Luis Ángel García Martínez

Expediente 675/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
675/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
12/01/2023

Partes del expediente

  • Luis Ángel García Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Se recibe testimonio Por recibido el oficio y anexo de cuenta, proveniente del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito...en cuyos puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara competente legalmente al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para conocer de la demanda de amparo promovida por ...." En tales condiciones, acúsese recibo vía interconexión; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de Ley de Amparo, archívese el cuaderno de antecedentes del juicio de amparo como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, uno de diciembre de dos mil veintidós. Se recibe oficio Se tiene por recibido el oficio de cuenta, proveniente del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, con el que acusa recibo del oficio con el que se remitió el expediente original del juicio de amparo 675/2022 para resolver la disimilitud de criterio competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí. Asimismo, se toma nota de que dicho conflicto competencial se admitió y quedó registrado con el número 68/2022. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de noviembre de dos mil veintidós. No acepta competencia Téngase por recibido el oficio y anexo proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en el que se encuentra inserto el proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, del que se desprende que no acepta la competencia declinada por este órgano jurisdiccional y devuelve las constancias del juicio de amparo 675/2022. Acúsese recibo a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); háganse las anotaciones correspondientes y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia declinada. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional insiste en la declaración de incompetencia para conocer del asunto en estudio. En efecto, el juzgado oficiante destacó que no se acredita que esta juzgadora carezca de competencia objetiva por motivo de territorio, pues argumenta que la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, la omisión de desahogar las pruebas que fueron calificadas de procedentes en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de veintisiete de febrero de dos mil veinte; y como consecuencia, la falta del dictado del laudo en el expediente laboral 34/2019/M-2, del índice del citado Tribunal; y que al ser actos de carácter omisivo no requieren ejecución material. No obstante, la suscrita juzgadora respetuosamente insiste en el criterio expresado en el auto de veintiuno de octubre del año en curso, bajo las siguientes consideraciones: Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Preceptos de los que se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de llevarse a cabo, se realice o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, el quejoso reclama la omisión del Tribunal laboral responsable de desahogar las pruebas que fueron calificadas de procedentes en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de veintisiete de febrero de dos mil veinte, y como consecuencia, la falta del dictado del laudo en el expediente laboral 34/2019/M-2 de su estadística. De la narración de hechos efectuada en su demanda bajo protesta de decir verdad se advierte que el quejoso es parte actora en el juicio laboral natural y su contraria lo es el Ayuntamiento de Aquismón, San Luis Potosí. De lo que se colige que, en la especie, se actualiza la hipótesis de incompetencia a que se refiere el inciso a) antes precisado, consistente en que es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución; ello, porque los actos reclamados tienen un principio de ejecución en tanto sus efectos se actualizan dentro del procedimiento laboral de referencia, cuya tramitación y desahogo tendrá ejecución ante el Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí. Cierto, como lo explica la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión, puesto que en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación; en ese sentido, las autoridades no solo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Desde la Sexta Época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entendía que dentro de los actos negativos se encuentran las decisiones, ejecuciones u omisiones. En su jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los actos negativos -omisivos- en realidad producen efectos meramente declarativos, es decir, que no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular, consecuentemente, carecen de ejecución material, empero, ha precisado que los actos negativos -omisivos- con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo, producen un cambio en la realidad o modifican un estado existente en las cosas. Así, para fijar la competencia por cuestión de territorio, respecto de actos que requieren de ejecución material, no basta que los actos omisivos únicamente produzcan efectos positivos en virtud de un cambio en la realidad o modifiquen un estado existente en las cosas, sino que esos efectos generen o puedan generar materialmente una ejecución. Entonces, es inconcuso que el reclamo de la parte quejosa versa en un "no hacer" de la autoridad respecto de algo que inminentemente tendría la obligación de efectuar, en la especie, desahogar las pruebas que fueron calificadas de procedentes en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de veintisiete de febrero de dos mil veinte, y como consecuencia, dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 34/2019/M-2. Esto es así, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta; la violación a ese derecho se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Entonces, de conformidad a la forma en que se plantean los actos reclamados en la demanda de amparo, éstos tienen la naturaleza jurídica de actos omisivos con efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad responsable continúe con la abstención que se le impugna, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos de la parte quejosa, como son los de seguridad jurídica y de acceso a la justicia; ya que se dilatan las etapas del procedimiento laboral. En efecto, la omisión de desahogar las pruebas que fueron calificadas de procedentes en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de veintisiete de febrero de dos mil veinte, y como consecuencia, la falta del dictado del laudo en el expediente laboral 34/2019/M-2 del índice del Tribunal laboral citado en líneas que anteceden, tienen un principio de ejecución en tanto sus efectos se actualizan dentro del procedimiento laboral de referencia, cuya tramitación y desahogo tendrá ejecución ante el Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí. Este tipo de actos genera consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir, tiene ejecución material por derivar de un deber constitucional de la responsable cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que mientras subsista genera una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, así como al derecho de impartición de justicia pronta; ello, hasta en tanto se logre el desahogo de las pruebas que se calificaron de procedentes en el procedimiento de génesis y continuar con éste hasta el dictado del laudo. De ello deriva que los actos reclamados por el promovente no constituyen omisiones simples, sino que traen aparejados actos positivos que conllevan ejecución, precisamente porque será imposible concluir el procedimiento a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales. Por lo que es de concluirse que los actos omisivos reclamados tendrán ejecución en el lugar donde habrán de efectuarse, esto es, en el lugar del juicio. En ese sentido, como sustancialmente se expuso en el proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, el juzgado competente para conocer de la demanda es quien ejerce jurisdicción en el lugar donde habrán de llevarse a cabo los actos reclamados; consecuentemente debe fincarse competencia para conocer del asunto que nos ocupa al citado juzgador con residencia en San Luis Potosí. Criterio que incluso sostuvo el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Noveno Circuito, al resolver el conflicto competencial 23/2022, el pasado dos de junio de dos mil veintidós. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como el punto quinto, fracción II, del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que otorga las facultades a los Tribunales Colegiados de Circuito para resolver asuntos que versen sobre la competencia originaria del Máximo Tribunal, es posible establecer que el conflicto competencial suscitado entre órganos de distinta jurisdicción ordinaria debe conocer, en forma delegada el Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción sobre aquél que anticipó en el conocimiento del asunto. Por tanto, remítase el juicio en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, para que resuelva la disimilitud de criterio competencial que se ha suscitado en el juicio de amparo; circunstancia que deberá hacerse del conocimiento del Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para que exponga ante el citado Tribunal de Alzada lo que estime pertinente, atento a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN AL QUEJOSO QUE DICE: Número de expediente: 675/2022 Acuerdo: Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de noviembre de dos mil veintidós. No acepta competencia Téngase por recibido el oficio y anexo proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en el que se encuentra inserto el proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, del que se desprende que no acepta la competencia declinada por este órgano jurisdiccional y devuelve las constancias del juicio de amparo 675-2022. Acúsese recibo a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE; háganse las anotaciones correspondientes y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia declinada. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional insiste en la declaración de incompetencia para conocer del asunto en estudio. En efecto, el juzgado oficiante destacó que no se acredita que esta juzgadora carezca de competencia objetiva por motivo de territorio, pues argumenta que la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, la omisión de desahogar las pruebas que fueron calificadas de procedentes en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de veintisiete de febrero de dos mil veinte; y como consecuencia, la falta del dictado del laudo en el expediente laboral 34/2019/M-2, del índice del citado Tribunal; y que al ser actos de carácter omisivo no requieren ejecución material. No obstante, la suscrita juzgadora respetuosamente insiste en el criterio expresado en el auto de veintiuno de octubre del año en curso, bajo las siguientes consideraciones: Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Preceptos de los que se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de llevarse a cabo, se realice o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, el quejoso reclama la omisión del Tribunal laboral responsable de desahogar las pruebas que fueron calificadas de procedentes en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de veintisiete de febrero de dos mil veinte, y como consecuencia, la falta del dictado del laudo en el expediente laboral ****de su estadística. De la narración de hechos efectuada en su demanda bajo protesta de decir verdad se advierte que el quejoso es parte actora en el juicio laboral natural y su contraria lo es el Ayuntamiento de Aquismón, San Luis Potosí. De lo que se colige que, en la especie, se actualiza la hipótesis de incompetencia a que se refiere el inciso a) antes precisado, consistente en que es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución; ello, porque los actos reclamados tienen un principio de ejecución en tanto sus efectos se actualizan dentro del procedimiento laboral de referencia, cuya tramitación y desahogo tendrá ejecución ante el Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí. Cierto, como lo explica la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión, puesto que en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación; en ese sentido, las autoridades no solo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Desde la Sexta Época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entendía que dentro de los actos negativos se encuentran las decisiones, ejecuciones u omisiones. En su jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los actos negativos -omisivos- en realidad producen efectos meramente declarativos, es decir, que no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular, consecuentemente, carecen de ejecución material, empero, ha precisado que los actos negativos -omisivos- con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo, producen un cambio en la realidad o modifican un estado existente en las cosas. Así, para fijar la competencia por cuestión de territorio, respecto de actos que requieren de ejecución material, no basta que los actos omisivos únicamente produzcan efectos positivos en virtud de un cambio en la realidad o modifiquen un estado existente en las cosas, sino que esos efectos generen o puedan generar materialmente una ejecución. Entonces, es inconcuso que el reclamo de la parte quejosa versa en un "no hacer" de la autoridad respecto de algo que inminentemente tendría la obligación de efectuar, en la especie, desahogar las pruebas que fueron calificadas de procedentes en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de veintisiete de febrero de dos mil veinte, y como consecuencia, dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral ***. Esto es así, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta; la violación a ese derecho se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Entonces, de conformidad a la forma en que se plantean los actos reclamados en la demanda de amparo, éstos tienen la naturaleza jurídica de actos omisivos con efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad responsable continúe con la abstención que se le impugna, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos de la parte quejosa, como son los de seguridad jurídica y de acceso a la justicia; ya que se dilatan las etapas del procedimiento laboral. En efecto, la omisión de desahogar las pruebas que fueron calificadas de procedentes en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de veintisiete de febrero de dos mil veinte, y como consecuencia, la falta del dictado del laudo en el expediente laboral ***del índice del Tribunal laboral citado en líneas que anteceden, tienen un principio de ejecución en tanto sus efectos se actualizan dentro del procedimiento laboral de referencia, cuya tramitación y desahogo tendrá ejecución ante el Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí. Este tipo de actos genera consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir, tiene ejecución material por derivar de un deber constitucional de la responsable cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que mientras subsista genera una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, así como al derecho de impartición de justicia pronta ello, hasta en tanto se logre el desahogo de las pruebas que se calificaron de procedentes en el procedimiento de génesis y continuar con éste hasta el dictado del laudo. De ello deriva que los actos reclamados por el promovente no constituyen omisiones simples, sino que traen aparejados actos positivos que conllevan ejecución, precisamente porque será imposible concluir el procedimiento a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales. Por lo que es de concluirse que los actos omisivos reclamados tendrán ejecución en el lugar donde habrán de efectuarse, esto es, en el lugar del juicio. En ese sentido, como sustancialmente se expuso en el proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, el juzgado competente para conocer de la demanda es quien ejerce jurisdicción en el lugar donde habrán de llevarse a cabo los actos reclamados; consecuentemente debe fincarse competencia para conocer del asunto que nos ocupa al citado juzgador con residencia en San Luis Potosí. Criterio que incluso sostuvo el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Noveno Circuito, al resolver el conflicto competencial 23-2022, el pasado dos de junio de dos mil veintidós. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como el punto quinto, fracción II, del Acuerdo General 5-2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que otorga las facultades a los Tribunales Colegiados de Circuito para resolver asuntos que versen sobre la competencia originaria del Máximo Tribunal, es posible establecer que el conflicto competencial suscitado entre órganos de distinta jurisdicción ordinaria debe conocer, en forma delegada el Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción sobre aquél que anticipó en el conocimiento del asunto. Por tanto, remítase el juicio en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, para que resuelva la disimilitud de criterio competencial que se ha suscitado en el juicio de amparo; circunstancia que deberá hacerse del conocimiento del Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para que exponga ante el citado Tribunal de Alzada lo que estime pertinente, atento a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente.

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