Luis Angel Espino Ibarra
Expediente 950/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 950/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 29/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Luis Angel Espino Ibarra
- Luis Angel Espino Ibarra y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
I. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de diez de enero del año en curso (fojas 90 a 94), en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido de dicho auto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el proveído que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. II. Se ordena el archivo correspondiente. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el presente juicio, como asunto concluido. III. Valoración del expediente principal. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. I. Oficio. Agréguese a los autos el oficio 9/2018, signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Materia de Adolescentes, con sede en Acuña, Coahuila de Zaragoza, y anexo, mediante el cual cumple el requerimiento de quince de diciembre del año próximo pasado, y al respecto remite copia certificada de la solicitud de libertad del aquí quejoso. II. Presentación de la demanda de amparo indirecto. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el catorce de noviembre de este año (fojas 1 a 3), ***, en representación de ***, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables y por los actos siguientes: Autoridades responsables: Comandante de la Policía Ministerial del Estado. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Agente Investigador del Ministerio Público Mesa I. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Agente Investigador del Ministerio Público Mesa II. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Agente Investigador del Ministerio Público Mesa III. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Agente del Ministerio Público Especializado en Menores Infractores. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. ACTO RECLAMADO: En la citada fecha, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 950/2017; se requirió por conducto del Actuario de la adscripción, la ratificación del quejoso y la notificación de la suspensión de plano a las autoridades responsables del acto reclamado. En esa tesitura, de la razón actuarial de quince de noviembre de la pasada anualidad (foja 11), efectuada por el funcionario adscrito se advierte que el quejoso directo ***, ratificó la demanda de garantías instaurada a su nombre. Aunado a que el Actuario adscrito, hizo constar que el quejoso se encontraba bien, que no fue objeto de maltratos, golpes o incomunicación. De ese modo, mediante proveído de dieciséis del citado mes y año (fojas 21 a 25), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. III. Oficio Del oficio remitido por la autoridad denominada Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Materia de Adolescentes, con sede en Acuña, Coahuila de Zaragoza (foja 86), se advierte que a las trece horas del quince de noviembre del año pasado, se dejó en libertad al quejoso directo ***, como se aprecia de los siguientes documentos: Documentales que por tener el carácter de pública se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." IV. Causal de sobreseimiento. Conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la citada ley, la cual por ende, acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, la parte quejosa primigeniamente reclamó la privación ilegal de la libertad de que fue objeto por parte de las autoridades responsables. En el caso concreto, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Materia de Adolescentes, con sede en Acuña, Coahuila de Zaragoza, manifestó que la parte quejosa ***, a las trece horas del quince de noviembre de dos mil diecisiete, obtuvo su libertad por haberse resuelto su situación jurídica (foja 86). Lo anterior implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, pues la autoridad de que se trata, restituyó al quejoso en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose así la causal que se invoca. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, registro 193758, con rubro y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento. V. Se deja sin efectos la fecha y hora de la audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del doce de enero de dos mil dieciocho.
- Principal
Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Vista la cuenta, agréguese a los autos el sobre devuelto por la Oficina Postal de Correos de esta ciudad, que contiene el oficio dirigido a la autoridad responsable siguiente: Oficio Autoridad Responsable: Devuelto con la leyenda: 31126/2017-MP Inspectora de la Policía Investigadora en la Región Norte II. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. C.P. 26200. "No existe autoridad" En consecuencia a lo anterior, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna en el plazo que se le otorga se tendrá por inexistente a dicha autoridad para los efectos del presente juicio de amparo, sin necesidad de ulterior acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior por lo que informa, la tesis VI.2o.C.14 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada el viernes 13 de junio de 2014 a las 09:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, con número de registro 2006688, del rubro y texto: "AUTORIDAD RESPONSABLE. SU INCORRECTA DENOMINACIÓN NO CONDUCE A TENERLA POR INEXISTENTE Y SUSPENDER COMUNICACIÓN CON ELLA, SIN PREVIO REQUERIMIENTO AL QUEJOSO PARA QUE LA ACLARE, UNA VEZ ADMITIDA LA DEMANDA DE AMPARO. De los artículos 108, 114 y 115 de la Ley de Amparo, se colige que si al conocer de una demanda de amparo el Juez de Distrito advierte la existencia de irregularidades, deficiencias u omisiones, debe requerir al quejoso para que dentro del término de cinco días las subsane, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda. En caso de que el juzgador no encuentre alguna de dichas irregularidades, admitirá la demanda de amparo, requerirá informe justificado a las autoridades responsables, señalará día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, ordenará el emplazamiento de la parte tercera interesada y, en su caso, aperturará el incidente de suspensión. Por tanto, es ilegal que, una vez admitida la demanda de amparo, el Juez de Distrito aperciba al quejoso que, de no existir las autoridades responsables con la denominación mencionada en aquélla, se tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas, pues, en principio, la ley de la materia no prevé la posibilidad de sancionar al quejoso de esa forma, máxime si no medió requerimiento previo al respecto, de manera que se diera oportunidad de subsanar esta circunstancia."
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 111/2017, signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Adolescentes, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informa la situación actual del quejoso Luis Ángel Espino Ibarra. En consecuencia, se requiere nuevamente al citado Agente, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias conducentes, o bien, informe el impedimento que tenga para ello; lo anterior, para la debida integración del presente asunto. Apercibida que de no hacerlo, o no informar oportunamente la causa legal de su impedimento, se le impondrá una multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis de conformidad con lo dispuesto en el artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo.
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