Luis Andres Hernandez Mendez

Expediente 2257/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2257/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • Luis Andres Hernandez Mendez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de diez de octubre de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la Jueza Tercero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y constancias que acompaña; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio. En tal virtud, se trae a colación que el acto que la parte quejosa ******, reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la autoridad responsable, de dar contestación al escrito de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, presentado el seis de abril de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes Común del Poder Judicial del Estado, relativo al Juicio Ordinario Civil 549/2018; omisión que, de ser cierta, pudiera constituir una violación al derecho fundamental de pronta impartición de justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como refiere la parte quejosa en su demanda de amparo. En consecuencia, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así las cosas, el numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la omisión de dar contestación al escrito veintitrés de marzo de dos mil veintidós, presentado el seis de abril de dos mil veintidós ante la Oficialía de Partes Común del Poder Judicial del Estado, relativo al Juicio Ordinario Civil 549/2018, en el que solicitó se cite a las partes para oír la sentencia definitiva. No obstante lo anterior, de las constancias que integran este juicio de amparo, y en específico de las remitidas por la Jueza responsable, que adjuntó a su informe de ley, se desprende que el veintidós de septiembre del año en curso, dio contestación al escrito a que hace referencia el quejoso en su escrito de demanda, dictó un acuerdo en el que proveyó respecto a la petición hecha por la parte quejosa en su escrito de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, presentado el seis de abril de dos mil veintidós ante la Oficialía de Partes Común del Poder Judicial del Estado, relativo al Juicio Ordinario Civil 549/2018. Lo anterior, pone en evidencia que la omisión de la que se duele la parte quejosa ya no existe, pues la responsable, ya contestó la petición de la que se dolía en cuanto a la omisión de contestar el escrito presentado ante ella, pues citó a las partes a oír la correspondiente sentencia. En ese sentido, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, la cual ceso, al momento en que se emitió el auto de nueve de los cursantes, antes mencionado. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. No obsta a lo anterior que les recaiga el carácter de tercero interesado Diana Elizabeth Loera Peniche, con el que se le reservó dicho carácter, toda vez que la determinación anterior no le depara perjuicio alguno. Encuentra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsiste-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1777/2022-IV, promovido por MARÍA ANGÉLICA PENICHE PALMA, en representación de su menor hijo de nombre José Felipe Escalante Peniche, contra un acto de la Jueza Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de julio de año dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito por su propio derecho, MARÍA ANGÉLICA PENICHE PALMA, en representación de su menor hijo de nombre José Felipe Escalante Peniche, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Jueza Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de veinticuatro de junio del año dos mil veintidós, dictada en el expediente 229/2015, relativo al Juicio Ordinario Oral Familiar de Guarda y Custodia, promovido por José Luis Escalante Aguilar, en contra de la aquí promovente, en el que se ordenó se llevara a cabo el régimen de convivencia a distancia entre José Luis Escalante Aguilar y su menor hijo José Felipe Escalante Peniche, a través de videollamadas. SEGUNDO. Trámite del juicio. Previo cumplimiento de prevención, mediante auto de dos de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar al tercero interesado José Luis Escalante Aguilar, lo que se realizó oportunamente; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia civil, promovida contra el acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgador Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtienen el siguiente acto reclamado: - La resolución de veinticuatro de junio del año en curso, dictada en el expediente 229/2015, relativo al Juicio Ordinario Oral Familiar de Guarda y Custodia, promovido por José Luis Escalante Aguilar, en contra de la aquí promovente, en el que se ordenó se llevara a cabo el régimen de convivencia a distancia entre José Luis Escalante Aguilar y su menor hijo José Felipe Escalante Peniche, a través de videollamadas. La parte quejosa señaló como vulnerados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la Jueza Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, porque así lo afirmó expresamente al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias relativas al expediente de origen 229/2015, misma que remitió la Juez responsable como justificación de su informe. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Procedencia del juicio. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de fondo. Resultan infundados los conceptos de violación que hace valer la quejosa, acorde a lo que se expondrá en las siguientes líneas. Así, debe decirse que la quejosa, en sus conceptos de violación aduce que la Jueza violenta el numeral 79 de Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, así como el interés superior del menor y su debida tutela, al no dictar medidas que vayan encausadas a proteger la integridad emocional y física de su hijo menor. Lo anterior, pues no obstante de estar enterada de la conducta violenta y provocadora del progenitor Escalante Aguilar, misma que ha usado hasta en el Centro de Convivencia Familiar del Estado, en contra del citado menor, se niega a suspender la convivencia entre éste y su progenitor, y resolvió que a fin de fomentar las relaciones paterno filiales entre padre e hijo, ordenó enviarlos a terapia psicológica al DIF del Estado, y que en tanto se puedan reanudar las visitas supervisadas, los días lunes miércoles y viernes, en un horario de las veinte a las veintiún horas, para que el menor y su padre dialoguen por teléfono. Asimismo, la parte quejosa refiere que el aquí tercero interesado Escalante Aguilar, es quien requiere de dichas terapias, dada su falta de control de ira y que bajo cualquier acontecimiento recurre a la violencia verbal amenazando e insultando a quien tenga enfrente. Que incluso en el expediente de origen, obra un memorial sin fecha suscrito por la representante de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, presentado con fecha posterior a la escucha del menor, en el que solicita a la jueza que de conformidad con el artículo 365 del Código de Familia del Estado de Yucatán, se aplicara una restricción a la convivencia, mientras un profesional en la materia de psicología pudiera intervenir atendiendo tanto al niño como al progenitor no custodio, en atención al derecho de prioridad y al derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal que tienen todas las niñas, niños y adolescentes, a fin de que ambos fueran evaluados psicológicamente para conocer su estabilidad emocional y que lleven un proceso terapéutico donde se trabajen sus emociones, se mejoren los canales de comunicación entre padre e hijo, y en cuanto al niño, se baje la resistencia a convivir con su padre y que sea una profesional en la materia, y que después de llevar a cabo dicho proceso pueda hacer una recomendación respecto a la revinculación entre padre e hijo. Aunado a lo anterior, indica que el progenitor no custodio ha ejercido violencia económica en contra del menor, puesto que a la fecha debe la cantidad de $27, 500. 00 MN (Son veintisiete mil quinientos pesos, moneda nacional) en concepto de pensión alimenticia; y que se ha encargado de difamarla y de tratar de ponerla mal al lugar que acuda, ejerciendo violencia vicaria en contra de ésta y de su menor hijo. Finalmente, alude que no se ha protegido el interés superior del menor, al estar expuesto a inseguridad física y mental y poner en riesgo su integridad. Ahora bien, es menester destacar que este Juzgado Federal tiene el deber de suplir la deficiencia de la queja, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares, pues es primordial velar, en todo momento, por el interés superior del niño, lo cual no se actualiza en el asunto que nos ocupa, pese a que la resolución reclamada, la cual versa sobre la convivencia del progenitor no custodio con el menor José Felipe Escalante Peniche; sin embargo, no se advierte deficiencia de la queja qué suplir, conforme a lo establecido en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 167 del Tomo XXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de 2006, Novena Época, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE." En efecto, de las constancias remitidas por la Jueza responsable, relativas al juicio de origen 229/2015, se advierte que mediante escrito de doce de marzo de dos mil quince, José Luis Escalante Aguilar, promovió Juicio Ordinario Oral Familiar de Guarda y Custodia, en contra de la aquí quejosa, María Angélica Peniche Palma, siendo que el veinticuatro de enero del año dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva, en la que en el resolutivo primero, se declaró que no había procedido el juicio de que se trata; en el tercero se determinó que el menor quedaría bajo el cuidado y la custodia de su madre y en el resolutivo cuarto, se determinó que se decretaba como régimen de convivencia entre el citado menor y su progenitor, los días domingo de cada semana, en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del Estado, en la modalidad de visitas supervisadas, en un horario comprendido de las diez de la mañana hasta las trece horas de ese propio día, el cual se debía de llevar por el término de cinco meses, con la finalidad de que existiera un periodo gradual de adaptación entre ambos; asimismo, se le indicó al progenitor no custodio, aquí tercero interesado que una vez que acreditara que haya asistido a las terapias decretadas, previo informe que rinda dicho Centro de Convivencia, en el término de cinco meses, se resolvería respecto al cambio de convivencia bajo la modalidad de supervisada. Inconforme con dicha determinación la aquí quejosa, interpuso recurso de apelación en contra la sentencia de mérito; siendo que mediante resolución de tres de junio del año dos mil diecinueve, la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, declaró infundados los agravios que hizo valer y confirmó la sentencia de primera instancia. Con motivo de lo anterior, la citada quejosa, interpuso amparo directo contra la sentencia dictada por la Sala Colegiada Civil, siendo que mediante resolución de diecinueve de febrero del año dos mil veinte, en autos del A.D 480/2019, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, resolvió negar el amparo y la protección de la justicia federal, a la impetrante del amparo. Por otra parte, mediante acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, en lo que interesa, la Jueza responsable tuvo por presentada a la quejosa con un escrito, e indicó que respecto a sus manifestaciones, no era procedente suspender las visitas decretadas en el juicio de origen, y apercibió a ambas partes para que en caso de no cumplir con las visitas, se les impondría una multa por la cantidad equivalente a veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al artículo 83 del Código Adjetivo de la Materia, aunado a que se procedería en su contra, conforme a lo que disponía el numeral 84 del citado Código, consignándose tales hechos al Ministerio Público del Estado. Inconforme con tal determinación, el tercero interesado José Luis Escalante Aguilar, interpuso el recurso de revocación en contra la parte conducente del acuerdo antes mencionado, el cual fue admitido mediante acuerdo de treinta de marzo del año en curso. Siendo que mediante resolución de veinticuatro de junio del año en curso, la Jueza responsable, indicó que había procedido en parte el recurso de revocación, y modificó la parte conducente del acuerdo de veintidós de marzo del año en curso, en el que se tuvo por presentada a María Angélica Peniche Palma, con su memorial de cuenta, y en cuanto a las manifestaciones que realizó, indicó que no obstante que la sentencia dictada el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, no tenía la firmeza de cosa juzgada, por cuanto la apelación se había admitido en efecto devolutivo, lo que posibilitaba la ejecución de la resolución apelada, de conformidad con los artículos 430 y 431 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, declaró que no se accedía a lo solicitado, respecto de suspender las visitas decretadas en dicho juicio, por lo que apercibió a ambas partes, para que en caso de no cumplir con las visitas, se les impondría una multa por la cantidad equivalente a veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al artículo 83 del Código Adjetivo de la Materia, aunado a que se procedería en su contra, conforme a lo que disponía el numeral 84 del citado Código, consignándose tales hechos al Ministerio Público del Estado. Asimismo, indicó que por cuanto obraba la circular 16/2022, de veintiocho de abril de dos mil veintidós, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante el cual se hizo del conocimiento de la jueza responsable que se suspendía la reapertura del Centro de Convivencia Familiar del Estado, en su modalidad de convivencia supervisada, hasta que se tuvieran las instalaciones adecuadas para ello, ya que dicho centro requirió de remodelación, dicha Jueza, a fin de no dejar en estado ilusorio el derecho de convivencia del progenitor no custodio, y su hijo menor de edad, con fundamento en el artículo 321 Bis, del Código de Familia del Estado; decretó provisionalmente un régimen de convivencias a distancia en la modalidad de videollamadas, los días lunes, miércoles y viernes, de diecinueve a veinte horas, por lo que prevenía al tercero interesado, así como a la aquí impetrante del amparo, para que dentro del término de tres días de notificados de esa resolución manifestaran el número telefónico de los equipos de telefonía celular o en su caso manifestaran a través de qué medio electrónico, ya fuera laptop, tablet, computadora de escritorio y/o cualesquiera, mediante los cuales se llevaran a efecto las mencionadas video llamadas. Asimismo, los apercibió que de no dar cumplimiento se le impondría al progenitor que no cumpliera con lo anterior, una multa consistente de veinte veces el valor inicial diario de la unidad de medida y Actualización; finalmente la responsable indicó que dicho régimen estaría vigente, hasta en tanto se le hiciera del conocimiento de esa autoridad la reapertura del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán. Dicha determinación es la que la quejosa aduce le causa agravios. En mérito de lo anterior, debe decirse que los conceptos de violación que hace valer la quejosa, resultan infundados, sin que se advierta deficiencia alguna que suplir. Primeramente debe decirse es que el interés superior de la infancia encuentra su fundamento en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, dicho precepto en lo que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 4°. .En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." Este interés, también se encuentra reconocido en el artículo 3, apartado 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues en él se indica lo siguiente: "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño." De lo dispuesto en esos preceptos, se advierte que en cualquier decisión, actuación o medida que involucre a la niñez, el Estado, a través de sus diversas autoridades, tiene la ineludible obligación de atender el interés superior de la niñez; sin embargo, dichas disposiciones no precisan qué es lo que debe entenderse por ese interés. No obstante, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha señalado que el interés superior de la infancia constituye una pauta que se debe tomar en consideración en cualquier decisión, actuación o medida en que se vea involucrado un menor; por tanto, dicho interés se erige como una obligación que asume el Estado a través de todas sus autoridades, para asegurar que en el ámbito de sus respectivas competencias, todas la normas, asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se involucre a la niñez, se garantice y asegure que todos los niños y niñas disfruten y gocen de todos los derechos humanos que les asisten, especialmente aquéllos que resultan indispensables para su óptimo desarrollo. En concordancia con lo anterior, la propia Primera Sala también ha señalado que del principio de referencia, se desprende la necesidad de considerar al interés superior de la infancia como un criterio rector no sólo en la elaboración de las normas, sino también en la interpretación y aplicación de las mismas, a fin de que en todos los órdenes relativos a la vida del niño o niña, puedan gozar y ejercer plenamente de sus derechos. En esa virtud, tanto el legislador al momento de elaborar las normas que inciden en los derechos de la infancia, como el Juzgador al momento de interpretar o aplicar esas normas, están obligados a tomar en cuenta este principio, a fin de que en todo momento se potencialice la protección integral de los niños y niñas, evitándoles cualquier afectación, lo que se traduce en la obligación de que al ponderar sus intereses frente a los intereses de terceros, cuiden de no restringir aquéllos derechos cuya naturaleza implica el goce esencial de los derechos de la infancia. En esa lógica, cuando los Juzgadores tienen que decidir una controversia que incide sobre los derechos de un menor, deben tener en cuenta que los menores de edad requieren una protección legal reforzada, y que la única manera de brindarles dicha protección, implica tener en cuenta todos sus derechos y el rol que juegan en la controversia sometida a su consideración a fin de garantizar el bienestar integral del menor, teniendo presente que ese bienestar sólo se alcanza cuando se garantiza al menor el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos; y como consecuencia, se le protege de manera integral logrando el desarrollo holístico del mismo. En efecto, en mayo de dos mil trece, la Organización de las Naciones Unidas, por medio del Comité de los Derechos del Niño, emitió la observación general número 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, esto a fin de explicitar el alcance del párrafo 1 del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En dicho documento se establece claramente que el objetivo del interés superior del infante es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos en la Convención, así como el desarrollo holístico del menor; desarrollo que de acuerdo a la diversa observación general número 5 del mismo Comité, abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño. En consecuencia, el interés superior de la infancia implica garantizar que ninguno de sus derechos se vea perjudicado por una norma o interpretación negativa de la misma, esto es, la plena aplicación del principio relativo al interés superior del menor exige adoptar un enfoque basado en los derechos de la infancia, en el que colaboren todos los intervinientes a fin de garantizar la integridad física, psicológica, moral y espiritual del infante y promover su dignidad humana. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que el interés superior del menor es un principio regulador de la normativa de los derechos del niño, el cual se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de las niñas y los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. Y que la prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad, de lo cual se puede concluir que no hay duda respecto a que el interés superior de la infancia consiste en un principio insoslayable tanto para el legislador como para el juzgador encargado de analizar las problemáticas jurídicas que inciden directa o indirectamente en el grupo de la infancia o bien en un niño o niña determinado. En esa virtud, si el interés superior de la infancia radica en que cualquier decisión que se tome en torno a ella, debe ser acorde con lo que más convenga a sus intereses, ello implica que para poder cumplir con esa obligación, en primer lugar es necesario tener presente cuáles son los derechos que la Constitución y los Tratados Internacionales reconocen a su favor, después es preciso que esos derechos se interpreten y apliquen en forma adecuada, es decir, de la manera que más favorezca las prioridades de los infantes, teniendo siempre en cuenta su condición personal, a efecto de salvaguardar su sano desarrollo en todos los ámbitos posibles, como son el físico, el mental, espiritual, moral, psicológico y social, pues es evidente que por su falta de madurez física y mental, los menores requieren de cuidados especiales y una protección legal reforzada. Lo anterior implica que en un juicio en el que se discuten derechos de menores, como ocurre en el caso, el Juzgador, a efecto de salvaguardar el interés superior de la infancia, también está constreñido a atender todas las circunstancias o hechos que en el caso concreto se relacionen con la niñez, ya sea que éstas formen parte de la litis o vayan surgiendo durante el procedimiento, para lo cual también puede recabar, repetir o perfeccionar las pruebas que estime conducentes. Atendiendo a lo anterior, es evidente que si bien el interés superior de la infancia obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias a proteger y preservar los derechos de los menores a fin de resolver lo que resulte más favorable a sus intereses, también lo es que debido a ello, el interés superior de la infancia constituye un concepto jurídico indeterminado, pues en cada caso concreto el juzgador debe analizar los hechos y circunstancias que rodean al menor, a fin de que resuelva lo que más convenga a dicho menor. Respecto al tema relativo al del interés superior de la infancia, resultan orientadores los criterios que se contienen en las jurisprudencias 1a./J. 25/2012 (9a.), 1a./J. 18/2014 (10a.) y 1a./J. 44/2014 (10a.), cuyo contenido son los siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño." "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión." "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional." Como lo anterior releva que el interés superior de la infancia implica conocer cuáles son los derechos que la Constitución y los Tratados Internacionales reconocen a favor de la niñez, a fin de que éstos se interpreten y apliquen en forma adecuada, es decir, de la manera que más favorezca las prioridades de los infantes, para responder la interrogante que el caso plantea, se debe tener presente que entre los derechos reconocidos en pro de la infancia, se encuentran los establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, misma que en los numerales 3.2, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 12.1, 18.1, 18.2, 19.1 y 19.2, establece lo siguiente: "Artículo 3 .2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas." "Artículo 8 1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas." "Artículo 9 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño." "Artículo 12 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño." "Artículo 18 1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. 2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños." "Artículo 19 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial." De lo dispuesto en los numerales antes referidos, se desprende que un derecho primordial de los menores, radica en no ser separados de sus padres, a menos que tal separación sea necesaria en el interés superior del niño. Este derecho se encuentra directamente relacionado con la patria potestad, ya que si bien ésta es una institución que se encomienda a los padres, dicha encomienda es en beneficio de los hijos, ya que está dirigida a la protección, educación y formación integral de mismos, cuyo interés es siempre prevalente en la relación paterno-filial. Esto es así, porque a través de la institución de la patria potestad, ambos progenitores no sólo tienen el deber de representar legalmente a sus hijos y administrar sus bienes; sino que además, y de manera primordial, se encuentran constreñidos a proporcionarles alimentos, habitación, vestido y educación, brindándoles una protección integral en los diversos ámbitos de su vida, como son el físico, psicológico, moral y social. Ahora bien, aunque ambos padres tienen a su cargo la encomienda de proteger a los hijos, cuando deciden separarse, ello no debe repercutir en el ejercicio de la patria potestad que ambos padres ejercen sobre los hijos, la cual como ya se dijo, se ejerce en función de los menores, por tanto, cuando surge una separación entre los padres y sólo uno de ellos debe ejercer la guarda y custodia de los hijos, el otro debe gozar de un régimen de visitas y convivencias. En efecto, los padres que no ejercen la guarda y custodia de sus hijos, en función de la patria potestad que ejercen, tienen el derecho de visitar a sus hijos y convivir con ellos; sin embargo, no se debe perder de vista que este "derecho de los padres", es primordialmente un derecho de los menores. Esto es así, pues al respecto se ha considerado que el desarrollo integral de un menor sólo puede lograrse si mantiene lazos afectivos con sus padres. En ese orden de ideas, cuando un niño que es "separado" de uno de sus padres porque sólo uno de ellos puede ejercer la guarda y custodia, necesariamente debe establecerse un régimen de visitas y convivencias entre el menor y su otro progenitor, en tanto que como ya se mencionó, dicho menor tiene derecho a mantener relaciones personales y contacto directo de un modo regular con el que no ejerce su guarda y custodia. En esa virtud, si bien la convivencia entre los menores y el padre que no ejerce la guarda y custodia del menor, representa un derecho para el padre que no ejerce la guarda y custodia, no debe perderse de vista que también conlleva un deber, en tanto que ese régimen de visitas y convivencias más que satisfacer un derecho del padre, se establece en beneficio del menor. Atendiendo a ello, las visitas y convivencias entre el padre que no ejerce la guarda y custodia y su hijos, sólo debe restringirse o suspenderse cuando el interés superior del menor así lo manda. Establecido lo anterior, en el caso, esta Juzgadora considera que fue acertada la determinación de la Jueza responsable de reactivar el régimen de convivencias entre el menor y su progenitor conforme a lo establecido en el acuerdo reclamado, habida cuenta que con el nuevo régimen de convivencia a través de video llamadas telefónicas los días lunes, miércoles y viernes, de diecinueve a veinte horas, en modo alguno se transgrede en perjuicio del menor quejoso, el interés superior, pues precisamente lo que se busca con ello, es el acercamiento de la relación paterno filial, entre éste y el progenitor no custodio, y con ello, estrechar el lazo familiar entre ellos, por lo que ese derecho, resulta fundamental para el bienestar del menor. Habida cuenta, que en la propia resolución impugnada a ambos progenitores así como al menor, se les encausó para que acudieran a terapias psicológicas, a efecto de asumir objetivamente el rol que cada uno de ellos correspondía como padres, y enfocarse a proporcionar estabilidad emocional a su hijo; fortaleciendo un adecuado manejo de emociones y les otorgue las herramientas necesarias para que mantuvieran una relación sana y cordial, así como una comunicación abierta respecto a la educación, cuidado y salud de su hijo. Terapias que la Juez ordenó llevar a cabo, para que el padre no custodio recibiera orientación para controlar sus impulsos ante situaciones estresantes y bajo presión; y respecto del menor, para que pudiera trabajar sobre sus emociones, a fin de mejorar los canales de comunicación entre padre e hijo, y se redujera la resistencia de éste de convivir con su progenitor. De lo que se sigue, que con dicha determinación la jueza responsable, en modo alguno transgredió en perjuicio del menor, el interés superior que por mandado Constitucional le corresponde privilegiar en cualquier asunto en el que se encuentren involucrados los derechos de un menor, pues se insiste que dicha convivencia se va a llevar a cabo a través de video llamadas y no de manera presencial, esto es, no existe un acercamiento con el mismo, que pudiera implicar un riesgo en su integridad. Además que las instituciones del Estado en el ámbito de su competencia deben gestionar de oficio, en los casos en que proceda, el derecho de convivencia de las niñas, niños y adolescentes o de personas incapaces con sus progenitores; siendo que en el caso, al no encontrarse habilitadas las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, a efecto de que se llevara a cabo el régimen de convivencia en la modalidad de supervisada, fue acertado y necesario que se dictara dicha convivencia provisionalmente a través de video llamadas, para salvaguardar el derecho de convivencia y comunicación entre el menor y su padre, atendiendo como aspecto primordial el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, ya que este derecho tiene como finalidad que éstos se relacionen y mantengan contacto en la forma más amplia posible con el progenitor no custodio a fin de favorecer su propio y necesario desarrollo emocional. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia I.5o.C. J/17, del Quinto Tribual Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se localiza en la página 962, tomo XXXIII, Junio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. COMPRENDE ASPECTOS DE CARÁCTER SUSTANTIVO Y PROCESAL ENCAMINADOS A LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. Este derecho, como cualquier otro, para lograr su plena eficacia, debe comprender aspectos sustantivos y procesales; por ello, el Estado Mexicano ha comprometido esfuerzos a nivel nacional e internacional en ambos rubros, tomando siempre como punto de partida el interés superior del menor." Sin que obste a lo anterior, el argumento que hace valer la quejosa, en el sentido de que la jueza soslayó el oficio suscrito por la representante de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, presentado con fecha posterior a la escucha del menor, en el que solicitó a la jueza que de conformidad con el artículo 365 del Código de Familia del Estado de Yucatán, se aplicara un restricción a la convivencia, mientras un profesional en la materia de psicología pudiera intervenir atendiendo tanto al niño como al progenitor no custodio; puesto que al respecto, como se refirió, la Jueza sí tomo en cuenta dicha observación pues estableció que tanto los progenitores como el menor deben de acudir a terapias psicológicas, por lo que se considera que dicha petición en modo alguno, modificaría la determinación de la Jueza responsable, la cual fue emitida conforme al interés superior del menor. Asimismo, es dable señalar que por disposición expresa de la Constitución Federal, los tribunales al resolver sobre controversias que incidan sobre derechos de los menores, tienen la obligación de atender a estas disposiciones. De igual forma, se precisó el derecho de vivir en familia, así como reunirse con ella cuando por diferentes razones ha habido una separación, vincularse con ambos progenitores en caso de conflicto entre éstos e integrarse a una nueva familia cuando es imposible la vida con la de origen, determinándose la obligación de velar porque los menores solo sean separados de sus progenitores mediante sentencia judicial que declare, válida y legítimamente la necesidad de hacerlo y de conformidad con los procedimientos legales en los que garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, así como el derecho a mantener el contacto y la convivencia con el progenitor de quien se esté separado. A su vez, en su artículo 4o. de la ley mencionada, introdujo el respeto irrestricto al interés superior de la infancia, pues determinó que las normas aplicables a los menores se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, con el señalamiento de que, para atender a ese principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni bajo ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. De igual forma, es importante destacar que el derecho de visitas y convivencias es una institución fundamental del derecho de familia en México, que tiene como finalidad regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores fundamentalmente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.5o.C. J./32, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página seiscientos noventa y ocho del Libro IX, Junio de dos mil doce, Tomo dos, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del siguiente tenor literal: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU CONCEPTO. Es una institución fundamental del derecho familiar en México, que tiene como finalidad regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores y, por ello, se encuentra por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la custodia del menor, por tratarse de un derecho humano principalmente dirigido a él, aunque también favorezca indirectamente a sus ascendientes y a quienes conforman dicho grupo." De tal forma que ese derecho se encuentra, incluso, por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentra la custodia del menor, por tratarse de un derecho humano principalmente dirigido al citado menor, aunque también favorezca de manera indirecta a los ascendentes; de ahí que, el oficio a que hace referencia la quejosa suscrito por la representante de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, en modo alguno contraviene lo determinado por la Jueza responsable en el acuerdo reclamado, pues consideró tal circunstancia al ordenar la canalización de ambos padres y el menor a la instancia psicológica y velar por la integridad del menor, pues sólo autorizó la convivencia a través de video llamadas limitadas, y no presencialmente. Lo anterior, porque el derecho de visitas y convivencias en nuestro país es una institución del derecho de familiar imprescindible para conseguir una mejor formación del menor de edad, desde los puntos de vista afectivos y emocionales, pues se reconoce en el trato humano la existencia de un valor jurídico fundamental que debe ser protegido, y de él deriva la posibilidad de que el menor se relacione con ciertas personas unidas a él por los lazos familiares, e incluso, meramente afectivos en situaciones marginales a la familia; de ahí lo infundado de tal concepto de violación. Finalmente, en cuanto al diverso argumento que hace valer en el sentido de que el progenitor no custodio ejerce violencia económica en contra del menor, puesto que a la fecha debe la cantidad de $27, 500. 00 MN (Son veintisiete mil quinientos pesos, moneda nacional) en concepto de pensión alimenticia; además de que se ha encargado de difamarla y de tratar de ponerla mal al lugar que acuda, ejerciendo violencia vicaria en contra de ésta y de su menor hijo; debe decirse que ello no constituye un impedimento para suspender el régimen provisional de convivencias decretado en la resolución que la quejosa impugna, en tanto que cuenta con los medios legales para hacer cumplir la sentencia dictada en el juicio de origen, en ese sentido. Máxime que dicha resolución impugnada se emitió con motivo del recurso de revocación que interpuso el aquí tercero interesado, contra el auto de veintidós de marzo del año en curso, por lo que la jueza se limitó a estudiar los agravios que éste hizo valer contra el citado acuerdo, de ahí que en modo alguno estuvo en aptitud de estudiar otra cuestión que no le fue planteada a través de los agravios, por lo que tal argumento, en ese sentido resulte infundado. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación expresados por la quejosa, procede negarle el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento a los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, esta Juzgadora RESUELVE: PRIMERO. No ampara. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MARÍA ANGÉLICA PENICHE PALMA, en representación de su menor hijo de nombre José Felipe Escalante Peniche, contra un acto de la Jueza Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; precisado en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos expuestos en el quinto subsecuente. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

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