Luis Ángel Escobar Guadiana
Expediente 731/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 731/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/07/2023
Partes del expediente
- Luis Ángel Escobar Guadiana
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que Luis Ángel Escobar Guadiana, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el veintiocho de junio del año en curso, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. De igual manera, como lo disponen los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente asunto deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 20 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 19/2023, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Tepic, Nayarit, a través del cual informa que remite un dispositivo [disco versátil digital], mismo que contiene las actuaciones judiciales del juicio especial hipotecario 122/2021 (antes 89/2015), promovido por ******************** en su carácter de apoderado de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en contra del aquí quejoso ******************** en tal razón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de este último ordenamiento, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. En atención a lo anterior, y toda vez que dicho dispositivo [DVD], no fue remitido con la promoción de cuenta, una vez que se recepcione el mismo, se tendrá por ofrecido en el asunto que nos ocupa. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Ángel Escobar Guadiana, a través del cual comparece ante este órgano de control constitucional solicitando la protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridades que ahí menciona; en consecuencia, regístrese la demanda bajo el número 731/2023-VI, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, en el entendido de que dicho precepto faculta al órgano jurisdiccional para desecharla de plano cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, la parte quejosa señala como autoridades responsables, a las siguientes: Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación número Dos del Nuevo Sistema de Juicios Orales Penales; y, Policía Investigadora adscrita a la Unidad de Investigación Número Dos. Ambas con sede en esta localidad. Asimismo, como acto reclamado: "ACTOS RECLAMADOS SOBRE LA ILEGAL ORDEN DE DETENCION realizada por dichas autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras." (sic) Por su parte, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, el quejoso manifiesta que fue detenido el día quince de marzo del presente año. En ese contexto, este tribunal advierte que, en el caso, se actualiza el supuesto de la causal de improcedencia prevista por artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que de manera textual, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." Lo anterior es así, toda vez que la parte agraviada consintió tácitamente el acto reclamado al no promover el juicio de amparo que nos ocupa dentro de los términos que se señalan en los artículos 17, 18 y 19 del cuerpo de leyes antes invocado. Para considerar lo anterior, es necesario transcribir los numerales mencionados en el párrafo anterior, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." De lo anterior se advierte que existe un término común para la interposición de la demanda de garantías, que de conformidad con lo dispuesto por el primero de los artículos transcritos, es de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; y, como excepción a dicho plazo, los actos que señalan las fracciones I, II, III y IV del invocado numeral 17 de la ley de la materia. Sin embargo, el acto de que se duele la parte agraviada, no se encuentra en ninguna de las hipótesis establecidas en dichas fracciones, por lo que, la interposición de la demanda de garantías de donde deriva el presente expediente, debió interponerse dentro del término genérico establecido por el numeral 17 de la invocada legislación. Se afirma lo anterior, pues, como ya se indicó, la excepción a la regla, en cuanto al término de la interposición de la demanda de amparo, atendiendo a las fracciones que menciona el multimencionado numeral, se refiere a los actos en que se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, hasta ocho años; cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados y cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en cualquier tiempo. Empero, el acto de que se duele el peticionario de garantías, no engarza en ninguno de los supuestos de excepción citados, pues en el caso se reclama la detención de la que fue objeto, según refiere, el quince de marzo de dos mil veintitrés. Al respecto, conviene abundar que la detención materia de reproche no se considera como un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, pues, como hecho notorio es de precisarse que ante este tribunal el propio quejoso promovió un diverso juicio de amparo, registrado con el número 606/2023-VII, mismo que actualmente se encuentra en trámite, en el que reclamó la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso emitidos dentro de la carpeta procesal CP/0047/2023, por el hecho que la ley señala como el delito de feminicidio, asunto en el que el Juez de Control responsable aceptó la existencia de los actos reclamados; en la inteligencia de que los hechos que plantea el aquí quejoso tanto en la demanda que se recibe como la diversa a que se hace alusión corresponden a los mismos antecedentes; por ello, se recalca, la detención que ahora reclama no es de considerarse como fuera de procedimiento sino, como se aprecia, deriva de los hechos que motivaron la carpeta procesal CP/0047/2023. Lo anterior, conduce a determinar que el amparo está sujeto al término de quince días que señala el artículo 17 de la ley de la materia. Resulta aplicable, por las consideraciones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Décima Época, Materia Común, Registro 2009174, de epígrafe y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Ahora, en el caso que nos ocupa, en la demanda de amparo el quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó que fue detenido desde el quince marzo de dos mil veintitrés. Por lo tanto, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17 de la Ley de Amparo, en virtud de que se presentó la demanda de amparo en forma extemporánea, dado que, como se adelantó, la parte agraviada tuvo conocimiento del acto reclamado, según argumenta, desde el quince de marzo del presente año, por lo que el término para la interposición de la demanda empezó a contar a partir del diecisiete de marzo y le feneció el día trece de abril de la misma anualidad. En el entendido de que no se contabilizan los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veinticinco y veintiséis de marzo, así como los diversos uno, dos, cinco, seis, siete, ocho y nueve de abril que mediaron en ese periodo pues se consideran inhábiles. Mientras que la demanda de amparo se presentó hasta el veintisiete de junio de dos mil veintidós, por lo que, se insiste, su presentación se realizó en forma extemporánea, pues evidentemente había transcurrido el plazo de quince días que señala el invocado numeral 17 para promover el juicio constitucional. Por lo tanto, al actualizarse de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 17 de la misma legislación, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en cuestión, promovida por Luis Ángel Escobar Guadiana. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número VI.2o. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 291, Tomo: II, agosto de 1995, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Sin que obste a lo anterior, la circunstancia que, en el caso concreto, la prueba idónea para acreditar la causal de improcedencia aquí colmada, lo haya sido la propia confesión de la parte promovente, pues de la misma se desprende sin lugar a dudas que tuvo conocimiento del acto de que se duele, al menos a partir del quince de marzo de dos mil veintitrés. Por las consideraciones que la informan, aplicables al caso concreto, sustenta la anterior determinación, el contenido de la jurisprudencia número P./J.27/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena Época, visible en la página cincuenta y siete, del Tomo III, del mes de Junio de mil novecientos noventa y seis, Materia Común, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Por otro lado, se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda; asimismo, como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Juan Guadalupe Ávila Ruiz, cuya cédula profesional se encuentra registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
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