LUIS ANDRES ZAPATA LOPEZ y Otros.

Expediente 432/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
432/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • LUIS ANDRES ZAPATA LOPEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió a la parte quejosa el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Destino del expediente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obren documentos presentados por las partes que por sus características deban ser devueltos. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de abril de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, este Juzgado procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. Antecedentes. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que: 1. El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: - Dejara insubsistente: i) El embargo trabado el quince de junio de dos mil quince, dentro del juicio laboral 04519/2014/11, respecto del bien inmueble ubicado en calle Segunda Cerrada de San Martín número 120 del Fraccionamiento San Felipe, Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí; ii) La orden de inscripción de dicho embargo emitida en auto de dieciséis de junio de dos mil quince; iii) El oficio 4051/2015/EJEC, dirigido al titular de la Dirección del Instituto Registral y Catastral del Estado en el que se transcribió la orden de referencia; iv) El remate del aludido bien raíz, en tercera almoneda, en la diligencia celebrada el seis de diciembre de dos mil diecisiete; v) La adjudicación de dicho inmueble a favor de María del Rosario Anguiano Ramírez, aquí tercero interesada, acaecida el veinticinco de enero de dos mil dieciocho; vi) El auto de nueve de julio de dos mil dieciocho, en el que se ordenó girar oficio, con los insertos necesarios, al licenciado Felipe Mier Rangel, Notario Público número 15 con ejercicio en esta ciudad, a fin de que procediera a la protocolización de la escritura respectiva a favor de la adjudicataria María del Rosario Anguiano Ramírez, así como al Director del Instituto Registral y Catastral de esta ciudad, con el objeto de que procediera a la cancelación de todos y cada uno de los gravámenes relativos al inmueble adjudicado; vii) Los oficios 4639/JLCA/EJEC/2018 y 4640/JLCA/EJEC/2018, dirigidos al Notario e Instituto Registral y Catastral de referencia; viii) Los proveídos de siete de febrero de dos mil veinte, y dos de marzo de dos mil veintiuno, a través de los cuales se ordena poner en posesión material y jurídica a la adjudicataria del bien inmueble materia del remate. - Ordenara al Notario Público número 15 con ejercicio en esta ciudad: i) La cancelación de la escritura de adjudicación otorgada a favor de María del Rosario Anguiano Ramírez. - Asimismo, para que el Director del Instituto Registral y Catastral del Estado dejara insubsistente: i) La anotación del embargo relativo al bien inmueble que defiende el quejoso; y, ii) La cancelación de los demás gravámenes relativos al inmueble de mérito. 2. En contra de esa determinación la tercero interesada María del Rosario Anguiano Ramírez, interpuso recurso de revisión, correspondiendo conocer del mismo al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, mismo que en sesión de tres de febrero de dos mil veintidós, confirmó la sentencia recurrida. 3. En virtud de lo anterior, en auto de veinticuatro de febrero del mismo año, se ordenó agregar a los autos dicho testimonio y también se requirió a las autoridades responsables para que informaran el cumplimiento respectivo. Informes de las autoridades. 4. Mediante oficio recibido el tres de marzo del año en curso, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió copia certificada del proveído dictado el dos del mismo mes y año, dentro del juicio laboral 04519/2014/11. 5. Mediante oficio recibido el once de marzo del mismo año, el Notario Público número Quince, con ejercicio en esta ciudad, remitió el Primer Testimonio que contiene la cancelación de la escritura de adjudicación, protocolizada ante la fe de dicho notario, instrumento número cuatro mil trescientos dieciséis, libro cincuenta y ocho, de nueve de marzo de la misma anualidad. 6. Mediante oficio recibido el once de marzo del presente año, la Directora General del Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, exhibió copias certificadas de las constancias registrales respecto del bien inmueble ubicado en calle Segunda Cerrada de San Martín número 120 del Fraccionamiento San Felipe, Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, registrado bajo el folio real 256889. Valoración probatoria. 7. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2 y que son suficientes para demostrar: a) Del acuerdo dictado el dos de marzo del presente año, en los autos del expediente laboral 04519/2014/11, se dejó insubsistente el embargo trabado respecto del bien inmueble ubicado en calle Segunda Cerrada de San Martín número 120 del Fraccionamiento San Felipe, Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, así como todas sus consecuencias jurídicas, lo que incluye: a.1) La orden de inscripción de dicho embargo emitida en auto de dieciséis de junio de dos mil quince; a.2) El oficio 4051/2015/EJEC, dirigido al titular de la Dirección del Instituto Registral y Catastral del Estado en el que se transcribió la orden de referencia; a.3) El remate del aludido bien raíz, en tercera almoneda, en la diligencia celebrada el seis de diciembre de dos mil diecisiete; a.4) La adjudicación de dicho inmueble a favor de María del Rosario Anguiano Ramírez, aquí tercero interesada, acaecida el veinticinco de enero de dos mil dieciocho; a.5) El auto de nueve de julio de dos mil dieciocho, en el que se ordenó girar oficio, con los insertos necesarios, al licenciado Felipe Mier Rangel, Notario Público número Quince con ejercicio en esta ciudad, a fin de que procediera a la protocolización de la escritura respectiva a favor de la adjudicataria María del Rosario Anguiano Ramírez, así como al Director del Instituto Registral y Catastral de esta ciudad, con el objeto de que procediera a la cancelación de todos y cada uno de los gravámenes relativos al inmueble adjudicado; a.6) Los oficios 4639/JLCA/EJEC/2018 y 4640/JLCA/EJEC/2018, dirigidos al Notario e Instituto Registral y Catastral de referencia; y, a.7) Los proveídos de siete de febrero de dos mil veinte, y dos de marzo de dos mil veintiuno, a través de los cuales se ordena poner en posesión material y jurídica a la adjudicataria del bien inmueble materia del remate. b) La orden al Notario Público número Quince con ejercicio en esta ciudad, de llevar a cabo (i) La cancelación de la escritura de adjudicación otorgada a favor de María del Rosario Anguiano Ramírez, lo cual también quedó demostrado por el aludido fedatario; c) Así como, por parte del Director del Instituto Registral y Catastral del Estado, el haber dejado insubsistente: c.1) La anotación del embargo relativo al bien inmueble que defiende el quejoso; y, c.2) La cancelación de los demás gravámenes relativos al inmueble de mérito. Determinación sobre el cumplimiento. Atento a lo anterior, este juzgado considera que se encuentra demostrado por parte de la Junta responsable como autoridad ordenadora y por parte de las ejecutoras, Notario Público número Quince y Directora del Instituto Registral y Catastral del Estado, el cumplimiento al fallo protector y la restitución del quejoso en sus derechos infringidos. Notifíquese personalmente; por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficios que se remitan a la(s) autoridad(es) responsable(s) y al Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de abril de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueven **** y *****, contra el acto del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 432/2022-IV. Desechamiento. Ahora bien, la suscrita procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32; y Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255; intituladas: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dentro del juicio laboral 9045/2019/1 (el cual se encuentra en etapa de ejecución de convenio elevado a la categoría de laudo), a través del cual se negó girar oficio al Instituto Registral para efecto de que inscribiera el embargo de los bienes señalados por los quejosos. Ahora bien, la suscrita advierte que respecto del acto reclamado se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." El precepto anteriormente transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de las resoluciones dictadas por un tribunal en el supuesto de que, contra del acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa, dentro del procedimiento, susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe destacar que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Amparo supliría las facultades de la administración pública. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, novena época, materia común, página 902, cuyo tenor es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En ese orden de ideas, a efecto de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en comento, deviene necesario destacar a quién corresponde llevar a cabo el procedimiento de ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. En ese tenor, los artículos 939, 940 y 949 de la Ley Federal de Trabajo señalan: "Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas". "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita". "Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, se girará exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo a su domicilio para que se cumplimente la ejecución del laudo". De los preceptos reproducidos se colige que la ejecución de los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje corresponde llevarla a cabo a los presidentes de las mismas. Asimismo, los artículos relativos a la procedencia del recurso de revisión previstos por la legislación laboral federal, son del tenor siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria." "Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne." "Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley." El análisis sistemático de los anteriores dispositivos legales revela que el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. También estableció que del citado medio de impugnación conocerá, en el primer supuesto, la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas. En la segunda hipótesis, conocerá el presidente de la Junta o el de la Junta Especial que corresponda cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados para llevar a cabo el acto de ejecución. Finalmente, en el tercer supuesto, conocerá el Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del presidente de ésta, o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria. Ahora bien, para estar en aptitud de determinar sobre la necesidad de agotar el recurso de revisión para la procedencia del juicio de amparo, es necesario establecer con claridad si los presidentes de las Juntas tienen o no facultades para ejecutar los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Al respecto de los artículos 617 y 618 prevén sus facultades en los siguientes términos: "Artículo 617. El Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene las facultades y obligaciones siguientes: [.] IV. Ejecutar los laudos dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales en los casos señalados en la fracción anterior; [.]." "Artículo 618. Los Presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y facultades siguientes: [.] II. Ordenar la ejecución de los laudos dictados por la Junta Especial; [.]." Como puede advertirse de los preceptos reproducidos, los presidentes de las Juntas tienen, entre otras facultades y obligaciones, la de ejecutar los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y estas últimas, a su vez, tienen las siguientes: "Artículo 614. El Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene las facultades y obligaciones siguientes: [.] III. Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones dictadas por el Presidente de la Junta en la ejecución de los laudos del Pleno; [.]". "Artículo 616. Las Juntas Especiales tienen las facultades y obligaciones siguientes: [.] IV. Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones del Presidente en ejecución de los laudos; [.]". De todo lo expuesto se llega al convencimiento de que los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos y si, como en el caso, el acto reclamado consiste en el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dentro del juicio laboral 9045/2019/1 (el cual se encuentra en etapa de ejecución de convenio elevado a la categoría de laudo), es claro que en contra de tal determinación procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, ya que este dispositivo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las tercerías o de los dictados en las providencias cautelares. Esto es así, ya que una vez que fue dictado el laudo correspondiente cesa la función de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues a partir de ese momento se entra a la etapa de ejecución del mismo, la cual, por disposición expresa de la Ley Federal del Trabajo, artículos 617 y 618, corresponde llevar a cabo a los presidentes de las Juntas, toda vez que tales dispositivos les confiere exclusivamente esas atribuciones. Máxime que los tópicos del acuerdo reclamado están dirigidos a analizar la procedencia o no de ordenar la inscripción del embargo decretado en el juicio de origen. En consecuencia, es dable concluir que el recurso de revisión procede en contra del acuerdo emitido el veintidós de marzo de dos mil veintidós, por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dentro del juicio laboral 9045/2019/1, por disposición expresa del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo. Corrobora la anterior conclusión, la exposición de motivos de la reforma del cuatro de enero de mil novecientos ochenta, de la que derivó el texto actual de la Ley Federal del Trabajo, que prevé la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos del presidente de una Junta, emitidos en el periodo de ejecución de los laudos, la cual, en lo que interesa, es del tenor siguiente: "... Nuestro sistema jurídico garantiza, mediante la intervención de los tribunales federales, la posibilidad de enmendar, en su caso, cualquier error de procedimiento o de fondo en que hubieren incurrido las Juntas al aplicarse e interpretarse las disposiciones legales correspondientes; es por eso que en el capítulo XIV da a las partes el derecho de solicitar la revisión de los actos que realicen los presidentes, actuarios o funcionarios habilitados, en ejecución de los laudos..." De esta transcripción se advierte que el valor que quiso salvaguardar el legislador ordinario, con la reforma al artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, fue el de otorgar a las partes en un juicio laboral la posibilidad de solicitar la revisión, entre otros, de los actos que realicen los presidentes de las Juntas en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo; de donde se advierte que la intención del legislador no fue la de restringir ese medio ordinario de defensa exclusivamente a las determinaciones que tienden, concreta y específicamente, a la ejecución de los laudos, sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el presidente de la Junta en o durante el procedimiento de ejecución del laudo, con motivo de la aplicación o interpretación de las normas de trabajo. Por tanto, el precepto no es restrictivo en el sentido de que determine la procedencia del recurso de revisión únicamente contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, es decir, aquellas que tengan por objeto en forma directa e inmediata el cumplimiento de aquél, o que se encaminen esencialmente a ese objetivo, sino también a todas aquellas que aunque no tengan estas características se emitan en o durante el procedimiento de ejecución del laudo, en las cuales se haya cometido un yerro que deba ser corregido o enmendado. Bajo este criterio, la determinación reclamada del presidente de una junta laboral, es una determinación que se emite en el periodo de ejecución, lo cual la hace recurrible conforme a la teleología del precepto en cuestión, pues, además, la expresión "en ejecución de los laudos", utilizada por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, denota ubicación, al referirse a aquellos actos emitidos en esa fase ejecutiva del procedimiento. Por tanto, si en el caso, en contra del acuerdo aquí reclamado emitido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la Ley Federal del Trabajo establece que procede el recurso de revisión, es inconcuso que al no agotarse resulta improcedente el juicio constitucional biinstancial, como deriva de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 95/2002 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, la cual emitió -en la ejecutoria correspondiente- las consideraciones anteriormente parafraseadas y que sirven de premisa normativa para la emisión de este auto en lo aplicable al caso concreto. La tesis jurisprudencial de mérito es localizable en la página 374, Tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Cabe precisar, que como consecuencia de la interpretación que ya ha hecho la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la procedencia del recurso de revisión contra todas aquellas determinaciones que aunque no hayan sido emitidas estrictamente para la ejecución de un laudo, sean emitidas durante la etapa de ejecución del laudo, ello al tenor de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia que antecede, por consiguiente no se actualiza el supuesto de excepción previsto en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO". Así pues, como la parte quejosa no observó el principio de definitividad en contra del acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dentro del juicio laboral 9045/2019/1, pues en su contra procede el recurso de revisión de los actos de ejecución, previsto por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, es evidente, que se actualiza la causal de improcedencia señalada en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Teniendo aplicación la tesis Jurisprudencial número 447, visible a fojas 297 y 298, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". También apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable a foja seiscientos setenta y ocho, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, de la Séptima Época, bajo el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Sin que sea óbice a lo anterior la eventual posibilidad de ser considerado como actos de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos debe observarse el principio de definitividad. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala del Más Alta Tribunal del País, consultable en la página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo de que se trata. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizado de la parte quejosa. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de los quejosos el que indican, y como autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a la persona que señalan, en virtud de que fungen como parte trabajadora en el juicio laboral de origen. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

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