatida por la parte quejosa, resulta improcedente la acción constitucional, al surtirse la causal prevista en la fracción XII del numeral 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". Para demostrar lo expuesto, es menester hacer referencia al precepto 5, fracción I de la invocada legislación1; el señalado en primer término, en su fracción I, establece el quejoso, dentro del juicio de amparo, es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue la norma, acto u omisión impugnados transgreden los derechos previstos en el arábigo 1º de ley en comento, además con dicha violación se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En el caso, el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, porque se refiere a una investigación en su contra, lo cual es una facultad exclusiva del Ministerio Público, ya que por disposición constitucional a ese órgano le compete investigar los hechos considerados delictuosos; en ese sentido, el interés particular del amparista no puede estar por encima del público. Efectivamente, lo atribuido a las responsables, no violenta los derechos fundamentales del quejoso, en razón de que el ejercicio de la acción penal constituye una facultad constitucionalmente conferida al Ministerio Público, en la cual la sociedad misma está interesada se cumpla cabalmente; para ello, por disposición del ordinal 21 del citado ordenamiento supremo, dicha institución debe avocarse a la investigación de los acontecimientos probablemente constitutivos de ilícito. Por tanto, si la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio tiene por objeto que el Representante Social reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. Lo anterior, en virtud de que el comienzo y trámite de la investigación, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización; incluso, mediante el juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esa etapa, como el aquí combatido (orden de investigación), no irrogan perjuicio alguno al gobernado, pues no trasciende de manera irreparable en su esfera jurídica, en razón de ser susceptible de anularse o contrarrestarse al momento de que el Agente Investigador formule la imputación ante el Juez de Control y se inicie la investigación formalizada. Robustece tal aserto, la tesis (X Región) 2o.1 P (10a.), de la Décima Época, publicada el 26 de agosto de 2016 en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." Consecuentemente, al no haber una afectación real, actual o directa en la esfera jurídica del impetrante, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 del citado ordenamiento legal SEXTO. Por otra parte, es infundado el concepto de violación del quejoso, consistente en que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio su derecho de debida defensa. Ello es así, en virtud de que la autoridad ministerial responsable al negarle al quejoso la expedición de las copias de lo actuado en la carpeta de investigación 315/2020, no transgredió en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 20 apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal, pues apoyó tal negativa sobre la base que el delito de violación por el que se dio inicio a la carpeta de investigación, fue en agravio de una menor de edad, y a fin de preservar la seguridad y la identidad de la menor de acuerdo al artículo 109, fracción XXVI, así como lo estipulado en el numeral 109, párrafo primero, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 20 inciso c) fracción V de la Constitución Federal, y 79 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente, negó la solicitud de expedir copias. De igual forma, hizo saber al imputado y su defensor que la carpeta de investigación relacionada con los hechos que se le imputan, quedaban a su disposición en las oficinas de esa unidad general de investigación 3, a fin de que recabe la información que le resulte necesaria para su adecuada defensa (foja 24) En efecto el artículo 20 en lo conducente establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: [.] VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; La porción normativa de referencia, forma parte del derecho de defensa del inculpado y las correlativas obligaciones de la autoridad de facilitar la información que solicite para una defensa adecuada. Así en relación a la fracción VI, se sostuvo que entraña una prohibición para el Estado de no entorpecer el ejercicio del derecho de defensa del gobernado y un deber positivo de actuación inclinado a brindarle el acceso a los datos que obren en los registros de investigación cuando: a) Se encuentre detenido. b) Se pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. c) Antes de su primera comparecencia ante Juez. En ese tenor, el principio tutelar de defensa adecuada comprende derechos específicos en los que el inculpado puede manifestarse activamente para probar su inocencia y las correlativas obligaciones que la autoridad debe proveer Esta garantía constitucional se refleja a nivel internacional en los Tratados que al respecto ha suscrito nuestro país, en concreto, el artículo 8º, apartado 2, incisos c) y f), de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece una serie de garantías mínimas de las cuales debe gozar todo procesado, entre éstas, la de que se le concedan tanto el tiempo como los medios adecuados para preparar su defensa; al igual que la de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Al respecto es de señalar que si bien el artículo 20 apartado B, fracción VI, de la Carta Magna, con relación al diverso 17 y 113 fracción VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisan que la autoridades están obligadas a garantizar la adecuada defensa del imputado desde la etapa de investigación, para lo cual, cuando comparezca deberán, entre otros, brindarle el acceso a los registros de la investigación así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, esto deberá de ser de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el artículo 219 de esa codificación procesal nacional. Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente. Así, el precepto invocado, establece que una vez que sean convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor además de tener acceso; es decir, derecho a consultar los registros de la investigación, también tendrán derecho a obtener copia de los registros de investigación. El criterio anterior se robustece con lo expuesto por la Primera Sala del Alto Tribunal al sostener que si bien las partes tienen derecho a que se les proporcione toda la información que requieran para poder defenderse, lo cierto es que el hecho de que no se les expidan copias de las actuaciones, no restringe su prerrogativa, pues podrán tener acceso a las constancias de la indagatoria en las instalaciones de la Representación Social, de las que podrán tomar todos los datos que estimen indispensables para su defensa; lo que basta para que se satisfaga la garantía de adecuada defensa; criterio que se ve reflejado en la jurisprudencia 1a./J. 52/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el del rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACCESO A SUS ACTUACIONES POR LAS PARTES LEGITIMADAS PARA ELLO, NO IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LES EXPIDAN COPIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). La fracción VII del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en beneficio de todo inculpado sujeto a un proceso penal el derecho a una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en aquél y que requiera para su defensa. Ahora bien, conforme a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 3 de julio de 1996, mediante la cual se adicionó un párrafo cuarto a la fracción X del citado precepto constitucional, las garantías previstas en sus fracciones VII y IX, que en un principio sólo eran aplicables durante la tramitación del proceso penal, también fueron incorporadas a la averiguación previa, aunque limitándose a lo establecido en las leyes secundarias. Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales señala que las únicas personas que tendrán acceso a las actuaciones de la averiguación previa serán el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, en caso de que los hubiera, y establece que el funcionario que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la averiguación incurrirá en responsabilidad; de donde se advierte que el Ministerio Público está impedido para otorgar dichas copias, lo cual es acorde con la garantía de defensa contenida en las fracciones VII y IX del artículo 20, apartado A, de la Constitución Federal, en tanto que ésta dispone que tratándose de la averiguación previa, dicha garantía se otorgará con las limitantes, términos y requisitos que las leyes secundarias determinen, es decir, si bien es cierto que las partes tienen derecho a que se les proporcione toda la información que requieran para su defensa, también lo es que el hecho de que el Ministerio Público no pueda proporcionar copias -en aras de proteger la reserva de las actuaciones-, en nada restringe el aludido derecho, pues aun cuando no se les proporcionen copias, el referido artículo 16 prevé que podrán tener acceso a las actuaciones de las que se podrán tomar todos los datos que estimen indispensables. De manera que si la fracción VII, apartado A, del artículo 20 constitucional no exige que los datos solicitados por el inculpado, su defensor y la víctima y ofendido y/o su representante legal, para preparar su defensa y que consten en la averiguación o en el proceso, sean pedidos precisamente por escrito y ministrados en forma de copias simples o certificadas, basta que el expediente respectivo sea puesto a la vista de las partes para que puedan consultarlo". Por tal motivo, en las condiciones apuntadas, lo procedente es negarle al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada. SÉPTIMO. En otro orden, dado que aun cuando por auto admisorio dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece los artículos 66, 67, fracción II, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. Atento a lo anterior, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68, del ordenamiento legal antes invocado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción II, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio por el acto y autoridades, precisados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Ángel Guerrero Cardona contra la autoridad precisada en el considerando cuarto de esta sentencia, por los motivos precisados en el considerando sexto de la misma. TERCERO. Publíquese esta resolución con supresión de datos personales, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, hasta hoy tres de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Patricia Arcos León, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Audiencia constitucional

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