Luis Ángel Aguirre Pérez
Expediente 5/2017 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 49 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 5/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 49
- Última actuación
- 07/12/2018
Partes del expediente
- Luis Ángel Aguirre Pérez
- Agustín Pérez Romero, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita y de falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en
Actuaciones
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- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, de los cuales se advierte que el término previsto por el numeral 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para impugnar el acuerdo de nueve de noviembre último, en el que se declaró cumplido el fallo protector, transcurrió para el quejoso **********, del catorce del mes pasado al seis de los actuales, sin que hubiese realizado manifestación alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en el citado arábigo, SE DECLARA CONSENTIDO. Ahora bien, toda vez que en el proveído en mención se acordó lo relativo al destino de este expediente, quedando pendiente su envío físico al archivo, remítase a él por estar debidamente concluido. Devuélvanse las constancias enviadas por el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita y de falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo respectivo, pues para este órgano de justicia federal es suficiente el sello de la autoridad en cita.
- Principal
ANTECEDENTES. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en sentencia dictada el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete (fojas 92 a102), se amparó a la parte quejosa, contra los actos que reclamó del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República y el Titular de esa Unidad Especializada, así como al Presidente, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D" de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos, todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahora bien, los efectos de la tutela constitucional se hicieron consistir en que esa autoridad ministerial debe: ".Dejar insubsistente el acuerdo de aseguramiento de cuentas bancarias de quince de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en la averiguación previa **********. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad responsable, en uso de sus atribuciones, emita un nuevo acuerdo de la misma naturaleza, en el cual deberá subsanar el vicio detectado en el reclamado." Inconformes con esa sentencia, el Representante Social de la Federación adscrito, la autoridad ministerial responsable y el quejoso, interpusieron recurso de Revisión, el cual correspondió conocer y resolver al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, asignándole el número de Amparo en Revisión ***** y en sesión de siete de septiembre de dos mil diecisiete, confirmó en su integridad la resolución dictada por este órgano jurisdiccional. En proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, la resolución de este órgano jurisdiccional se declaró ejecutable, por lo cual se requirió a las autoridades responsables para que en el respectivo ámbito de sus atribuciones dieran cumplimiento a la sentencia. Por oficio registrado recibido en este Órgano de Control Constitucional el veintisiete de octubre del año próximo pasado, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República, remitió las constancias con las que adujo haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo. Así, en proveído de veintiséis de enero último, este Órgano de Control Constitucional, determinó que no se había cumplido cabalmente con los efectos del fallo protector, por lo que nuevamente se requirió a la autoridad ministerial mencionada en el párrafo precedente, a fin de que atendiera en su integridad la sentencia de amparo. En virtud de lo anterior, por oficio registrado con el folio 1197, la autoridad ministerial responsable, solicitó una prórroga a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, misma que fue autorizada por el plazo de diez días, en auto de siete de febrero último. Mediante oficio recibido en Oficialía de Partes de este Órgano de Control Constitucional, el veintitrés de febrero pasado, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República, remitió copia certificada del acuerdo de veinte de febrero de dos mil dieciocho, en el que, por una parte, ordenó dejar sin efectos el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete (acto reclamado); y, por otra, ordenó mantener el aseguramiento precautorio de diversas cuentas bancarias, por considerar que son instrumento del delito y los recursos contenidos en las mismas, el producto del delito que investiga; constancias con las que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. A lo anterior, recayó el proveído de veintiséis de febrero del año en curso, en el que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniere, haciendo uso de ese derecho a través del escrito registrado con el folio ****; y, en proveído de ocho de marzo siguiente, se determinó que nuevamente existió defecto en el cumplimiento de la autoridad responsable, por lo que se le requirió nuevamente atendiera con cabalidad la sentencia protectora. En atención a ello, a través del oficio recibido en Oficialía de Partes de este Órgano de Control Constitucional, el veinticuatro de abril pasado, previa prórroga del plazo concedido para esos fines, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República, remitió copia certificada del acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, en el que, por una parte, ordenó dejar sin efectos los acuerdos de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete y veinte de febrero de dos mil dieciocho; y, por otra, ordenó mantener el aseguramiento precautorio de diversas cuentas bancarias; constancias con las que refiere dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En este sentido, en decreto de veinticinco de abril último se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniere, haciendo uso de ese derecho a través del escrito registrado con el folio ***. Así, en proveído de quince de mayo último, este Órgano de Control Constitucional, determinó que no se había cumplido cabalmente con los efectos del fallo protector, por lo que nuevamente se requirió a la autoridad ministerial mencionada en el párrafo precedente, a fin de que atendiera en su integridad la sentencia de amparo. En consecuencia, mediante oficios recibidos por Oficialía de Partes de este Órgano de Control Constitucional, el dos de julio y dos de agosto pasado, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República, remitió copia certificada del acuerdo de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, así como los dos oficios de treinta y uno de julio del presente año, dirigidos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, constancias con las que adujo da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. A lo anterior, recayó el auto de tres de agosto del año en curso, en el que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniere; y, en proveído de doce de septiembre siguiente, se determinó de nuevo que existió defecto en el cumplimiento de la autoridad responsable, por lo que se le requirió una vez más atendiera con cabalidad la sentencia protectora. En virtud de lo anterior, mediante oficios recibidos en Oficialía de Partes de este Órgano de Control Constitucional, el uno, dieciocho y veintinueve de octubre pasado, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República, remitió copia certificada de las constancias siguientes: 1. El acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en el que, ordenó dejar sin efectos los acuerdos de quince de noviembre de dos mil dieciséis (acto reclamado), veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, veinte de febrero, ocho de marzo y veinticuatro de abril y veintiséis de junio, éstos últimos, de dos mil dieciocho; y, por otra, ordenó mantener el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias ***, *** y ***por considerar que estas son instrumento del delito así como los recursos contenidos en las mismas, el producto del delito que investiga; por último ordenó levantar el aseguramiento de las cuentas ***, ***y *** al considerar que no se tienen elementos suficientes para establecer el vínculo o relación entre el contrato de inversión, cuenta de nómina y cuenta de inversión con los hechos denunciados. 2. Oficios de diecisiete de octubre del presente año, dirigidos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con los que acredita que ordenó levantar el aseguramiento de las tres últimas cuentas antes mencionadas, constancias con las que aduce da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 3. Oficios que contiene las respuestas dadas por las instituciones bancarias, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del desbloque de las cuentas ***, *** y ***, abiertas a nombre del impetrante. A lo anterior, recayeron los proveídos de diecinueve y treinta de octubre del año en curso, en el que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniere, sin que hiciera uso de ese derecho. II. ARGUMENTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Sobre tal aspecto, resulta necesario nuevamente exponer las razones medulares que fueron tomadas en consideración para la concesión de la tutela constitucional, éstas consistieron en: "Lo anterior es así, ya que en la denuncia formulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que dio origen a la indagatoria de la que derivó el ejercicio de la acción penal contra el hoy quejoso, así como la diversa en la que se decretó el aseguramiento reclamado, se indicaron algunas cuentas del peticionario del amparo, en las que se afirma que se recibió dinero proveniente del erario federal y estatal, pero en dicho acuerdo se decretó la medida controvertida sobre otras cuentas también a nombre del impetrante del amparo. Se afirma lo anterior, por lo siguiente: Tal como se indicó en la narración de constancias, las cuentas bancarias del quejoso en las que se realizaron depósitos o transferencias de recursos por parte de las empresas ***********, fueron las identificadas con los números *** y ***, de Banamex, a nombre del hoy solicitante del amparo, en las que dichas empresas depositaron un monto total de *******, durante el lapso comprendido entre enero de dos mil once y octubre de dos mil catorce. Sin embargo, en el acuerdo reclamado se ordenó el aseguramiento de las cuentas ***, *** y ***, radicadas en Banamex, así como el contrato de inversión número ***, en la propia institución, a nombre del quejoso; e igualmente, las cuentas *** y ***, abiertas a nombre del impetrante del amparo en Banco Santander. Así, el análisis comparativo entre las cuentas en las que se realizaron depósitos o transferencias por parte de las empresas mencionadas, y las cuentas sobre las que recayó el aseguramiento decretado por la representación social, permite advertir que son distintas, y en dicho acuerdo no se advierte la existencia de argumento o justificación alguna que permita establecer la relación entre las cuentas en que se efectuaron tales depósitos y las que se aseguraron. Se afirma lo anterior, pues aun cuando la autoridad responsable indicó, que el ahora quejoso, de manera conjunta con los restantes implicados formaron parte de una maquinaria empresarial que les permitió obtener recursos del erario federal y estatal, con la finalidad de que, después de varias transferencias dichos recursos económicos se concentraran en cuentas de otros posibles miembros de esa estructura, o bien, de personas que pudieron ser utilizadas para tales fines por el ahora quejoso. Asimismo, el representante social responsable indicó que con las pruebas recabadas en la indagatoria se evidenció que tres de los sujetos activos, por sí, transfirieron parte de esos recursos, de las cuentas bancarias de las empresas mencionadas con anterioridad, a las cuentas de diversos involucrados, durante el periodo comprendido de enero de dos mil once a septiembre de dos mil catorce, con base en lo cual, estimó la autoridad ministerial, que las cuentas bancarias materia del aseguramiento son consideradas como instrumento del delito, al ser utilizadas para el ocultamiento de los recursos provenientes de las actividades ilícitas desplegadas por los implicados, entre ellos, el hoy quejoso. Sin embargo, a juicio de quien ahora resuelve, los anteriores argumentos son insuficientes para estimar que el acuerdo reclamado colma las garantías de motivación y de seguridad jurídica, pues en ellos no se establece de manera clara la conexidad que pretendidamente existe entre las cuentas bancarias señaladas en la denuncia formulada al efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las cuentas cuyo aseguramiento se decretó en el acuerdo impugnado, en tanto que las aseveraciones de la autoridad, indicadas en los párrafos precedentes, son señalamientos genéricos o abstractos que no precisan la vinculación entre las cuentas aseguradas y las cuentas en las que presumiblemente el quejoso recibió el numerario proveniente de recursos del erario federal y estatal. Es decir, la autoridad responsable no indicó el nexo o razón del por qué las cuentas sobre las que se decretó el aseguramiento reclamado guardan relación con las cuentas en las que se recibieron los depósitos o transferencias que se estiman provenientes de recursos públicos. Lo anterior vulnera en perjuicio del quejoso, la garantía de seguridad jurídica, pues al no existir motivo alguno en el acuerdo reclamado para decretar el aseguramiento preciso de las cuentas afectadas, y no las diversas en las que se realizaron los mencionados depósitos, el impetrante del amparo desconoce cuáles fueron los motivos que dieron lugar a tal aseguramiento, lo cual hace procedente conceder la protección constitucional." III. RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA CONCESORIA. Como se estableció líneas precedentes el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República, en la averiguación previa ***, dictó el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en el que, por una parte, ordenó dejar sin efectos los acuerdos de quince de noviembre de dos mil dieciséis (acto reclamado), veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, veinte de febrero, ocho de marzo y veinticuatro de abril y veintiséis de junio, éstos últimos, de dos mil dieciocho; y con los que pretendió dar cumplimiento a la sentencia de amparo, por otra, ordenó mantener el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias ***, *** y *** por considerar que son instrumento del delito y los recursos contenidos en las mismas, el producto del delito que investiga estableciendo para ello, el vínculo que existe entre ellas; por último, ordenó levantar el aseguramiento de las cuentas ***, *** y *** al considerar que no se tienen elementos suficientes para establecer el vínculo o relación entre el contrato de inversión, cuenta de nómina y cuenta de inversión con los hechos denunciados, constancias con las que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, del acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se desprende, por su relevancia, lo siguiente: "En consecuencia, las documentales privadas tienen el valor que les confiere el Código Federal de Procedimientos Penales en su artículo 285, acorde a una correcta justipreciación debe dárseles el valor de indicio fundado, que por no encontrarse aislados sino sustentados con el cúmulo de probanzas que obran en averiguación previa en que se actúa, amén de no haber sido objetados, y por tanto, son susceptibles enderezar una prueba más, apta y fehaciente en contra de quienes figuran como Indiciados. Del dictamen en materia de contabilidad citado, se desprende que las cuentas bancarias del , indiciado ***, que presentan una relación directa con los hechos denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que además se corrobora con la Información remitida por las Instituciones bancarias a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, misma que fue referida en la parte conducente en párrafos precedente, son los siguientes: Sé dice lo anterior, toda vez que del cuerpo del dictamen se advierte que los peritos de esta Institución al realizar el análisis de las documentales privadas remitidas por las instituciones bancarias, consistentes en los estados de cuenta referidos previamente, lograron identificar que tanto ****************, recibieron recursos provenientes de las entidades del Gobierno del Estado de Guerrero, para posteriormente transferir ese dinero al indiciado de mérito y otros probables responsables relacionados en la indagatoria en que se actúa, siendo el caso que del citado dictamen podemos advertir que: ******, en el periodo comprendido de enero de dos mil once a septiembre de dos mil catorce, recibió en sus cuentas identificadas con los números ****** y ******, diversas transferencias provenientes de las cuentas bancarias ***, *** de *************, de la Institución BBVA Bancomer y Santander sin que exista una justificación comercial o para tales transferencias. Del mismo cuerpo del dictamen en mención se advierte que en el periodo de enero de dos mil once a junio de dos mil catorce, ****** recibió en sus cuentas Identificadas con los números ***** y ******de la institución Banco Nacional de México, S.A. varias transferencias ordenadas por la moral ****************, que tal como se aprecia en página 21 (veintiuno) del citado dictamen en el que se aprecia lo siguiente: . También se desprende, que entre enero de dos mil doce y junio de dos mil catorce, recibió en sus cuentas identificadas con los números ***** y ******, transferencias provenientes de la cuenta bancaria de ******. Ahora bien, Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en uso de las es que le son conferidas en términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del numeral 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, se allega de la información conducente respecto a aquellas operaciones que las instituciones bancarias reportan como relevantes o Inusuales, conforme a los parámetros que incluso pueden presentarse en forma conjunta o aislada. Dando así lugar a que la autoridad hacendaria, considerando que pueda actualizarse alguna de las hipótesis del numeral 400 BIS del Código Penal Federal, realiza las acciones correspondientes respecto a dichas operaciones y solicita a la Comisión Nacional Bancaria de Valores requiera a las instituciones financieras, aquella Información para estar en condiciones de formular la denuncia correspondiente ante la Representación Social de la Federación. Derivado de ello y en razón de la denuncia formulada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que se hace referencia a las cuentas números ****** y ****** del Banco Nacional de México las cuales tienen registrado como titular al indiciado ******, y de la que según la Información que proporciona la autoridad hacendarla, dicha persona recibió recursos por ***************, durante el periodo comprendido entre enero de dos mil doce y junio de dos mil catorce, como se señala en el siguiente cuadro. Destacando que la mayoría de los recursos abonados a las citadas cuentas fueron recibidos a través de transferencias enlace, provenientes de la cuenta de ******************. por lo que existe el medio de prueba como lo es el dictamen contable, por el cual se identificó 'a los ordenantes de dichas transferencias. Aunado a lo anterior, el indiciado ******, no ha comprobado el origen lícito de los recursos que operó en dichas cuentas, además de resultar contrario a la operación natural de una cuenta personal la cantidad de abonos y retiros que se efectuaron durante el periodo referido, puesto que no es concordante con los Ingresos que en todo caso presentaría el indiciado al desempeñarse como servidor público, puesto que resulta inverosímil que derivado de su empleo en el gobierno del Estado de Guerrero, en un periodo de enero de dos mil doce a junio de dos mil catorce, haya percibido en dichas cuentas diez millones cuatrocientos veinte mil pesos, sin que se aprecie que los mismos sean producto de sus actividades laborales, resultando también motivo de suspicacia que tales recursos no tenga permanencia en las cuentas en estudio. 6. De lo anterior, se concluye válidamente que se tienen elementos suficientes para determinar que los hechos narrados por la denunciante, tienen relación con las documentales que sirvieron de base para la emisión del dictamen en materia de contabilidad emitido con número de folio ****, del veintinueve de enero de dos mli quince, y que ambas probanzas presentan concordancia, permitiendo al suscrito deducir que se cuentan con Ios medios probatorios necesarios para acreditar que las cuentas bancarias y contratos de inversión que a continuación se señalan tienen relación con las cuentas bancarias ****** y ***** a nombre del quejoso donde se recibieron las transferencias de las personas morales ya citadas en párrafos anteriores. INDICIADO INSITUTUCIÓN BANCARIA CIUENTA/CONTRATO SALDO ****************** BANAMEX,S.A. Cuenta maestra *******, con medio de acceso a través de la cuenta de cheques ****** Cuenta perfiles ******, con medio de acceso a través de la cuenta de cheques ****** Contrato número ***** con cuenta eje ****** Contrato número ****** ******* ******* **** *********** Una vez que esta Representación Social de la Federación, realizó un estudio pormenorizado de las constancias que integran la Indagatoria, se pudo establecer el vínculo de las cuentas aludidas en el cuadro que antecede, con las Siguientes cuentas bancarias ******** y ****** destacadas en la denuncia formulada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y que como ya se hizo referencia, en el dictamen contable con número de folio ****, del veintinueve de enero del dos mil quince, a página 21 (veintiuno) se hace mención de las cuentas identificadas con claves interbancarias ***** y ****** a nombre de *****, donde recibió recursos procedentes de las cuentas bancarias *****, ****** ************* y de la cuenta ****** de ****************, de las Instituciones BBVA Bancomer y Santander, sin que exista una justificación comercial o corporativa que justifique tales transferencias. Para estar en condiciones de establecer el nexo entre las cuentas referidas en la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera y las aseguradas por la Representación Social de la Federación, es preciso hacer referencia al oficio ********** de fecha once de febrero del año dos mil quince, suscrito por personal de Banco Nacional de México, S.A. dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y Valores, en respuesta al requerimiento hecho por la Representación Social de la Federación adscrita a esta Unidad Especializada, del que se desprende la siguiente Información: ******* Instrumento Cuenta/Contrato Saldo Cuenta Maestra Cuenta maestra ******, con medio de acceso a través de la cuenta de cheques ******* *********. Cuenta Perfiles Cuenta perfiles ******, con medio de acceso a través de la cuenta de cheques ****** *********. Contrato Pagaré Contrato número *****, con cuenta eje ***** Sin Saldos Contrato de Inversión Contrato número ***** Con una posición al día de hoy de *********., cabe hacer que por la naturaleza de este contrato, puede tener un incremento o decremento. Ahora bien, consta también en actuaciones el siguiente oficio **************, de diecinueve de febrero de dos mil quince, suscrito por el Apoderado Legal de Banco Santander (México), S.A. Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander (México) a través del cual informó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que: Con la máxima de la experiencia podemos considerar que el nexo existente de *************** y **************** *************** lo es por que recibió recursos a través de depósitos o transferencias por las empresas particulares, proveniente del erario federal y estatal. Recursos que fueron identificados a nombre del quejoso, tal y como se corrobora con el oficio ************* de fecha once de febrero del año dos mil quince, particularmente en cuanto a la Cuenta maestra **********, con medio de acceso a través de la cuenta de cheques ************; a la Cuenta perfiles **********, con medio de acceso a través de la cuenta de cheques *********** y Contrato número *******, con cuenta eje ******, radicadas en Banamex. Siendo que el nexo de las citadas cuentas bancarias; lo es porque del análisis de los hechos denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera, como el dictamen pericial en materia de contabilidad, así como dela información enviada por la institución bancaria a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en forma integral indican a esta autoridad que el indiciado es titular de las mismas, en las que se realizaron las transacciones que son motivo de la denuncia de hechos formulada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificadas como claves interbancarias ************ y ********, donde se recibieron recursos procedentes de las cuentas bancarias ****** y ***** de ***************, adecuándose así su actuar. En ese sentido se pudo establecer un panorama más amplio respecto del nexo entre las cuentas señaladas por el denunciante y las aseguradas a ******* en el periodo comprendido de enero de dos mil once a septiembre de dos mil catorce, que sí tienen relación con los hechos denunciados. .Por lo que de manera indiciaria se presumen que las cuentas bancarias a nombre del quejoso únicamente las que ya han quedado precisadas previamente, constituyen el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por tal motivo son consideradas como instrumentos del delito, así como de los recursos afectos a las mismas, por ser consideradas como producto de éste. Es por ello que solo debe prevaler el aseguramiento de tres cuentas bancarias en razón de la conducta, al parecer delictiva, que se le imputa a *******, al haberse realizado la valoración y análisis del contenido de las pruebas que se estimaron necesarias para levantar el aseguramiento de algunas cuentas y el aseguramiento de otras y que se precisan en el presente acuerdo. Documentales que fueron obtenidas de los archivos de las Instituciones bancarias remitentes, y emitidas en términos de lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que se les deberá valorar como documentales privadas, puesto que quienes las emiten no tienen la calidad de servidores públicos. En consecuencia, las documentales privadas tienen el valor que les confiere el Código Federal de Procedimientos Penales en su artículo 285, acorde a una correcta justipreciación debe dárseles el valor de Indicio fundado, que por no encontrarse aislados sino su entados con el cúmulo de probanzas que obran en averiguación previa en que se actúa, amén de no haber sido objetados, y por lo tanto, son susceptibles enderezar una prueba más, apta y fehaciente en contra de quienes figuran como indiciados. Una vez que ha precisado la relación que existe entre las en las cuentas bancarias de la Institución Banco Nacional de México, S.A. referidas en la denuncia formulada por la autoridad hacendaria y aquellas que fueron aseguradas por ese mismo banco en cumplimiento a la instrucción acordada por esta Representación Social de la Federación el quince noviembre de dos mil dieciséis, resulta igualmente procedente realizar el análisis técnico jurídico que da soporte y justificación al aseguramiento del contrato de inversión número ******* de esa misma Institución bancaria. Al respecto es dable precisar que al momento en que se ejecutó el aseguramiento ordenado por la autoridad ministerial, el contrato de inversión referido en el anterior párrafo, presentó un saldo de *************, cantidad de recursos que resultaba ser Incongruente con el patrimonio que podría generar un servidor público en el Estado de Guerrero con el sueldo que el Indiciado percibía, el cuaI según constancias, habría sido de treinta y dos mil pesos mensuales aproximadamente. Sin embargo, no se tienen los medios probatorios necesarios para establecer la relación entre dicho Instrumento financiero y las conductas antijurídicas que se le reprochan a **********, por lo que no se está en condiciones de determinar si la cuenta bancaria es instrumento del delito y por ende, los recursos que en ella se encuentra, objeto del mismo. Ahora bien, como es conocido para el suscrito, al decretarse el aseguramiento de cuentas precautorias cuya titularidad recae en el aquí quejoso *************, la ejecución del mandato ministerial recayó también en la cuenta de Santander (México) S,A. número *******misma que ahora se sabe, es una cuenta de nómina y que al momento del aseguramiento presentaba un saldo de **************************. SI bien se tienen elementos convictivos suficientes que generan suspicacia que la cuenta referida tenga esa cantidad de recursos, atendiendo en primer lugar a que el salarlo del hoy quejoso no resultaba suficiente para generar tal patrimonio, asimismo que en dicha cuenta bancaria haya acumulado tales recursos, cuando era titular .diversos productos financieros, incluyendo cuentas de inversión. No obstante lo anterior, y dada la naturaleza de la. cuenta bancaria en estudio, la cual responde a una cuenta a una cuenta de nómina, hacen suponer que los recursos afectos a la misma, de vienen de un origen lícito que sería la percepción salariaI de ***************. Además de ello, no se advierte medio de prueba alguno que conste en la indagatoria en que se actúa, que permita al suscrito acreditar lo contrario, por lo que no es posible determinar el nexo entre la cuenta número *************** de Santander (México) S.A., y aquellas que fueron reportadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al formular su respectiva denuncia. Misma situación presenta la cuenta de inversión número ******* del Banco Santander (México), S.A. la cual al momento del aseguramiento no presentó saldo alguno, y de la cual tampoco se cuentan con elementos que permitan establecer entre ésta y aquellas relacionadas en la denuncia formulada por la autoridad hacendaria. De lo argumentado en párrafos anteriores, podemos concluir que conforme a lo reseñado por la autoridad financiera al formular su denuncia, así como basado en el análisis técnico jurídico de las constancias que integran la presente indagatoria, a la fecha, se cuentan con los elementos suficientes para acreditar que las cuentas bancarias que se enuncian a continuación, están relacionadas de manera directa con los hechos que se investigan. toda vez que fueron utilizadas como instrumento del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por consecuencia, los recursos afectos a éstas, deben ser considerados como producto de dicho Injusto penal: Institución Instrumento Cuenta/Contrato Saldo Banamex, S.A. Cuenta Maestra Cuenta maestra ******, con medio de acceso a través de la cuenta de cheques *********** ********** Banamex, S.A. Cuenta Perfiles Cuenta perfiles ********, con medio de acceso a través de la cuenta de cheques ******** ************** Banamex, S.A. Cuenta Pagaré Contrato número ***********, con cuenta eje ********* Sin saldos Atendiendo a tal situación, y de conformidad con la legislación vigente, resulta no solo procedente, sino necesario mantener el aseguramiento de dichas cuentas bancarias, así como los recursos que se encuentran afectos a ellas, hasta en tanto se desahoguen todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados, toda vez que con los elementos de convicción con que cuenta esta Representación Social de la Federación, a la fecha, se puede determinar que las cuentas son instrumento del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y los recursos que en ellas se encuentran, son producto de éste. Sin embargo, tal como se expuso en párrafos precedentes, respecto del contrato de inversión ************* de Banco Nacional de México, S.A., no se tienen los medios probatorios necesarios para establecer la relación entre dicho instrumento financiero y las conductas antijurídicas que se le reprochan a *****************. por lo que no se está en condiciones de determinar si la cuenta bancaria es instrumento de. delito y por ende, los recursos que en ella se encuentra, objeto del mismo. Misma suerte corren la cuenta de nómina *************** y la cuenta de Inversión **********, ambas de Banco Santander (México), S.A., puesto que del estudio de las constancias tengan la averiguación previa en que se actúa, no se advierte que exista una relación de las .transacciones financieras que se le Imputan al hoy quejoso, puesto que no logra acreditarse un vínculo entre los recursos y las cuentas motivo de la denuncia formulada por la Unidad Financiera y las referidas, pertenecientes a la institución Banco Santander (México), S.A.. Así, entendiendo al Ministerio Público, con una Institución de buena fe, que debe atender los principios de legalidad y objetividad en toda Investigación que conduzca, al no tener elementos suficientes para establecer el vínculo o relación entre el contrato de inversión ************ de Banco Nacional de México, S.A., así como la cuenta de nómina **** y la cuenta de inversión ************ , ambas de Banco Santander (México), S.A. con los hechos denunciados, lo procedente es levantar el aseguramiento decretado mediante acuerdo del diez de febrero de dos mil quince, únicamente por cuanto hace a las tres cuentas referidas en el presente párrafo. Lo anterior, no implica que esta Representación Social de la Federación deje de ordenar y desahogar las diligencias que considere oportunas y necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y se allegue de mayores elementos, que le permitan arribar al descubrimiento de la existencia de un vínculo entre las cuentas bancarias, de las que ********* se ostenta como titular, y aquellas que son instrumento del ilícito que se Investiga. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 16, párrafo, primero, 21; 102, Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 y 41 del Código Penal Federal; 181, 182, 182.N del Código Federal de Procedimientos Penales, así como el numeral 192 de la Ley de Amparo, es de acordarse y se A C U E R D A PRIMERO. Esta Representación Social de la Federación ORDENA DEJAR SIN EFECTOS los acuerdos de fechas quince de noviembre de dos mil dieciséis, veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, veinte de febrero, ocho de marzo y veinticuatro de abril, y veintiséis de junio todos de dos mil dieciocho. SEGUNDO. . TERCERO. Por los argumentos técnicos y jurídicos vertidos en el cuerpo del presente acuerdo, es procedente mantener el aseguramiento precautorio de las siguientes cuentas, así como de los recursos afectos a las mismas: Institución Instrumento Cuenta/Contrato Saldo Banamex, S.A. Cuenta Maestra Cuenta maestra **********, con medio de acceso a través de la cuenta de cheques ********** *********** Banamex, S.A. Cuenta Perfiles Cuenta perfiles ******, con medio de acceso a través de la cuenta de cheques ********* ************ Banamex, S.A. Cuenta Pagaré Contrato número **********, con cuenta eje *********** Sin saldos CUARTO. Por las consideraciones esgrimidas en el cuerpo del presente acuerdo, es procedente LEVANTAR EL ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO, decretado mediante acuerdo del quince de Febrero de dos mil quince, únicamente por cuanto hace las siguientes cuentas y recursos afectos a ellas: Institución Instrumento Cuenta/Contrato Banamex, S.A. Cuenta de Inversión Contrato número ***** ****** Santander (México), S.A. Cuenta de nómina ****** ******** Santander (México), S.A. Cuenta de inversión ******** ******* .". Con las anteriores constancias se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su propio derecho conviniera. IV. DECLARATORIA. De lo descrito con antelación, es dable establecer que la responsable atendió los parámetros del fallo protector, pronunciado en el presente sumario. Se afirma lo anterior, toda vez que en el acuerdo de veintisiete de septiembre de los actuales se dejó insubsistente el acuerdo de veintiséis de junio último; asimismo, al hacer una valoración de las documentales que obran en la indagatoria, la autoridad responsable les dio valor probatorio en términos del Código Federal de Procedimientos Penales, en su artículo 285, pero en específico hace referencia al dictamen pericial en materia de contabilidad, de donde afirma que se observa que las cuentas bancarias ***, *** y *** del indiciado ***, presentan una relación directa con los hechos denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se corrobora con la Información remitida por las Instituciones bancarias a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Así mismo la autoridad responsable insiste en que del cuerpo del dictamen de referencia, se advierte que los peritos al realizar el análisis de las documentales privadas remitidas por las instituciones bancarias, consistentes en los estados de cuenta referidos previamente, lograron identificar que tanto ****************, recibieron recursos provenientes de las entidades del Gobierno del Estado de Guerrero, para posteriormente transferir ese dinero al indiciado de mérito y otros probables responsables relacionados en la indagatoria en que se actúa, siendo el caso que **************, en el periodo comprendido de enero de dos mil once a septiembre de dos mil catorce, recibió en sus cuentas identificadas con los números ************* y **********, diversas transferencias provenientes de las cuentas bancarias *****, ******de ************ y de la cuenta ********** de Constructora **************, de la Institución BBVA Bancomer y Santander sin que exista una justificación comercial o para tales transferencias. Derivado de ello y en razón de la denuncia formulada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ,en la que se hace referencia a las cuentas números ************** y ******* del Banco Nacional de México las cuales tienen registrado como titular al indiciado ***********, y de la que según la Información que proporciona la autoridad hacendarla, dicha persona recibió recursos por *******************, durante el periodo comprendido entre enero de dos mil doce y junio de dos mil catorce. Destacando que la mayoría de los recursos abonados a las citadas cuentas fueron recibidos a través de transferencias enlace, provenientes de la cuenta de **************** por lo que existe el medio de prueba como lo es el dictamen contable, por el cual se identificó 'a los ordenantes de dichas transferencias; aunado a lo anterior, el indiciado ***********, no ha comprobado el origen lícito de los recursos que operó en dichas cuentas. Pues al efecto señaló que para estar en condiciones de establecer el nexo entre las cuentas referidas en la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera y las aseguradas por la Representación Social de la Federación, es preciso hacer referencia al oficio *************** de fecha once de febrero de dos mil quince por personal de Banco Nacional de México, S.A. dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y Valores, en respuesta al requerimiento hecho por la Representación Social de la Federación adscrita a esta Unidad Especializada, así como del oficio ********** del once de febrero de dos mil quince, y del dictamen pericial en materia de contabilidad, se advierte que la clabe interbancaria número **********, corresponde a la cuenta número **************** del Banco Nacional de México, S.A. atendiendo a la información remitida por la misma institución bancaria a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es claro establecer que dicha cuenta se encuentra relacionada con el contrato ***********. A su vez, la referida clabe interbancaria, se encuentra relacionada con la cuenta de inversión con los dígitos *************. De igual manera, la autoridad responsable indicó, por cuanto hace a la cuenta de cheques ********* del Banco Nacional de México, S.A., se encuentra relacionada con el contrato *********, ello atendiendo a la información relacionada emitida por la misma institución bancaria a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; cuentas bancarias que si bien se advierte que no tienen relación con la cuenta interbancaria *********, cierto es que del dictamen contable ya señalado emitido por peritos oficiales adscritos a la Coordinación General de Servicios Periciales de la institución, se desprende que *********, recibió en sus cuentas identificadas con los números ********* (con contrato *********) y ********* (con contrato *********) de la institución Banco Nacional de México, S.A. varias transferencias ordenadas por la moral *********. Concluye la autoridad responsable que conforme a lo reseñado por la autoridad financiera al formular su denuncia, así como basado en el análisis técnico jurídico de las constancias que integran la indagatoria, cuenta con los elementos suficientes para acreditar que las cuentas bancarias ********* y ********* están relacionadas de manera directa con los hechos que se investigan, toda vez que fueron utilizadas como instrumento del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por consecuencia, los recursos afectos a éstas, deben ser considerados como producto de dicho injusto penal, por lo que resulta no solo procedente, sino necesario mantener el aseguramiento de dichas cuentas bancarias, así como los recursos que se encuentran afectos a ellas, hasta en tanto se desahoguen todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados, toda vez que con los elementos de convicción con que cuenta la Representación Social de la Federación, considera a la fecha, se puede determinar que las cuentas son instrumento del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y los recursos que en ellas se encuentran, son producto de éste. Por otra parte, la responsable inclusive reconoce que al realizar el análisis técnico jurídico que da soporte y justificación al aseguramiento del contrato de inversión número ********* , no tienen los medios probatorios necesarios para establecer la relación entre dicho Instrumento financiero y las conductas antijurídicas que se le reprochan a *********, por lo que no estuvo en condiciones de determinar si la cuenta bancaria es instrumento del delito y por ende, los recursos que en ella se encuentra, objeto del mismo. Del mismo modo señaló que con relación a la cuenta de Santander (México) S.A número *********, no se advirtió medio de prueba alguno que conste en la indagatoria que permita determinar el nexo entre la cuenta en cita y aquellas que fueron reportadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al formular su respectiva denuncia. Misma situación presentó la cuenta de inversión número ********* del Banco Santander (México), S.A. la cual al momento del aseguramiento no tenía saldo alguno, y de la cual tampoco constó con elementos que le permitieran establecer la relación o vínculo entre ésta y aquellas relacionadas en la denuncia formulada por la autoridad hacendaria. En tal virtud, debe reiterarse que la sentencia de amparo se dictó para el efecto de que, la responsable, indicara el nexo o razón del por qué las cuentas sobre las que se decretó el aseguramiento reclamado, guardan relación con las cuentas en las que se recibieron los depósitos o transferencias que se estiman provenientes de recursos públicos, ello, a fin de no vulnerar en perjuicio del quejoso, la garantía de seguridad jurídica, lo cual realizó la autoridad responsable. De lo expuesto, como se adelantó, se estima que se ha dado debido cumplimiento a los parámetros de la sentencia protectora de amparo, ya que la autoridad ministerial responsable, por una parte, dejó insubsistentes los acuerdos veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, veinte de febrero, ocho de marzo, veinticuatro de abril y veintiséis de junio, éstos últimos, de dos mil dieciocho; y, por otra parte, expresó cuál es esa conexidad o vínculo existente entre las cuentas bancarias ********* y *********, con aquellas en las que ordenó tenían que prevalecer aseguradas; asimismo, al no acreditarse vínculo ordenó levantarse el aseguramiento de las cuentas ********* , ********* y *********; pues para ello expone de manera coherente las razones de su dicho; todo lo anterior, para brindar legalidad y seguridad a su determinación de mantener aseguradas tales cuentas bancarias, y levantar el aseguramiento de las que no guardan relación o vínculo. Esto es así, en razón de que la autoridad responsable, a fin de mantener en resguardo las cuentas bancarias, precisó de manera suficiente el nexo, vínculo o relación entre las cuentas de las empresas que refiere probablemente transfirieron recursos a las del quejoso ********* y expresar de manera congruente los motivos por los cuales a su consideración debe subsistir el aseguramiento de las diversas cuentas bancarias del impetrante; lo anterior a fin de cumplir con la obligación constitucional de emitir actos de autoridad debidamente fundados y motivados. Por tanto, los efectos de la ejecutoria de amparo, si fueron atendidos a cabalidad, ya que la autoridad responsable: Dejó sin efectos los acuerdos de quince de noviembre de dos mil dieciséis (acto reclamado), veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, veinte de febrero, ocho de marzo, veinticuatro de abril y veintiséis de junio, éstos últimos, de dos mil dieciocho. Ordenó mantener el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias *********, *********y *********por considerar que son instrumento del delito y los recursos contenidos en las mismas, el producto del delito que investiga. Decretó levantar el aseguramiento de las cuentas *********, ********* y ********* al considerar que no se tienen elementos suficientes para establecer el vínculo o relación entre el contrato de inversión, así como la cuenta de nómina y la cuenta de inversión con los hechos denunciados. Lo anterior, además se corrobora con los dos oficios de diecisiete de octubre del presente año, dirigidos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde le ordenó levantar el aseguramiento de las cuentas *********, ******** y *********. Además, de las respuestas proveídas por las instituciones financieras, recibidas en la Oficialía de Partes de este Órgano de Control Constitucional el veintinueve de octubre del año en curso, donde el Representante legal de Banco Nacional de México S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex informó que la cuenta *********, estaba desbloqueada, por ende se encontraba activa; así mismo, el Apoderado legal de Banco Santander, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México señaló que la cuenta ********* fue desbloqueada por lo que se encontraba activa; mientras que, la cuenta ********* no era posible desbloquearla, toda vez que la misma se encontraba cancelada desde el veintidós de octubre de dos mil quince (es decir que al momento de la emisión del acto reclamado consistente en el aseguramiento de quince de noviembre de dos mil dieciséis, ésta última cuenta ya se encontraba cancelada). Con lo expuesto en los párrafos precedentes, toda vez que se atendieron los efectos de la sentencia de amparo, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo SE DECLARA CUMPLIDA; haciéndole saber a las partes que se deja a salvo su derecho para interponer el recurso procedente. Consecuentemente, dese el aviso correspondiente a las autoridades responsables y previas anotaciones en el libro de gobierno, con apoyo en el invocado precepto 196, se ordena el archivo del presente juicio de amparo. Hágase del conocimiento de las partes, que respecto al destino de este expediente, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, mismo que deroga el Acuerdo General Conjunto 1/2001, de la misma superioridad; por tanto, de conformidad con los diversos puntos CUARTO y DÉCIMO del acuerdo de mérito, una vez que transcurra el plazo de TRES AÑOS que se estipula, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental, que no constan documentos originales y que es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectivas como se indica en el punto Vigésimo Primero referido. Finalmente, resérvese el envío físico de los autos al archivo de este órgano de control, hasta en tanto transcurra el término a que se refiere el ordinal 202, párrafo primero, de la nueva Ley de la materia.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Procuraduría General de la República, mediante el cual aduce haber dado total cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y al efecto remite las documentales que estimó pertinentes para acreditarlo. En tal virtud, de conformidad con el arábigo 196 de la Ley de Amparo, con dichas actuaciones, dése vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su interés legal convenga, en el entendido de que una vez transcurrido el mismo y aun ante la ausencia de argumentos, este juzgador resolverá lo conducente con las constancias que obren en el sumario.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Procuraduría General de la República, mediante el cual, en atención a la solicitud inmersa en proveído de diez de los actuales, aduce haber dado total cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y al efecto remite las documentales que estimó pertinentes para acreditarlo. En tal virtud, de conformidad con el arábigo 196 de la Ley de Amparo, con dichas actuaciones y las diversas que enviadas por la aludida responsable, acordadas en proveído de dos de octubre del año en curso, dése vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su interés legal convenga, en el entendido que una vez transcurrido el mismo y aun ante la ausencia de argumentos, este juzgador resolverá lo conducente con las constancias que obren en el sumario. Tiene sustento lo anterior, en la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE LE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DE TAL ACATAMIENTO, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL." (Tesis aislada 1a XC/2001, visible en la página 358 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Materia Común, Novena Época)
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